domingo, 13 de diciembre de 2009

LAS POSICIONES DE ACRA Y UPIMIR SOBRE EL SECTOR EN CATALUÑA

En los últimos meses, la imposibilidad de acreditar residencias, los retrasos en los cobros y un cierto grado de confusión generado por el nacimiento de una nueva asociación patronal, ha situado al sector de la atención residencial en Cataluña en una peculiar encrucijada.

Ante esta situación, la patronal ACRA, que recientemente ha celebrado sus primeros 20 años de vida y que ostenta la mayor representatividad del sector ha reiterando ante sus asociados las líneas de negociación que tienen abiertas desde hace tiempo con la Administración e intentando transmitir un prudente optimismo:

Os informamos que ACRA está en negociaciones permanentes con la administración para encontrar soluciones a las diversas problemáticas que afectan al sector de la atención a las personas mayores de Cataluña y que, concretamente, se centran en tres grandes bloques:

1. Entidades / empresas que tienen concierto y / o colaboración
2. Entidades / empresas privadas
3. Centros de día

Los puntos que priorizamos en cada uno de estos bloques son:

1. Entidades / empresas que tienen concierto y / o colaboración

• Proceso de contratación y concertación. Retrasos en los pagos.
• Dificultades en la tesorería. ¿Qué medidas puede tomar el sector? Búsqueda de fórmulas alternativas.
• Compromiso de la administración de aumentar las tarifas públicas 8% en 2009 y 8% en 2010.
• Necesidad de que los centros puedan ofrecer y facturar servicios hoteleros complementarios en la plaza pública (habitaciones individuales, etc).
• Flexibilizar el personal de atención directa para adecuarse a las necesidades de las personas atendidas.
• En el caso de concierto, garantía de ocupación de las plazas concertadas.

2. Entidades / empresas privadas

• Prestación económica vinculada al servicio: Conseguir que, hasta que no salga el orden de acreditación y puedan acreditarse, los centros con la totalidad de las plazas privadas puedan recibir personas con una prestación económica vinculada tal como lo venían haciendo la año 2007 y 2008.

3. Centros de día

• Mejorar las tarifas públicas de los centros de día para evitar que el hecho de abrir sus puertas les acabe suponiendo un gasto de 100 € mensuales por persona.
• Buscar fórmulas para mejorar la infraocupación.

Con todo, ACRA es prudencialmente optimista ante el escenario final que se generará después de las negociaciones con el que está inmersa.
Estamos a su disposición para atender cualquier duda y / o sugerencia.

Comparemos los puntos de interés contenidos este escrito con los que hicieron públicos los promotores de la recientemente creada UPIMIR (Unió de Petites i Mitjanes Residències):

- Decreto de Acreditación de centros; elaboración, implantación y consecuencias para las pequeñas y medianas residencias.

- Pagos de la Administración a los centros colaboradores; retraso en los mismos e incidencias varias.

- Prodep: su particular visión en cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia en usuarios que desean ingresar o permanecer ingresados en residencias privadas sin colaboración con ICASS.

-Función inspectora: actuación ante la misma, unificación de criterios y defensa ante ellos.

-Otros temas de interés.

Vemos que existe una base esencial que es compartida por la totalidad del sector empresarial, por lo que, con independencia de que puedan o deban existir diferentes asociaciones patronales, en los momentos que corren, mostrar la sensación de desunión sólo puede redundar en que no se consigan los objetivos comunes.

¿Podríamos esperar como sector, que en algunas negociaciones todo el sector actúe a una aunque en otros lo haga por separado?

miércoles, 9 de diciembre de 2009

MÁS SOBRE INCAPACITACIONES

Creo que casi todo el mundo que trabaja en el sector de las residencias pensará que “eso de la incapacitación”, la autorización judicial para ingresar a personas con demencia y los requisitos para poder inmovilizar a una persona son problemas reales que periódicamente preocupan y que, normalmente se solucionan a efectos prácticos presentando “un papel ante una institución”.

Cuando hablo de “Eso de la incapacitación” me refiero a: ¿Está obligada la residencia a comunicar algo al Ministerio Fiscal o al juez cuando un residente deja de tener suficiente capacidad como para tomar decisiones por sí mismo?, ¿Se debe insistir a los familiares para que inicien ellos el proceso de incapacitación?

Durante los últimos años he asistido a diversas jornadas y conferencias en las que he escuchado a expertos del mundo jurídico recomendar que la residencia comunique al Ministerio Fiscal la presencia de un presunto incapaz, yo mismo lo he recomendado en muchas ocasiones con la finalidad de tener cobertura en caso de problemas. Al fin y al cabo, hacer esa comunicación no suponía obligación alguna por parte de la empresa ni requería de un procedimiento. Ahora las cosas empiezan a cambiar.

En el seno de las IV Jornadas Multiprofesionales catalanas de residencias, escuché a una profesional que venía de una Fiscalía que nos dijo que, las residencias y el resto de personas que tratan con presuntos incapaces deberían aplicar a sus residentes un documento titulado “Protocolo para la aplicación de criterios de criba antes de iniciar un proceso de incapacitación”. Lo he leído con gran interés y creo que hay que felicitar a sus autores por el esfuerzo. Aún así, creo que existe en el documento un error de base. No debería llamarse “Protocolo de actuación” sino “Propuesta para modificar La Ley de Enjuiciamiento Civil”.

Hoy por hoy la Ley tiene un artículo 757 que obliga a los funcionarios a comunicar al Ministerio Fiscal los casos de posible incapacidad que conozcan en el ejercicio de su cargo y a aquél a promover la incapacitación cuando tenga conocimiento de una de esas circunstancias.
Lo dice concretamente así:
1. La declaración de incapacidad puede promoverla el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz.
2. El Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación si las personas mencionadas en el apartado anterior no existieran o no la hubieran solicitado.
3. Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación. Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Si se aplicase la Ley, no haría falta que las residencias hiciesen nada. Casi todas las personas que sufren demencia han ido alguna vez a un médico de la Seguridad Social, a un trabajador social de un ayuntamiento o a otro funcionario que ha conocido su problema.

Lo que pasa es que el protocolo, en su página 25, cuando explica quién puede iniciar el procedimiento de incapacitación dice:

La declaración de incapacidad puede promoverla:
1. La familia legitimada (ascendientes y descendientes directos, hermanos y cónyuges o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable.
2. La misma persona objeto de protección.
3. Cuando la persona es menor, los padres o su tutor/a legal, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) en el caso de menores tutelados.
4. Ministerio Fiscal:
• Por iniciativa del propio fiscal.
• Por información del INSS (incapacidades de larga duración).
• Por información facilitada por ciudadanos o profesionales.

He destacado “debe” y “puede” porque aquí está al matiz. El protocolo en este punto adolece de voluntarismo ya que expone lo que “debería decir la Ley” y no lo que realmente dice.

Una vez tomado el documento por lo que realmente es: una propuesta de cambio legislativo, sólo veo puntos positivos que me llevan a felicitar a los autores: En la página 26 establece un listado de motivos que justificarían el inicio de un procedimiento, más allá de la mera presencia de causas de incapacidad. Las páginas 28 a 33 ofrecen unos diagramas de flujos que indican el camino que se debería seguir para tomar la decisión de iniciar el proceso o comunicar una situación a Fiscalía y los anexos ofrecen criterios clínicos y psicosociales para la incapacitación. En este punto el documento es aun más audaz ya que no sólo dice quién y cómo debe iniciarse el proceso sino que está diciendo claramente al juez cuándo debe incapacitar.

