viernes, 24 de noviembre de 2006

¿PERDERÁ EL PROYECTO FUELLE EN LA RECTA FINAL?

Cuando todo parecía indicar que el PP votaría en contra del proyecto de Ley de Dependencia: una reunión entre los dos grandes partidos, una cincuentena de enmiendas pactadas y, todo arreglado. Los populares se suman a la mayoría y sólo CiU y PNV quedan fuera, por motivos más de competencia que de fondo.

La posición de los dos partidos nacionalistas proyecta una oscura sombra sobre la futura vida del Sistema Nacional de Dependencia ya que el artículo de la Constitución que da fuerza competencial a la Ley (el 149.1.1) ha sido tradicionalmente mirado con lupa por parte del Tribunal Constitucional de forma que, un eventual recurso de inconstitucionalidad podría dar al traste con todo el invento.

Las enmiendas pactadas entre PP y PSOE serán incorporadas en el Senado siendo entonces cuando sabremos cómo queda definitivamente el sistema

Dejando a un lado la alegría por que se llegue a conseguir la aprobación, hay una cuestión que no puede dejar de plantearse.

Durante los once meses que llevamos hablando del anteproyecto y proyecto de ley se han planteado dudas, sobre todo desde comunidades no gobernadas por el PSOE respecto a la viabilidad económica del Sistema Nacional de Dependencia y sobre la poca eficacia que puede tener un sistema que se basa en la firma anual de diecisiete convenios que concreten necesidades y financiación. Sin ir más lejos, la Gerencia de servicios sociales de Castilla León hacía público, pocos días antes del anuncio del pacto, un estudio en el que se ponía de manifiesto que, sólo en esa comunidad y durante el primer año harían falta 270 millones de Euros para poner en marcha el sistema cuando la memoria económica del proyecto preveía únicamente 64.

Se ha planteado también durante estos meses que la apuesta que hará la ley por la calidad y la profesionalización generará necesariamente un encarecimiento del servicio debido principalmente a que el coste de personal se incrementará de forma sustancial. Encarecimiento que no ha tenido en cuenta la memoria económica.

Parece, además, que parte de las enmiendas que se introducirán en el texto cuando pase por el senado supondrán ampliar el abanico de personas dependientes susceptibles de recibir servicios y prestaciones, lo que necesariamente comportará un aumento de recursos necesarios.

Hasta ahora, las aportaciones y críticas recibidas por el gobierno de parte de la oposición y de algunos colectivos nos permitían contrastar las luces y sombras del proyecto de ley. ¿Encontrará el texto que finalmente se apruebe la inspiración y recursos necesarios para que el Sistema pueda nacer viable y se acallen las críticas? ¿Dejarán las comunidades autónomas de plantear sus dudas y quejas ahora que los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo?

Esperemos que este caballo no pierda fuelle en la recta final y que en el próximo número de la revista podamos hablar de celebraciones y no de decepción.

martes, 21 de noviembre de 2006

Medicina Legal en Residencias Geriátricas

Noviembre de 2006

sección del Colegio de Médicos de Barcelona, que agrupa a los que trabajan en residencias, tuvo hace un tiempo la original idea de convocar unas jornadas con el título “medicina legal en residencias”. Pretendían ayudar a los profesionales que trabajan en este campo a hacerse una idea clara sobre algunas cuestiones sobre las que suelen aparecer dudas: las incapacitaciones, internamientos, el uso de contenciones o el testamento vital, entre otras.

Las jornadas se celebraron finalmente a principios de Noviembre y, para lo que más sirvieron fue para poner de manifiesto que los temas a tratar habían sido bien elegidos, por la polémica que les rodea.

Los asistentes pudimos escuchar como los ponentes, todos ellos altísimamente preparados, iban exponiendo opiniones totalmente contradictorias sobre los aspectos a tratar. Por ejemplo:

En primer lugar, un especialista que durante años trabajó como médico forense, dijo que, para ingresar a una persona mayor que no puede prestar su consentimiento, es necesario tener una autorización judicial previa o, cuando el ingreso es urgente, una ratificación judicial del internamiente, que debe solicitarse al juez durante las primeras horas del ingreso y que el juez debe contestar en un máximo de 72 horas. Cuando desde el público pregunté qué pasa si en 72 horas no se ha obtenido respuesta, el ponente dijo que entonces se debería denunciar al juez por no cumplir con su función.

No hubiera pasado de ser una anécdota si después no hubiese dicho una juez, titular de un juzgado especializado en incapacidades e internamientos, que, como regla general no era aplicable al ingreso de personas con demencia en residencias la autorización judicial. Para redondearlo, un responsable de una inspección autonómica explicó que la figura de la guarda de hecho hace innecesaria la autorización judicial siendo sólo necesaria una comunicación de la situación al juez o al fiscal.

El tema fue más curioso aún cuando se habló de contenciones de personas con demencia: El forense dijo que hacía falta autorización judicial, la juez que era una decisión que, tomada por un médico siguiendo unos protocolos preestablecidos no requería mayor comunicación y el responsable de la inspección autonómica, que era necesaria una prescripción médica, un protocolo, un registro y la autorización de los familiares (Más aún, que si los familiares se negaban a firmar la autorización existiendo el resto de requisitos, la negativa era causa de rescisión del contrato asistencial pudiendo echar al residente del centro).

También hubo contradicciones sobre cuándo hay que incapacitar a una persona (el forense hizo una interpretación literal de la Ley que supone que todas las personas que sufren causas de incapacitación deberían ser incapacitadas por sus familiares o el Ministerio Fiscal), la juez fue más limitativa e interpretó que hay un componente de necesidad de protección de la persona sin el cual iniciar el proceso no es justificado.

Que existan esas contradicciones tan importantes es preocupante, precisamente por eso hay que felicitar al Colegio de Médicos de Barcelona por su iniciativa de ponerlas de manifiesto.

viernes, 3 de noviembre de 2006

¿QUÉ PASARÁ CON DOÑA ENCARNACIÓN?

Noviembre de 2006

Mirándolo en perspectiva, a doña Encarnación no le ha tratado mal la vida. Alcanzó los ochenta y cuatro años con un estado de salud aceptable, aunque a partir de entonces, una rotura de cadera y una incipiente demencia le han hecho depender para todo de terceras personas, principalmente de su hija mayor. Tuvo una vida familiar feliz, se casó joven, tuvo cuatro hijos, de los que viven tres y su matrimonio transcurrió plácidamente hasta la muerte de su marido cuando ella tenía setenta y siete años. Desde el punto de vista económico tampoco han ido mal las cosas: a una escasa pensión de viudedad puede sumar las rentas de algunas inversiones que hizo, junto con su esposo hace algunos años, de las que disfruta en parte en usufructo, y que le permiten alcanzar unos ingresos de 1.600 Euros mensuales.

Hoy, doña Encarnación tiene ochenta y seis años y vive, desde hace diez meses en una residencia privada, que le buscaron sus hijos, por la que está pagando, 2.100 Euros al mes (servicios adicionales e IVA incluidos). De momento la diferencia entre los ingresos y lo que está pagando sale de unos ahorros que tiene. Sus hijos han acordado que, si éstos se acaban, ellos pondrán la diferencia. Bueno, eso habían pensado hasta que oyeron hablar del cuarto pilar del estado de bienestar. Ahora saben que, con la Ley de Dependencia, todo el mundo, con independencia de sus ingresos, tendrá derecho a un servicio o prestación siempre que tenga determinado grado de dependencia. Han oído que existirá un copago que sí dependerá de los ingresos pero éste alcanzará, como máximo, el precio público que se determine. Hasta ahora nunca se les hubiera pasado por la cabeza ir a los servicios sociales ya que piensan que, teniendo recursos suficientes, nunca obtendrían ayuda para su madre, ahora las cosas han cambiado.

