Vuelco municipal y autonómico. Y ahora, qué.

Intento ver lo que ha pasado en las elecciones de ayer desde una perspectiva geroasistencial para sacar algunas conclusiones que puedan servir a quienes trabajan en la atención de persones mayores dependientes.

Me cuesta mucho entender que se haya podido producir un cambio tan brusco sin intentar analizar lo que nos ha llevado hasta aquí.

Yo lo definiría como un baile de máscaras.

Antes de la Ley de Dependencia  cada Comunidad Autónoma tenía su propia política de atención a mayores que básicamente consistía en ofrecer servicios (residencia, centro de día, atención domiciliaria) a quienes estuvieran por debajo de un nivel de ingresos y tuviesen una necesidad de cuidados.

Partiendo de una situación en la que cada comunidad tenía alguna residencia geriátrica (“de pensionistas”) transferida del Estado; durante unos cuantos años (finales de los 80 y hasta mediados de los 90) en casi toda España se fue creando una red de residencias públicas de las comunidades, construidas y gestionadas por la propia administración.  Junto a éstas, algunos ayuntamientos, también se sumaron a la fiebre constructiva, sumando a algunos centros históricos, nuevas residencias municipales.  Para acabar el cuadro de “lo público” existían en algunas provincias de España enormes residencias de las diputaciones y junto a ellas las “de monjas” que funcionaban por su cuenta o con alguna subvención, y un incipiente sector privado que se estaba consolidando por  aquél entonces.

Inaugurar residencias públicas es algo enormemente placentero para un político.  El placer se torna dolor de cabeza cuando, pasados los años resulta que quien ha sabido inaugurar no ha sido tan bueno gestionando.  En casi toda España el coste para las administraciones de cuidar a un mayor en una residencia pública gestionada por la propia administración fue creciendo hasta el punto (ahora le cuesta alrededor de unos 4.000 Euros al mes) de hacer imposible desde el punto de vista presupuestario seguir construyendo/gestionando sus propios centros.

Así que las administraciones empezaron a externalizar de diferentes formas la gestión de los geriátricos.

Primero subvencionando entidades de iniciativa social (sin ánimo de lucro), después concertando plazas en residencias privadas, contratando a empresas u otras entidades para gestionar residencias construidas por la administración o yendo un paso más allá y dejando que fueran las empresas las que construyesen las residencias a cambio de un concierto a largo plazo.

Cuando hablo del “baile de máscaras” me refiero a que, en este proceso, lo que opinaba cada cual no tenía demasiado que ver el color político del partido sino con el papel en el parlamento o pleno del que se tratase.  Así, cuando un partido gobernaba, tendía a aplicar medidas “externalizadoras” mientras cuando estaba en la oposición las criticaba por “privatizadoras”.

Equiparar “externalización” a “privatización” no aguantaba un análisis mínimo, pero eso daba igual. Era fácil de vender.  

Cuando el PP en Madrid lanzó el “Plan Velocidad”,  desde el PSOE se les criticó por “privatizar”; al poco el PSOE puso en marcha el “Sistema Alemán” en Castilla la Mancha (dos programas diferentes pero con una cosa en común: las empresas construyen y gestionan residencias a cambio de un concierto).  El PSOE  ha concertado plazas con residencias privadas y contratado con empresas la gestión de residencias en lugares en los que ha gobernado, mientras criticaba al PP por hacer lo mismo.  El PP ha hecho lo propio y, aunque a muchos les pueda parecer sorprendente, encontramos muchas muestras de un PP acusando al PSOE de “privatizar” cuando lo que hace es externalizar (alguna muestra 1, 2, 3, 4).

Por supuesto, también en este ámbito la lacra de la corrupción ha podrido la confianza de la ciudadanía. Sólo hace falta escribir en Google dos palabras “residencia” y “cotino” para ver lo que, a falta de confirmación judicial, tiene visos de convertirse en un caso de trato de favor en la contratación pública.

Para acabar de entender lo que tenemos hoy hay que añadir un elemento que es la distorsión de precios.

Sabemos que el precio medio de una residencia geriátrica privada en España es de 1.829€/mes; que a las administraciones les cuesta unos 4.000€/mes (aunque esto es más difícil de confirmar).  En cambio, en casi toda España, cuando las administraciones contratan con una empresa la estancia de un mayor, establecen precios mucho menores y encima, a menudo, tardan meses en pagar los servicios prestados.

Y en esas estamos.

Tanto decir que externalizar es privatizar y que privatizar es malo porque enriquece a unos cuantos a cuenta de los más necesitados que al final mucha gente se lo ha creído.

