miércoles, 28 de noviembre de 2007

MENSAJES CONTRADICTORIAS DE LAS ADMINISTRACIONES

Hace años que los que trabajamos en este sector vemos la desconfianza con la que las administraciones tratan a la iniciativa empresarial en el campo de la atención a personas mayores.
Parece que intentar ganar dinero en la atención a dependientes es algo sospechoso que debe ser sometido a grandes regulaciones, inspecciones y a rigurosos regímenes sancionadores. Parece también que los que “de verdad” hacen bien las cosas son las entidades “sin ánimo de lucro”. Aunque a pesar de esas apariencias, a la hora de prestar servicios financiados con dinero de todos, los poderes públicos acaban apoyándose principalmente en la iniciativa mercantil.
El mes pasado recibimos mensajes en los que se muestra clara esa contradicción. Cataluña ha aprobado su nueva Ley de Servicios Sociales en la que se reconoce la contribución de la Generalitat, los ayuntamientos y la iniciativa social al desarrollo del actual sistema de servicios sociales (olvidando que la mayor parte de servicios, o sea, los que atienden a más personas y mantienen más puestos de trabajo, son de titularidad privada mercantil). Esta misma ley, aprobada por unanimidad en el Parlament, endurece el régimen sancionador hasta el punto de tipificar diecisiete posibles infracciones muy graves (la anterior preveía ocho) e incorporar por primera vez en la legislación social española figuras como la multa coercitiva o la ejecución subsidiaria. Quien lea la Ley creerá que el sector geroasistencial catalán ha empeorado tanto que requiere de un endurecimiento del régimen sancionador para enderezarlo. Pero como eso no es cierto, con toda seguridad la Generalitat seguirá confiando a empresas la gestión de residencias públicas y firmando convenios con las patronales que permitan aumentar los conciertos con empresas que darán servicios de calidad.
A raíz de un informe del Justicia de Aragón, en esa comunidad ha salido a la luz, que un sistema de autorización complicado y, a mi criterio, basado en la desconfianza genera que muchas residencias (según el Heraldo de Aragón de 5 de Octubre, ni la comunidad autónoma sabe cuántas) funcionen sin autorización administrativa definitiva. Según el informe, algunas de ellas “no están mal”. Un cambio de normativa haría más sencilla la autorización y resolvería el problema. ¿Sucederá? No lo sabemos, pero esperamos que sí ya que Aragón también ha sido noticia al abrir, por primera vez la posibilidad de concertar con residencias privadas.
También de Asturias nos llegan señales contradictorias. Por un lado hemos leído que están promoviendo un manual de buenas prácticas para fomentar la calidad en la atención (mensaje positivo), por otro, que aumentarán las inspecciones a residencias privadas: “habrá inspecciones semanales, incluso diarias” (mensaje negativo).
¿Sería mucho pedir un reconocimiento para unos empresarios que generan mucho empleo del tipo que no se puede deslocalizar? ¿Sería demasiado potenciar desde la administración la imagen de lo bueno que es que haya empresarios en este sector y que son los propios empresarios los que quieren controles que expulsen a quiénes lo hagan mal? Pues parece que sí.

sábado, 24 de noviembre de 2007

AYUDAS AL CUIDADOR NO PROFESIONAL

El uso que hagan los gobiernos nacional y autonómicos de la prestación para los cuidadores familiares es uno de los factores que más preocupan al sector geroasistencial en la actualidad.

Eso deduje de mi asistencia a las Jornadas de Júbilo sobre Dependencia que se celebraron en Madrid el pasado mes de octubre y durante las que tuve el honor de poder moderar una mesa con directivos de diferentes grupos.

Que desde el sector geroasistencial privado se reclamen precios de concertación acordes con los requisitos exigidos y los niveles de calidad deseados es algo lógico pero no novedoso. Igual sucede cuando se reclama una coordinación entre el mundo sanitario y social que acabe situando cada coste en la partida presupuestaria pública que corresponda.

Lo que sí resulta llamativo es que lo que esté generando una gran preocupación es lo que en la Ley no deja de ser excepcional. Esto es la prestación para los cuidadores informales. Sobre esta prestación pude oír varias intervenciones reclamando cautela, e incluso una reflexión, que circula por el sector que considera esta prestación como una “figura diabólica”.