A mi entender el protocolo, que fue publicado en Octubre de 2008 y del que siento mucho no haber sabido nada antes, adolece de dos problemas principales:

1. Hoy por hoy, con la Ley que tenemos cualquier juez puede ignorar olímpicamente el contenido íntegro del documento y sentenciar en un proceso como le parezca bien. Además, cualquier persona puede poner en conocimiento del ministerio fiscal, con un simple escrito, que considera que una persona es presuntamente incapaz. Si el Ministerio Fiscal considera que debe inadmitir el escrito porque no reúne los requisitos establecidos en el protocolo, podrá hacerlo pero le faltaría un instrumento jurídico para obligar, de forma general a las personas a aplicar el protocolo.

2. El otro gran problema es para las residencias. El Protocolo no menciona específicamente que las personas que vivan en residencias deban seguir ningún procedimiento especial, pero el Anexo 1, titulado “Formulario de criterios clínicos y psicosociales para la incapacitación legal” plantea unas actuaciones en las que se recomienda participe “el equipo interdisciplinar”, dando a entender que es algo que deberá llevarse a cabo en residencias u otros establecimientos sociales o sanitarios.

Si la propuestas del Protocolo se elevasen a Ley, no habría ningún problema, pero, teniendo el documento el valor jurídico que tiene, sí puede generar una obligación de facto para todas las residencias de Cataluña que se concrete en tener que “pasar el formulario” a todos los residentes cada cierto tiempo. ¿Sería demasiado atrevido pensar que en un par de años se empezará a sancionar a las residencias que no hayan “pasado adecuadamente el formulario” como ahora se sancionan incumplimientos de las comunicaciones de guarda de hecho?

Cuanto más leo el Protocolo, más me convenzo de la necesidad de actualizar de forma radical la legislación sobre incapacitaciones ante la perspectiva demográfica que nos señala hacia un futuro en el que habrá muchas más personas con deterioro cognitivo.

¿No podríamos pensar en una “incapacitación administrativa” para casos en los que no existe conflicto ni riesgo de forma que los tribunales se concentrasen en los casos más complicados o necesitados de discernimiento jurídico?
Esta idea no es nueva y ya la planteé hace doce años en un trabajo que hoy está publicado en la geriateca de Inforesidencias.com, concretamente al final de la página 86:

Los guardadores de hecho, familiares o personas que se encargan del mayor aunque no dispongan de documento alguno que lo acredite, deberían recibir de la ley unos poderes que les permitiesen, bajo control administrativo, administrar el patrimonio y proteger al mayor. Estos poderes deberían venir necesariamente acompañados por una serie de obligaciones, en especial en caso de ingreso en residencia que supusiese hacerles corresponsables de posibles condiciones humillantes o menoscabo si éste pudo ser previsto por el guardador en el momento de pactar el ingreso. La figura de la guardada de hecho, que podría denominarse "geroguarda" sería siempre fruto de un procedimiento administrativo "pacífico", queriendo decir que se haría participar a los familiares de primer grado intentando que, entre ellos nombrasen al "geroguardador" y pudiesen establecer medios de control, siempre dentro de la familia. Por supuesto seguiría en vigor la normativa de incapacitación e instituciones tutelares para casos en que no fuese posible establecer la geroguarda por oposición de parte de la familia.

Otro día escribiré sobre el uso de contenciones ya que he oído que desde la Fiscalía quieren que se comuniquen todos los casos en que estos sistemas se utilicen. Si alguien tiene el documento, que me lo envíe por favor.

lunes, 30 de noviembre de 2009

SITUACIÓN PARADÓJICA DE LAS RESIDENCIAS EN CATALUÑA

La paradoja de muchas residencias en Cataluña
Una reflexión de finales de 2009
Josep de Martí
En Cataluña existe un grupo de empresarios del sector geroasistencial que empiezan a pasarlo mal sin tener culpa de nada y haciendo las cosas bastante bien.
Imaginemos una residencia privada para mayores que presta un servicio de calidad, con una ratio adecuada y unas buenas instalaciones. Funciona des de hace quince años y cobra unos precios que oscilan entre los 2.000 y 2.400 Euros (con algunos residentes que pagan menos debido a que llevan muchos años con actualizaciones de IPC).
Esta residencia ha mantenido siempre un muy alto nivel de ocupación, cuenta con unos prescriptores afianzados y con un sólido “boca-oreja” que le ha hecho ser optimista cuando mira hacia el horizonte.
En varias ocasiones, los responsables del centro habían considerado la opción de hacerse “residencia colaboradora” pero siempre lo habían desestimado por dos motivos: el precio que recibirían sería más bajo que el que cobraban actualmente y, además se verían obligados a financiar la estancia de los residentes debido a que las administraciones siempre tardan un tiempo en pagar su parte.
La entrada en vigor de la Ley de Dependencia no supuso un tropiezo a esta residencia. Algunos de sus residentes pidieron la valoración y recibieron prestaciones vinculadas, incluso durante 2008 ingresó residentes que venían con “la ayuda de la dependencia”.
Las cosas empezaron a cambiar a comienzo de 2009. Algunos potenciales residentes preguntaban, nada más llegar a visitar la residencia en búsqueda de plaza, si ésta era “colaboradora” ya que, una trabajadora social les había dicho que si iban a una que no lo fuera no podrían cobrar la ayuda.
Quizás había llegado el momento de convertirse en centro colaborador.
Los responsables rescataron una carta que les habían enviado desde una asociación patronal en la que, resumiendo una reunión que había tenido el presidente de la misma con la Consellera d’Acció Social, les informaban de a finales de 2009 se publicaría un decreto catalán de acreditación de centros; que, mientras tanto, la Generalitat abriría una nueva convocatoria de centros colaboradores en 2009 o prorrogaría la de 2008 de forma que, durante 2009, se podría solicitar la acreditación del programa de colaboración.
Las residencias se pusieron las pilas y, algunas, acometieron obras y mejoras para asegurarse el cumplimiento de todos los requisitos de acreditación. Pero pasaron los meses y la convocatoria no llegaba. De repente, justo antes de Semana Santa, salió una convocatoria de un concierto de 1.500 plazas que pretendía, básicamente concertar en la ciudad de Barcelona. Algunas residencias se presentaron y ganaron, la gran mayoría quedó excluida o no llegó a presentarse.
Siguió en transcurso de 2009 y la situación se fue resintiendo cada vez más. No sólo dejaban de ingresar nuevos residentes beneficiarios de la Ley de Dependencia sino que algunos de los ya ingresados tenían que irse a otros centros si querían cobrar la ayuda.
Las residencias que están hoy en esta situación se han preparado a conciencia cumpliendo todos los requisitos de acreditación, han actuado sobre la expectativa creada por las manifestaciones de la administración y aún así se encuentran en una situación difícil.
Para acabar de empeorar las cosas, la Generalitat ahora dice que, en su lista de prioridades, la nueva cartera de servicios sociales pasa por delante del Decreto de Acreditación por lo que, resulta casi imposible que éste esté preparado antes de final de año.
Algunas de estas residencias, en su preocupación, llaman a la Generalitat (ICASS, delegaciones territoriales, ProdeP..) donde les dicen que pueden solicitar por escrito el concierto de plazas pero que es posible que les contesten diciendo que tienen que esperar a que salga otra convocatoria.
Nadie parece poder dar una respuesta satisfactoria a estas residencias, a mí se me ocurren varias:
¿No podría la administración dar una prioridad máxima a la tramitación del Decreto de Acreditación de forma que, dando cumplimiento a la palabra dada, éste estuviese en vigor antes de final de año?
¿No podría publicarse una nueva convocatoria de centros colaboradores o prorrogar la de 2008, dando cumplimiento a la palabra dada?
¿No podrían poner al ciudadano en el centro y aplicar un principio de “libertad de elección”? Esto querría decir que, transitoriamente, hasta que se publique el Decreto de Acreditación y haya habido tiempo para acreditar a las residencias que lo soliciten, cualquier residencia autorizada pudiera acoger a residentes beneficiarios de la prestación vinculada.
Esta idea no es original ni novedosa, sencillamente se trata de hacer lo que se hacía durante la mayor parte de 2008, incluso se podría mantener la diferenciación en la cuantía de la prestación vinculada viniendo a decir “si usted elige un centro colaborador le daremos una ayuda algo superior ya que este centro tiene mayores exigencias, si elige un centro autorizado no colaborador le damos una ayuda, pero ésta será inferior”.
No creo que debiera haber demasiado problema para utilizar el mismo sistema que se utilizaba durante 2008 hasta que se apruebe el Decreto de Acreditación. Es más, creo que si la administración no lo ha hecho es porque no está siendo consciente del problema que el retraso en la aprobación del mismo está acarreando.
¿Es ajustada la realidad la descripción que hago? ¿Son muchas las residencias que se encuentran en esa situación? ¿Están sufriendo mucho?
El foro de Inforesidencias.com puede ser un buen lugar donde decirlo.
En unos seminarios que organizamos en Inforesidencias.com a finales de 2008 recomendamos a todas las residencias solicitar la acreditación como centro colaborador antes del 31 de diciembre y decíamos que la clave de la supervivencia de una residencia ante los acontecimientos que se nos avecinaban eran:
1. ¿Cumple los requisitos de acreditación de la convocatoria de 2008?
2. ¿Puede funcionar cobrando una media de 2.000 Euros al mes?
3. ¿Podría afrontar una certificación de calidad del tipo ISO?
Desde entonces hemos asesorado a muchos centros para obtener una respuesta a estas preguntas.
Si el seminario se celebrase hoy añadiríamos una cuarta ¿Puede la residencia asumir que una parte importante del precio de la estancia lo paguen los residentes con hasta seis meses de retraso?

