jueves, 24 de septiembre de 2009

EL MODELO SUECO DE RESIDENCIAS

Inforesidencias.com, a través de eai|consultoria se consolida como organizadora de viajes geroasistenciales. Después de haber organizado en 2007 un primer viaje a Suecia y en 2008 a París para conocer otros modelos de atención a mayores, a principios de Septiembre una delegación del gobierno de Castilla León acompañados por un grupo de empresarios de la Asociación ACALERTE (que agrupa residencias para mayores de Castilla León y otros servicios a la dependencia) visitaron Estocolmo con la finalidad de estudiar el modelo sueco de atención a personas mayores en ese país escandinavo y detectar prácticas que pudieran ser trasladables o aprovechables.

El viaje de trabajo combinó los contactos con administraciones públicas, una asociación empresarial y varias residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio.

Demografía sueca


Suecia es un país de poco más de nueve millones de habitantes con un 17,4% de población de más de 65 años y un 5,3% de población de más de 80. Su tradición de atención social desde la administración les ha llevado a disponer de unos servicios de atención domiciliaria que alcanza al 10% de la población mayor (al 23% de los de más de 65 años) y unos servicios residenciales que alcanza al 6,2% de los mayores (el 16% de los mayores de 65).

Atención a la dependencia en Suecia



El modelo de atención residencial sueco consta de un tipo de apartamentos adaptados con algunos servicios para personas con baja dependencia y el equivalente de residencias asistidas para personas más adaptadas.
Durante la visita a Estocolmo, la delegación escuchó de la Asociación Sueca de Municipios y Provincias, lo descentralizado que está el país a nivel asistencial, algo común en los países escandinavos. Todas las competencias sobre atención social recaen en los ayuntamientos y los servicios sanitarios en las provincias. Estas administraciones deciden casi todos los aspectos de la atención existiendo legislación estatal básica y un sistema de financiación de ayuntamientos pequeños que no alcanzan a cubrir sus costes.

En el Ayuntamiento de Estocolomo y Solna, la delegación pudo escuchar, de boca de altos representantes políticos, como el modelo de atención pública se va deslizando hacia otro de financiación pública y prestación privada. Así, las empresas han empezado a prestar servicios de atención domiciliaria y residenciales bajo el principio de “libertad de elección”: el ciudadano tiene derecho a recibir el servicio y a elegir al proveedor. Lo curioso es que no se tiende a la atención privada para obtener una rebaja importante en el coste sino para potenciar la competencia entre proveedores y la opción del beneficiario.

En todas las visitas a responsables públicos apareció la misma pregunta: “¿pueden optar los dependientes por obtener dinero para el cuidado familiar en vez de servicios?”, la respuesta: en algunos casos se permite que la persona cuidadora “contrate laboralmente” aun cuidador que puede ser su familiar. Es algo realmente excepcional y siempre comportaría un contrato de trabajo.

La asociación de empresarios sueca explicó que el proceso de “privatización” de la gestión es todavía escaso, no llega al 15% y que ellos tienen la aspiración de que alcance el 50% en un futuro. Sus retos son competir de forma justa y que exista un modelo común. Algo muy curioso es que los grandes grupos gestores privados (Carema y Attendo) son empresas creadas a partir de la financiación de fondos de inversión.

Cómo es una residencia geriátrica en Suecia

El modelo de residencia sueca consiste en módulos de entre 8 y 20 residentes que viven en habitaciones individuales de unos 20 a 30m2 y que comparten un espacio común de unos 70 en los que hacen vida con un equipo profesional formado por enfermeras, auxiliares de enfermería y ayudantes de enfermería. También existen fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales más personal de mantenimiento y dirección. No hay más profesionales. Resulta sorprendente, en comparación con las residencias españolas la cantidad de metros cuadrados por residente.

Las preguntas que más se hacían los empresarios tenían que ver con los costes del sistema y el pago que recibían por parte de las administraciones y los residentes. La respuesta fue que en Suecia todas las residencias son públicas o tienen todas sus plazas concertadas con la administración.