La Ley plantea que los servicios sean profesionales y de calidad y, en cambio, deja la posibilidad de dar dinero a cuidadores de grandes dependientes sin preparación previa y sin que exista un sistema de control público. Hay aquí una posibilidad de elección ¿qué quiere usted, cuidado en residencia o un dinero cada mes y usted cuida a su suegra en casa?.

¿Qué pasaría si aplicásemos este criterio a otros “pilares del estado de bienestar”?. Señor, su madre tiene cáncer, ¿la tratamos en un hospital o prefiere que le demos cuatrocientos euros al mes y se la queda usted en su casa?. O Nuevos modelos de preinscripción en colegios públicos, ¿opta por llevar su hijo al colegio o prefiere unos euros al mes y se lo queda en casa?. Si estas ideas se planteasen en la realidad pondrían el pelo de punta a muchas personas. Otra cosa sería que la administración permitiese a cada persona gastar su teórico “cheque sanitario” o “cheque escolar” en centros públicos o privados que garantizasen un nivel de profesionalización y calidad. El problema es que la prestación no va por ahí.

Otra reflexión interesante que surgió durante la jornada versó sobre lo laborioso que ha sido redactar la Ley de Dependencia (comités de expertos, libros blancos, pactos parlamentarios, creación de órganos de coordinación..), si se compara con el “cheque biberón” que surgió casi de un día para otro como un conejo que sale de una chistera. Eso sí, un conejo que trae bajo el brazo un buen fajo de billetes que no requieren para ser cobrados de largos procesos de valoración, planes individuales ni nada por el estilo.

El sector pide a la administración un marco estable que permita hacer inversiones de las que se beneficien los beneficiarios, la sociedad y las empresas. ¿La respuesta? Tendremos una ocasión de oirla en el próximo congreso de la FED. Estaremos atentos.

miércoles, 24 de octubre de 2007

EFECTO MARIPOSA Y CUIDADOR NO PROFESIONAL

El periodista James Gleick resumió en una frase que se ha hecho célebre una observación del meteorólogo Edward Lorenz: "Si agita hoy, con su aleteo, el aire de Pekín, una mariposa puede modificar los sistemas climáticos de Nueva York el mes que viene". Una forma bonita de decir que todas las actuaciones, por pequeñas que sean, tienen consecuencias que, encadenadas, pueden llegar a ser imprevisibles.

Me permito iniciar esta columna igual que lo hice en diciembre de 2005 ya que creo que lo que, de forma tan atinada expuso Gleick tiene mucho que ver con la puesta en marcha de la Ley de Dependencia.

Sabemos que una de las claves de la Ley, además de la creación de un nuevo derecho de ciudadanía es que se presten muchos servicios para que se produzca un “retorno” de parte del gasto vía cotizaciones, impuestos y disminución de otras prestaciones como la de paro. Por ese motivo la Ley prevé, sólo de forma excepcional, la existencia de una prestación económica para el cuidador no profesional.

El problema saltó cuando el gobierno decidió dar tanta publicidad a esa ayuda excepcional que, hoy, muchos ciudadanos creen que la Ley de Dependencia se reduce a esa ayuda.

Pero ¿quién será ese cuidador no profesional?, la respuesta la tenemos en el Decreto 615/2007 que, después de decirnos que lo puede ser el cónyuge del dependiente y sus parientes por consaguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco, hace una ampliación un poco peculiar:

Cuando la persona en situación de dependencia tenga su domicilio en un entorno caracterizado por insuficiencia de recursos públicos o privados acreditados, la despoblación, o circunstancias geográficas o de otra naturaleza que impidan o dificulten otras modalidades de atención, la administración competente podrá excepcionalmente permitir la existencia de cuidados no profesionales por parte de una persona de su entorno que, aun no teniendo el grado de parentesco señalado en el apartado anterior, resida en el municipio de la persona dependiente o en uno vecino, y lo haya hecho durante el periodo previo de un año.

Las dudas surgen automáticamente; ¿quién valorará que hay insuficiencia de recursos? ¿quién determinará esas “circunstancias de otra naturaleza”? ¿Quién determinará qué es eso de “dificultar otras modalidades de atención”? y ¿qué es eso de “personas de su entorno”?