sábado, 24 de octubre de 2009

ESTADISTICAS, MENTIRAS Y UN 1%

Desde que los propietarios de El País se enfadaron con el presidente del Gobierno por el tema del fútbol y la TDT este diario está ofreciendo informaciones sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia que, hace sólo unos meses nos hubiesen obligado a volver a mirar la cabecera para asegurarnos qué periódico estábamos leyendo.
Y es que hay formas y formas de decir las cosas. En pocos días hemos leído en El País que “La Ley de Dependencia financia de forma irregular a miles de usuarios”, que “Tres años después de aprobar la ley aún se desconoce el número de beneficiarios” o que “La Ley de Dependencia perpetúa el cuidado de ancianos en su casa”.
Dejando de lado la cuestión político/periodística lo que dice El País es bien cierto. Una vez han desaparecido de las estadísticas del Sistema de la Dependencia las prestaciones sin identificar sabemos que más de la mitad de las ayudas que se están dando corresponden al fomento del cuidado informal. Eso, si nos creemos los números, pero, ¿podemos hacerlo? Parece ser que no.
Para empezar, algo tan sutil como seguir contando a los muertos tras su deceso podría estar alterando en más de 50.000 el número beneficiarios que aparecen en las tablas.
Quienes se han dedicado a destripar las cifras del SISAAD han encontrado muy sospechoso, sino sencillamente farsario, que coincidan el número de prestaciones concedidas y el de personas receptoras, ¿Por qué?, porque es palmario que hay personas que reciben más de una prestación. El ejemplo más sencillo es la teleasistencia: “Si hasta ahora sólo entran los grandes dependientes y los que tienen dependencia severa, ¿es creible que haya dependientes que sólo estén recibiendo teleasistencia?” No. Otro ejemplo, ¿No hay nadie compatibilizando ayuda a domicilio y centro de día?, si hacemos caso a las estadísticas, no. La realidad en cambio nos dice que sí.
Si aceptamos que el “pastel estadístico” huele mal tendríamos que preguntarnos quién tiene la culpa: quien ha facilitado los ingredientes (o sea las comunidades autónomas que dan los datos) o el cocinero que ha horneado la tarta (el Ministerio). La cuestión es difícil y creo que lo será más con el tiempo ya que a todos les va bien que los ciudadanos no acabemos de enterarnos de cómo va la cosa.
Lo único cierto e incuestionable es que la Ley de Dependencia va por el camino de convertirse en la Ley del apoyo al cuidador informal. Si pudiésemos hacer caso de los datos de Octubre resulta que el 51% de las ayudas de la Ley son prestaciones para el cuidador no profesional (239.100), de éstas 90.300 han generado un alta en la seguridad social, o sea que 148.000 son persona que pueden ser jubiladas, cotizantes a la seguridad social en activo, en paro o en excedencia para el cuidado del familiar. ¿No necesitarían estos datos un poco más de “análisis estadístico”? De momento no parece una prioridad.
La única estadística que es incuestionable y, al parecer irremediable es la que nos dice que, después de años insistiendo en que se cambiase el IVA de las residencias lo hemos conseguido, sólo que al revés. A partir de julio de 2009 en vez de bajar al 4% éste subirá un 1% hasta llegar al 8%. Por lo menos el gobierno nos ofrece un dato que nos podemos creer.

54 EUROS QUE EXPLICAN UNA LEY

Por si a alguien le quedaba alguna duda sobre cómo se está aplicando la Ley de Dependencia en España, una noticia publicada en el periódico asturiano La Nueva España aclara la situación.
Resulta que un hombre de 52 años de Castrillón con secuelas graves provocadas por un accidente tramita su valoración del grado y nivel de dependencia. El resultado: gran dependencia. A la hora de elaborar el PIA se le indica que lo que le corresponde es una ayuda económica para que su mujer le cuide en casa de 54 Euros al mes. El motivo de tan escasa cuantía es que la persona ya estaba cobrando 1.184 euros al mes de una pensión de invalidez.
Cuando la mujer del dependiente responde indignada que la cantidad le parece un insulto le dicen que si lo prefiere puede ingresar en una residencia pagando el 70% del coste, o en un centro de día pagando el 30%. Otra opción, que es la que finalmente acepta la cuidadora, es que “una asistente social acuda a su domicilio durante 50 minutos al día --ya que diez minutos se emplean en el desplazamiento-- por un importe de 22 euros al mes”. El entrecomillado corresponde a la noticia tal como la recoge Europa Press en su página web.
Dejando de lado que una agencia de noticias de prestigio confunda “asistente social” con auxiliar de ayuda a domicilio, lo que se pone de manifiesto con esta noticia es el grado de retorcimiento que está alcanzando la aplicación del sistema de atención a la dependencia.
Recordemos una vez más que La Ley establece que, a la hora de redactar el plan individual, debe considerarse de forma prioritaria la prestación de servicios públicos o concertados dejando en un segundo plano la prestación económica vinculada y sólo para casos excepcionales la prestación económica para el cuidado no profesional en el entorno familiar.
Hasta ahora, en múltiples conferencias, congresos, jornadas y demás encuentros se nos decía que el motivo por el que se están dando tantas ayudas económicas a familiares es que las personas las piden porque prefieren quedarse en casa. Con casos como éste, esa explicación pierde solidez.
Lo cierto es que la opción que ha escogido el cuidador (más o menos 22 horas mensuales de SAD) costarán a la administración unos 200€ al mes, descontando el copago. Si hubiese elegido residencia o centro de día, con un copago de un 70% y 30% respectivamente, el coste para el sistema hubiera sido de unos 400€/mes. Es este un cálculo hecho grosso modo, teniendo en cuenta que Asturias tiene unos precios públicos bastante escasos. Pero, aunque no sea totalmente ajustado, lo que no es discutible es que la opción “54 Euros de ayuda al familiar” era la más económica y que menos garantizaba una atención profesionalizada.
Aunque en este caso la comunidad haya sido Asturias, no es éste un defecto atribuible a una administración concreta. Lo cierto es que la crisis hace agudizar el ingenio y, lo más cierto es que resulta más económico dar “ayuditas” que prestar servicios. En este caso lo ridículo de la cantidad hizo saltar la liebre pero, cuántas personas de las que han recibido prestación económica para el cuidado familiar estarían mejor cuidadas recibiendo atención profesional.
Parece que, debido a la crisis, la Ley de Dependencia se empieza a ver como una forma más de redistribuir rentas. Es indiscutible que 500 Euros pueden suponer una gran ayuda para la economía de una familia con algún miembro en paro que convive con un dependiente, pero la función de esta ley no era dar ese apoyo económico sino atención a las personas en situación de dependencia.
Viendo cómo están las cosas caben dos opciones: aceptamos que en tiempos de crisis “los dineros de la dependencia” deben servir de colchón para los más desfavorecidos o, volvemos al inicio, cambiamos la Ley y hacemos desaparecer las prestaciones económicas para el cuidador familiar centrando todo el esfuerzo en la prestación de servicios profesionalizados.
A ver qué será.