¿Qué pasará cuando doña Encarnación entre en el sistema de dependencia?


Lo más probable es que obtenga una valoración de gran dependiente y que en su plan individualizado le digan que le corresponde una residencia. Pongamos que el precio público de una plaza concertada en la comunidad donde reside doña Encarnación es de 1.700 Euros al mes (IVA incluido, por supuesto). Pongamos, además, que la residencia donde hoy reside, está acreditada y está concertada por la administración autonómica.

Es muy posible que con la nueva Ley la señora Encarnación entre en el sistema, se quede en la misma plaza pagando unos 1.500 Euros (los 200 restantes los pagará la administración a los 60 ó 90 días, recuperándolos cuando ella muera a cargo de su patrimonio). Es muy posible que, tanto ella como sus hijos estén muy contentos de un cuarto pilar que les ahorra 600 Euros al mes. Quien no estará tan contenta es la residencia que ha visto disminuir sus ingresos mensual en 400 Euros brutos (por cada uno de los residentes que se “reconvierta”), y que se da cuenta de que cada vez habrá menos personas con cuotas superiores a 1.700 Euros al mes.

La verdad es que existen muchas más personas mayores con ingresos inferiores a 1.600 Euros al mes pero la peculiaridad de la ley de dependencia es que no excluye a nadie (ni siquiera a quien tenga rentas de 6.000 Euros mensuales) de forma que, además de servir para los que no tienen recursos (que ya estaban cubiertos por los sistemas autonómicos de servicios sociales), y a la mayoritaria clase media, también dejará sin demanda a las residencias de nivel medio-alto, pensadas para personas con pensión más otros ingresos.

¿Seguirán acudiendo esa demanda media alta a buscar residencias de ancianos privadas de precio elevado sabiendo que pueden acceder a residencias de acreditadas y con calidad contrastada a un precio tasado por la administración?

viernes, 14 de julio de 2006

UNIFICACIÓN PATRONAL PAUSADA

La unificación de patronales, a los ojos de los observadores externos, está siendo como un juego de prestidigitación en el que el mago acaba sorprendiendo a todos con lo que no se esperaban: “¡Vean cómo meto dos palomas en el sombrero y se convierten en una!. Abra cadabra. Un, dos, tres, toque de varita y ¡Sorpresa!” salen tres palomas. Después resulta que una no es exactamente una paloma pero la sorpresa ya se ha producido y los que esperaban ver lo prometido quedan decepcionados y tristes. Alguien se pregunta ¿pero, qué ha pasado dentro del sombrero?. Eso es lo de menos,
¡Que siga el espectáculo! Otro toque de varita y vuelve a haber sólo dos pero una parece convertirse en gaviota y otra en gorrión.

Sé que parece que estoy trivializando el proceso de unificación pero por desgracia esta es la sensación que están teniendo muchos directores de residencias, centros de día y otros servicios geroasistenciales ante el cúmulo de acontecimientos que han sucedido durante las últimas semanas y que sólo unos cuantos han podido conocer en primera persona.

Si estuviésemos hablando de la banca o del sector asegurador, las noticias hubieran tenido repercusión en todos los medios. Como estamos en éste, sólo uno, N&G, está dando amplia cobertura a lo que va sucediendo, con el riesgo que conlleva que alguien intente matar al mensajero.

En la situación actual lo que parece cierto es que, tras el primer intento de unificación, quien va a marcar el paso en los próximos meses será la FED. Las dos vocalías que ha conseguido la CEAD en la CEOE (cuando la FNM sólo tiene una) ha sido un triunfo parcial; la creación misma de la FED (fusión de CEAD más asociaciones escindidas de la FNM) ha sido otro. Pero no podemos olvidar que lo que realmente servirá para valorar si hay un triunfador o una unificación real será la constitución de la mesa de negociación del próximo convenio colectivo a finales de 2007.

Hasta entonces hay que ver cómo cuaja la FED y cuál es la reacción de la FNM tras el nombramiento de su nuevo presidente. No parece que en el corto plazo vaya a haber un acercamiento entre ambas patronales. La clave para que éste se produzca está, igual que hace unos meses, en la figura del vicepresidente de la FNM, cuya salida es considerada conditio sine qua non por parte de muchos de responsables de la FED. Lo que es diferente ahora respecto a hace unos meses es que entonces muchos veían desde la CEAD que José Joaquín García (Pucho) podría tener un papel en la nueva patronal unificada pero ahora esta opción ni se considera.

Sería muy recomendable para todos que, consolidada la FED, se produjese un acercamiento con la FNM, pero sin duda el “factor Pucho” tiene todos los visos de seguir siendo la clave de todo.

Si el acercamiento se convierte en imposible sólo le quedará a la FED intentar llegar a la constitución de la mesa como patronal más representativa en la negociación del convenio y, desde esa situación, establecer las reglas del juego convenciéndonos a todos de que la unificación de patronales es la FED. Lo que sucede es que si llegase esa situación, veríamos que la partida volvería a jugarse en un terreno que Pucho domina totalmente (como ha demostrado en anteriores ocasiones) y en el que podría volver a haber sorpresas.

Así las cosas, ahora es la hora de que cada organización, desde sus posiciones, prepare una estrategia y la lleve a cabo. El gran problema es que, mientras todo esto sucede, se están tramitando las enmiendas a la Ley de Dependencia. La Ley se aprobará y se empezarán a elaborar los reglamentos. Es un período crucial en el que una patronal unida y fuerte podría hacer una labor de lobby que intentase ajustar las propuestas que se hagan a la realidad del sector.

La FNM y la FED, cada uno por su lado también pueden intentar influir, pero, no nos engañemos, la unión no hace la fuerza, la unión es la fuerza y para alcanzarla vale la pena hacer sacrificios.

Una prueba de lo que está pasando o puede pasar es el medio millar de enmiendas presentadas al proyecto de Ley de Dependencia. El partido más enmendador es el Bloque Nacionalista Galego seguido por el Partido Popular. Los más contundentes, CiU, PNV y EA que presentaron sendas enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas en junio.

Dentro de las enmiendas hay de todo aunque abundan las que persiguen potenciar más la intervención de las comunidades autónomas y las que piden un modelo más “público”, o sea con menos apoyo en el sector privado. También sobre el sistema de financiación y su permanencia en el tiempo hay varias propuestas que buscan cambiar el modelo de convenios anuales. Sería muy difícil estructurar las 500 ya que vienen de partidos muy diferentes. Lo que está claro es que el gobierno y el partido que lo sustenta (que también ha presentado enmiendas) tiene ante sí una ardua labor ya que necesitará ser muy hábil para que la obtención de apoyos puntuales no le lleve a introducir cambios en diferentes sentidos que quiten aplicabilidad a la Ley.

En este momento, en el que parece que el desenlace del primer acto (aprobación de la Ley) está cerca, todavía hay campo para el optimismo aunque éste sería mucho mayor si, como decía, hubiese un interlocutor único y fuerte que hablase desde el sector geroasistencial mercantil.

lunes, 10 de julio de 2006

PEQUEÑOS Y GRANDES ANTE LA NUEVA SITUACIÓN

La creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Dependencia, tal como viene previsto en el proyecto de Ley recientemente aprobado supondrá un reto importante que deberán asumir las empresas e instituciones que actualmente están prestando servicios residenciales y domiciliarios a personas mayores.

Y si alguien vivirá de forma más directa ese reto es el grupo de residencias de tamaño pequeño que, durante muchos años han formado, casi en exclusiva la totalidad del sector privado y que ahora, pese a mantener un peso considerable, se enfrenta a unos desafíos formidables.