La verdad es que hacer tantas excepciones y dejar tantos campos abiertos puede llevar a que se generalice el uso de estas prestaciones económicas. Al fin y al cabo, lo que hace que algo sea excepcional no es que se le ponga ese nombre sino que suceda pocas veces.

El problema de esas prestaciones radica en que, aunque se someta su recepción a la superación de un curso (que costará dinero al sistema), no hay manera de comprobar que lo que se está gastando en dependencia se convierta en una atención efectiva al dependiente.

El reciente anuncio de la ayuda de 2.500 Euros por nacimiento y adopción pone de manifiesto el gusto que este gobierno le ha cogido a lo de dar dinero en vez de servicios. El riesgo es que quizás el efecto mariposa haga que, dando dinero a los cuidadores y a los padres no consigamos mejores cuidados o más niños sino que aumente la venta de coches o que algunos padres, que hubiesen tenido el hijo de todos modos, decidan reducir un poco la hipoteca.

lunes, 24 de septiembre de 2007

DE VIAJE POR SUECIA

Pasar una semana en Suecia visitando residencias, centros de día, servicios de atención domiciliaria y administraciones puede resultar muy ilustrativo y enriquecedor para alguien que trabaje en el ámbito geroasitencial español.

Eso es lo que pensamos en Inforesidencias.com y AMRTE así que, a finales de junio, nos fuimos de viaje para ver qué podíamos aprender en tierras suecas con la inestimable ayuda de Astrid Linstrom.

Lo primero que nos sorprendió es saber que reciben tantas visitas “geroasistenciales” que el gobierno sueco ha decidido crear una empresa pública que se dedica a coordinar a los grupos que llegan para conocer su sistema de servicios sociales. Lo segundo, el concepto mismo de residencia que pudimos ver en las diferentes visitas.

Suecia es un país en el que los servicios sociales dirigidos a personas mayores tiene una tradición casi centenaria por lo que los sistemas de atención han sufrido sucesivas reformas hasta llegar en nuestros días a unas residencias formadas por grupos de ocho o diez mini-apartamentos (entre 20 y 40m2) de uso individual situados alrededor de un espacio común de unos 70 m2 en el que los residentes del grupo pasan parte del día. En ese espacio suele haber una cocina de tipo americano en la que las auxiliares preparan parte de la comida (las mismas auxiliares que cuidan, limpian y hacen las habitaciones). Cada uno de esos módulos son atendidos por dos auxiliares en turno de mañana, una en turno de tarde. Por la noche se queda una auxiliar para cada dos o tres módulos. Además de las auxiliares hay enfermeras contratadas, personal de dirección y mantenimiento. ¿Médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales..? “Durante los años 70 y parte de los 80 teníamos mucho personal especializado pero después nos dimos cuenta de que una residencia debe ser lo más parecido a un hogar y no a un hospital por lo que el personal sanitario y el especializado sólo viene cuando se les necesita, igual que pasa cuando una persona mayor vive en su casa”, estas palabras del director quedaron en nuestra memoria.

Pudimos ver registros y programas de funcionamiento de los centros (con claras explicaciones en español procedentes de auxiliares chilenos). Conocimos cómo funciona un sistema de ayuda a domicilio que atiende a los mayores en sus casas, en muchas ocasiones, dos o tres veces al día. Nos explicaron cómo el 10% de la población total de Suecia tiene teleasistencia y como cada año 60.000 personas mayores ven cómo la administración arregla su casa para hacerla accesible.

Y de forma machacona en cada una de las visitas nos aparecía las mismas dos preguntas: ¿Cuánto vale y quien lo paga?

El coste de la atención en una residencia oscila entre los 100 y los 160€ diarios (a parte está el coste “hotelero”). Una hora de atención domiciliaria se paga a 28€. Las personas mayores tienen un copago que depende de su capacidad económica y que raramente sobrepasa el 30% del coste total. ¿Qué gana la gente? Un auxiliar, unos 1.300€/mes, una enfermera unos 2.400.

