miércoles, 24 de diciembre de 2008

MEDIAS PALABRAS

Si ponemos la palabra “dependencia” en un buscador de noticias de internet obtenemos un resultado abultado que podemos clasificar de forma fácil. En primer lugar encontramos las noticias que se refieren a datos “oficiales” aportados por alguna administración pública que sintoniza con el gobierno (cuando no del propio gobierno) y que nos hablan del alto número de solicitudes presentadas y resueltas, del gran esfuerzo presupuestario que se hace y de lo desleal que es la oposición al criticarles; por otro las que provienen de administraciones de otras sintonías que hablan del gran esfuerzo que hacen a pesar de los incumplimientos y deslealtad del gobierno. Por último tenemos las que provienen de representantes del sector (mayores, cuidadores, empresarios, tercer sector, universidades..) que ponen de manifiesto la lentitud del desarrollo de la ley, lo erróneo de las previsiones hechas hasta ahora y la necesidad de una mayor financiación.

Hasta aquí todo es normal. Tendríamos el mismo tipo de noticias aunque el PIB creciese al 5% en vez del 0% y el paro no estuviese encaminándose hacia el 15. Lo que sí resulta interesante es ver como la cuestión de la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia ha ido cambiando en los últimos meses.

Recuerdo una intervención del entonces ministro Caldera en la que decía que lo más importante era poner en marcha el sistema ya que, una vez funcionando ningún gobierno lo pararía. Recuerdo las manifestaciones del presidente del gobierno conforme a las que la Ley de Dependencia era su proyecto estrella de esta legislatura y recuerdo leer a la ministra de deportes decir que la actual coyuntura económica que atravesamos podría tener “alguna influencia” en el despliegue de la ley de dependencia.

Después he ido oyendo a diferentes políticos que en jornadas, congresos y presentaciones, hablan de las dificultades que deberemos afrontar en la nueva coyuntura económica para desarrollar completamente de la Ley, que tendremos que ser “imaginativos”, que hará falta un “esfuerzo”. Eso sí, siempre dicen a continuación que el presupuesto el año que viene está garantizado.

¿Qué hay dentro de esas medias palabras? ¿Nos están macerando en lluvia fina para que cuando nos digan que la Ley sólo cubrirá a los más dependientes lo aceptemos como inevitable?

Seamos sinceros. Aunque la crisis internacional no se hubiese producido, el aumento del coste de aplicación del sistema de atención a la dependencia habría requerido de modificaciones y ajustes: Están apareciendo más dependientes de los que se pensaba y los servicios cuestan más de lo previsto ¿No pueden hablar más claro y proponer ya soluciones?

Supongo que tendremos que seguir esperando. Y deseo, que viviendo en esa espera, los lectores de este foro tengan unas muy felices fiestas y el mejor 2009 que nos permitan nuestros amados gobernantes.

miércoles, 24 de septiembre de 2008

ARIZNAVARRA: DISPARANDO CON POLVORA DEL REY

En Ariznavarra (Alava) hay una residencia pública gestionada por una empresa privada. Fue la primera que utilizaba ese sistema en ese territorio y, desde el comienzo tuvo problemas ya que los/as trabajadores querían que se les aplicasen las condiciones laborales y salarios de las residencias públicas cuando precisamente se optaba por la gestión privada para evitar el elevadísimo coste de aquélla. Ya en 2003, después de ocho meses de huelga se aplicó un laudo arbitral que concluía con una subida de sueldo de más del 110% en cinco años además de una reducción de jornada.
Los cinco años han pasado y la huelga ha vuelto. Leemos en el Correo Digital que, las 120 trabajadoras de la residencia, con 140 plazas (entre residenciales y de centro de día), tras cuatro meses de huelga han conseguido que, de momento, la Diputación Foral haya decidido pagar a la gestora 107 euros al día por las 80 camas de la residencia y 60,41 euros diarios por las 60 plazas del centro de día, un notable incremento si se tiene en cuenta que hasta ahora se pagaban 80 y 43 euros. Con esos precios ahora seguirá la negociación entre empresa y empleadas.
La diputación de Alava es posiblemente la única administración en toda España que puede permitirse el lujo de acabar un conflicto de esta manera y no sé hasta qué punto es consciente de la consecuencia que puede tener su decisión en las otras diputaciones vascas o en el resto de comunidades autónomas. Ya en 2003, cuando en unas jornadas de Inforesidencias.com se explicó el laudo que había puesto fin a la primera huelga, las quejas más airadas vinieron de representantes de otros territorios vascos que llegaron a decir que el laudo era un torpedo en la línea de flotación del sistema.
Con toda seguridad el pago de 107 Euros al día por plaza pondrá fin a esta huelga y todavía le resultará a la administración algo más económico que gestionar ella misma la residencia (en 2003 le costaba 120€) lo que, no sé porqué me trae a la cabeza una historia que leí hace algún tiempo:
En los tercios españoles, cada soldado recibía una paga, en la cual se contemplaban sus necesidades. Por lo tanto, la pólvora la solía pagar el soldado de su propio bolsillo. Aun así, en ocasiones, como en caso de asedio, se podía obtener pólvora de almacenes o polvorines de artillería y entonces se tiraba con "pólvora del rey" , entonces no se tenía tanto cuidado y se disparaba más alegremente. Esta expresión ha llegado hasta nuestros días, y se dice que se dispara con pólvora del rey, cuando no se tienen en cuenta los gastos o esfuerzos, porque corren por cuenta de otro.
¿Con qué pólvora disparan e Alava?