Yo sigo defendiendo que los poderes públicos deben garantizar con dinero público que quiénes necesitan atención la reciban participando en el coste del servicio de una forma equitativa y que en cada caso el servicio lo debe prestar quien demuestre que lo hace mejor y al mejor precio.   Así, si con X Euros podemos atender a 1.000 personas con un servicio de una calidad razonable, debemos hacerlo.  Si quien cambia el pañal en una residencia es un funcionario o el empleado de una empresa, no debería ser un factor a tener en cuenta.  Sí debería serlo el cumplimiento de la Ley, de las condiciones del contrato y el nivel de calidad.  

Digo que lo sigo defendiendo, aunque, a la vista de los resultados de las elecciones mi posición es ahora aún más minoritaria de lo que lo era antes.

Volviendo a las elecciones:

Como siempre, si les escuchas por encima, parece que todos han ganado, si te detienes un poco ves que los dos grandes partidos que han bailado con sus máscaras intercambiables durante tantos años embelesándonos con un tango en el que dudabas si la pareja se quería o se despreciaba, ahora no se sabe si han extraviado el paso o la gracia; lo que sí han perdido es la atención del público, centrada en estos momentos en un saltimbanqui  que ha invadido al escenario animándonos a seguirle hacia un precipicio que nos presenta como el puente hacia la Nueva Icaria.

Nos hemos quedado sin mayorías claras en muchos ayuntamientos y comunidades y con un movimiento social-ideológico que va a influir intensamente en los pactos que se lleven a cabo.  Este movimiento es el heredero o aglutinador del sentimiento de hartazgo con lo que muchos han visto a un sistema que parece más preocupado en perpetuarse que en servir a los ciudadanos. Así lo viven quienes han participado en las múltiples “mareas” que han sacudido la realidad española de los últimos años; que contribuyeron de forma importante a parar un proceso de externalización de parte de la Sanidad Pública en Madrid y que ahora han dado un revolcón a lo que parecía ser un sistema asentado.

Podemos esperar que, a medida que se vayan constituyendo los ayuntamientos y gobiernos autonómicos y se nombre a los concejales y consejeros del ramo social, empiecen a aparecer en los medios llamamientos a la existencia de servicios públicos,  a “frenar la privatización” y  cosas por el estilo.  Con seguridad esto formará parte de las negociaciones y de los acuerdos de gobierno.

También creo que, tal como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la fiesta ideológica se acabará cuando lleguen a los despachos, vean las cuentas y tengan que empezar a administrar lo que encuentren para atender al creciente número de mayores dependientes.

Como en esta ocasión la carga ideológica es más alta quizás les cueste más ver la realidad.  Pero la acabarán viendo.

Una realidad es que no hay dinero para poder prestar todos los servicios directamente desde la administración. Otra es que existe un sector privado de atención a personas mayores dependientes que lleva años ofreciendo servicios de calidad a un precio competitivo.  Los gobiernos que se constituyan tendrán bastante difícil dar la espalda a esa iniciativa privada gracias a la cual los dependientes están recibiendo los servicios a que tienen derecho.

O sea, que las residencias privadas, allí donde se constituyan gobiernos en los que participen las plataforma derivadas de Podemos, vivirán un tiempo de ajuste que durará lo que tarden en verse contaminados por la realidad de la gestión del día a día.  Es difícil saber cuánto tiempo durará ese período y los efectos que pueden tener las “primeras medidas” que tomen. 

Podemos esperar que, recién llegados caigan en la tentación de experimentar, de inmiscuirse en la negociación colectiva y presionen a las empresas para mejorar condiciones laborales.  Allí la clave estará en saber si ese entrometimiento viene acompañado de aumentos de tarifas públicas.  También es posible que quieran hacer un guiño rápido a sus seguidores  y reduzcan considerablemente el copago, comprometiendo aún más la sostenibilidad del maltrecho sistema.

Sea como sea, nos esperan tiempos de dudas.

¿Cómo reaccionarán PP y PSOE a la nueva situación?

No sé si girarán con el viento y apoyarán,  allí donde gobiernen, aunque sea en parte, los postulados antiexternalizadores de los recién venidos, o seguirán como hasta ahora.

Algunas dudas las empezaremos a despejar bien pronto cuando empiecen a negociar y pactar, otras tardarán algo más (hasta las elecciones generales).

Para acabar, y sólo para dejarlo apuntado, vuelvo a recordar que a finales de 2015, de acuerdo con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, todas las residencias de mayores municipales, centros de día y la mayor parte de los servicios de ayuda a domicilio de los ayuntamientos pasan a ser competencia de las comunidades autónomas que, si quieren, pueden delegaros de nuevo en los ayuntamientos estableciendo unos criterios comunes a nivel provincial. Para quien les interese dejo este enlace.

Espero comentarios.