Si nos remitimos a los números nos encontramos con que, dentro del sector privado, las residencias de menos de 35 plazas vienen a representar aproximadamente la mitad del total de centros (en lugares como Cataluña representan un 34% de las residencias y acogen al 13% de los residentes). Normalmente se trata de residencias con más de siete años de antigüedad, que fueron autorizadas por las comunidades autónomas con normativas hoy derogadas; están gestionadas y dirigidas por personas que a la vez son los propietarios y promotores del negocio, personas que no suelen tener una titulación pero que han adquirido experiencia y “saber hacer” con el paso de los años.

Comunidad autónoma Residencias (1) %
Total (1) Tamaño del centro (plazas) Tamaño del centro (plazas)
<25 25 - 49 50 - 99 100+ <25 25 - 49 50 - 99 100+
España 4.597 1.490 1.291 1.060 756 32,4 28,1 23,1 16,4
Andalucía 440 93 176 112 59 21,1 40,0 25,5 13,4
Aragón 277 103 69 71 34 37,2 24,9 25,6 12,3
Asturias (Principado de) 208 117 36 34 21 56,3 17,3 16,3 10,1
Balears (Illes) 55 9 21 14 11 16,4 38,2 25,5 20,0
Canarias 93 33 32 11 17 35,5 34,4 11,8 18,3
Cantabria 46 11 8 11 16 23,9 17,4 23,9 34,8
Castilla y León 584 193 187 105 99 33,0 32,0 18,0 17,0
Castilla-La Mancha 388 152 91 73 72 39,2 23,5 18,8 18,6
Cataluña 1.001 329 316 252 104 32,9 31,6 25,2 10,4
Comunidad Valenciana 274 51 81 78 64 18,6 29,6 28,5 23,4
Extremadura 138 53 39 29 17 38,4 28,3 21,0 12,3
Galicia 175 51 33 49 42 29,1 18,9 28,0 24,0
Madrid (Comunidad de) 457 123 101 111 122 26,9 22,1 24,3 26,7
Murcia (Región de) 48 6 7 23 12 12,5 14,6 47,9 25,0
Navarra 83 12 30 21 20 14,5 36,1 25,3 24,1
País Vasco 297 150 56 54 37 50,5 18,9 18,2 12,5
Rioja (La) 29 4 8 9 8 13,8 27,6 31,0 27,6
Ceuta 2 0 0 2 0 0,0 0,0 100,0 0,0
Melilla 2 0 0 1 1 0,0 0,0 50,0 50,0

Nota: Residencias N.C.: "No consta", no se conoce su tamaño.
(1) No se incluyen las 549 residencias N.C. de las que no se conoce su tamaño

Estas residencias pequeñas, en muchas ocasiones tienen barreras arquitectónicas, la mayor parte de sus habitaciones son compartidas, no pueden permitirse contar con un equipo interdisciplinar completo ni adaptarse al funcionamiento que exigen las acreditaciones de calidad. No obstante, cuentan con dos factores muy importantes: la “simpatía del público” y precios más baratos.

Para entender la idea de la “simpatía del público” hay que ver antes que una característica de nuestro sector es la opacidad: la mayor parte de personas que buscan residencia lo hacen por primera vez y no saben nada o casi nada del sector. Estas personas, cuando se les pregunta, así, a secas, si prefieren una residencia grande o pequeña suelen decantarse por la segunda. Existe una concepción social aceptada según la cual el trato en las residencias pequeñas es más familiar, así, no resulta extraño que alguien (que nunca ha visitado ninguna residencia), diga que en las residencias grandes el residente es un número. Si a esto sumamos que, en el proceso de compra lo que más funciona es el boca-oreja y que, hasta ahora la mayor parte de residencias eran pequeñas, llegamos a la conclusión que esa “simpatía del público” está beneficiando al sector de las pequeñas residencias y, todavía lo seguirá haciendo durante unos años.

Una prueba de esta “simpatía” la encontramos en los datos hechos públicos por el IMSERSO sobre el estudio “ Situación y evolución del apoyo informal a los mayores en España”. A parte de la interesente radiografía en movimiento que permite comparar la atención informal de 1994 con la de 2004, hay una pregunta realizada a 1.500 cuidadores informales que tiene mucha relevancia: “¿Cómo cree que deberían ser las residencias para las personas mayores?”. Casi el 40% dice que deberían tener menos de 15 plazas; el 16% dice entre 15 y 50. Si tenemos en cuenta que el 21% dice que no sabe o no contesta (fuente: http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/imserso-situacion-01.ppt).

Si el mercado fuese algo más transparente y las personas conociesen el funcionamiento de residencias grandes, medianas y pequeñas antes de tomar la decisión de compra, verían que, ni todas las residencias pequeñas ofrecen un trato tan “familiar” ni en la mayoría de las grandes la persona es “tratada como un número”. Entonces quizá surgiría el segundo factor: normalmente las residencias pequeñas son más baratas.

Si nos imaginamos una residencia de 25 plazas situada en un chalet alquilado hace 10 años en el que no hubo que hacer demasiadas obras porque la normativa no lo exigía, que es gestionada por un matrimonio y una hija que pasan muchísimas horas en la residencia siendo a la vez que gestores, trabajadores y “corre-turnos”. Veremos que en su cuenta de explotación casi no hay partida de amortización (ya que no hubo una gran inversión inicial), la de personal es en proporción inferior (porque los dueños/autónomos realizan más horas que un empleado y porque) y el concepto mismo de obtener un beneficio por la inversión se ha transformado en “trabajar en mi negocio y sacar lo que se pueda”.

Decir que las residencias que funcionan así deben cerrar porque no dan un servicio de calidad es una simplificación demasiado grande. En primer lugar porque se trata de empresarios que construyeron su negocio con la normativa vigente en su momento, sin ayuda de la administración y que, llevan años cubriendo un sector de la demanda que no puede pagar los precios de mercado de las residencias más grandes aunque tampoco tienen tan poco como para poder acceder a plazas públicas. En segundo, porque en muchos casos, la misma tendencia de la situación ya les está poniendo difícil la subsistencia, principalmente de tres formas:

- La intervención administrativa: a medida que las comunidades autónomas siguen su carrera por tener la normativa más exigente es muy posible que las residencias pequeñas se vayan quedando en un lado, sin posibilidad de adecuación, sin que nadie les diga que tienen que cerrar aunque quizá sí que no pueden ampliar, cambiar de titular o hacer modificación alguna. Una prueba de esta situación la tenemos en Asturias, donde la aprobación de una normativa que obliga a renovar cada cinco años la autorización de funcionamiento de las residencias y la acreditación de cumplimiento de las exigencias arquitectónicas (Decreto 79/2002) esta produciendo el cierre de residencias pequeñas.

- Cuando se vaya poniendo en funcionamiento el nuevo sistema de acreditación de centros previsto en la Ley de Dependencia, que previsiblemente incluirá requisitos materiales y de calidad, algunos centros se verán abocados a no ser acreditados perdiendo muchas posibilidades de subsistencia.


- El aumento del precio de los inmuebles: Si en los finales de los ochenta y principios de los noventa se crearon muchas residencias pequeñas fue en parte porque no resultaba caro alquilar un gran piso en el centro de una ciudad o un chalet en las afueras. A medida que los precios se han ido incrementando y que los contratos de las actuales residencias pequeñas lleguen a su fin, es más que posible que se produzcan cierres porque los propietarios no quieran renovar o impongan precios no asumibles (esto ya está ocurriendo en la actualidad en ciudades como Madrid o Barcelona).

