sábado, 10 de diciembre de 2005

PERSPECTIVAS DEL SECTOR GEROASISTENCIAL PARA 2006

Escribo estas líneas a principios de Diciembre de 2005 y, la verdad es que me ayudaría mucho, para poder hablar de perspectivas del sector, poder escudriñar sólo dos o tres meses en el futuro ya que, con toda seguridad durante este tiempo se desvelará lo que serán de verdad las claves del futuro del sector.

La Ley de la Dependencia (o de la “Autonomía personal”, o de los “seis mil millones de Euros”), sigue su penosa gestación. Digo penosa porque a cada paso queda más enjuta y enclenque. Lo que se anunció como un derecho universal, de universal tendrá el nombre y nada más. Eso será así si hacemos caso al ministro Caldera que en El País de 8 de Diciembre dice que “la admisión al sistema [de dependencia] tiene un filtro en función de la renta y patrimonio. Los que puedan permitirse una asistencia privada no serán incluidos”. Yo creía que algunos servicios públicos, como la sanidad y la educación, eran universales porque se accedía a ellos con independencia del nivel de renta. Incluso creo recordar que en alguna de las innumerables ocasiones en que se nos había explicado desde el gobierno esto de la futura Ley, se nos decía que todos los dependientes podrían acceder al sistema aunque los que pudiesen colaborarían mediante copago en el sostenimiento del mismo. Quizás lo entendí mal.

Espero que lo del “filtro” haya sido un desliz del ministro y que, efectivamente el futuro sistema no establezca barreras de entrada por motivos de renta ya que, en ese caso, el intento de dejar entrar a la clase media en el sistema tendría serios riesgos de fracaso.

Sea como sea, todavía falta que el proyecto de Ley se presente a las Cortes y que éstas lo discutan. El PP ofrece un pacto de estado sobre dependencia y, salga lo que salga se nos avisa de que poner en marcha el sistema llevará unos ocho años. Lo que está claro es que 2006 será el año en que se discutirá en serio la Ley. ¿Mi pronóstico? Aunque espero equivocarme, creo que al final el Sistema Nacional de Dependencia será un sistema de transferencia de fondos a las comunidades autónomas, con una norma básica muy laxa y tantos sistemas rales como comunidades. ¿Llegará a suponer el mantenimiento del sistema el 1% del PIB?, lo dudo. De todas formas, lo sabremos en 2014.

Otro aspecto importante que traerá cola durante el año que empieza es el IV convenio colectivo estatal de residencias y atención domiciliaria y lo que ello comporta para la relación entre asociaciones patronales. De momento la constitución de la mesa de negociación ha sido polémica ya que tenemos una acta firmada por los sindicatos, y las patronales FNM y LARES en que se dice que CEAD ha aceptado una asignación de representantes. Por otro lados CEAD nos dice que no han aceptado de ningún modo el reparto, que están disconformes con el sistema utilizado para acreditar la representatividad de cada patronal y que estudian impugnar la constitución de la mesa.

La pugna no tendría mayor relevancia en otras circunstancias, pero ahora sí. Desde el lado sindical se convocan huelgas en Madrid y Aragón y se exigen incrementos de salarios y reducciones de jornadas que harían aumentar en más de un 25% los costes de las residencias privadas. Esto sería así si se aceptase el planteamiento sindical en la negociación del convenio de Madrid que supone asimilar las condiciones laborales de los trabajadores de residencias privadas con las públicas. Así las cosas, el convenio estatal se presenta algo complicado. Casi todos los empresarios admiten que los salarios son bajos y que cuesta mucho encontrar profesionales preparados que quieran trabajar en el cuidado de personas mayores, pero a la vez ven que existe una relación directa entre los salarios que se pagan y los costes de prestación del servicio (unos costes en los que el primer capítulo es el de personal). Querer ver sólo un lado de la ecuación no es en absoluto razonable pero dar solución al problema puede resultar muy complicado. Sobre todo si pensamos que los cálculos de coste del futuro Sistema Nacional de Dependencia se han hecho basándose en costes actuales y con incrementos ajustados a inflaciones previstas de forma que un aumento muy por encima de IPC de salarios y una reducción considerable de jornada llevarían al traste todos los cálculos efectuados y, posiblemente, la viabilidad misma del sistema.