jueves, 24 de septiembre de 2009

EL MODELO SUECO DE RESIDENCIAS

Inforesidencias.com, a través de eai|consultoria se consolida como organizadora de viajes geroasistenciales. Después de haber organizado en 2007 un primer viaje a Suecia y en 2008 a París para conocer otros modelos de atención a mayores, a principios de Septiembre una delegación del gobierno de Castilla León acompañados por un grupo de empresarios de la Asociación ACALERTE (que agrupa residencias para mayores de Castilla León y otros servicios a la dependencia) visitaron Estocolmo con la finalidad de estudiar el modelo sueco de atención a personas mayores en ese país escandinavo y detectar prácticas que pudieran ser trasladables o aprovechables.

El viaje de trabajo combinó los contactos con administraciones públicas, una asociación empresarial y varias residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio.

Demografía sueca


Suecia es un país de poco más de nueve millones de habitantes con un 17,4% de población de más de 65 años y un 5,3% de población de más de 80. Su tradición de atención social desde la administración les ha llevado a disponer de unos servicios de atención domiciliaria que alcanza al 10% de la población mayor (al 23% de los de más de 65 años) y unos servicios residenciales que alcanza al 6,2% de los mayores (el 16% de los mayores de 65).

Atención a la dependencia en Suecia



El modelo de atención residencial sueco consta de un tipo de apartamentos adaptados con algunos servicios para personas con baja dependencia y el equivalente de residencias asistidas para personas más adaptadas.
Durante la visita a Estocolmo, la delegación escuchó de la Asociación Sueca de Municipios y Provincias, lo descentralizado que está el país a nivel asistencial, algo común en los países escandinavos. Todas las competencias sobre atención social recaen en los ayuntamientos y los servicios sanitarios en las provincias. Estas administraciones deciden casi todos los aspectos de la atención existiendo legislación estatal básica y un sistema de financiación de ayuntamientos pequeños que no alcanzan a cubrir sus costes.

En el Ayuntamiento de Estocolomo y Solna, la delegación pudo escuchar, de boca de altos representantes políticos, como el modelo de atención pública se va deslizando hacia otro de financiación pública y prestación privada. Así, las empresas han empezado a prestar servicios de atención domiciliaria y residenciales bajo el principio de “libertad de elección”: el ciudadano tiene derecho a recibir el servicio y a elegir al proveedor. Lo curioso es que no se tiende a la atención privada para obtener una rebaja importante en el coste sino para potenciar la competencia entre proveedores y la opción del beneficiario.

En todas las visitas a responsables públicos apareció la misma pregunta: “¿pueden optar los dependientes por obtener dinero para el cuidado familiar en vez de servicios?”, la respuesta: en algunos casos se permite que la persona cuidadora “contrate laboralmente” aun cuidador que puede ser su familiar. Es algo realmente excepcional y siempre comportaría un contrato de trabajo.

La asociación de empresarios sueca explicó que el proceso de “privatización” de la gestión es todavía escaso, no llega al 15% y que ellos tienen la aspiración de que alcance el 50% en un futuro. Sus retos son competir de forma justa y que exista un modelo común. Algo muy curioso es que los grandes grupos gestores privados (Carema y Attendo) son empresas creadas a partir de la financiación de fondos de inversión.

Cómo es una residencia geriátrica en Suecia

El modelo de residencia sueca consiste en módulos de entre 8 y 20 residentes que viven en habitaciones individuales de unos 20 a 30m2 y que comparten un espacio común de unos 70 en los que hacen vida con un equipo profesional formado por enfermeras, auxiliares de enfermería y ayudantes de enfermería. También existen fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales más personal de mantenimiento y dirección. No hay más profesionales. Resulta sorprendente, en comparación con las residencias españolas la cantidad de metros cuadrados por residente.

Las preguntas que más se hacían los empresarios tenían que ver con los costes del sistema y el pago que recibían por parte de las administraciones y los residentes. La respuesta fue que en Suecia todas las residencias son públicas o tienen todas sus plazas concertadas con la administración.

Condiciones laborales y personal en las residencias suecas

Sobre los salarios, este es el datos que nos dieron desde la asociación de municipios y provincias. Se refiere a salario mensual (12 pagas al año) bruto y al que, en un 90% de los casos hay que añadir 170€ por “horario socialmente inconveniente”:
Profesional Salario mensual
Auxiliar 1.860€
Gerocultor 1.780€
Enfermera 2.450€
Fisioterapeuta 2.360€
Terapeuta ocupacional 2.310€
Supervisor 2.820€

Para hacerse una idea de los datos económicos de explotación de una residencia bastará con ver los que facilitó la residencia Lojtnansgarden que tiene 54 residentes de 89 años de media y que cuenta con un equipo de profesionales de 40 años de media compuesto por:
Profesional Jornadas completas
Auxiliares y gerocultores 41
Enfermera 4,5
Fisioterapeuta 1
Terapeuta ocupacional 0,75
Supervisor 1,75
Mantenimiento 1
Otro personal y externos Enfermería nocturna, administración, lavandería, cocina, limpieza.

Esto representa una ratio de 1 sin contar con los servicios externos.
La cuenta de explotación de la residencia, tal como la facilitó la residencia durante la presentación:
Ingresos
Por cuidados 1.646.400€
Por alquiler de las habitaciones 205.400€
Otros 3.200€
Total ingresos 1.854.900€

Estructura de gastos e ingresos de una residencia para mayores en Suecia

Costes directos -151.100€
Alquileres y costes del inmueble -416.300€
Otros costes: teléfono, informática, seguros, servicios externos -62.900€
Coste de personal -1.165.900€
Amortizaciones -45.200€
Beneficio de operación 13.500€

Gastos financieros 6.100€

Beneficio 7.400€

Los ingresos generados por los residentes dependen del nivel de atención que requieren, nivel que se obtiene al aplicar una escala que tienen en cuenta un test de AVD, la escala de Berger y unos test de comportamiento y de necesidades de atención.

Los precios que pagan las administraciones, según la información recibida de diferentes residencias, varía de un caso a otro. En Lojtnansgarden éstos son 121,6€/día para bajo nivel de atención, 174,30€ para el medio y 203,70€ para el alto.