- El factor personal: Es algo que no puede descartarse. Actualmente, muchas residencias pequeñas están funcionando gracias al ingente esfuerzo de unos propietarios que dedican muchas horas de dedicación y que no pueden despegarse de la residencia ni un momento. Normalmente mujeres que entraron en el sector hace unos diez años y que ya están entrando ellas mismas en la edad de jubilación. Cuando estas personas se jubilen, es muy probable que sus hijos no quieran seguir con un negocio tan sacrificado y que, cuando piensen en traspasar o vender el centro se encuentren con legislaciones (como la madrileña en la actualidad) que obliguen a adecuar el centro a la normativa actual en caso de cambio de titular, cosa, ya hemos visto, imposible.

Sea como sea, de lo que no cabe duda es que los propietarios de residencias pequeñas llevan ya un par de años dándole vueltas a su futuro.

Si quieren ver una opción imaginativa sobre qué podría hacerse con las residencias pequeñas, entren en la “Geriateca” de Inforesidencias.com y vean lo que propone Elisabet Massons en su trabajo “El futuro de las microresidencias”.

Por el lado de las residencias de tamaño medio y grande sucede algo diferente: La teoría del péndulo parece cumplirse en lo que al tamaño de las residencias se refiere. Si en los años setenta las primeras residencias de pensionistas se construían con más de doscientas plazas y pensando en personas válidas, el paso del tiempo ha ido reduciendo el tamaño de los nuevos establecimientos y centrando el objetivo a cubrir en personas asistidas. En los últimos años parece que la tendencia vuelve a cambiar:

En las grandes capitales españolas se están inaugurando otra vez residencias privadas de doscientas, o incluso más de doscientas cincuenta plazas y, algunos operadores quieren volver a apostar por el mayor válido ofreciendo conceptos residenciales que se encuentran entre la residencia y la vivienda con servicios.

¿Cómo puede afectar a estos operadores la implantación del Sistema Nacional de Dependencia?

En principio parece que la perspectiva será halagüeña, no obstante existen algunos factores que pueden ensombrecer el horizonte:

- Existe en el anteproyecto una mención al fomento especial del “tercer sector” que puede suponer en algunos casos una discriminación negativa hacia las empresas que se dedican a ofrecer servicios residenciales a personas mayores.
- El precio de concertación de plazas. En principio, a espera de la aprobación y desarrollo, queda por saber si el precio de concierto será único en toda España o se determinará en cada Comunidad Autónoma, dependiendo del convenio que se firme entre Estado y administración autonómica. Si los precios no son acordes con los costes se desincentivará mucho la participación privada en la prestación o se tenderá a rebajar los estándares exigidos.
- Por último aparece como factor relevante la peculiar situación de los grandes operadores que están embarcados en ambiciosos proyectos de expansión, que se han encontrado con algunos mercados en los que la demanda solvente se había visto superada por la oferta y que están buscando vías de superación de la situación actual a través de fusiones, adquisiciones o ampliaciones de capital.

Uno de los discursos que suenan de forma reiterada, desde el subsector de las residencias grande y los grupos, es que la administración debería hacer una “apuesta por la calidad” aumentando exigencias y expulsando del mercado a los operadores que no alcancen determinados niveles. En otras palabras, que la administración debería intentar acabar con las pequeñas residencias “familiares”. Estos argumentos son recibidos por algunos poderes públicos que indican que quizás, estos centros deberían transformarse en residencias para enfermos mentales crónicos o en viviendas compartidas para mayores válidos.

Resulta curioso que se puedan plantear estas medidas cuando, si ciertamente los estándares son tan bajos y el servicio tan malo debería ser el propio mercado el que expulsase a esa oferta.

Para sabe qué pasa deberemos esperar unos tres o cuatro años.

viernes, 16 de junio de 2006

¿ENCONTRARÁ OBSTÁCULOS LA UNIFIACIÓN?

La noticia del nacimiento de la FEAD o, lo que es igual, de la unificación de la FNM y la CEAD nos cogió a casi todos un poco por sorpresa. Cuando el día 4 de mayo enviamos a los asociados de Inforesidencias.com un mensaje explicando lo que sucedía ya habían pasado algunos días desde que el grupo Júbilo, a través de su agencia había sacado la noticia. Ciertamente siento una envidia sana hacia Rafael Navas por haber sido elegido como notario mediático del acuerdo.

Me sorprendió entonces recibir llamadas de personas que parecían molestas, e incluso enfadadas por la noticia y el motivo no era tanto por estar en desacuerdo con la unificación sino por el hecho de haberse enterado por un e-mail mío de algo que, pensaban, se tendría que haber discutido antes en la junta de la patronal regional de la que formaban parte.

Desde Inforesidencias.com felicitamos entonces a Ana García y Miguel Jiménez (presidentes de las patronales a unificar) por haber liderado la iniciativa, después supimos por Júbilo, que la felicitación debía extenderse a Doménech Crosas (Presidente de AESTE).

Pasados los primeros momentos de alegría y congratulación hemos empezado a pensar en los posibles obstáculos. El primero es que, de forma inmediata hay que dotar de pies sólidos a una unificación que, al anunciarse no contaba todavía con la bendición de los órganos representativos de cada una de las entidades a fusionar. ¿Puede surgir algún problema a la hora de ratificar la estrategia seguida por los presidentes? Yo creo que sí, quizás de forma especial en Cataluña de la que trataré al final, aunque también creo que las “ganas” de unificación podrán más que los obstáculos de forma que se encontrarán soluciones factibles. Recordemos que en este caso, como en casi todos, los obstáculos no residen en las ideas sino en las personas. Integrar dos patronales autonómicas quiere decir hacer trabajar juntos a dos presidentes que, hasta anteayer discrepaban abiertamente y hacer algo así requiere ganas de entenderse, espíritu de sacrificio y tiempo.

Aquí es donde yo veo la clave de la unificación. Repito que las “ganas” podrán más que los obstáculos aunque veo excesivamente optimista pensar que en Enero de 2007 ya esté todo hecho y que en marzo tengamos elecciones. Ojalá me equivoque.

Otra de las dudas que han surgido enseguida es ¿quién presidirá la FEAD, o como se acabe llamando la nueva entidad?. A mí me han llegado dos nombres de personas perfectamente preparadas y capacitadas para ocupar el cargo. Por un lado Juan Manuel Martínez, director general de Eulen Servicios Sociosanitarios, con una extensísima trayectoria dentro del sector tanto desde el lado público como el privado; por otro Benigno Maújo, hasta hace poco Director General de Gerogestión y, Amma-Gerogestión que también atesora experiencia dentro de “los dos lados” de la gestión y que ahora no trabaja dentro de ninguna empresa del sector (no sé si esto es un punto favorable o desfavorable) aunque sigue muy cerca con sus labores de consultoría.

¿Será la elección del “presidente del consenso” un obstáculo? Creo que no aunque quizás sí lo sea la del vicepresidente.

En las noticias que han aparecido se menciona que José Joaquín García dejará la vicepresidencia del a FNM pasando a prestar asesoramiento y consultoría externa a la FEAD. A mí me sorprendería mucho que, hoy por hoy, eso vaya a ser así. Creo que no se puede olvidar que el punto de inflexión en la relación entre FNM y CEAD fue la constitución de la mesa negociadora del IV convenio y que, si alguien salió fortalecido de aquél suceso este fue José Joaquín García que, después, ha liderado la negociación de un convenio que han firmado todas las patronales. Quizá me equivoque y la decisión ha venido de él mismo aunque, si no ha sido así, creo que, hoy por hoy, pensar en una unificación que excluya por completo a Pucho de los cargos directivos tendría enormes dificultades.