A principios de año, cuando estas líneas se publiquen, ya se habrá vislumbrado el camino que seguirá la negociación del convenio. También sabremos cómo han acabado las cosas en la comunidad de Madrid. Hasta entonces esperemos que el Espíritu de la Navidad ilumine a los responsables de las asociaciones patronales y de los sindicatos para que encuentren la mejor solución para el sector.

Siguiendo con las claves de futuro, nos esperan unos años de ligera disminución de la demanda objetiva ocasionados por el bache demográfico de los que murieron de niños o no nacieron en los años de la guerra civil. Aún así, es muy posible que otros factores como los bajos niveles de paro femenino y el aumento de renta de los mayores compensen esa circunstancia haciendo que la demanda se mantenga firme. Una cuestión que empezará a dilucidarse durante en 2006 es si la promoción de productos de licuación patrimonial (rentas vitalicias, hipotecas inversas, pensiones hipotecarias..) llegarán a notarse como factores de aumento de demanda solvente. Estos productos (algunos nuevos, otros no tanto) no se están promocionando únicamente como medio de financiación de la dependencia sino más bien como obtención de más recursos para la época de madurez. Aún así pueden tener una gran importancia como creadores de opinión, no olvidemos que, entre las cosas que se nos han dicho de la futura Ley, aparece una vinculación del patrimonio del dependiente en el copago futuro del servicio ¿no viene esto a ser una especie de hipoteca inversa pública? ¿Querrán gestionar directamente las administraciones ese sistema o lo harán instituciones financieras o aseguradoras por encargo de aquellas?

¿Será en el lado de la oferta dónde se produzcan cambios llamativos? Vivimos en un momento en el que, por primera vez existe un número elevado de plazas libres en residencias privadas. Esta puntual sobreoferta no puede solucionarse con una bajada generalizada de precios ya que los márgenes de beneficios tampoco son muy elevados. Así las cosas, la nuevas residencias se preparan para aguantar durante más tiempo del previsto antes de alcanzar el punto de equilibrio mientras que los centros más consolidados, acostumbrados a ocupaciones superiores al 90% se ajustan para subsistir con otras algo inferiores.

En esta situación, seguro que en los próximos doce meses veremos alguna fusión/adquisición entre los grandes y alguna toma de posiciones por parte de empresas hasta ahora ajenas al sector, también continuará el rosario de inauguraciones de aquellos centros que fueron pensados hace cuatro o cinco años cuando los expertos decían que hacían falta miles de nuevas plazas. Hoy, casi todos los grupos han hecho una “parada de reflexión” en sus políticas de expansión, pero, claro, ésta afecta a nuevos proyectos, no a los que ya estaban en marcha.

Las residencias pequeñas y las micro-residencias seguirán viviendo entre unas administraciones que parecen dispuestas a asfixiarlas y muchos clientes que las prefieren a pesar de no poder ofrecer algunos de los servicios y espacios que las más grande sí tienen. Muchos de estos centros de menos de 25 plazas se enfrentarán también, como ya está sucediendo en los últimos años, a la finalización de sus contratos de alquiler y las negativas de renovación por parte de propietarios de inmuebles que han multiplicado su valor en los últimos años.

Otra incógnita que quizá empiece a despejarse el año que empieza es cómo se comercializarán las nuevos productos inmobiliarios dirigidos a personas mayores válidas. Un paseo por cualquiera de las últimas ferias y jornadas nos permitía hacernos a la idea de la gran cantidad de “edificios”, “complejos” e incluso “ciudades” para mayores que se están construyendo sobre todo en las grandes ciudades y en las zonas de costa. Hasta ahora sabemos que los apartamentos para mayores en ciudades empiezan a tener cierta aceptación (sobre todo cuando son de venta de forma que se convierten en una inversión) pero, ¿tendrán éxito esas nuevas promociones? ¿Serán españoles o extranjeros los que acaben viviendo en esos apartamentos y bungalows?

Quizás otro cambio que se irá produciendo en el sector, y en el que no puedo ser neutral, es el del uso de internet por parte de las personas que buscan un servicio (residencia, atención domiciliaria) o un trabajo. Durante 2005 Inforesidencias.com ha celebrado su quinto aniversario alcanzando el medio millón de visitas anuales y las 10.000 búsquedas de servicio. También durante este año han aparecido más webs dirigidas al sector de la atención a personas mayores y rara es la residencia que no disponga de su propio sitio en internet. Creo (y espero) que, a medida que se extienda la sociedad de la información se generalizará el uso de la red como primer medio de búsqueda de servicios.