viernes, 19 de septiembre de 2008

ACCIONES NECESARIAS PARA SALVAR LA LEY DE DEPENDENCIA

En un arranque de sinceridad que nos ha dejado a todos sobrecogidos, Mercedes Cabrera, Ministra de Educación, Política Social y Deporte (el nombre del ministerio no es una broma), ha dicho que la actual coyuntura económica que atravesamos puede que tenga alguna influencia en el despliegue de la ley de dependencia. O sea, que no habrá suficiente dinero en los próximos años para mantener el recién creado sistema.
La crisis que no se podía llamar por su nombre sirve ahora como perfecta excusa para admitir algo que, incluso si hubiese seguido la bonanza económica, hubiera acabado pasando.
La Ley de Dependencia reconoce a todas las personas que dependan de otra para realizar las actividades básicas de la vida diaria el derecho subjetivo a ser valoradas y a recibir prestaciones (económicas y de servicios) según su grado y nivel de dependencia. En otras palabras, con esta Ley, cualquier persona que necesite vivir en una residencia geriátrica o recibir ayuda en su casa, la tendrá a cargo del erario público aunque tendrá que “co-pagar” una parte.
Para redactar la Ley de Dependencia se hicieron unos cálculos sobre cuántas personas necesitarían ayuda y cuánto costaría la misma pero el tiempo ha demostrado que hay más personas dependientes de las previstas y que los costes de los servicios tienden a subir por encima de la inflación. La consecuencia es un sistema que se ha vuelto tempranamente insostenible.
Durante el primer año de aplicación, en el que básicamente se empezó a valorar y a redactar planes individuales, fuimos testigos de un agrio enfrentamiento entre el gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el PP con continuas acusaciones de incumplimientos y deslealtad.
Ahora que las orejas del lobo nos acarician la nariz las acusaciones partidistas se incrementan y, sabiendo que “esto” no se podrá mantener como estaba previsto, parece que nuestros gobernantes están más preocupados en no aparecer como culpables que en resolver realmente el problema.
Lo cierto es que ha llegado el momento de aceptar que existen serias dificultades y de tomar decisiones desagradables pero necesarias para capear el temporal y salvar el sistema de atención a la dependencia.
Por supuesto, existe una opción drástica: derogar la Ley y volver al sistema de protección no universal de la dependencia desde la competencia en servicios sociales de las comunidades autónomas. Se podría establecer un aumento ajustado de las transferencias del estado para tal fin y decir “lo intentamos, pero no fue posible”. Cada uno culparía al contrario, algunos a la crisis internacional y, a otra cosa.
También podría optarse por un gran engaño: mantener la Ley, hacer un desarrollo restrictivo y confuso rebajando a la vez la financiación de forma que, en la práctica se perdiese la esencia. Para evitar que se produjese descontento, la opción tendería a incrementar al máximo las prestaciones económicas para el cuidado no profesional en el entorno familiar. O sea, repartiría pequeñas cantidades de dinero entre mujeres de mediana edad para que se quedasen en casa cuidando a un dependiente, fuera de las listas del paro. Nadie comprobaría nada y en apariencia tendríamos un sistema de atención a la dependencia aunque sin profesionalización ni trazas de calidad.
Quizás la opción más audaz, y por ello menos probable, sería que los dos grandes partidos se sentasen y llegasen a un acuerdo que permitiese salvar el proyecto desde una perspectiva amplia ahorrándonos a los ciudadanos polémicas estériles.
El acuerdo podría contener los siguientes puntos:
- Modificación de la disposición adicional primera de la Ley de forma que la efectividad del derecho de las personas valoradas en el grado de dependencia moderada y en el de dependencia severa, grado 1 se pospusiese sine die o durante un período largo de tiempo. Esto supondría aplicar un a moratoria atendiendo durante los próximos años a los dependientes con mayor afectación y dejando para una segunda fase a los demás.
- Redacción del Real Decreto de copago basándose en los siguientes puntos:
o Separación clara de los costes de manutención-hoteleros de los que son estrictamente de dependencia. En principio el sistema de atención a la dependencia no debería cubrir costes de manutención-hoteleros.
o Establecimiento de un sistema de copago que, en determinados niveles de renta permitiese el pago del 100% del precio de referencia.
o Exclusión de las prestaciones económicas para dependientes con un nivel de renta superior a unos límites establecidos.
o Establecimiento de un sistema de “resarcimiento” mediante el cual la administración pudiese recuperar a la muerte del dependiente una parte del dinero pagado para su cuidado personándose en la sucesión como interesado con un crédito preferente. Habría un mínimo exento y un porcentaje máximo.
o Establecimiento de un copago de los familiares obligados a prestar alimentos a la persona dependiente. Éste dependería del grado de parentesco, capacidad económica y cargas familiares habiendo siempre mínimos exentos. Podría establecerse un mecanismo para que los obligados pudiesen negarse al copago familiar, mecanismo que conllevaría la incapacidad para poder recibir donaciones o heredar del dependiente.
Se trata de medidas reversibles que supondrían aumentar las posibilidades de sostenibilidad del sistema en estos tiempos de crisis y que requerirían para ser efectivas modificar la legislación civil y fiscal así como establecer una cooperación estrecha entre la Agencia Tributaria y las comunidades autónomas.
Como con toda seguridad, en un primer momento aparecería un gran rechazo, sería indispensable el acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas y, muy necesario, el del resto de partidos, sindicatos y patronales, poniendo el acento en que las medidas son la única vía de mantener el sistema y suponen una mejora sustancial respecto a la situación que existía antes de la Ley de Dependencia.
El sistema está hoy en sus inicios y, en las actuales circunstancias, crear unos cimientos sólidos en el apoyo a los que tienen un mayor nivel de dependencia es la clave para que, en un segundo momento, pueda atenderse con calidad y eficiencia a todas las personas dependientes. No lo desaprovechemos.