Por último hablemos de Cataluña. Otra vez digo que quizá esté totalmente equivocado al pensar que la CEAD tuvo su embrión así como su máximo impulsor y financiador en ACRA. Esa patronal catalana se sacrificó diluyéndose doblemente en la Federación Catalana de la Dependencia y en la CEAD y cedió por el camino su representación directa en la mesa de negociación del convenio. Una apuesta muy grande que esperaba el premio de crear una patronal que integrase a la FNM o se impusiese a la misma como máximo representante del sector. La patronal catalana ya había promovido antes la existencia de una gran patronal española aunque las cosas no salieron como ellos esperaban. ¿Cómo quedará ACRA después de la unificación si la FEAD tiene las características que se han difundido? ¿Mantendrá el sacrificio en aras a la unificación o volverá a plantearse seguir por su cuenta como antes de crearse la CEAD? ¿Se le reconocerá el sacrificio?

Es difícil conocer las respuestas ahora que todos hablamos influidos por la sorpresa inicial. La cosa cambiará en un par de meses cuando cada uno, con sosiego haya pensado sus posiciones. Entonces, lo creo sinceramente, se acabará imponiendo el interés del sector y se producirá la unificación. Lo único que espero es que alguien se dé cuenta de que “la FEAD” es un nombre muy “feo” y que, quizás habría que pensar algo que suene mejor.

miércoles, 24 de mayo de 2006

LO QUE SE ENCONTRARÁ LA LEY DE DEPENDENCIA

La Ley de la Dependencia (o de la “Autonomía personal”, o de los “seis mil millones de Euros”), sigue su penosa gestación después de haberse aprobado ya el texto del proyecto de ley el día 21 de abril. Digo penosa porque a cada paso queda más enjuta y enclenque. Lo que se anunció como un derecho universal, de universal tendrá el nombre y nada más. Eso será así si hacemos caso al ministro Caldera que en El País de 8 de Diciembre dice que “la admisión al sistema [de dependencia] tiene un filtro en función de la renta y patrimonio. Los que puedan permitirse una asistencia privada no serán incluidos”. Yo creía que algunos servicios públicos, como la sanidad y la educación, eran universales porque se accedía a ellos con independencia del nivel de renta. Incluso creo recordar que en alguna de las innumerables ocasiones en que se nos había explicado desde el gobierno esto de la futura Ley, se nos decía que todos los dependientes podrían acceder al sistema aunque los que pudiesen colaborarían mediante copago en el sostenimiento del mismo. Quizás lo entendí mal.

Espero que lo del “filtro” haya sido un desliz del ministro y que, efectivamente el futuro sistema no establezca barreras de entrada por motivos de renta ya que, en ese caso, el intento de dejar entrar a la clase media en el sistema tendría serios riesgos de fracaso.

Sea como sea, todavía falta que el proyecto de Ley se presente a las Cortes y que éstas lo discutan. El PP ofrece un pacto de estado sobre dependencia y, salga lo que salga se nos avisa de que poner en marcha el sistema llevará unos ocho años. Lo que está claro es que 2006 será el año en que se discutirá en serio la Ley. ¿Mi pronóstico? Aunque espero equivocarme, creo que al final el Sistema Nacional de Dependencia será un sistema de transferencia de fondos a las comunidades autónomas, con una norma básica muy laxa y tantos sistemas reales como comunidades. ¿Llegará a suponer el mantenimiento del sistema el 1% del PIB?, lo dudo. De todas formas, lo sabremos en 2014.

Otro aspecto importante que está trayendo cola es el IV convenio colectivo estatal de residencias y atención domiciliaria y lo que ello comporta para la relación entre asociaciones patronales. De momento la constitución de la mesa de negociación ha sido polémica ya que tenemos una acta firmada por los sindicatos, y las patronales FNM y LARES en que se dice que CEAD ha aceptado una asignación de representantes. Por otro lados CEAD nos dice que no han aceptado de ningún modo el reparto, que están disconformes con el sistema utilizado para acreditar la representatividad de cada patronal y que estudian impugnar la constitución de la mesa.

La pugna no tendría mayor relevancia en otras circunstancias, pero ahora sí. Desde el lado sindical ha habido huelgas en Madrid y Aragón intentando conseguir mejores condiciones, y, en la Comunidad de Madrid se ha firmado un convenio con subidas del 7% durante tres años consecutivos lo que ha soliviantado a parte de las residencias, llegándose a exigir la dimisión del presidente de la patronal madrileña AMRTE. Casi todos los empresarios admiten que los salarios son bajos y que cuesta mucho encontrar profesionales preparados que quieran trabajar en el cuidado de personas mayores, pero a la vez ven que existe una relación directa entre los salarios que se pagan y los costes de prestación del servicio (unos costes en los que el primer capítulo es el de personal). Querer ver sólo un lado de la ecuación no es en absoluto razonable pero dar solución al problema puede resultar muy complicado. Sobre todo si pensamos que los cálculos de coste del futuro Sistema Nacional de Dependencia se han hecho basándose en costes actuales y con incrementos ajustados a inflaciones previstas de forma que un aumento muy por encima de IPC de salarios y una reducción considerable de jornada llevarían al traste todos los cálculos efectuados y, posiblemente, la viabilidad misma del sistema.

Otro factor con el que se encuentra el recién aprobado proyecto de Ley es el de la ligera disminución de la demanda objetiva que se producirá durante los próximos años ocasionada por el bache demográfico de los que murieron de niños o no nacieron en los años de la guerra civil. Aún así, es muy posible que otros factores como los bajos niveles de paro femenino y el aumento de renta de los mayores compensen esa circunstancia haciendo que la demanda se mantenga firme. Una cuestión que empezará a dilucidarse durante en 2006 es si la promoción de productos de licuación patrimonial (rentas vitalicias, hipotecas inversas, pensiones hipotecarias..) llegarán a notarse como factores de aumento de demanda solvente. Estos productos (algunos nuevos, otros no tanto) no se están promocionando únicamente como medio de financiación de la dependencia sino más bien como obtención de más recursos para la época de madurez. Aún así pueden tener una gran importancia como creadores de opinión, no olvidemos que, entre las cosas que se nos han dicho de la futura Ley, aparece una vinculación del patrimonio del dependiente en el copago futuro del servicio ¿no viene esto a ser una especie de hipoteca inversa pública? ¿Querrán gestionar directamente las administraciones ese sistema o lo harán instituciones financieras o aseguradoras por encargo de aquellas?

¿Será en el lado de la oferta dónde se produzcan cambios llamativos? Vivimos en un momento en el que, por primera vez existe un número elevado de plazas libres en residencias privadas. Esta puntual sobreoferta no puede solucionarse con una bajada generalizada de precios ya que los márgenes de beneficios tampoco son muy elevados. Así las cosas, la nuevas residencias se preparan para aguantar durante más tiempo del previsto antes de alcanzar el punto de equilibrio mientras que los centros más consolidados, acostumbrados a ocupaciones superiores al 90% se ajustan para subsistir con otras algo inferiores.

En esta situación, seguro que en los próximos doce meses veremos alguna fusión/adquisición entre los grandes y alguna toma de posiciones por parte de empresas hasta ahora ajenas al sector, también continuará el rosario de inauguraciones de aquellos centros que fueron pensados hace cuatro o cinco años cuando los expertos decían que hacían falta miles de nuevas plazas. Hoy, casi todos los grupos han hecho una “parada de reflexión” en sus políticas de expansión, pero, claro, ésta afecta a nuevos proyectos, no a los que ya estaban en marcha.

Las residencias pequeñas y las micro-residencias seguirán viviendo entre unas administraciones que parecen dispuestas a asfixiarlas y muchos clientes que las prefieren a pesar de no poder ofrecer algunos de los servicios y espacios que las más grande sí tienen. Muchos de estos centros de menos de 25 plazas se enfrentarán también, como ya está sucediendo en los últimos años, a la finalización de sus contratos de alquiler y las negativas de renovación por parte de propietarios de inmuebles que han multiplicado su valor en los últimos años.