Pero en algo si nos parecemos. Desde hace un tiempo se han dado cuenta de que la gestión privada de servicios públicos es más eficiente por lo que en los últimos años se está produciendo un acusado proceso de privatización de la gestión.  Esto es algo que conocen bien las residencias de tercera edad en Barcelona, Madrid o cualquier otro lugar de España.

martes, 24 de julio de 2007

A VUELTAS CON EL COPAGO

Julio 2007

La Ley de Dependencia configura el derecho de los dependientes a recibir servicios y prestaciones económica sometiendo al beneficiario a una participación en el coste de lo que reciba. En otras palabras, establece el copago vinculado a la capacidad económica del dependiente.

Ante esta regulación se nos plantean algunas dudas que un futuro Real Decreto debería ayudarnos a solventar.

¿Cómo se mide la capacidad económica de una persona?: ¿Hay que tener en cuenta la pensión?, ¿Todos los ingresos?, ¿El patrimonio?, ¿Los ingresos de los hijos? Hasta ahora había mucha dispersión. Ahora, según los documentos con que trabaja el Consejo Territorial, parece que la cosa quedará en la inclusión de todos los ingresos más un porcentaje del valor del patrimonio del dependiente (sólo se estimará el patrimonio que supere el mínimo exento a efectos de impuesto de patrimonio). A partir de esa estimación de capacidad económica se aplicará una escala de forma que los que tengan “capacidad” inferior a 500€ quedarán exentos de copago y los que la tengan superior a 5.900 pagarán el máximo (o sea, el 90% del precio de referencia del servicio).

Los ingresos de los hijos no serán tenidos en cuenta y éstos quedarán siempre exentos de copago.

El sistema se me antoja poco equitativo e ineficiente.

Poco equitativo porque dentro de la capacidad económica debería considerarse si la persona dependiente puede exigir alimentos a sus allegados de igual forma que para calcular el valor de una empresa se tienen en cuenta las facturas que la misma tiene por cobrar (quiera o no pasarlas a cobro). Una persona dependiente que tenga ingresos bajos y, vamos a suponer, una hija notaria, una controladora aérea y uno banquero tiene dos opciones: reclamar alimentos a sus hijos según el código civil, de forma que lo que ingrese por ese concepto sea tenido en cuenta como “capacidad económica” a la hora de determinar el copago o, sencillamente no hacerlo y que sea el conjunto de la sociedad quien pague la totalidad del servicio.

Sé que no está de moda defender el copago de los obligados a prestar alimentos y que hacer funcionar el sistema requeriría cambios legislativos y una alta coordinación entre servicios sociales y Agencia Tributaria, pero también creo que sí hacerlo daría más posibilidades de sostenibilidad y, lo que es más importante, equidad.

Por otro lado es ineficiente porque limita al 90% el copago. ¿Por qué una persona con rentas de 600.000 Euros al año no paga el 100% del coste? ¿Por qué renunciar a ese 10% que puede suponer ayudar a una persona más? Creo que el sistema más eficiente sería aquél que no estableciese un porcentaje de copago sino un mínimo de disponibilidad para la persona. Así, alguien que estuviese ingresado en una residencia aportaría todos sus ingresos salvo una cantidad establecida reglamentariamente que se reservaría para sí. Lo que pagaría como máximo es el coste del servicio. El derecho universal quedaría garantizado, nadie quedaría excluido y todo el mundo pagaría verdaderamente según su capacidad económica. Por cierto, lo que he descrito en las últimas líneas funciona ya en algunas comunidades autónomas.

domingo, 24 de junio de 2007

ROMANONES Y LA LEY DE DEPENDENCIA

Junio 2007

“¡Que ellos hagan las leyes y me dejen a mí hacer los reglamentos!” Esta frase atribuida al conde de Romanones, ha servido tradicionalmente para indicar la poca aplicabilidad directa de las leyes y la capacidad que tienen los gobiernos para desvirtuarlas mediante la elaboración de normas de desarrollo.

En el siglo XXI las cosas se han modernizado y sofisticado, pero los gobernantes, aunque no lo digan, parece que piensan igual que el ilustre político.

La ley de Dependencia alcanzó en las Cortes una amplísima mayoría que parecía vaticinar un desarrollo pacífico. Pero las cosas no están siendo así. Esta ley, a diferencia de lo que sucede con la mayoría de textos legales, no ha de ser desarrollada directamente por el gobierno sino a propuesta de un Consejo Territorial formado por representantes del gobierno y de las comunidades autónomas y con el acompañamiento ornamental de dos órganos consultivos. Y allí es donde han empezado los problemas. La composición del Consejo Territorial (en la que el gobierno ha querido reservarse una mayoría suficiente) rompió el consenso entre los grandes partidos, y a partir de allí han seguido las discrepancias.