domingo, 24 de agosto de 2008

DUMPING SOCIAL Y LIBRE COMPETENCIA

Desde hace unos años intento asistir a los principales “saraos” que se organizan en nuestro sector: congresos, encuentros y jornadas organizados por entidades de prestigio en los que siempre aprendes algo nuevo mezclado entre muchas cosas que has oído repetir cientos de veces.
Una de esas aseveraciones repetidas es que ninguna empresa debiera presentarse a concursos por debajo de un cierto precio ya que quien lo hace perjudica a todos y se acaba perjudicando a sí mismo. Siempre se habla de un “precio de coste” por debajo del cual las administraciones no deberían nunca convocar un concurso. Por supuesto que desde la tribuna nunca se menta al pecador y siempre es, después de las conferencias, cuando alguien te dice que, al final eso lo hacen todos y que quien denuncia es el primero que ha ganado un concurso “no-sé-dónde” a “no-sé-cuántos” euros.
Tantas veces lo había oído que al final lo había creído. Pero ahora resulta que el Consejo Nacional de la Competencia tiene bajo sospecha a varios sectores entre los que se encuentra el de la atención domiciliaria acusados de pactar precios mínimos, o sea, por utilizar prácticas contrarias a la competencia. Como el instrumento que utilizan para llegar a esa conclusión es una serie de convenios colectivos, los sindicatos también han entrado en la polémica defendiendo que ese pacto de precios mínimos es la única forma de evitar el “dumping social”, o sea, contratar a precios que sólo se pueden mantener pagando a los trabajadores por debajo del convenio.
La cuestión es si en un convenio colectivo las empresas y los sindicatos pueden pactar que, ninguna se presente a concursos públicos por debajo de un determinado precio. Según los sindicatos no sólo pueden sino que las autoridades de defensa de la competencia no tienen ninguna competencia para meterse y mucho menos para sancionar a patronal y sindicatos. Según defensa de la competencia (tanto a nivel autonómico, nacional y europeo) los convenios podrán establecer las condiciones laborales pero de ninguna forma establecer las tarifas a las que las empresas podrán vender sus servicios.
Así las cosas, si algún día las empresas se pusiesen de acuerdo, como tantas veces he oído, para no presentarse a concursos por debajo de un precio determinado, podrían ser sancionadas. O sea, que sólo nos queda apelar al buen sentido de nuestros gobernantes para que piensen que, si externalizan es porque ellos no saben prestar el servicio de forma eficiente. Ellos saben perfectamente lo que cuesta y lo que supone “recortar”. El problema es que si tenemos que esperar que la respuesta venga del buen sentido de nuestros gobernantes, vamos “apañaos”.