Resumen del viaje geroasistencial a Suecia


En resumen, un viaje en el que los asistentes pudieron ver los pros y contras de un sistema, mucho más evolucionado que el Español (los servicios sociales nacen en Suecia en el siglo XIX) y que los propios suecos consideran que hay que cambiar para adaptarlo a la situación actual.  Cómo este sistema puede ayudar a las residencias de tercera edad de Madrid o

Inforesidencias.com, a través de eai|consultoria fue la encargada de coordinar el viaje consolidando una actividad que ya le ha llevado a organizar viajes a Suecia, junto con AMRTE (actualmente se llama AMADE) en 2007 y que, el próximo junio tendrá continuidad con un viaje geroasistencial a Suiza.

sábado, 12 de septiembre de 2009

PRECIOS RESIDENCIAS 2009

Cuando en 2002 elaboramos el primer estudio sobre el precio de las residencias privadas en España los datos que nos salían era que se podía encontrar una habitación individual con baño por 1.387€ al mes. Hoy día resulta difícil encontrar una por menos de 2.000€. Según el informe que hemos elaborado por quinta vez, el precio medio de una plaza es de 1.710€ al mes.

Estoy seguro que muchas personas conocedoras del sector que hayan leído el primer párrafo dudarán de la validez del informe. Lo cierto es que por 2.000 Euros en Madrid, tendrás mucha suerte si encuentras una habitación individual con baño. En cambio, en algunas otras comunidades todavía se ofrecen plazas bastante por debajo de esa cantidad.

Las estadísticas tienen esto, y cada vez resulta más difícil hacer estadísticas sobre nuestro sector refiriéndonos a “medias españolas”.

Sabíamos que antes de la Ley de Dependencia había una gran dispersión que impedía poder hablar de un derecho de ciudadanía que compartiésemos todos los ciudadanos. La Ley traería un “común denominador”, etc.. Al final parece que la Ley ha traído más dinero a repartir entre las comunidades autónomas según criterios de oportunidad para que cada una desarrolle su propio sistema, eso sí, con algún detalle común.

Y una muestra de ello la pone de manifiesto el informe de precios que acabamos de elaborar. No sólo siguen existiendo grandes diferencias en los precios privados que cobran las residencias en diferentes comunidades (llegan a ser de un 30% en algunas comunidades limítrofes), es que, también continua existiendo una gran variación en los precios que pagan las comunidades autónomas por los conciertos y una diferencia entre lo que se cobra por estancias públicas y privadas.

Los precios privados de las residencias han crecido algo por encima del IPC general y algo por debajo del IPC de servicios. Durante los últimos años, mientras las residencias incorporaban a su cuenta de resultados partidas hasta entonces inexistentes (protección de datos, seguridad e higiene, certificaciones de calidad, APPCC, legionela…) y veían como los convenios colectivos establecían subidas por encima de la inflación, sólo repercutían una parte de ese aumento en los nuevos residentes.

Ahora que a esta situación se ha unido la contracción en la demanda privada y la restricción crediticia sería hora de que, desde instancias gubernamentales se reconociese el esfuerzo realizado y se estableciese algún mecanismo de apoyo a un sector verdaderamente estratégico que sigue creando y manteniendo empleo estable, a pesar de todo.

Viendo la evolución de los precios y la dificultad que encuentran las residencias para poder subirlos (ya sea al cliente privado o al público). Quizás debería pensarse, desde los poderes públicos en un plan de apoyo que consistiese en tres ideas: facilidad para la obtención de créditos, pago de los conciertos en un máximo de 60 días y apoyo a las empresas para afrontar casos de morosidad por parte de los residentes (tanto los privados que dejan de pagar la cuota, como los de concierto que dejan de pagar su parte).
Ya que los precios no pueden subir lo que debieran, por lo menos apoyemos para que se cobren al día.

jueves, 10 de septiembre de 2009

¿UNA LEY PARA IGUALAR DERECHOS?

Parece que la discusión sobre la futura ley de dependencia sigue su curso. Su sinuoso y larguísimo curso, me atrevería a añadir yo.

La forma en que, hábilmente se ha llevado la discusión hacia la necesidad de disponer de una ley, cuando lo que verdaderamente hace falta es una partida presupuestaria, ha sido fabulosa.

Yo planteo la siguiente reflexión: Supongamos que las comunidades autónomas, competentes en sanidad y en servicios sociales, tuviesen recursos para contar con una tupida red, financiada públicamente, de servicios de teleasistencia, atención domiciliaria, centros de día, programas de apoyo a familias cuidadoras, residencias asistidas y, además existiesen suficientes servicios socio sanitarios (financiados también públicamente)al alcance de las personas mayores dependientes. ¿Se plantearía entonces alguien la necesidad de una ley de dependencia? Creo que no.

Muchos expertos argumentan correctamente que la Ley es necesaria para equiparar derechos ya que no puede ser que un murciano o un gallego acaben teniendo menos derechos que un navarro o un riojano. Además, dicen, la existencia de derechos diferentes en cada autonomía podría generar una especia de "emigración social" de personas mayores a la búsqueda de la comunidad con mayor reconocimiento de derechos y prestaciones.

Jurídicamente veo el argumento irreprochable. Aun así, no le veo demasiada sustancia. Que hoy los derechos de un alavés y un extremeño son diferentes es una realidad palpable e indiscutible. Que, en igualdad de condiciones recibe mayores servicios (y con mayor coste para la administración) un navarro que un canario es un hecho innegable. Eso pasa hoy, y nadie se rasga las vestiduras ni oímos hablar de la migración social, como un gran problema.

Como no vivo en Navarra ni en Álava (donde mas gasto social per cápita hay) me gustaría que existiese una ley para toda España que reconociese un homogéneo nivel de cobertura, tal como formalmente existe en la sanidad. Es más, me gustaría que el nivel de cobertura estatal correspondiese al navarro o alavés. Pero esto no es posible porque falta dinero.

El comité de expertos creado por el anterior gobierno para colaborar en la redacción de la futura ley de dependencia ha hecho un ímprobo trabajo calculando cual sería el coste de cubrir esta situación a nivel nacional. Si el actual gobierno encuentra la manera de sacar del presupuesto esa cantidad sin meternos de cabeza en la espiral del déficit recibirá felicitaciones y apoyos durante años. Si acabamos teniendo una ley nominalista que reconozca derechos iguales para todos sin financiación para sustentarlos. Nos quedaremos igual que hasta ahora pero con una ley muy bonita.

viernes, 24 de julio de 2009

MENTIRAS Y ESTADÍSTICAS

Las frases ingeniosas acaban a menudo teniendo muchos padres. Hace un tiempo, oí que había tres tipos de mentiras: “mentiras, patrañas y estadísticas”. Interesado por la paternidad de la ocurrencia entré en internet y descubrí que la frase original “lies, damn lies, and statistics" ha sido atribuida, en diferentes momentos al escritor Mark Twain, al primer ministro británico Disraeli o al economista Alfred Marshal. Podríamos hacer una estadística sobre a quién se le ha atribuido más pero, seguramente, acabaría siendo mentira.

Las estadísticas que está generando la aplicación de la Ley de Dependencia y la puesta en marcha del SAAD resultan tan ingentes, que a veces hay que detenerse un poco para separa el grano de la paja.

En el II Congreso de la FED que se celebró en Madrid los pasados 4 y 5 de junio escuchamos una pormenorizada explicación sobre qué prestaciones se están otorgando en las diferentes comunidades autónomas y supimos que la que más se presta es una que se llama “Pendiente de identificar” (38% de las prestaciones), seguida de la “excepcional” prestación económica para el cuidador familiar.

Otro “dato estadístico” sorprendente, extraído de información oficial y expuesto por Ignacio Fernández Cid fue que de los 184.000 cuidadores familiares “excepcionales” que reciben la prestación, sólo 67.000 se han dado de alta en la Seguridad Social por lo que, o bien ya estaban cotizando (y trabajando) o eran jubilados que cobran pensión. En consecuencia, ya que de momento están entrando bajo el paraguas de la cobertura los “dependientes más dependientes”, podemos concluir que 120.000 de ellos están siendo cuidados por un familiar jubilado o que tiene un trabajo.