El gobierno ha dejado claro que, con Consejo o sin Consejo, será él quien haga los reglamentos. Si vemos el orden en el que están apareciendo podemos saber hacia dónde van los tiros.

Primero el decreto de baremo que ha permitido que se empiecen a tramitar solicitudes de valoración. Después el nivel mínimo de cobertura que nos dice que el Estado garantiza una aportación mínima de 250€/mes por cada persona con mayor nivel de dependencia. E, inmediatamente a continuación, la incorporación de los cuidadores familiares a la seguridad social.

En el tintero han quedado por el momento normas tan relevantes como las e intensidad de atención, copago o acreditación que, si bien se discuten y aprueban en el Consejo, no llegan a ver la luz del BOE.

Si el orden en que aparecen los reales decretos pueden ser considerado como indicador de la voluntad del gobernante, en el futuro próximo, habrá muchos cuidadores familiares cobrando 390€ al mes, más la nanocotización de 74€ (la mitad de lo que cotiza alguien en el régimen de trabajadores del hogar).

Por supuesto que la calidad y profesionalización requiere potenciar los servicios profesionales pero.. la pela es la pela y el año que viene tenemos elecciones generales.

¿Caerán nuestros queridos gobernantes en la tentación de crear el PER de la Dependencia o serán valientes y harán una apuesta por los principios que establece la Ley?

jueves, 24 de mayo de 2007

¿RESIDENCIAS O CÁRCELES? CUESTIÓN DE PRECIOS

Mayo 2007

Uno de los debates que se reiteran con más insistencia cuando se habla de la atención a personas dependientes es el del coste de la atención. Sabemos que, según la comunidad podemos encontrar una plaza en residencia privada a precios que oscilan entre los 1.300 y los 3.000 euros/mes. La diferencia se justifica por lo variado de las normativas, calidades y en condicionantes de mercado. También sabemos que la mayoría de comunidades autónomas concierta plazas con la iniciativa privada estableciendo para ello un precio público que tiene oscilaciones altísimas de una comunidad a otra, pero ¿tiene justificación esa oscilación?. Ahora que tenemos un Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia que establece un común para todo el Estado, puede plantearse una pregunta: ¿estaría justificada la existencia de un precio público común?, y un paso más allá ¿Cuál debería ser ese precio público?

Sobre esas cosas iba yo cavilando cuando un amigo me envía una noticia sacada de un periódico según la cual construir una plaza penitenciaria cuesta 90.150 € y que a la administración pública le cuesta de media 60 euros al día la manutención de un interno en un centro penitenciario (sin imputar amortizaciones). El artículo (El Periódico, 17-09-2006) no tiene desperdicio, dice que en las prisiones hay masificación “hay seis personas por celda”. Las palabras del político buscan justificar la construcción de más cárceles.

Mi amigo me dice que en la residencia que dirige cobra la plaza pública de alta dependencia a 53,01€, que con ese precio tiene que afrontar las amortizaciones y una ratio de personal que supera el 0,5. Tiene contratados médico, enfermero, trabajador social, fisioterapeuta, psicólogo, educador social y otro personal. Además, él paga todos los salarios cada mes aunque tarde algo más en cobrar parte del precio público.

Sé que comparar, por el motivo que sea, una cárcel y una residencia suena fatal, pero hay un aspecto en el que sí puede hacerse. Son entornos que sustituyen (por motivos diametralmente opuestos) el domicilio de personas y en los que trabajan profesionales cualificados. Aunque sólo sea por eso debería poder establecerse un sistema objetivo de valorar cuál es el coste del servicio y, aunque sólo fuese por estética, en ninguna comunidad debería existir un precio público por dar atención las 24 horas del día a una persona dependiente menor al “coste neto” que tiene para la administración el mantenimiento de un recluso en un centro penitenciario.

martes, 24 de abril de 2007

Benchmarking. ¿Quién lo está haciendo mejor?