jueves, 24 de julio de 2008

GESTIÓN PRIVADA DE SERVICIOS PÚBLICOS. UN BAILE DE MÁSCARAS

En varias ocasiones hemos hablado sobre lo curioso que resulta ver la posición que adoptan los partidos en relación a la gestión por parte de entidades privadas de servicios públicos: la mal llamada “privatización de los servicios”. La verdad es que sorprende ver como lo relevante no es el color político del partido que gobierna sino el hecho mismo de que gobierne o esté en la oposición.
A primera vista parecería que un partido más "liberal/centrista/de derecha" apostaría por financiar con fondos públicos el servicio y encomendar a una empresa la prestación y que uno más "socialdemócrata/socialista/de izquierda" preferiría que fuese la misma administración la que financie y gestione los servicios. Eso, a primera vista porque la verdad es totalmente diferente. Un nuevo caso lo tenemos en Asturias, donde gobierna el PSOE y tiene en la oposición al PP y a IU.
Pues bien, cuando co- gobernaba IU, según una noticia que hemos leído en El Comercio Digital, externalizó servicios de comedor, lavandería y limpieza en centros nuevos e incluso dio a gestión privada por parte de entidades sin ánimo de lucro dos residencias. Pero ahora considera que con la opción por la gestión privada de una nueva residencia pública, el principado está "abriendo la puerta a la privatización" de los servicios sociales. Esta posición, aunque comporta una falta de coherencia (ya que quien abre la puerta a la privatización, si es que ésta existe, es el primero que da a gestión privada un centro, aunque el ente gestor sea benéfico) supone que IU se mantiene en su posición ideológica de criticar la prestación privada de servicios públicos.
Peor parada queda la posición del PP que en teoría debería defender la gestión privada pero que resulta que en Asturias no ve bien que se construya con fondos públicos algo que será gestionado por una empresa privada. ¿Habría que recordarle al PP asturiano que exactamente eso es lo que se hace en lugares gobernados por el PP?
El PSOE, dice la que para mí es la mejor frase del debate: La titularidad pública de unas instalaciones «no es garantía de una mejor atención» a los residentes. Estaría muy bien recordarle esa frase a los socialistas madrileños o de la Comunidad Valenciana que suelen criticar la decantación hacia lo privado de sus gobiernos autonómicos.
Y es que es el quid de la cuestión, lo lógico, es que la administración pública garantice mediante la financiación que el servicio público se preste y que el prestador concreto en cada caso sea aquél que sea capaz de hacerlo de la forma más eficaz y eficiente, o sea, de la mejor manera y a un mejor precio. Esa es la única forma que tiene la administración para poder probar que está llegando al máximo de usuarios con calidad.
El problema es determinar quién es el más eficaz y eficiente. Sabemos que las empresas son más eficientes que la propia administración (o sea, hacen lo mismo por menos precio) y eso es lo que lleva a comunidades de diferente color a "externalizar" servicios. El problema es determinar si lo que se hace en una residencia gestionada por la administración es mejor que lo que se hace en una gestionada por una empresa. ¿Por qué no se mide y se hace público? Personalmente creo que no se hace porque haría ruborizarse a más de uno.

Mientras tanto, ¡que siga el baile de máscaras!, si gobiernas defiendes la gestión privada, si estás en la oposición la criticas. ¿Y los dependientes y sus familiares? Nadie les ha invitado al baile.

martes, 24 de junio de 2008

JUGANDO A LAS FERIAS

Desde hace algunos años, cada vez que asisto a una feria dirigida al sector de la atención a personas mayores escucho quejas de los que atienden los stands diciendo que no ha venido toda la gente que esperaban o que el perfil de los visitantes no es el que ellos necesitan.
Parece que la feria soñada por los expositores sería aquella a la que asisten los propietarios de las residencias pequeñas y medianas y los responsables de compras de las más grandes y cadenas. Si además pudiesen venir directivos del sector no residencial (atención domiciliaria, apartamentos para mayores) y los emprendedores con dinero que están planteándose entrar en el sector: “miel sobre hojuelas”.
Lo cierto es que en once meses se están sucediendo la feria Orprocare en Valencia, Avante en Barcelona y Ortoprocare en Madrid, todas ellas con potentes padrinos y la intención de convertirse en “la gran feria nacional del sector”. IFEMA también organizará en 2009 en Madrid otra “gran feria nacional” que, como las otras, intenta convertirse en punto de referencia. Y mientras tanto, otras iniciativas como Firagran en Barcelona, dirigida a personas mayores, han seguido organizando ferias y congresos a nivel autonómico que persiguen atraer a empresarios y al visitante profesional.
Las organizaciones patronales tienen la opción de celebrar sus propios “congresos-feria”, como la FNM u optar por aliarse con alguna de las ferias en pugna pero, mientras tanto, los expositores son cada vez más desconfiados a la hora de contratar stands asumiendo el coste de participar en un evento, y los “visitantes profesionales” dudan si vale la pena desplazarse a Madrid, Barcelona o Valencia para asistir a otro sarao.
Parece ser que en algunos países existen organizaciones que asocian a empresarios y que deciden dónde y cada cuánto se hace la feria de cada sector. Así, todo el mundo sabe dónde y cuándo se celebra el gran encuentro de su sector determinado. Durante ese gran encuentro se pueden suceder presentaciones, actividades paralelas e incluso congresos sectoriales, pero todo alrededor de una gran feria. Por supuesto que existen encuentros de segundo nivel en los que se encuentran profesionales de una zona determinada, pero eso no obsta para que todos (posibles visitantes y expositores) reconozcan cuál es la feria de referencia.
Quizás en nuestra España nos es más propio tener cinco grandes encuentros y que todos compitan entre ellos en una guerra de bonsáis en el que cada cual se proclama el mejor y descalifica a los demás.
¿Sería planteable ponerse de acuerdo para determinar entre todos cuál queremos que sea nuestra feria de referencia e imponer a los organizadores cómo, cuándo y dónde queremos que se celebre?