Según datos de la administración del estado, la Ley de Dependencia ya ha creado 100.000 puestos de trabajo, según la FED, de momento no se han creado y según la comunidad de Madrid (en un acto posterior al congreso FED), la dependencia creará entre 300.000 y 400.000.

En diferentes momentos del congreso pudimos escuchar que en 2009 en conjunto de las administraciones gastarán en dependencia 1.600 millones de euros o 1.959. Cuando se entra en el desglose y cada comunidad explica lo que “pone” ella respecto a lo que “pone” el estado, las discrepancias alcanzan niveles siderales.

Viendo sólo los grandes números queda claro que se está gastando dinero y que existe un esfuerzo por poner en marcha el sistema. Hay una esperanza no oculta porque la dependencia sea uno de los motores para salir del marasmo, pero no podemos olvidar que el demonio habita en los detalles y que, si se pretende basar una buena parte del sistema en dar dinero para que personas sin preparación, ni supervisión cuiden en su casa a los dependientes, la mentira acabará saliendo a la luz.

Para acabar, otra estadística curiosa expuesta durante el congreso: En Japón, el sistema de atención a la dependencia sólo reconoce servicios profesionales, no prestaciones económicas para cuidadores. Esto supone que un 10% de los que solicita ayuda desista. ¿Qué pasaría si hiciésemos eso en España?

domingo, 19 de julio de 2009

TELEASISTENCIA PARA TODOS

Durante Los últimos meses la moda de “teleasistencia para todos” se empieza a imponer en España. Desde lugares tan dispares como Extremadura, Madrid o Valencia llegan noticias que hablan de la universalización de este servicio a todas las personas de cierta edad.

Parece que la teleasistencia generalizada ayudará a que los mayores permanezcan en su casa en vez de tener que utilizar recursos sociales más caros como las residencias, pero ¿será así? Personalmente soy bastante escéptico.

Me gustaría mucho que todos los mayores tuviesen un aparato de teleasistencia en su hogar; por un lado porque esto implicaría que a todas sus casas llega una línea telefónica, cosa de la que, según el panel de Hogares de la Unión Europea, carece una tercera parte de los hogares encabezados por un jubilado en España; pero sobre todo porque haría salir a la luz muchos casos realmente acuciantes de personas que malviven en domicilios inadecuados y con condiciones tan precarias que, sumadas a la dependencia, harían indispensable un traslado inmediato a una residencia. Situaciones que, hoy, en muchos casos pasan desapercibidas porque la ayuda de la familia y o de otras personas bienintencionadas hacen que lo lleguen a los servicios sociales y ya se sabe: “ojos que no ven..”.

¿Qué pasará cuando, gracias a la teleasistencia, lleguen a los call centers cientos de llamadas explicando situaciones que no se resuelven con una visita o un ingreso hospitalario? Pues quizá acabará pasando lo mismo que en Holanda, Dinamarca o Suecia (donde el servicio está muy extendido como medida preventiva): Que un altísimo índice de teleasistencia coincide con una ratio de atención domiciliaria y de residencias de las más altas del mundo.

Si los que promueven la universalización lo hacen pensando en detectar con agilidad los problemas cuando surjan y arbitrar soluciones rápidas: ¡Felicidades! Si creen que la teleasistencia es en sí una solución a la dependencia: Pues ya veremos.

Mientras tanto, ojalá se extienda la moda ya que, sea cual sea la voluntad de los promotores, una vez abierta la caja de Pandora ya no podrá cerrarse.

miércoles, 24 de junio de 2009

MENTIRAS Y ESTADÍSTICAS

Las frases ingeniosas acaban a menudo teniendo muchos padres. Hace un tiempo, oí que había tres tipos de mentiras: “mentiras, patrañas y estadísticas”. Interesado por la paternidad de la ocurrencia entré en internet y descubrí que la frase original “lies, damn lies, and statistics" ha sido atribuida, en diferentes momentos al escritor Mark Twain, al primer ministro británico Disraeli o al economista Alfred Marshal. Podríamos hacer una estadística sobre a quién se le ha atribuido más pero, seguramente, acabaría siendo mentira.

Las estadísticas que está generando la aplicación de la Ley de Dependencia y la puesta en marcha del SAAD resultan tan ingentes, que a veces hay que detenerse un poco para separa el grano de la paja.

En el II Congreso de la FED que se celebró en Madrid los pasados 4 y 5 de junio escuchamos una pormenorizada explicación sobre qué prestaciones se están otorgando en las diferentes comunidades autónomas y supimos que la que más se presta es una que se llama “Pendiente de identificar” (38% de las prestaciones), seguida de la “excepcional” prestación económica para el cuidador familiar.

Otro “dato estadístico” sorprendente, extraído de información oficial y expuesto por Ignacio Fernández Cid fue que de los 184.000 cuidadores familiares “excepcionales” que reciben la prestación, sólo 67.000 se han dado de alta en la Seguridad Social por lo que, o bien ya estaban cotizando (y trabajando) o eran jubilados que cobran pensión. En consecuencia, ya que de momento están entrando bajo el paraguas de la cobertura los “dependientes más dependientes”, podemos concluir que 120.000 de ellos están siendo cuidados por un familiar jubilado o que tiene un trabajo.

Según datos de la administración del estado, la Ley de Dependencia ya ha creado 100.000 puestos de trabajo, según la FED, de momento no se han creado y según la comunidad de Madrid (en un acto posterior al congreso FED), la dependencia creará entre 300.000 y 400.000.

En diferentes momentos del congreso pudimos escuchar que en 2009 en conjunto de las administraciones gastarán en dependencia 1.600 millones de euros o 1.959. Cuando se entra en el desglose y cada comunidad explica lo que “pone” ella respecto a lo que “pone” el estado, las discrepancias alcanzan niveles siderales.

Viendo sólo los grandes números queda claro que se está gastando dinero y que existe un esfuerzo por poner en marcha el sistema. Hay una esperanza no oculta porque la dependencia sea uno de los motores para salir del marasmo, pero no podemos olvidar que el demonio habita en los detalles y que, si se pretende basar una buena parte del sistema en dar dinero para que personas sin preparación, ni supervisión cuiden en su casa a los dependientes, la mentira acabará saliendo a la luz.

Para acabar, otra estadística curiosa expuesta durante el congreso: En Japón, el sistema de atención a la dependencia sólo reconoce servicios profesionales, no prestaciones económicas para cuidadores. Esto supone que un 10% de los que solicita ayuda desista. ¿Qué pasaría si hiciésemos eso en España?

viernes, 12 de junio de 2009

CRISIS EN EL SECTOR GEROASISTENCIAL

Este principio de junio ha venido marcado por el II Congreso de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, que contó como secretaría científica con eai|consultoria. Que 500 empresarios se encuentren para hablar del sector es ya en sí relevante. Que, durante las ponencias hayan aparecido tan grandes interrogantes se convierte en preocupante.

Unas semanas antes, en las V Jornadas anuales de Inforesidencias.com ya se había puesto de manifiesto la preocupación que tenían muchas residencias de tamaño medio y pequeño por su supervivencia, una vez se aprueben definitivamente los criterios de acreditación de la Ley de Dependencia.

Parece que la gran confianza que se había depositado en la Ley de Dependencia ha sido arrastrada por el vendaval de la crisis. Si hace tres años existía un gran optimismo económico que permitía comprometer elevadas cantidades de dinero en la constitución del SAAD, hoy el sistema empieza a mostrar grietas y parece que no hay argamasa para taparlas.