Otra incógnita que quizá empiece a despejarse el año que empieza es cómo se comercializarán las nuevos productos inmobiliarios dirigidos a personas mayores válidas. Un paseo por cualquiera de las últimas ferias y jornadas nos permitía hacernos a la idea de la gran cantidad de “edificios”, “complejos” e incluso “ciudades” para mayores que se están construyendo sobre todo en las grandes ciudades y en las zonas de costa. Hasta ahora sabemos que los apartamentos para mayores en ciudades empiezan a tener cierta aceptación (sobre todo cuando son de venta de forma que se convierten en una inversión) pero, ¿tendrán éxito esas nuevas promociones? ¿Serán españoles o extranjeros los que acaben viviendo en esos apartamentos y bungalows?

Quizás otro cambio que se irá produciendo en el sector, y en el que no puedo ser neutral, es el del uso de internet por parte de las personas que buscan un servicio (residencia, atención domiciliaria) o un trabajo. Durante 2005 Inforesidencias.com ha celebrado su quinto aniversario alcanzando el medio millón de visitas anuales y las 10.000 búsquedas de servicio. También durante este año han aparecido más webs dirigidas al sector de la atención a personas mayores y rara es la residencia que no disponga de su propio sitio en internet. Creo (y espero) que, a medida que se extienda la sociedad de la información se generalizará el uso de la red como primer medio de búsqueda de servicios.

Fuera del mundo de las residencias, y entrando en los servicios a domicilio, sin duda las administraciones seguirán apostando por la extensión de la teleasistencia. Mientras tanto la atención domiciliaria privada continuará con su peculiar convivencia con la competencia desleal de la economía sumergida y la búsqueda de nuevos campos de actividad, mientras mira de reojo la evolución de la ley de autonomía personal.

sábado, 22 de abril de 2006

LO QUE SE ENCONTRARÁ LA LEY DE DEPENDENCIA

La Ley de la Dependencia (o de la “Autonomía personal”, o de los “seis mil millones de Euros”), sigue su penosa gestación después de haberse aprobado ya el texto del proyecto de ley el día 21 de abril. Digo penosa porque a cada paso queda más enjuta y enclenque. Lo que se anunció como un derecho universal, de universal tendrá el nombre y nada más. Eso será así si hacemos caso al ministro Caldera que en El País de 8 de Diciembre dice que “la admisión al sistema [de dependencia] tiene un filtro en función de la renta y patrimonio. Los que puedan permitirse una asistencia privada no serán incluidos”. Yo creía que algunos servicios públicos, como la sanidad y la educación, eran universales porque se accedía a ellos con independencia del nivel de renta. Incluso creo recordar que en alguna de las innumerables ocasiones en que se nos había explicado desde el gobierno esto de la futura Ley, se nos decía que todos los dependientes podrían acceder al sistema aunque los que pudiesen colaborarían mediante copago en el sostenimiento del mismo. Quizás lo entendí mal.

Espero que lo del “filtro” haya sido un desliz del ministro y que, efectivamente el futuro sistema no establezca barreras de entrada por motivos de renta ya que, en ese caso, el intento de dejar entrar a la clase media en el sistema tendría serios riesgos de fracaso.

Sea como sea, todavía falta que el proyecto de Ley se presente a las Cortes y que éstas lo discutan. El PP ofrece un pacto de estado sobre dependencia y, salga lo que salga se nos avisa de que poner en marcha el sistema llevará unos ocho años. Lo que está claro es que 2006 será el año en que se discutirá en serio la Ley. ¿Mi pronóstico? Aunque espero equivocarme, creo que al final el Sistema Nacional de Dependencia será un sistema de transferencia de fondos a las comunidades autónomas, con una norma básica muy laxa y tantos sistemas reales como comunidades. ¿Llegará a suponer el mantenimiento del sistema el 1% del PIB?, lo dudo. De todas formas, lo sabremos en 2014.

Otro aspecto importante que está trayendo cola es el IV convenio colectivo estatal de residencias y atención domiciliaria y lo que ello comporta para la relación entre asociaciones patronales. De momento la constitución de la mesa de negociación ha sido polémica ya que tenemos una acta firmada por los sindicatos, y las patronales FNM y LARES en que se dice que CEAD ha aceptado una asignación de representantes. Por otro lados CEAD nos dice que no han aceptado de ningún modo el reparto, que están disconformes con el sistema utilizado para acreditar la representatividad de cada patronal y que estudian impugnar la constitución de la mesa.

La pugna no tendría mayor relevancia en otras circunstancias, pero ahora sí. Desde el lado sindical ha habido huelgas en Madrid y Aragón intentando conseguir mejores condiciones, y, en la Comunidad de Madrid se ha firmado un convenio con subidas del 7% durante tres años consecutivos lo que ha soliviantado a parte de las residencias, llegándose a exigir la dimisión del presidente de la patronal madrileña AMRTE. Casi todos los empresarios admiten que los salarios son bajos y que cuesta mucho encontrar profesionales preparados que quieran trabajar en el cuidado de personas mayores, pero a la vez ven que existe una relación directa entre los salarios que se pagan y los costes de prestación del servicio (unos costes en los que el primer capítulo es el de personal). Querer ver sólo un lado de la ecuación no es en absoluto razonable pero dar solución al problema puede resultar muy complicado. Sobre todo si pensamos que los cálculos de coste del futuro Sistema Nacional de Dependencia se han hecho basándose en costes actuales y con incrementos ajustados a inflaciones previstas de forma que un aumento muy por encima de IPC de salarios y una reducción considerable de jornada llevarían al traste todos los cálculos efectuados y, posiblemente, la viabilidad misma del sistema.

Otro factor con el que se encuentra el recién aprobado proyecto de Ley es el de la ligera disminución de la demanda objetiva que se producirá durante los próximos años ocasionada por el bache demográfico de los que murieron de niños o no nacieron en los años de la guerra civil. Aún así, es muy posible que otros factores como los bajos niveles de paro femenino y el aumento de renta de los mayores compensen esa circunstancia haciendo que la demanda se mantenga firme. Una cuestión que empezará a dilucidarse durante en 2006 es si la promoción de productos de licuación patrimonial (rentas vitalicias, hipotecas inversas, pensiones hipotecarias..) llegarán a notarse como factores de aumento de demanda solvente. Estos productos (algunos nuevos, otros no tanto) no se están promocionando únicamente como medio de financiación de la dependencia sino más bien como obtención de más recursos para la época de madurez. Aún así pueden tener una gran importancia como creadores de opinión, no olvidemos que, entre las cosas que se nos han dicho de la futura Ley, aparece una vinculación del patrimonio del dependiente en el copago futuro del servicio ¿no viene esto a ser una especie de hipoteca inversa pública? ¿Querrán gestionar directamente las administraciones ese sistema o lo harán instituciones financieras o aseguradoras por encargo de aquellas?

¿Será en el lado de la oferta dónde se produzcan cambios llamativos? Vivimos en un momento en el que, por primera vez existe un número elevado de plazas libres en residencias privadas. Esta puntual sobreoferta no puede solucionarse con una bajada generalizada de precios ya que los márgenes de beneficios tampoco son muy elevados. Así las cosas, la nuevas residencias se preparan para aguantar durante más tiempo del previsto antes de alcanzar el punto de equilibrio mientras que los centros más consolidados, acostumbrados a ocupaciones superiores al 90% se ajustan para subsistir con otras algo inferiores.

En esta situación, seguro que en los próximos doce meses veremos alguna fusión/adquisición entre los grandes y alguna toma de posiciones por parte de empresas hasta ahora ajenas al sector, también continuará el rosario de inauguraciones de aquellos centros que fueron pensados hace cuatro o cinco años cuando los expertos decían que hacían falta miles de nuevas plazas. Hoy, casi todos los grupos han hecho una “parada de reflexión” en sus políticas de expansión, pero, claro, ésta afecta a nuevos proyectos, no a los que ya estaban en marcha.