sábado, 24 de mayo de 2008

HUELGA EN RESIDENCIAS GERIÁTRICAS

Imaginemos que tres hermanas van a la huelga. Las tres quieren lo mismo (ganar más dinero y mejores condiciones laborales) y las tres, por supuesto son buenas personas que, en principio no quieren hacer sufrir a nadie.
Una es controladora aérea. Al día siguiente, su decisión afecta a miles de personas que se quedan atascadas en el aeropuerto. Personas con corbata, mochila o con un bebé en brazos que están muy enfadadas. Hay unos servicios mínimos pero éstos se cumplen “a reglamento”, con lo que casi es peor el remedio que la enfermedad. La huelga en un día aparece en la primera página de los periódicos, en dos, se está negociando con la administración y en tres, se resuelve con más dinero, mejores condiciones o una combinación de ambas. ¿Quién pagará?, en parte los viajeros vía tasas, en parte todos vía impuestos.
La segunda es funcionaria de un juzgado en una comunidad donde la justicia no ha sido transferida. Cuando llevan unos días de huelga la noticia empieza a aparecer en los medios, pero nadie se fija. Los que acuden a los juzgados notan el parón, pero como en proporción son pocos.. Cuando llevan muchos días aparece otra noticia terrible relacionada con el funcionamiento deficiente de algunos juzgados y el tema se hace “mediático”. Finalmente se abre una negociación larga y farragosa que acaba con algo más de dinero y mejores condiciones que pagamos todos a través de los impuestos.
La tercera es gerocultora en una residencia geriátrica privada que tiene alguna plaza financiada por la administración (imaginemos que con un cheque o un concierto que no cubre los costes del servicio). Ella cobra lo que establece el convenio colectivo (menos de una cuarta parte de lo que gana su hermana la controladora y algo más de la mitad que lo que gana la funcionaria de juzgados). Se establecen unos servicios mínimos que dicen que se tiene que funcionar “como en un festivo” (quien los ha redactado no sabe que en un festivo se hace casi lo mismo que en un día normal), o sea que lo huelga no se nota. Muchos residentes y familiares ni se enteran de que la hay salvo por algún adhesivo en la solapa de la bata de un par de auxiliares. Algún medio habla de “huelga en el sector de la dependencia” y la mayor parte de los lectores no saben de qué se trata la noticia. Eso sí, los sindicatos convocantes dicen que ha sido un gran éxito y organizan una manifestación delante de la sede de la patronal desde donde les miran pensando que se han equivocado y que deberían manifestarse ante la sede del Departamento de Servicios Sociales. La empresa piensa que si los precios de concierto y los que pueden cobrar a los usuarios privados fuesen algo más elevados podría contratar empleados más cualificados y mantenerlos en plantilla más tiempo. Que la administración cada vez “apuesta más por la calidad” sin querer pagar lo que cuesta y que como cada vez hay más influencia pública en los precios, el conflicto no está entre trabajadores y empresarios sino entre ambos y la administración. Pero eso da igual. La manifestación acaba y todo sigue igual o un poco peor.
Cuando se encuentren el siguiente fin de semana las tres hermanas la cosa está clara: una traerá langostinos, otra pondrá el vino y la tercera lavará los platos.

jueves, 24 de abril de 2008

EL RETO DE DESPROFESIONALIZAR LOS SERVICIOS SOCIALES

Tres acontecimientos sucedidos en un lapso de quince años me llevan a pensar que en el sector geroasistencial deberíamos empezar a plantearnos un reto importante.
En 1993, durante el congreso de la sociedad mundial de geriatría en Budapest, la entonces ministra de servicios sociales de Dinamarca dijo que se debía afrontar el reto de la desprofesionalización de los servicios sociales acotando muy bien qué parte de éstos requiere de la intervención de profesionales altamente preparados. El motivo no era otro que garantizar la sostenibilidad del sistema.
Unos años más tarde, durante el viaje a Suecia que organizamos en Inforesidencias.com para conocer el funcionamiento del sistema escandinavo de servicios sociales, nos sorprendió que en las residencias sólo trabajasen enfermeras, auxiliares de enfermería y “ayudantes de enfermería”. Cuando les dijimos que en España las residencias tenían médicos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y otros profesionales nos dijeron: “así es como lo hacíamos nosotros en los años setenta. Después nos dimos cuenta de que no hacía falta tantos profesionales. Al fin y al cabo la residencia sólo pretende ser un sustituto del hogar.”
Hace pocos días leí que en diferentes lugares de España se plantea una polémica sobre la posibilidad de que los enfermeros puedan prescribir medicamentos e incluso, en algún ambulatorio de Barcelona se plantea que los DUEs puedan sustituir a los médicos en consultas que, según su criterio no requieran la intervención del facultativo.
Las tres situaciones tienen algo en común. En primer lugar, la creciente dificultad para encontrar profesionales preparados, por otro un problema de coste y sostenibilidad de servicios financiados con dinero público y por otro una pregunta relacionada “¿se justifica con criterios coste/resultado la intervención de profesionales en un proceso?”.
Sé que en Dinamarca y Suecia hicieron el viaje a la superprofeisonalización antes de emprender el de regreso cosa que aquí no ha sucedido. También sé que el mero hecho de plantear en serio una desprofesionalización levantaría muchas ampollas corporativas, pero aún así. ¿No podríamos explorar aunque sea mínimamente el camino? ¿Podría plantearse alguna unidad experimental en la que la sanidad pública prestase los servicios que le corresponden y la residencia fuese un mero sustituto del hogar?. En Suecia la seguridad social atiende a los residentes como si fuesen personas que viven en sus casas, cuando necesitan un médico van al ambulatorio o el médico se traslada al centro. Lo mismo sucede con el fisioterapeuta y otros profesionales sanitarios. Eso les permite racionalizar la exigencia de profesionales. “¡Cosas vederes, Sancho que non crederes!”.
Pero, espera un momento ¿no es eso exactamente igual a lo que “en teoría” sucede en España?
¿Deberíamos afrontar primero el reto de la coordinación sociosanitaria y después el de la desprofesionalización? Quizás sí. ¡Tantos retos y tan poca audacia!

lunes, 24 de marzo de 2008

¡CABALLO ANDALUZ O BURRO MANCHEGO?