Una de las dudas que se puso de manifiesto en el congreso de la FED es cuántas plazas residenciales “faltan” o “sobran” en el sistema. Así, de claro y así de contradictorio. Por un lado parece que la aplicación hará necesaria la construcción y puesta en funcionamiento de varias decenas de miles, por otro, según expuso el presidente de AMRTE, hay estudios que indican que existen 100.000 plazas libres en España y que muchas de ellas tendrán serias dificultades para llenarse.

En un congreso de contrastes escuchamos al presidente de la FED pedir la existencia de un marco estable con elementos comunes para todo el Estado mientras que un alto cargo del IMSERSO recordaba que la competencia de servicios sociales es de las comunidades autónomas por lo que la Ley sólo puede regular lo más esencial, el elemento común que es el acceso al sistema. También oímos a los empresarios pedir que se paralice la entrada de nuevos niveles de dependencia bajo el paraguas de la cobertura de la Ley debido a que, según uno de los ponentes, el sistema es hoy insostenible y arrastrará a finales de 2010 un déficit de 14.000 millones de Euros.

Pero, lo que sin duda fue la estrella del congreso y que se incardina directamente con una situación percibida como de crisis fue la utilización que se está dando de la prestación económica para el cuidado del dependiente en el entorno familiar por parte de un cuidador no profesional.

Los argumentos presentados fueron los mismos que ya hemos escuchado en otros foros.

Por parte empresarial:

• Que resulta poco ajustado a la Ley, e incluso directamente, ilegal, que una medida que se define como “excepcional” acabe siendo la que más se está reconociendo.
• Que no resulta lógico poner a los más dependientes al cuidado de personas sin preparación y que en muchos casos son jubilados o personas que trabajan además de cuidar.
• Que esta medida, en vez de generar empleo, lo destruye.

Por parte de la administración:
• Que la inmensa mayoría de dependientes prefieren quedarse en casa siendo cuidados por un familiar y así lo manifiestan. La ley indica que en la redacción del programa individual de atención tienen derecho a participar el dependiente por lo que la voluntad del mismo debe ser tenida en cuenta.
• Que en muchos países, cuando se pone en marcha una Ley de Dependencia los ciudadanos empiezan pidiendo ayudas económicas y después tienden a pedir más servicios.
• Que actualmente no existen suficientes servicios.

Del resto de mesas y conferencias podría destacarse que el sector de la atención a personas mayores dependientes en España está viviendo un momento de zozobra, producido en parte por la incipiente aplicación del sistema de atención a la dependencia (¿Cómo será la acreditación y los requisitos de calidad?, ¿quién asumirá el coste de la capacitación de los gerocultores?, ¿cómo acabará estableciéndose la coordinación sociosanitaria?); por la crisis económica con la consecuente restricción crediticia que afecta a las empresas y entidades (agravada según los empresarios por los retrasos de las administraciones en el pago de los conciertos) y por otros motivos de diferente entidad que confluyen con los dos anteriores.

Pero, aunque podría parecer que todo era derrotismo, entre tantos interrogantes y dilemas, Vicenç Vicente, presidente de la patronal catalana ACRA dio una nota de proporción al recordar que, en todo el tiempo que lleva trabajando en el sector siempre ha oído decir que había crisis por lo que los problemas de hoy son eso, el obstáculo que toca salvar.

Coautores, Quico Mañós y Josep de Martí

domingo, 24 de mayo de 2009

PRECIOS DE RESIDENCIAS PÚBLICAS

¿Son mejores las residencias de hoy que las de hace cinco años? La revista Consumer Eroski parece haber encontrado una respuesta a esta pregunta y ha decidido publicarla en su segundo informe (el primero fue en 2005) con el título “sigue habiendo poca plazas y cada vez son más caras”. Para redactarlo han visitado 125 residencias públicas, concertadas y privadas, concluyendo que la calidad ha mejorado e indicando que la mejor opción es hoy ingresar en una residencia pública o concertada.

Vale la pena leer el informe y pararse en un detalle: Los centros públicos tienen un precio medio de 1.174 Euros al mes frente a los 1500 de los privados (resultados parecidos a los del último informe de precios de residencias privadas de Inforesidencias.com que situaba el precio en unos 1.600€/mes). Pero ¿cuál es el coste de atender a los residentes que viven en residencia públicas? Esto, lógicamente, no aparece aunque yo me atrevería a apuntar que muy pocas plazas públicas gestionadas por la administración tienen un coste real inferior a los 3000€ que acaban saliendo en su mayor parte del presupuesto público.

Siguiendo con el informe, el 87% de las residencias públicas obtienen una calificación de “muy bien” frente a un 84% de las concertadas y un 73% de las privadas.

Hasta aquí todo muy bien pero, ¿se atrevería alguien a dar el siguiente paso y plantear una comparación “coste/resultado” entre los diferentes tipos de residencia? O sea, comparar cuánto le cuesta a la administración el mantenimiento de las plazas públicas y concertadas (y a los mayores la estancia en una residencia privada) viendo después el nivel de servicio que se recibe por ese precio. Para poder hacer esa comparación necesitaríamos para empezar algún dato más que no nos ofrece el informe ya que sería conveniente considerar por separado las residencias públicas gestionadas por la propia administración y aquéllas que tienen la gestión encomendada a una empresa.

Imaginemos que, después de obtener esos datos llegásemos a la conclusión que una plaza en una residencia pública gestionada por la administración cuesta 3.200€ al mes, una pública gestionada por una empresa 2.000€, una plaza concertada 1.700€ y una privada 1.500€. Sigamos imaginando y pensemos que descubriéramos que el nivel de calidad es parecido entre los tres primeros tipos y baja un poco en el cuarto. ¿Se imaginan cómo ayudaría a todos a comparar y a elegir?. Por desgracia no sabemos cuánto le cuesta a las administraciones una plaza de las públicas gestionadas directamente y, también por desgracia, a parte de iniciativas como las de Eroski, no tenemos estudios objetivos que nos permitan comparar los centros.

Si no se acompaña la comparación “objetiva” con una reflexión de “coste”, podría parecer que las residencias privadas cuestan más y son peores. Estoy seguro que muchas personas de las que han leído el informe sin más información, pensarán que las residencias públicas, por poco más de 1.100 Euros, dan mejores servicios que las privadas que encima son más caras. Estas personas acabarán, seguramente con la idea de que los empresarios del sector están haciendo algo incorrecto. Esto no sólo no es cierto sino que además puede abonar argumentos contrarios a la prestación privada de servicios de atención a mayores, un elemento sin el cual no será posible el desarrollo del sistema de dependencia.

viernes, 24 de abril de 2009

CONTRADICCIÓN IMPASIBLE

Esto de asistir a jornadas y congresos sobre el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia se está empezando a convertir en un agradable pasatiempo. Una buena jornada tiene siempre a políticos, a poder ser de partidos diferentes que ofrecen datos, (con muchos números y gráficos) totalmente fiables aunque contradictorios entre los de unos y otros. Se acusan sin nombrarse de deslealtad y reclaman la cooperación de todos para que el desarrollo de la Ley sea un éxito. A veces, un representante de profesionales o patronales incomoda a las administraciones recordándoles que están aplicando mal la Ley al dar tantas ayudas económicas. Menos a menudo, un orador ocurrente mantiene la atención del público durante unos minutos e incluso les hace reír. Casi siempre, vuelves a casa con la idea de que algo se está haciendo pero no todo lo que se podría.