Fuera del mundo de las residencias, y entrando en los servicios a domicilio, sin duda las administraciones seguirán apostando por la extensión de la teleasistencia. Mientras tanto la atención domiciliaria privada continuará con su peculiar convivencia con la competencia desleal de la economía sumergida y la búsqueda de nuevos campos de actividad, mientras mira de reojo la evolución de la ley de autonomía personal.

Resumiendo: ley de la dependencia, negociación del convenio, ligeros cambios en la oferta y demanda de servicios e internet. Estos pueden ser los factores que afectarán al sector durante el próximo año.

jueves, 24 de marzo de 2005

CADA LOCO CON SU TEMA

Para los que creemos que debería existir una cierta homogeneización de normativas entre las diferentes comunidades autónomas en lo que a funcionamiento de residencias se refiere, la ley de dependencia se presenta como un proyecto esperanzador. Al fin y al cabo, si se establece un Sistema Nacional de dependencia” con unos baremos y una financiación común, lo más lógico será que los requisitos de autorización, funcionamiento y (sobre todo) dotación de personal de las residencias, sean uniformes.

Por desgracia, las evidencias demuestran que las cosas no van por ahí. En cuestión de pocas semanas, la comunidad Valenciana ha publicado su nueva normativa de autorización y condiciones de los servicios de mayores. Cantabria ha anunciado que hará lo propio antes de que acabe este año, y Cataluña continua con la preparación de su nueva ley de servicios sociales, con capítulo de protección a la dependencia incluido y que conllevará un desarrollo reglamentario novedoso.

En los numerosísimos actos que se están celebrando respecto a la futura Ley de Dependencia, la necesidad de racionalizar y, hasta cierto punto unificar las normativas se da por descontado. Cuando después hablas con cargos de comunidades autónomas te dicen que “algo se hará” pero da la sensación de que piensan en un futuro indefinido y que esto no va mucho con ellos.

No sé si es que no se acaban de creer que la ley de la dependencia vaya en serio o pueda llegar a salir adelante, o quizá están tejiendo estrategias para futuras negociaciones cuya sutileza se me escapa. Lo realmente cierto es que si se mantiene la enorme disparidad normativa, el funcionamiento del futuro Sistema Nacional de Dependencia producirá efectos perversos.

jueves, 24 de febrero de 2005

DEPENDENCIA, COPAGO E HIJOS

Uno de los aspectos que tendrá que tratar la futura Ley de Dependencia es el del copago. Parece ser que el Sistema Nacional garantizará que, a cada nivel de dependencia le corresponda un tipo de servicio pero no que éste haya de ser gratis.

Actualmente el copago está funcionando de diferentes formas en España. Todavía hay comunidades en las que el mayor que recibe un servicio público paga un porcentaje de su pensión. Un sistema muy poco equitativo porque no computa otros ingresos o el patrimonio que pueda tener el mayor. En otros lugares se cuentan todas las rentas y el patrimonio inmobiliario, excluyéndose de éste, en ocasiones, el domicilio habitual. Incluso se llega a hablar de crear una especie de agencia de alquiler de estos inmuebles para generar ingresos.

Siguiendo con la dispersión, en algunos lugares de España se utiliza el “reconocimiento de deuda” o se gravan los bienes del mayor previéndose un resarcimiento tras la muerte de éste. (Recomiendo la lectura del último trabajo elaborado por Edad y Vida sobre la situación de la Dependencia en España que trata esta dispersión)

Supongo que, aunque el Libro Blanco haya pasado de puntillas sobre la financiación del futuro Sistema, la ley, necesariamente tendrá que entrar en harina. También supongo que, si cubrir la dependencia cuesta entre 6.000 y 8.000 millones de Euros al año, se impondrán soluciones imaginativas y la exploración de todos los caminos posibles.

Una de estas vías de financiación es la de incluir en el copago a los hijos de quienes reciban el servicio. Una participación que debería existir sólo cuando éstos tuviesen recursos suficientes y estaría modulada de acuerdo a unos baremos. El sistema encontraría sustento jurídico en el derecho/obligación de alimentos entre parientes (que tendría que ser adaptado) y requeriría la colaboración entre administraciones.

A los que, de entrada, critiquen esta posibilidad les diría que un sistema similar funciona desde hace años en Cataluña.