Si todo hubiese ido como estaba previsto, a estas alturas tendríamos un Real Decreto sobre copago, uno sobre acreditación de centros y ya empezaríamos a tener unos criterios comunes de calidad establecidos por el Consejo Territorial del sistema de la dependencia.
Esos reales decretos estarían actuando como guías por las que cada comunidad autónoma estaría elaborando sus respectivas reglamentaciones y todo ello nos llevaría hacia una cierta armonización de los diferentes sistemas autonómicos existentes antes de la Ley.
La realidad es que si te toca viajar por España, el mensaje que recibes de las diferentes comunidades autónomas te lleva a pensar en muchas cosas que no son precisamente armonización.
Así, en Cataluña se acaba de aprobar la nueva Ley de Servicios Sociales que incorpora el Sistema Catalán de la Dependencia como un subsistema del de Servicios Sociales. En ella, forma en que se describen servicios y prestaciones es diferente de la que utiliza la Ley de Dependencia. En aplicación de una disposición de esa Ley ya se ha publicado una convocatoria para acreditar centros. En Andalucía se habla de un nuevo decreto sobre calidad que no puede esperar a los criterios que establezca el Consejo. En Valencia las residencias saben informalmente qué centros serán los concertados y en Asturias, la nueva consejera que lleva una considerable racha de iniciativas, siguen su camino hacia un modelo de calidad y derechos. Y a todo esto, el Consejo sigue sin proponer y el gobierno sin promulgar los Reales Decretos que permitirían desarrollar el sistema como estaba previsto.
Las iniciativas autonómicas se ajustan a las competencias de cada comunidad y son totalmente legales en la medida en que son planteadas por sus respectivos gobiernos sin que exista otra norma que las contradiga. Pero son también iniciativas que tienden a que permanezca la diversidad de modelos que hasta ahora han existido y el acercamiento de los cuales parecía perseguirse con la Ley. Viéndolas uno llega al convencimiento de que las comunidades no están interesadas en la armonización sino en recibir financiación para unos modelos que ya tienen pergeñados y que no quieren cambiar.
Hace ahora dos años escribí en este periódico que si no había verdadera voluntad de armonizar nada quizás no hacía falta tanta Ley y podíamos limitarnos a incluir un capítulo de dependencia en la financiación de las comunidades autónomas proveniente de los presupuestos generales. Después me fui haciendo optimista y, durante unos meses creí que, de verdad, había la voluntad de unificar mínimamente los criterios.
Alguien me ha dicho que puedo volver a ser optimista y que todo se debe a la parálisis lógica que acontece siempre antes de unas elecciones. Espero que sea cierto y que el ritmo de trabajo que se alcanzó hasta mayo del año pasado se recupere después de las elecciones. Si no es así, el Consejo habrá hecho honor a aquél dicho tan castizo que dice que algunos tienen Arrancada de caballo andaluz y llegada de burro manchego.

martes, 26 de febrero de 2008

Inspecciones en residencias geriátricas

Hace dos años publiqué una colmuna de opinión en la revista Negocios & Gestion Residencial en la que hablaba del papel de la inspección de servicios sociales. El artículo decía lo siguiente:

INSPECCIONES DE RESIDENCIAS E INTERNET
Josep de Martí

Hace aproximadamente dos años la FNM hizo público un estudio sobre el nivel de satisfacción de los responsables de centros residenciales con las inspecciones autonómicas.

Del estudio destacaban dos resultados. Por un lado las residencias estaban razonablemente satisfechas con la actuación inspectora en su conjunto (la media es de notable). Por otro, cuando se desglosa la actuación, surgen quejas generalizadas respecto a algunas cuestiones: se valora demasiado lo burocrático y poco las cuestiones de atención humana; actuación poco constructiva para facilitar la corrección de anomalías leves o la diferencia de criterio entre las diferentes inspecciones e, incluso los diferentes inspectores.

Durante los diez años en que trabajé en una inspección autonómica de servicios sociales, la administración pasó dos encuestas entre las residencias inspeccionadas y los resultados fueron también bastante favorables para la inspección. Del mismo modo, en esas ocasiones apareció lo “demasiado burocrático” de las actuaciones y, como consecuencia, se modificó el protocolo de inspección, hablando más con los residentes y el personal.

Algo que me preocupaba entonces y me preocupa ahora es la queja sobre la dispersión de criterio entre inspectores. Muchas residencias creen que ocurre; las asociaciones patronales lo afirman, yo lo creo, pero las administraciones suelen decir que es algo menor.