Las residencias pequeñas y las micro-residencias seguirán viviendo entre unas administraciones que parecen dispuestas a asfixiarlas y muchos clientes que las prefieren a pesar de no poder ofrecer algunos de los servicios y espacios que las más grande sí tienen. Muchos de estos centros de menos de 25 plazas se enfrentarán también, como ya está sucediendo en los últimos años, a la finalización de sus contratos de alquiler y las negativas de renovación por parte de propietarios de inmuebles que han multiplicado su valor en los últimos años.

Otra incógnita que quizá empiece a despejarse el año que empieza es cómo se comercializarán las nuevos productos inmobiliarios dirigidos a personas mayores válidas. Un paseo por cualquiera de las últimas ferias y jornadas nos permitía hacernos a la idea de la gran cantidad de “edificios”, “complejos” e incluso “ciudades” para mayores que se están construyendo sobre todo en las grandes ciudades y en las zonas de costa. Hasta ahora sabemos que los apartamentos para mayores en ciudades empiezan a tener cierta aceptación (sobre todo cuando son de venta de forma que se convierten en una inversión) pero, ¿tendrán éxito esas nuevas promociones? ¿Serán españoles o extranjeros los que acaben viviendo en esos apartamentos y bungalows?

Quizás otro cambio que se irá produciendo en el sector, y en el que no puedo ser neutral, es el del uso de internet por parte de las personas que buscan un servicio (residencia, atención domiciliaria) o un trabajo. Durante 2005 Inforesidencias.com ha celebrado su quinto aniversario alcanzando el medio millón de visitas anuales y las 10.000 búsquedas de servicio. También durante este año han aparecido más webs dirigidas al sector de la atención a personas mayores y rara es la residencia que no disponga de su propio sitio en internet. Creo (y espero) que, a medida que se extienda la sociedad de la información se generalizará el uso de la red como primer medio de búsqueda de servicios.

Fuera del mundo de las residencias, y entrando en los servicios a domicilio, sin duda las administraciones seguirán apostando por la extensión de la teleasistencia. Mientras tanto la atención domiciliaria privada continuará con su peculiar convivencia con la competencia desleal de la economía sumergida y la búsqueda de nuevos campos de actividad, mientras mira de reojo la evolución de la ley de autonomía personal.

viernes, 24 de marzo de 2006

MOVIMIENTO EN LAS CÚPULAS

Cuando Amma y Gerogestión anunciaron en junio de 2005 que integraban sus negocios para crear el tercer operador nacional del sector de la promoción y gestión de servicios gerontológics a casi todos nos cogió por sorpresa ya que, a priori, parecía que eran empresas con perfiles muy distintos. La operación, desde un principio tuvo matices poco comunes ya que, casi siempre, detrás de una fusión se esconde una adquisición y, casi siempre el más grande acaba asimilando al pequeño, transformándose a la vez en el proceso. Por eso resultaba sorprendente que la nueva empresa tuviese su sede en Valladolid y no en Pamplona o que siguiese como director general Benigno Maújo y no alguien de la órbita de Amma. Al fin y al cabo la empresa navarra tenía al principio una participación del 66% en la resultante.

En los últimos días algo ha pasado que ha vuelto las cosas a la ortodoxia de lo esperable, aunque con alguna sorpresa. Primero la salida de Benigno Maújo (director general de Gerogestión antes de la fusión) hizo que apareciesen las inevitables quinielas en las que muchos coincidíamos. Unos días después hemos sabido que las quinielas iban erradas al conocer el nombramiento de Rafael Iglesias, hasta hace poco director general de Sanyres, y el regreso de la sede central de la nueva Amma/Gerogestión a Pamplona.

Y es que muy pocos podían imaginar que la salida de Iglesias de la empresa cordobesa y su sustitución por Javier Romero, pudiera tener algo que ver con los movimientos en la cúpula de la nueva Amma/Gerogestión.

Parece que la opción elegida por los accionistas ha sido la de aumentar el protagonismo de Caja Navarra en la gestión del grupo aunque prefiriendo que el proceso lo lidere alguien que no pueda ser vinculado a ninguna de las empresas fusionadas. Un proceso en el que el mayor reto será sin duda, armonizar dos formas de hacer manteniendo un ritmo de aperturas que, en los próximos años hará multiplicar el número de camas del grupo.

Una incógnita es ahora qué hará Benigno Maújo, un verdadero activo para el sector que ha ejercido en su carrera responsabilidades en el sector público y privado. Tendremos que estar atentos ya que parece que las consecuencias de la fusión pueden seguir produciendo “efectos rebote” en las cúpulas.

Lo que está claro es que en este sector pasa lo mismo que en cualquier otro y que movimientos así, pasada la sorpresa inicial, no son más que síntomas de un proceso de maduración y cambio que nos deparará, seguro, novedades más grandes.

¿Hablaremos el mes que viene de otra sorpresa?

viernes, 10 de marzo de 2006

CONVENIO DE MADRID Y POSIBLES CONSECUENCIAS

Tras una larga negociación, con huelgas y manifestaciones incluidas, el convenio colectivo de la comunidad de Madrid ha sido finalmente firmado pactándose una subida salarial del 7% (o, sea un 24% acumulado) durante tres años.

El presidente de la patronal Madrileña, AMRTE, ha recibido desde la firma un alud de críticas de parte del sector. La Federación Nacional se ha sumado al rechazo enviando una carta a las residencias madrileñas acusándole de hundir al sector, y un grupo de asociados ha pedido la celebración de una asamblea para acordar su destitución.

D. Pascual Berlanga, presidente de la asociación madrileña, se defiende acusando a quiénes le acusan y, mediante otra carta titulada “no te dejes manipular, quieren engañarnos” apunta a intereses no confesados por parte de la Federación Nacional y algún miembro de la propia AMRTE. D. Pascual ve en la subida salarial pactada una solución mejor para el sector que las otras propuestas que se barajaban en la mesa de negociación y que hubiesen supuesto cinco puntos adicionales de incremento. Para sustentar su posición ha hecho circular un cuadro comparativo entre la última propuesta existente y la finalmente aprobada.

Quizá cuando se publiquen estas líneas ya se haya producido la asamblea de AMRTE y sepamos si la mayoría de residencias secundan el razonamiento del presidente o, por el contrario lo censuran llegando incluso a destituirlo en el cargo. Sea como sea lo que está claro es que el convenio está aprobado legalmente y tendrá vigor hasta 2008.

Quien piense que los trabajadores están contentísimos con el nuevo convenio sólo tiene que entrar en el foro de Inforesidencias.com y verá que la mayor parte de las intervenciones, en una discusión que se ha abierto al efecto, son contrarias a lo pactado. Hay críticas a los sindicatos por “haberles vendido” a cambio de muy poco y acusaciones de “pasteleo”. ¿Qué subida pretendían los que critican el convenio? Eso no lo dicen en el foro.

Si algo claro puede sacarse de toda esta situación es que, el hecho de que se haya negociando a la vez un convenio para la comunidad de Madrid y otro estatal (que no se aplicará en esa comunidad ni en otras seis que tienen convenio propio) puede producir un grado de “contaminación” entre ambos que no traerá efectos positivos.

¿Será la subida marcada en el convenio de Madrid la que seguirá el estatal? A priori podría parecer que sí debido a que en la parte sindical de la mesa se sientan las mismas organizaciones en ambas negociaciones. En cambio también hay claros indicios de que puede no ser así. Actualmente el convenio estatal lo están negociando la FNM y LARES después de no haber aceptado la CEAD el sistema de cuantificación de representatividad utilizado para la constitución de la mesa. José Joaquín García, vicepresidente de la FNM, que dirige la negociación por la parte patronal, está entre los que con más ímpetu han criticado el convenio de Madrid por lo que parece que no aceptará subidas como las establecidas pero, ¿podrá resistirse? ¿se producirá conflicto colectivo, manifestaciones y huelgas? Con los antecedentes en la mano podemos esperar que no.

