lunes, 24 de enero de 2005

ANTEPROYECTO DE LEY Y DERECHO UNIVERSAL

¿Quedará articulada la atención en caso de dependencia como un derecho universal en el la futura ley? Es esta una pregunta que muchos nos hacemos y que, tras leer el anteproyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, nos seguimos haciendo.

En el texto encontramos una referencia a la “universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación” al Sistema Nacional de Dependencia (SND).

Para que esa universalidad fuese efectiva se tendrían que dar dos requisitos: por un lado, nadie podría ser excluido del sistema por motivos económicos; por otro, nadie lo podría ser por motivos presupuestarios. Para entenderlo tenemos que comparar la situación de los servicios sociales y sanitarios.

Hoy en día todas las comunidades autónomas tienen un sistema de atención social para personas mayores mediante el cual, si reúnen unos requisitos pueden acceder, por ejemplo, a una plaza en residencia pública con un determinado nivel de copago. ¿Qué pasa si la persona tiene muchos recursos económicos? pues sencillamente ve denegada su solicitud. Del mismo modo, cuando la administración ha agotado el presupuesto asignado a un programa deja de otorgar nuevas ayudas. En el sistema sanitario, en cambio, todos (tengamos más o menos dinero) podemos acceder a la atención sanitaria. Quizás nos pongan en una lista de espera, pero nunca nos denegarán un tratamiento porque se haya agotado el presupuesto. Esa es la diferencia entre un derecho universal y otro que no lo es.

El hecho de que se pague por el servicio una parte del coste calculada en relación con la capacidad económica no supone ninguna disminución de la “universalidad”. De hecho, ya estamos pagando una parte del coste de los medicamentos y no por eso deja de ser universal la atención sanitaria. El problema sucede cuando la capacidad económica, o ausencia de la misma supone una barrera de entrada al servicio.

Durante la larga gestación de la Ley, hemos oído en muchas ocasiones decir que el Sistema Nacional de Dependencia nunca dejará fuera a una persona dependiente por no poder pagar. Los que dicen eso olvidan que, hoy por hoy, el verdadero problema no está tanto en las personas dependientes sin recursos, que ya vienen atendidas por los servicios sociales autonómicos, sino en la gran clase media que tiene una pensión suficiente para quedar fuera de la protección pública pero no para poder pagarse de forma privada la atención a la dependencia que precisa.

Las dudas sobre si lo que contiene el anteproyecto de ley es universal o no se generan en el miso texto ya que se nos dice que la prioridad en el acceso se determinará por el grado de dependencia y capacidad económica del solicitante, incluyéndose en ésta tanto las rentas como el patrimonio. Esto llama la atención ya que parece que, a priori, en un sistema universal, el criterio de acceso debería ser únicamente el de dependencia dejándose el de capacidad económica para la determinación del copago (en un sistema de acceso verdaderamente universal podríamos encontrar a una persona dependiente en una residencia pública pagando la totalidad del coste de la plaza).

Como, tanto el baremo como los criterios de acceso, intensidad de la atención de los servicios o nivel de copago, sólo se conocerán una vez los acuerde el Consejo Territorial del SND, los apruebe el gobierno y los publique el BOE, hoy podemos hacer poco menos que especular.

Todos los que trabajamos en servicios sociales sabemos que decir “prioridad de acceso” es poco menos que decir “acceso”. Si se determina como un criterio de prioridad el hecho de tener rentas bajas podemos encontrarnos con un nuevo sistema “universal” de dependencia que suponga un “cuarto pilar” pero que, en la práctica deje fuera a los que ya lo estaban, o sea a la clase media.

Esta reflexión y estos miedos nacen de la lectura de unas declaraciones del ministro Caldera al diario El País el pasado 8 de Diciembre en las que decía "Habrá una declaración genérica que recoja el derecho universal a la prestación, aunque tiene que venir limitada en la medida en que haya recursos económicos, y siempre con la idea de los ocho años para ser aplicado completamente. Además, la admisión a este sistema tiene un filtro en función de la renta y patrimonio. Los que puedan permitirse una asistencia privada no serán incluidos".

Para mí esta es la verdadera clave del futuro sistema.