A priori puede parecer, eso mismo, un problema menor, pero si se mira desde una perspectiva jurídica vemos la gran injusticia y discriminación que supone que una misma residencia pueda o no llegar a ser sancionada dependiendo únicamente de qué inspector haya ido a hacer la inspección. Así, que un funcionario que sea inspector y, además sea arquitecto, puede hacer que al inspeccionar se fije más en algún aspecto propio de su ámbito de conocimientos (eso es inevitable), lo que no puede serlo es que una autorización no se conceda si quien realiza la inspección es arquitecto de formación pero sí, si resulta que el inspector actuante resulta ser trabajador social, psicólogo o diplomado en enfermería.

La existencia de este problema y la creciente exigencia en materia de calidad ha hecho que, algunas administraciones autonómicas se planteen una pregunta ¿es correcto que cada vez se exija más a los prestadores de servicios cuando las propias administraciones son incapaces de trabajar con criterios de calidad? Y como resultado tenemos que hoy las inspecciones de servicios sociales de Vizcaya y Guipúzcoa disponen de una acreditación ISO que certifica que en el proceso de autorización e inspección cumplen criterios de calidad.

Quizás otras administraciones podrían tomar ejemplo y empezar dando un paso más sencillo: realizar una auditoria interna de las actuaciones llevadas a cabo por los inspectores para saber si, efectivamente se producen dispersiones o disparidades de criterios indeseadas. Esta debería ser encargada a un órgano externo de la administración (una universidad por ejemplo) y debería existir el compromiso previo de que los datos se harían públicos.

De esta forma, si no se producen efectos indeseados, esta circunstancia podría ser conocida por todos y, si se producen, se podrían tomar las medidas adecuadas para evitarlos.

Viendo como funcionan las cosas en otros países, creo que podríamos encontrar una solución al problema que, por un lado daría más transparencia al sector, poniendo a la administración al servicio del ciudadano y por otro, permitiría realizar análisis externos de las actuaciones inspectoras.

Me refiero a publicar en internet el resultado de las inspecciones de residencias, y de otros establecimientos que se inspeccionen.

Cada vez que he hecho esta propuesta hay quien dice que esto podría violar la intimidad de las personas, la presunción de inocencia u otros derechos. Yo, sinceramente creo que algo que funciona pacíficamente en países como Estados Unidos o el Reino Unido puede funcionar en España.

Si pensamos que la administración está al servicio del ciudadano convendremos que las actuaciones inspectoras deben poder servir como herramienta del ciudadano para elegir la residencia que mejor se adapte a sus necesidades y gustos. Si pensamos que hay disparidad de criterios o comprobaciones demasiado burocráticas, ¿qué mejor forma de solucionar el problema que poderlo analizar en su conjunto, con todos los datos y por parte de cualquiera que tenga acceso a internet?

En países como Estados Unidos, donde la publicación de las inspecciones se considera normal, en alguna web como
www.myziva.com podemos ver lo que ha dicho el inspector y al lado el comentario que, sobre esa observación, hace el propietario de la residencia.
Las residencias no deben tener miedo a que se exponga su situación (siempre que se exponga la de todas las residencias), la administración tampoco debe temer que sus actuaciones sean sometidas al escrutinio público. Al fin y al cabo, la transparencia es una premisa indispensable para mejorar la calidad. ¿No es así?


Dos años después, quizás por falta de imaginación, cuando me pidieron mi colaboración mensual en la revista escribí una nueva columna en la que con otras palabras volvía a reflejar mi opinión sobre el tema. La cosa ha quedado así:

LA ACCIÓN INSPECTORA Y LAS RESIDENCIAS
Josep de Martí
Un aspecto de la Ley de Dependencia que quizás ha quedado algo escondido entre tanto derecho subjetivo y cobertura universal es el establecimiento de un régimen sancionador verdaderamente gravoso para los eventuales infractores. Una multa de un millón de euros, como la que prevé la ley hace palidecer a las normas autonómicas más rigurosas.
La posibilidad de imponer multas tan elevadas nos obliga a una reflexión: ¿quién decidirá a quién y por qué, concretamente, se sanciona?, ¿quién vigilará a los prestadores de servicios? Y haciendo una derivada, ¿quis custodiet ipsos custodes? (¿Quién vigilará a los vigilantes?). La respuesta sin duda es que serán las inspecciones autonómicas de servicios sociales las encargadas de inspeccionar, extender actas y proponer expedientes sancionadores. La respuesta sobre quien vigilará a los inspectores es más difícil.

La Ley de Dependencia apuesta por la calidad. En el 2009 todas las residencias deberán estar desarrollando procesos de certificación, acreditación o compromiso de calidad y con eso se persigue que la atención que reciban los dependientes sea la más adecuada, eficaz y eficiente. Pero ¿se aplicará algún sistema de calidad a la propia inspección?