El II Foro Nacional de Derechos Sociales y Dependencias organizado en enero por el Consejo General de Diplomados en Trabajo aportó una novedad interesente que yo denominaría “la contradicción impasible”. En la mesa de presentación, Don Pedro Cerolo, concejal socialista del ayuntamiento de Madrid, hizo un encendido alegato a favor de los servicios sociales públicos de gestión directa. Su idea principal: en tiempos de crisis es cuando uno se sitúa de verdad a favor de los servicios públicos, esto es, contra la privatización de los mismos (posición progresista y de izquierdas) o a favor del recorte de gastos y la entrada de empresas (posición que defienden los “talibanes de lo privado”). Lo que tienen que hacer las administraciones, según Pedro Cerolo, no es concertar plazas o dar a gestión los centros públicos, sino inspeccionar y comprobar a fondo a las empresas que prestan servicios sociales para evitar abusos. En resumen, una opinión que he escuchado mil veces en diferentes foros y que he discutido en algunos de ellos.

Pero lo curioso y divertido no fue la intervención del concejal sino que, en las horas siguientes, los representantes del gobierno de Aragón y Baleares (correligionarios suyos) nos hablasen de las nuevas leyes de servicios sociales que están redactando y que acaban con la prohibición de concertación con la iniciativa privada y la gestión indirecta de centros públicos. O sea, que lo bueno es cambiar las Leyes para poder dar entrada a las empresas en el campo de la atención pública a mayores.

¿Se han vuelto los gobiernos aragonés y balear en “talibanes de lo privado”? No lo creo aunque nada comentaron de las palabras del diputado madrileño ante la que permanecieron en posición de “contradicción impasible”.

Como en tantas ocasiones se ha observado. La diferencia del discurso no la marca la ideología o el partido a que se pertenece sino el hecho de tener o no responsabilidades de gobierno. Los gestores públicos (sean de las siglas que sean) saben que tienen que garantizar con fondos públicos que los ciudadanos reciban los servicios e intentan que esto suceda de la forma más eficiente. Los políticos de la oposición saben que todavía hoy funciona el espantajo de “la privatización”.

Quizás un día el señor Cerolo sea concejal o consejero de servicios sociales. No me cuesta nada imaginarle entonces, firmando un concierto de plazas mientras escucha a Presuntos Implicados cantar “cómo hemos cambiado”.

Autor:  Josep de Martí

martes, 24 de febrero de 2009

PICOS, PALAS Y AZADONES..

Cuentan que el Gran Capitán, requerido por Fernando el Católico a presentar las cuentas detalladas de los gastos que había tenido durante una victoriosa campaña que culminó con la conquista de Nápoles, molesto por tener que entrar en detalles, presentó un documento entre jocoso e irónico que empezaba diciendo picos, palas y azadones, cien millones de ducados y seguía con frases como por reponer las campanas averiadas a causa del continuo repicar a victoria, ciento setenta mil ducados. Desde entonces “las cuentas del Gran Capitán” o la frase “picos, palas y azadones, cien millones” se utilizan como expresión irónica de toda justificación de gastos desorbitados, incoherentes y arbitrarios.

No sé por qué me ha venido a la cabeza esta anécdota cuando he leído una noticia aparecida en el Heraldo de Soria de 28 de diciembre de 2009 según la cual la Diputación Provincial se gasta una cuarta parte de su presupuesto de servicios sociales en mantener 350 plazas en 5 residencias públicas. Esto representa 16,8 millones de Euros.

Sólo hace falta sacar una calculadora para averiguar que cada una de las 350 plazas públicas le cuesta a la Diputación 4.000 Euros al mes y que cada empleado de una residencia del Burgo de Osma, de la que el artículo entra en más detalle, supone casi 3.000 Euros mensuales al erario público soriano.

Es indiscutible que las administraciones han de garantizar que haya plazas residenciales de calidad para personas dependientes. También lo es, que existen diferentes modelos de gestión entre los que puede optar cada administración para cumplir con su obligación. Pero no lo es menos que los poderes públicos están obligados por la Constitución a gastar de acuerdo con principios de eficiencia y economía.

Pongamos que, en vez de elegir la gestión pública se optase por contratar empresas para gestionar las residencias o, directamente por concertar plazas. Es muy posible que por 1.800 Euros/mes, encontrásemos más de una empresa (y más de dos) dispuestas a construir y gestionar centros. Pues bien, en ese caso, en vez de dar atención a 350 personas, con el mismo dinero se podría llegar a las 777.

Sin duda, si la Diputación no lo hace es porque es prisionera de su pasado. Es su día construyó residencias públicas y las empezó a gestionar directamente. Convertirlas hoy en centros de gestión privada generaría con seguridad conflictos laborales y de otros tipos que dan mucho miedo a los gobernantes. Es más sencillo gastar en el cuidado de 350 personas lo que cuesta cuidar a 700 que coger el toro por los cuernos y afrontar la situación. Los 350 no atendidos no son conscientes y no se quejarán.

También quedaría la opción de exigir cuentas a la gestión pública para saber cómo puede costar 4.000€ al mes la plaza pero correríamos el riesgo de que nos dijesen: sillas, camas y edredones, cien millones

sábado, 24 de enero de 2009

CHILE: TAN LEJOS Y TAN CERCA

Tener la ocasión de visitar Chile supone un verdadero placer. Hacerlo invitado por una embrionaria “Asociación Gremial de Establecimientos de Larga Estadía para el Adulto Mayor” (AGELEAM), supone un privilegio. Y es que Chile sorprende de forma espectacular al españolito ignorante que piensa que todo lo iberoamericano es atrasado y pintoresco (categoría en la que, hasta ahora me encontraba).

Con catorce millones de habitantes (seis de los cuales viven en Santiago), una tasa de envejecimiento del 11% y un nivel de vida más alto del de sus vecinos. Chile ha visto en los últimos años nacer un nuevo sector económico. El de las residencias geriátricas.
La AGELEAM me invitó, junto con el presidente de AMRTE a impartir dos conferencias sobre el desarrollo del sector en España y como el asociacionismo había supuesto una oportunidad de avanzar. La intención de las jornadas era fomentar la “asociatividad” y, durante las mismas, sorprendió que tanto la Universidad como el gobierno chileno como los propios empresarios estuviesen de acuerdo en fomentar la existencia de una “Asociación gremial” que sirviese de interlocutor con las administraciones, empresas o trabajadores.

El sector de las residencias está formado básicamente por pequeños empresarios con centros de menos de 25 plazas situados en viviendas adaptadas. Los propietarios trabajan en las residencias y acaban haciendo “de todo”. Hay unas pocas residencias más grandes y ninguna perteneciente a grupos empresariales. Las administraciones locales y estatal trabajan en la creación de una norma específica para residencias y en unos criterios de acreditación y calidad que permitan en un futuro concertar plazas en el marco de un proyecto de Ley de Dependencia y, entre las dificultades con las que viven las residencias se encuentra la de encontrar personal cualificado que quiera trabajar en el sector con los salarios que pagan. ¿Suena familiar?

En los turnos de palabras la sensación de déjà vu se fue incrementando: Los empresarios se quejaban de que la administración se está basando a la hora de plantear la nueva norma en estudios que no reflejan la situación real del sector; la sanidad pública discrimina a los residentes respecto a los mayores que viven en sus casas; el IVA que pagan las residencias (19%) es excesivo y debería bajarse…

Cuando les dijimos que exactamente las mismas quejas son planteadas por los empresarios españoles a las administraciones desde hace más de quince años nos preguntaron cómo lo habíamos resuelto. Nuestra cara de desánimo les sirvió de respuesta.

Volamos once mil kilómetros en cada trayecto para explicarles cómo habíamos hecho las cosas en España. Quizás dentro de quince años tendremos que volver a ver si podemos aprender viendo como ellos han andado un camino similar al nuestro.