Abril 2007

Últimamente he disfrutado mucho asistiendo o participando en congresos y jornadas sobre la Ley de Dependencia y, en cada uno de esos actos, hay alguna mesa en la que representantes de tres o cuatro comunidades autónomas explican su sistema de contratación de atención domiciliaria, su original programa para que las empresas creen plazas en suelo público u otras iniciativas por el estilo. Siempre cada uno lo hace basándose en las “peculiares características” de la comunidad autónoma de manera que parece que en cada sitio se hace lo que “toca hacer”. Y yo me pregunto ¿no hay algún sistema que nos permita, de una forma objetiva, comparar las diferentes formas de gestionar de manera que podamos saber qué funciona mejor (y qué peor)?.

Lo primero que habría que comparar de una forma objetiva, a mi forma de ver, son los planes que se idearon a finales de los noventa y que hoy ya son una realidad: el “Plan Velocidad de Madrid”, el “sistema alemán” de Castilla la Mancha y el “Plan 9000” (después llamado “Plan Blasco”) de la Comunidad Valenciana. En los tres casos se nos presentaron como una forma de trasladar a la iniciativa privada el coste de la inversión en la construcción de residencias de forma que las administraciones sólo gastasen en servicio. En los tres casos se han construido y funcionan residencias y, también en los tres casos, cuando viajas por la comunidad en cuestión, escuchas opiniones más o menos favorables a la experiencia. ¿Podemos saber cuál de los tres programas es mejor? Para hacerlo deberíamos obtener datos básicos de los mismos que nos permitiesen, con la perspectiva del tiempo transcurrido cuál ha sido el sistema más eficaz y eficiente (qué sistema ofrece una mayor calidad a igualdad de gasto público), y cuál ha tenido efectos más positivos desde la perspectiva de los ayuntamientos que cedieron en algunos casos el suelo, la comunidad autónoma, los usuarios y las empresas . Quizá estaría bien tener un “grupo de control” formado por alguna comunidad que sólo utiliza el concierto.

Creo que sería fundamental, ahora que creamos un sistema de dependencia de ámbito estatal, que desde un ámbito no público (ni con posible vinculación partidista) se empezasen a hacer esas comparaciones ya que parece que la gran discusión sobre la Ley de Dependencia es la financiación pero, una vez se empiece a repartir dinero la verdadera duda será ¿está gastando mi comunidad autónoma el dinero de la dependencia de la forma más racional posible?. Difícilmente podremos saberlo si no disponemos de herramientas objetivas y fácilmente nos podremos ver embaucados por gestores poco eficientes que culpen “al otro” de la falta de recursos

¿Sería osado intentar hacer una comparación objetiva entre las residencias públicas gestionadas por la administración y las dadas a gestión privada?

sábado, 24 de marzo de 2007

EL COSTE DE LA PROFESIONALIZACIÓN

Marzo de 2007

Hace unos años me invitaron a hablar en el acto de presentación de una normativa sobre residencias que se acababa de aprobar en una comunidad autónoma. El responsable político en su intervención explicó el gran avance que supondría la nueva reglamentación por la apuesta que hacía por la profesionalización del sector, entendiendo como tal la contratación de más personal con titulación universitaria (en aquél caso, médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas). Cuando acabó la explicación del político una persona del público dijo que en la zona de montaña en la que tenía su residencia no había ningún terapeuta ocupacional y que el único médico tenía incompatibilidad para trabajar fuera de la seguridad social. La respuesta, en tono tranquilizador fue que, en la aplicación de la nueva normativa, se actuaría desde la administración con flexibilidad y realismo ya que lo importante era que cada vez la atención a mayores fuera más “profesionalizada”.

Durante un tiempo pensé que el problema de encontrar determinados profesionales sería algo circunscrito entorno rural, pero estaba equivocado. Hoy resulta casi imposible encontrar a un (o una) diplomado en enfermería dispuesto a trabajar en una residencia con el salario que establece para ese profesional el convenio colectivo vigente.