Otro aspecto de la situación actual que puede llevarnos a reflexión es la consecuencia del convenio de Madrid en el futuro Sistema Nacional de Dependencia.

Cuando llegue a existir ese sistema (o, deberíamos decir, si llega a existir), un órgano nuevo que se llama Consejo Territorial de la Dependencia donde estarán representados el Estado y las comunidades autónomas, decidirá qué baremo se aplica para calcular la dependencia, qué catálogo de servicios y prestaciones corresponderá a cada nivel, cuál será la intensidad de la intervención y los requisitos de calidad de los servicios. Después el Estado pactará con cada una de las comunidades autónomas un convenio en el que se establecerán las necesidades de cobertura y servicios así como la financiación (la idea es que por cada euro puesto por el Estado haya, como mínimo, otro puesto por la comunidad autónoma). Todo ese sistema permitirá la existencia de un derecho subjetivo y universal a ser atendido en caso de dependencia. Pero ¿cuánto costará el sistema? Aquí es donde entra la negociación del convenio de Madrid.

Existe una memoria económica y varios estudios que sitúan el gasto, cuando se ponga la totalidad del sistema en funcionamiento, en alrededor de un 1% del Producto Interior Bruto español. Pero, ¿tienen en cuenta estos estudios que durante los próximos años pueden producirse incrementos salariales muy por encima del la inflación? ¿tienen en cuenta que la existencia de convenios colectivos autonómicos o provinciales pueden suponer que el coste de prestación de servicios difiera entre comunidades autónomas? Espero que sí, porque si no es así puede que el sistema nazca con una anemia que acabe matándolo antes de poder desarrollarse.

viernes, 13 de enero de 2006

LEY DE DEPENDENCIA E INICIATIVA PRIVADA

Finalmente hemos podido echar mano al tan esperado anteproyecto de “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia” (¡que nombres tan largos tienen las cosas en épocas de corrección política!).

Los medios de comunicación generalistas han puesto el foco en la universalidad y financiación hablando de lo mucho que se gastará, de quién pondrá el dinero y de quién se resiste a colaborar. Quizás a los lectores de N&G les interesa más saber qué consecuencias puede tener la puesta en marcha de la Ley en sus empresas.

Sabemos que la Ley creará el derecho de todos los españoles con un determinado nivel de dependencia a acceder a unas prestaciones y servicios (residencias para personas mayores, centros de día, teleasistencia y ayuda a domicilio) financiados por las administraciones aunque con participación económica de quien se beneficie. O sea, que existirá el derecho universal al servicio aunque no a la gratuidad del mismo.

Para dar atención a todos los dependientes (sean personas ancianas, discapacitadas o que dependan de otros para las actividades de la vida diaria por otras circustancias), el futuro Sistema Nacional creará una “red de utilización pública” de servicios, dentro de la cual habrá algunos de titularidad pública y otros privados concertados. Además se prevén prestaciones económicas y ayudas para financiar necesidades específicas.

Esto quiere decir que para el sector en general se abre una etapa de grandes expectativas. Como las administraciones no van a construir todas las residencias geriátricas que necesitará, gran parte del gasto en atención a la dependencia pasará por empresas privadas que prestarán servicios mediante conciertos con la administración u otras figuras de financiación pública.

Si todo sale como prevé el texto algunos aspectos del sistema serán comunes en todo el estado (como la valoración de la dependencia, las prestaciones mínimas o las condiciones de calidad y acreditación) dejándose la concreción y la gestión de los casos a unas comunidades autónomas que tendrán que armonizar sus normativas a esos aspectos comunes.

Al sector privado le corresponderá elegir entre formar parte de la “red de utilización pública” cumpliendo unos criterios de acreditación, o ser “puramente privada”. Pero, ¿habrá espacio para las residencias fuera de la “red”? Yo creo que no porque, si el derecho es realmente universal, toda persona que precise una residencia accede al Sistema Nacional y obtiene el ingreso en una plaza pública o concertada. ¿Quién ingresará en las residencias privadas no concertadas?, únicamente las personas que de verdad no la necesiten (o sea, que no tengan una gran dependencia) o aquéllas que prefieran ir “por lo privado” renunciando a la ayuda pública. En definitiva, muy pocas ya que la clase media que paga con esfuerzo las plazas en residencias privadas será la gran beneficiada del sistema.

Las residencias de 3ª edad que hoy ya tienen “plazas públicas” (concertadas, colaboradoras, “de co-pago”..) también vivirán cambios. Para empezar, la definición de lo que es un “centro residencial” que contiene el anteproyecto introduce un matiz que puede tener muchas consecuencias ya que dice que ofrece a las personas en situación más graves de dependencia servicios continuados de cuidado personal y sanitario. Hasta ahora, casi todas las normativas autonómicas habían querido separar lo que era atención social (que cubre la residencia) de la sanitaria (que cubre la sanidad pública). ¿Querrá la Ley que todas las residencias tengan personal sanitario de forma continuada y presten directamente la atención sanitaria? ¿Es un paso hacia la integración sociosanitaria en la atención a la dependencia? Ojalá sea así, aunque en ese caso las residencias necesitarán un reciclaje importante y las administraciones pensar en más presupuesto. Sea como sea, el establecimiento de nuevas normas de acreditación comportarán cambios a afrontar.

Otra duda que deberá despejarse es la del precio público. Sabemos que el Estado establecerá convenios con cada comunidad autónoma en los que establecerán objetivos, medios y recursos así como la intensidad de la prestación, ¿implicará esto que el precio público será diferente en cada comunidad autónoma? Actualmente las diferencias de precios de concierto entre comunidades son abismales. ¿Se tenderá a la armonización?. Como normalmente los precios públicos están algo por debajo de los de mercado, la forma en que se despeje esta incógnita puede ser una de las más importantes para el sector privado.

Al hilo de los precios, otra realidad que se hará usual en nuestras residencias (ya les llamemos centros geriátricos, residencias de ancianos, residencia de personas mayores, o residencias para la tercera edad) es la “conversión” de residentes. Es más que posible que personas que están ocupando plazas privadas (pagando el precio de mercado) accedan a la protección del Sistema. Si eso pasa en residencias “privadas puras”, la persona tendrá que cambiar de centro. Si la residencia, en cambio forma parte de la “red”, cosa que acabarán haciendo todas las que puedan, el residente seguirá ocupando la misma plaza aunque pagando “precio público”, eso querrá decir, menos que antes y peor (ya que una parte la pagará la administración con un tiempo de retraso). Esa “conversión” de residentes conlleva claras consecuencias en la cuenta de explotación.

A parte de estos casos, creo que los grandes afectados por la Ley serán los pequeños empresarios. Ese 50% de residencias geriátricas de menos de 50 plazas que con mucho sacrificio se ha ido ajustando a los cambios de normativas, a la contratación de nuevos profesionales y a las crecientes exigencias de calidad. Es muy posible que las normas de acreditación del Sistema Nacional dejen fuera de juego a muchos de estos centros que verán como sus residentes se van a residencias de una “red” a las que tienen vetado el acceso. Estas residencias llevan años funcionando y se pusieron en marcha de acuerdo con la reglamentación que regía en su momento por lo que, establecer unas normas de acreditación que, sabemos de antemano no van a poder cumplir, sin arbitrar alguna solución para ellas, sería cuanto menos poco ético.

Queda mucho camino en la tramitación de la Ley así que deberemos seguir atentos.