Creo que, si entre todos tenemos que mantener un costoso Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, lo más equitativo será hacerlo de forma, que quien lo necesite, tenga garantizado un servicio de calidad unido a la exigencia de colaborar en el coste del servicio de acuerdo con sus “posibles”. ¿Hasta dónde hay que llegar para determinar esos “posibles”? Cuanto más lejos, mayor sería la sostenibilidad del sistema.

lunes, 24 de enero de 2005

ANTEPROYECTO DE LEY Y DERECHO UNIVERSAL

¿Quedará articulada la atención en caso de dependencia como un derecho universal en el la futura ley? Es esta una pregunta que muchos nos hacemos y que, tras leer el anteproyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, nos seguimos haciendo.

En el texto encontramos una referencia a la “universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación” al Sistema Nacional de Dependencia (SND).

Para que esa universalidad fuese efectiva se tendrían que dar dos requisitos: por un lado, nadie podría ser excluido del sistema por motivos económicos; por otro, nadie lo podría ser por motivos presupuestarios. Para entenderlo tenemos que comparar la situación de los servicios sociales y sanitarios.

Hoy en día todas las comunidades autónomas tienen un sistema de atención social para personas mayores mediante el cual, si reúnen unos requisitos pueden acceder, por ejemplo, a una plaza en residencia pública con un determinado nivel de copago. ¿Qué pasa si la persona tiene muchos recursos económicos? pues sencillamente ve denegada su solicitud. Del mismo modo, cuando la administración ha agotado el presupuesto asignado a un programa deja de otorgar nuevas ayudas. En el sistema sanitario, en cambio, todos (tengamos más o menos dinero) podemos acceder a la atención sanitaria. Quizás nos pongan en una lista de espera, pero nunca nos denegarán un tratamiento porque se haya agotado el presupuesto. Esa es la diferencia entre un derecho universal y otro que no lo es.

El hecho de que se pague por el servicio una parte del coste calculada en relación con la capacidad económica no supone ninguna disminución de la “universalidad”. De hecho, ya estamos pagando una parte del coste de los medicamentos y no por eso deja de ser universal la atención sanitaria. El problema sucede cuando la capacidad económica, o ausencia de la misma supone una barrera de entrada al servicio.

Durante la larga gestación de la Ley, hemos oído en muchas ocasiones decir que el Sistema Nacional de Dependencia nunca dejará fuera a una persona dependiente por no poder pagar. Los que dicen eso olvidan que, hoy por hoy, el verdadero problema no está tanto en las personas dependientes sin recursos, que ya vienen atendidas por los servicios sociales autonómicos, sino en la gran clase media que tiene una pensión suficiente para quedar fuera de la protección pública pero no para poder pagarse de forma privada la atención a la dependencia que precisa.

Las dudas sobre si lo que contiene el anteproyecto de ley es universal o no se generan en el miso texto ya que se nos dice que la prioridad en el acceso se determinará por el grado de dependencia y capacidad económica del solicitante, incluyéndose en ésta tanto las rentas como el patrimonio. Esto llama la atención ya que parece que, a priori, en un sistema universal, el criterio de acceso debería ser únicamente el de dependencia dejándose el de capacidad económica para la determinación del copago (en un sistema de acceso verdaderamente universal podríamos encontrar a una persona dependiente en una residencia pública pagando la totalidad del coste de la plaza).

Como, tanto el baremo como los criterios de acceso, intensidad de la atención de los servicios o nivel de copago, sólo se conocerán una vez los acuerde el Consejo Territorial del SND, los apruebe el gobierno y los publique el BOE, hoy podemos hacer poco menos que especular.

Todos los que trabajamos en servicios sociales sabemos que decir “prioridad de acceso” es poco menos que decir “acceso”. Si se determina como un criterio de prioridad el hecho de tener rentas bajas podemos encontrarnos con un nuevo sistema “universal” de dependencia que suponga un “cuarto pilar” pero que, en la práctica deje fuera a los que ya lo estaban, o sea a la clase media.

Esta reflexión y estos miedos nacen de la lectura de unas declaraciones del ministro Caldera al diario El País el pasado 8 de Diciembre en las que decía "Habrá una declaración genérica que recoja el derecho universal a la prestación, aunque tiene que venir limitada en la medida en que haya recursos económicos, y siempre con la idea de los ocho años para ser aplicado completamente. Además, la admisión a este sistema tiene un filtro en función de la renta y patrimonio. Los que puedan permitirse una asistencia privada no serán incluidos".

Para mí esta es la verdadera clave del futuro sistema.