Hablando con el gerente de un colegio de enfermería supe que, si se está dispuesto a pagar 2.100 Euros al mes es fácil encontrar a enfermeros/as dispuestos a trabajar en una residencia. Incluso supe que algunos colegios no aceptan en sus bolsas de trabajo ofertas de empresas por debajo de esa cantidad. Cuando le comenté que el salario base de un DUE en el convenio estatal era en 2006 de 1.073,66 € me dijo que ya lo sabía y que no lo consideraba como digno de un profesional. Su razonamiento era que lo que se debe tener en cuenta es el trabajo y no dónde lo desempaña, o sea que, el salario de un diplomado en enfermería de una residencia privada no puede ser la mitad del de una residencia pública o de un hospital. Independientemente de la validez o no del argumento, lo que es indiscutible es que la ley de la oferta y la demanda hace que el salario convenio se convierta, en el caso de algunas categorías, en algo meramente testimonial.

La recientemente aprobada Ley de Dependencia hace una nueva apuesta por la calidad y la profesionalización de la atención a personas dependientes mediante la determinación de las cualificaciones profesionales idóneas, los programas y las acciones formativas que sean necesarios. Supongo que eso quiere decir formar a los gerocultores de forma que acaben obteniendo un título reconocido en toda España, aumentar el número de profesionales y formarlos para que se especialicen en el cuidado a personas dependientes. Quizás incluso, exigir que todos los enfermeros del sistema tengan la nueva especialidad en geriatría. La duda es: ¿se ha tenido en cuenta que en toda persona que se forma y se especializa se genera una legítima expectativa de ganar más dinero?

Si los números están hechos pensando que un gerocultor seguirá ganando 800 euros al mes y una enfermera 1.073 tendremos que elegir una entre varias opciones: metemos más dinero en el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia; aplicamos criterios de “flexibilidad” olvidándonos de la profesionalización; optamos por dar dinero a los cuidadores dejando de lado la atención profesional o, sencillamente nos olvidamos del cuarto pilar del estado de bienestar.

sábado, 24 de febrero de 2007

SE ACERCA EL TSUNAMI DE LA LEY DE DEPENDENCIA

Febrero 2007

Una de las primeras iniciativas que ha tenido el gobierno tras la aprobación de la Ley de Dependencia es poner en marcha un teléfono gratuito de información que, según hemos sabido, ha recibido un aluvión de llamadas los primeros días de funcionamiento.

Uno de los que llamé fui yo y, cuando lo hice, una persona muy amable me informó de que la Ley ya está aprobada pero ahora faltan los reglamentos de forma que las solicitudes se podrán empezar a presentar, con toda seguridad, a partir del mes de abril. ¿Dónde se presentarán las solicitudes? Todavía no se sabe. Me preguntaron de qué provincia llamaba y ahí quedó la cosa.

Sabemos por el libro blanco de la dependencia que en España hay 1.250.000 dependientes, aunque también sabemos por el estudio de Edad&Vida que son 2.500.000. Lo que no sabemos y puede ser la clave de la puesta en marcha del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es cuánta gente considera que está en situación de dependencia y se cree merecedora de algún servicio o prestación, o sea, cuánta gente llamará por teléfono, irá a ver a la trabajadora social municipal y pedirá que le hagan la valoración de dependencia.

Está claro que los primeros que recibirán la ayuda del Sistema son los grandes dependientes y está claro que el presupuesto se ha calculado para dar servicio y prestaciones a personas de ese perfil. Pero, para saber quiénes son grandes dependientes primero habrá que valorar a toda aquella persona que presente la solicitud y, para hacerlo, habrá que atender sus llamadas, recibirles en alguna oficina pública y trasladar al equipo de valoración a su casa.

¿Cuánta gente querrá ser valorada el primer año? La pregunta contiene una perversión interesante. Cuánto más se publicite la creación del “cuarto pilar del estado de bienestar” y más se hable del carácter universal de las ayudas, más personas querrán ser valoradas para recibir su ayuda. Cuantas más personas oigan que esto es como la sanidad pero que en vez de recibir una receta recibes unas horas de atención domiciliaria, una teleasistencia o una residencia, más gente acudirá a la tómbola de la dependencia en la que parece que “siempre toca, si no un pito, una pelota”. O sea, que cuanto más se explique más números de colapsar el sistema y que nadie reciba bien el servicio. Por supuesto, existe la posibilidad de hacer una explicación racional y ponderada de forma que se desincentive la solicitud de las personas con nivel de dependencia bajo pero, hacer eso en un año electoral...

La publicación de la ley ha sido ese leve temblor en el lecho marino que genera un tsunami. ¿Estarán preparados los servicios de base para recibir en embate? Pronto lo sabremos.