La pregunta me la planteo porque llevo casi dieciocho años en este sector, diez de los cuales trabajando en una inspección de servicios sociales y, en todo ese tiempo, hay una cosa que no ha cambiado: las quejas sobre cómo actúan las inspecciones: “Viene un inspector y te dice una cosa. Al cabo de un tiempo viene otro y te dice otra diferente”, “A todos los inspectores que habían venido les había parecido bien la residencia pero el último me ha extendido un acta por algo que llevaba así cinco años y habían visto los otros”, “Utilizo el mismo reglamento en mis dos residencias. En una el inspector ha dicho que está bien, en otra, otro, me lo hace cambiar”.
Siempre he creído que el ciudadano tiene derecho a que la inspección que recibe tenga básicamente el mismo resultado con independencia de qué inspector actúe.


Pero también sé lo difícil que resulta que un equipo de profesionales dé siempre una respuesta uniforme y que, a veces las acusaciones que se hacen a la inspección no son acordes con la realidad. Lo que no llego a entender es por qué, en estos momentos en que tanto de habla de calidad, las propias inspecciones no se aplican el principio y empiezan a actuar mediante unos procedimientos homogéneos que sean conocidos por todos y haciendo públicos sus resultados.

¿Se sometería alguna inspección autonómica una auditoría externa para determinar si las actuaciones de los diferentes inspectores son homogéneas? ¿Estarían dispuestas a cambiar la Ley y permitir que las actas de inspección se pusiesen en internet a disposición de todos de forma que los ciudadanos tuviesen más medios para comparar y las propias residencias para comprobar que el funcionamiento de la inspección es razonablemente uniforme?

Como creo que las inspecciones funcionan básicamente bien no encuentro explicación para que sigan trabajando de forma opaca. Quizás lo que falta para que cambien es que la petición surja a la vez de las propias residencias, de los usuarios, sus familiares y profesionales. No creo que pedir una auditoría externa sea algo exagerado. Al fin y al cabo, ser exigente con una actuación que puede tener como consecuencia una multa de un millón de euros no es nada desproporcionado.

Parece que lo que no consiguió la primera lo ha hecho la segunda y he recibido una llamada de mis ex compañeros de la inspección en la que me comentan que no han entendido la columna. Al parecer a algunos les ha molestado.

Quizás diez años en la inspección y ocho en www.inforesidencias.com me han dado una visión particular de las cosas. ¿Por qué puede molestar a alguien con capacidad para sancionar que su actividad sea sometida a una auditoría?. Todas las empresas que facturan más de una determinada cantidad deben auditarse y nadie se queja. En ese caso la obligación de auditarse viene de la necesidad de proteger al pequeño accionista.

Si todavía siguiese en la inspección sería el primero que pediría la auditoría y la obtención de una ISO de Calidad.

jueves, 24 de enero de 2008

¿FALTAN INSPECTORES?

En diciembre leí una noticia que difundía Europa Press según la cual un autodeterminado “Colectivo Tercera Edad” reclamaba que la comunidad de Madrid tuviese más inspectores de residencias. Hasta ahí me pareció interesante, a partir de ese punto se me pusieron los pelos de punta.
El colectivo denunciaba, según la noticia que la falta de inspectores convertía a la mayoría de las residencias de ancianos en centros de especulación económica en perjuicio de la salud y calidad de vida de los ancianos que pagan mensualidades de lujo para recibir comida y aseos personales "inmorales, mezquinos y tercer mundistas". El artículo sigue con lindezas como que no se cambian los pañales o que se hace pasar tanto hambre que se causan muertes prematuras.
La verdad es que mi sorpresa no venía de los hechos denunciado. Llevo diecisiete años en el sector y sé que si algo así se produce es una excepción lamentable y no la regla. También sé que la primera interesada en que se descubran y castiguen los pocos casos en que se producen abusos es esa inmensa mayoría de empresarios honrados que apuestan por dar un buen servicio.
Lo que de verdad me estremece es una pregunta ¿por qué Europa Press difunde una denuncia generalizada y sin fundamento contra un sector que da trabajo a tantas personas? ¿Haría lo mismo si un colectivo denunciase que la mayoría de las guarderías matan a los niños, así, sin más?. Creo que no. En ese caso, o los tratarían como lunáticos o les pedirían más concreción antes de publicar nada.
Si ese colectivo conoce algún abuso debería denunciarlo, si no, debería ser consciente del daño que sus denuncias huecas pueden hacer a miles de personas que han confiado el cuidado de sus mayores dependientes a un equipo de profesionales en una residencia. Si aún conociendo esa consecuencia deciden seguir adelante con su denuncia. ¿Podríamos esperar en el futuro de los medios de comunicación un comportamiento más cercano a la deontología?
Volviendo al inicio. La pregunta sobre si faltan inspectores sí me parece un tema interesante que deberíamos plantear. Algunas legislaciones autonómicas como la madrileña o la catalana obligan a inspeccionar todas las residencias una vez al año. Como cada vez hay más residencias, centros de día y servicios a domicilio para inspeccionar las comunidades se ven superadas pero, como la necesidad agudiza el ingenio, ya hay comunidades que sustituyen algunas visitas por una autodeclaración en la que la propia residencia envía los datos que precisa la inspección. ¿Irá el futuro hacia unas comprobaciones en papel seguidas por breves visitas de inspección?.