Otras cuestiones que también alcanzarán gran relevancia serán las que se susciten en las comunidades autónomas ya que la Ley les obligará a gastar en dependencia por lo menos tanto como gaste el Estado, firmando un convenio que concrete las cantidades. Además las comunidades deberán adecuar sus normativas a unos criterios de acreditación, calidad, tipificación o intensidad de servicios que en algunos casos requerirá cambios profundos de reglamentación.

Al final, cómo se concrete el baremo, la red de utilización pública o los convenios entre estado y comunidades autónomas tendrán una enorme importancia ya que sin un gran acuerdo el sistema será siempre inestable, pero si el derecho no es verdaderamente universal lo que se producirá es sencillamente una transferencia de fondos desde el Estado a las comunidades y su utilización por parte de éstas para hacer una nueva versión de lo que ya existía hasta ahora.

Esperemos que el esfuerzo que se está haciendo se vea recompensado con un sistema que, si llega a cuajar, puede suponer colocar a España entre los países socialmente más avanzados del mundo.

domingo, 16 de enero de 2005

RESIDENCIAS GRANDES O PEQUEÑAS

La teoría del péndulo parece cumplirse en lo que al tamaño de las residencias se refiere. Si en los años setenta las primeras residencias de pensionistas se construían con más de doscientas plazas y pensando en personas válidas, el paso del tiempo ha ido reduciendo el tamaño de los nuevos establecimientos y centrando el objetivo a cubrir en personas asistidas. En los últimos años parece que la tendencia vuelve a cambiar:

En las grandes capitales españolas se están inaugurando otra vez residencias privadas de doscientas, o incluso más de doscientas cincuenta plazas y, algunos operadores quieren volver a apostar por el mayor válido ofreciendo conceptos residenciales que se encuentran entre la residencia y la vivienda con servicios.

A pesar de este cambio de tendencia, España sigue siendo un país de residencias pequeñas con un sector privado formado eminentemente por centros que acogen a menos de 50 residentes (y con un gran número de miniresidencias de menos de 25 plazas). Residencias que, en muchos casos encuentran enormes dificultades para adecuarse a los nuevos requisitos que surgen en las diferentes comunidades autónomas en lo que respecta a contratación de profesionales, exigencias arquitectónicas y de calidad. Unas dificultades que surgen del tamaño ya que las exigencias suelen estar pensadas para centros de determinadas plazas y resultan en proporción muy costosas cuando se aplican a uno pequeño.

Periódicamente se oyen en algunos foros voces que vaticinan la desaparición del sector de los pequeños centros en poco tiempo.

Yo creo que hay motivos para pensar que, al menos durante unos cuantos años, van a coexistir en el sector residencias grandes, medianas y pequeñas y uno de ellos es que, a pesar de que las residencias más grandes suelen ofrecer un buen servicio en mayores espacios y un equipo de profesionales más extenso, las residencias pequeñas cuentan con “la simpatía” del público.

Una prueba de esta “simpatía” la encontramos en los datos hechos públicos por el IMSERSO sobre el estudio “ Situación y evolución del apoyo informal a los mayores en España”. A parte de la interesente radiografía en movimiento que permite comparar la atención informal de 1994 con la de 2004, hay una pregunta realizada a 1.500 cuidadores informales que tiene mucha relevancia: “¿Cómo cree que deberían ser las residencias para las personas mayores?”. Casi el 40% dice que deberían tener menos de 15 plazas; el 16% dice entre 15 y 50. Si tenemos en cuenta que el 21% dice que no sabe o no contesta.

¿Quiere esto decir que se van a volver a construir de forma generalizada residencias pequeñas? El periódico la Nueva España decía el 4 de diciembre que en Asturias las nuevas residencias tendían a ser de menos de 50 plazas. La verdad es que dudo que, si eso es así en Asturias vaya a convertirse en una tendencia en toda España.

Lo que queda claro es que las residencias pequeñas deben mimar a una demanda que, a priori dice preferirlas y las grandes tienen el doble trabajo de seguir ofreciendo servicios de calidad y de saber transmitir esa idea a personas que hoy no buscan residencia pero quizá lo harán dentro de unos años.

La llave de la respuesta la tendrán finalmente, como casi siempre los compradores, ya sean estos las administraciones que establezcan criterios de concertación en residencias geriátricas o los clientes privados que utilicen algún buscador de residencias geriátricas.

Nota: pueden verse los resultados del estudio en la web del Imserso