Otras cuestiones que también alcanzarán gran relevancia serán las que se susciten en las comunidades autónomas ya que la Ley les obligará a gastar en dependencia por lo menos tanto como gaste el Estado, firmando un convenio que concrete las cantidades. Además las comunidades deberán adecuar sus normativas a unos criterios de acreditación, calidad, tipificación o intensidad de servicios que en algunos casos requerirá cambios profundos de reglamentación.

Al final, cómo se concrete el baremo, la red de utilización pública o los convenios entre estado y comunidades autónomas tendrán una enorme importancia ya que sin un gran acuerdo el sistema será siempre inestable, pero si el derecho no es verdaderamente universal lo que se producirá es sencillamente una transferencia de fondos desde el Estado a las comunidades y su utilización por parte de éstas para hacer una nueva versión de lo que ya existía hasta ahora.

Esperemos que el esfuerzo que se está haciendo se vea recompensado con un sistema que, si llega a cuajar, puede suponer colocar a España entre los países socialmente más avanzados del mundo.

domingo, 16 de enero de 2005

RESIDENCIAS GRANDES O PEQUEÑAS

La teoría del péndulo parece cumplirse en lo que al tamaño de las residencias se refiere. Si en los años setenta las primeras residencias de pensionistas se construían con más de doscientas plazas y pensando en personas válidas, el paso del tiempo ha ido reduciendo el tamaño de los nuevos establecimientos y centrando el objetivo a cubrir en personas asistidas. En los últimos años parece que la tendencia vuelve a cambiar:

En las grandes capitales españolas se están inaugurando otra vez residencias privadas de doscientas, o incluso más de doscientas cincuenta plazas y, algunos operadores quieren volver a apostar por el mayor válido ofreciendo conceptos residenciales que se encuentran entre la residencia y la vivienda con servicios.

A pesar de este cambio de tendencia, España sigue siendo un país de residencias pequeñas con un sector privado formado eminentemente por centros que acogen a menos de 50 residentes (y con un gran número de miniresidencias de menos de 25 plazas). Residencias que, en muchos casos encuentran enormes dificultades para adecuarse a los nuevos requisitos que surgen en las diferentes comunidades autónomas en lo que respecta a contratación de profesionales, exigencias arquitectónicas y de calidad. Unas dificultades que surgen del tamaño ya que las exigencias suelen estar pensadas para centros de determinadas plazas y resultan en proporción muy costosas cuando se aplican a uno pequeño.

Periódicamente se oyen en algunos foros voces que vaticinan la desaparición del sector de los pequeños centros en poco tiempo.

Yo creo que hay motivos para pensar que, al menos durante unos cuantos años, van a coexistir en el sector residencias grandes, medianas y pequeñas y uno de ellos es que, a pesar de que las residencias más grandes suelen ofrecer un buen servicio en mayores espacios y un equipo de profesionales más extenso, las residencias pequeñas cuentan con “la simpatía” del público.

Una prueba de esta “simpatía” la encontramos en los datos hechos públicos por el IMSERSO sobre el estudio “ Situación y evolución del apoyo informal a los mayores en España”. A parte de la interesente radiografía en movimiento que permite comparar la atención informal de 1994 con la de 2004, hay una pregunta realizada a 1.500 cuidadores informales que tiene mucha relevancia: “¿Cómo cree que deberían ser las residencias para las personas mayores?”. Casi el 40% dice que deberían tener menos de 15 plazas; el 16% dice entre 15 y 50. Si tenemos en cuenta que el 21% dice que no sabe o no contesta.

¿Quiere esto decir que se van a volver a construir de forma generalizada residencias pequeñas? El periódico la Nueva España decía el 4 de diciembre que en Asturias las nuevas residencias tendían a ser de menos de 50 plazas. La verdad es que dudo que, si eso es así en Asturias vaya a convertirse en una tendencia en toda España.

Lo que queda claro es que las residencias pequeñas deben mimar a una demanda que, a priori dice preferirlas y las grandes tienen el doble trabajo de seguir ofreciendo servicios de calidad y de saber transmitir esa idea a personas que hoy no buscan residencia pero quizá lo harán dentro de unos años.

La llave de la respuesta la tendrán finalmente, como casi siempre los compradores, ya sean estos las administraciones que establezcan criterios de concertación en residencias geriátricas o los clientes privados que utilicen algún buscador de residencias geriátricas.

Nota: pueden verse los resultados del estudio en la web del Imserso