jueves, 24 de febrero de 2005

DEPENDENCIA, COPAGO E HIJOS

Uno de los aspectos que tendrá que tratar la futura Ley de Dependencia es el del copago. Parece ser que el Sistema Nacional garantizará que, a cada nivel de dependencia le corresponda un tipo de servicio pero no que éste haya de ser gratis.

Actualmente el copago está funcionando de diferentes formas en España. Todavía hay comunidades en las que el mayor que recibe un servicio público paga un porcentaje de su pensión. Un sistema muy poco equitativo porque no computa otros ingresos o el patrimonio que pueda tener el mayor. En otros lugares se cuentan todas las rentas y el patrimonio inmobiliario, excluyéndose de éste, en ocasiones, el domicilio habitual. Incluso se llega a hablar de crear una especie de agencia de alquiler de estos inmuebles para generar ingresos.

Siguiendo con la dispersión, en algunos lugares de España se utiliza el “reconocimiento de deuda” o se gravan los bienes del mayor previéndose un resarcimiento tras la muerte de éste. (Recomiendo la lectura del último trabajo elaborado por Edad y Vida sobre la situación de la Dependencia en España que trata esta dispersión)

Supongo que, aunque el Libro Blanco haya pasado de puntillas sobre la financiación del futuro Sistema, la ley, necesariamente tendrá que entrar en harina. También supongo que, si cubrir la dependencia cuesta entre 6.000 y 8.000 millones de Euros al año, se impondrán soluciones imaginativas y la exploración de todos los caminos posibles.

Una de estas vías de financiación es la de incluir en el copago a los hijos de quienes reciban el servicio. Una participación que debería existir sólo cuando éstos tuviesen recursos suficientes y estaría modulada de acuerdo a unos baremos. El sistema encontraría sustento jurídico en el derecho/obligación de alimentos entre parientes (que tendría que ser adaptado) y requeriría la colaboración entre administraciones.

A los que, de entrada, critiquen esta posibilidad les diría que un sistema similar funciona desde hace años en Cataluña.

Creo que, si entre todos tenemos que mantener un costoso Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, lo más equitativo será hacerlo de forma, que quien lo necesite, tenga garantizado un servicio de calidad unido a la exigencia de colaborar en el coste del servicio de acuerdo con sus “posibles”. ¿Hasta dónde hay que llegar para determinar esos “posibles”? Cuanto más lejos, mayor sería la sostenibilidad del sistema.