martes, 24 de abril de 2007

Benchmarking. ¿Quién lo está haciendo mejor?

Abril 2007

Últimamente he disfrutado mucho asistiendo o participando en congresos y jornadas sobre la Ley de Dependencia y, en cada uno de esos actos, hay alguna mesa en la que representantes de tres o cuatro comunidades autónomas explican su sistema de contratación de atención domiciliaria, su original programa para que las empresas creen plazas en suelo público u otras iniciativas por el estilo. Siempre cada uno lo hace basándose en las “peculiares características” de la comunidad autónoma de manera que parece que en cada sitio se hace lo que “toca hacer”. Y yo me pregunto ¿no hay algún sistema que nos permita, de una forma objetiva, comparar las diferentes formas de gestionar de manera que podamos saber qué funciona mejor (y qué peor)?.

Lo primero que habría que comparar de una forma objetiva, a mi forma de ver, son los planes que se idearon a finales de los noventa y que hoy ya son una realidad: el “Plan Velocidad de Madrid”, el “sistema alemán” de Castilla la Mancha y el “Plan 9000” (después llamado “Plan Blasco”) de la Comunidad Valenciana. En los tres casos se nos presentaron como una forma de trasladar a la iniciativa privada el coste de la inversión en la construcción de residencias de forma que las administraciones sólo gastasen en servicio. En los tres casos se han construido y funcionan residencias y, también en los tres casos, cuando viajas por la comunidad en cuestión, escuchas opiniones más o menos favorables a la experiencia. ¿Podemos saber cuál de los tres programas es mejor? Para hacerlo deberíamos obtener datos básicos de los mismos que nos permitiesen, con la perspectiva del tiempo transcurrido cuál ha sido el sistema más eficaz y eficiente (qué sistema ofrece una mayor calidad a igualdad de gasto público), y cuál ha tenido efectos más positivos desde la perspectiva de los ayuntamientos que cedieron en algunos casos el suelo, la comunidad autónoma, los usuarios y las empresas . Quizá estaría bien tener un “grupo de control” formado por alguna comunidad que sólo utiliza el concierto.

Creo que sería fundamental, ahora que creamos un sistema de dependencia de ámbito estatal, que desde un ámbito no público (ni con posible vinculación partidista) se empezasen a hacer esas comparaciones ya que parece que la gran discusión sobre la Ley de Dependencia es la financiación pero, una vez se empiece a repartir dinero la verdadera duda será ¿está gastando mi comunidad autónoma el dinero de la dependencia de la forma más racional posible?. Difícilmente podremos saberlo si no disponemos de herramientas objetivas y fácilmente nos podremos ver embaucados por gestores poco eficientes que culpen “al otro” de la falta de recursos

¿Sería osado intentar hacer una comparación objetiva entre las residencias públicas gestionadas por la administración y las dadas a gestión privada?