Condiciones laborales y personal en las residencias suecas

Sobre los salarios, este es el datos que nos dieron desde la asociación de municipios y provincias. Se refiere a salario mensual (12 pagas al año) bruto y al que, en un 90% de los casos hay que añadir 170€ por “horario socialmente inconveniente”:
Profesional Salario mensual
Auxiliar 1.860€
Gerocultor 1.780€
Enfermera 2.450€
Fisioterapeuta 2.360€
Terapeuta ocupacional 2.310€
Supervisor 2.820€

Para hacerse una idea de los datos económicos de explotación de una residencia bastará con ver los que facilitó la residencia Lojtnansgarden que tiene 54 residentes de 89 años de media y que cuenta con un equipo de profesionales de 40 años de media compuesto por:
Profesional Jornadas completas
Auxiliares y gerocultores 41
Enfermera 4,5
Fisioterapeuta 1
Terapeuta ocupacional 0,75
Supervisor 1,75
Mantenimiento 1
Otro personal y externos Enfermería nocturna, administración, lavandería, cocina, limpieza.

Esto representa una ratio de 1 sin contar con los servicios externos.
La cuenta de explotación de la residencia, tal como la facilitó la residencia durante la presentación:
Ingresos
Por cuidados 1.646.400€
Por alquiler de las habitaciones 205.400€
Otros 3.200€
Total ingresos 1.854.900€

Estructura de gastos e ingresos de una residencia para mayores en Suecia

Costes directos -151.100€
Alquileres y costes del inmueble -416.300€
Otros costes: teléfono, informática, seguros, servicios externos -62.900€
Coste de personal -1.165.900€
Amortizaciones -45.200€
Beneficio de operación 13.500€

Gastos financieros 6.100€

Beneficio 7.400€

Los ingresos generados por los residentes dependen del nivel de atención que requieren, nivel que se obtiene al aplicar una escala que tienen en cuenta un test de AVD, la escala de Berger y unos test de comportamiento y de necesidades de atención.

Los precios que pagan las administraciones, según la información recibida de diferentes residencias, varía de un caso a otro. En Lojtnansgarden éstos son 121,6€/día para bajo nivel de atención, 174,30€ para el medio y 203,70€ para el alto.


Resumen del viaje geroasistencial a Suecia


En resumen, un viaje en el que los asistentes pudieron ver los pros y contras de un sistema, mucho más evolucionado que el Español (los servicios sociales nacen en Suecia en el siglo XIX) y que los propios suecos consideran que hay que cambiar para adaptarlo a la situación actual.  Cómo este sistema puede ayudar a las residencias de tercera edad de Madrid o

Inforesidencias.com, a través de eai|consultoria fue la encargada de coordinar el viaje consolidando una actividad que ya le ha llevado a organizar viajes a Suecia, junto con AMRTE (actualmente se llama AMADE) en 2007 y que, el próximo junio tendrá continuidad con un viaje geroasistencial a Suiza.

sábado, 12 de septiembre de 2009

PRECIOS RESIDENCIAS 2009

Cuando en 2002 elaboramos el primer estudio sobre el precio de las residencias privadas en España los datos que nos salían era que se podía encontrar una habitación individual con baño por 1.387€ al mes. Hoy día resulta difícil encontrar una por menos de 2.000€. Según el informe que hemos elaborado por quinta vez, el precio medio de una plaza es de 1.710€ al mes.

Estoy seguro que muchas personas conocedoras del sector que hayan leído el primer párrafo dudarán de la validez del informe. Lo cierto es que por 2.000 Euros en Madrid, tendrás mucha suerte si encuentras una habitación individual con baño. En cambio, en algunas otras comunidades todavía se ofrecen plazas bastante por debajo de esa cantidad.

Las estadísticas tienen esto, y cada vez resulta más difícil hacer estadísticas sobre nuestro sector refiriéndonos a “medias españolas”.

Sabíamos que antes de la Ley de Dependencia había una gran dispersión que impedía poder hablar de un derecho de ciudadanía que compartiésemos todos los ciudadanos. La Ley traería un “común denominador”, etc.. Al final parece que la Ley ha traído más dinero a repartir entre las comunidades autónomas según criterios de oportunidad para que cada una desarrolle su propio sistema, eso sí, con algún detalle común.

Y una muestra de ello la pone de manifiesto el informe de precios que acabamos de elaborar. No sólo siguen existiendo grandes diferencias en los precios privados que cobran las residencias en diferentes comunidades (llegan a ser de un 30% en algunas comunidades limítrofes), es que, también continua existiendo una gran variación en los precios que pagan las comunidades autónomas por los conciertos y una diferencia entre lo que se cobra por estancias públicas y privadas.

Los precios privados de las residencias han crecido algo por encima del IPC general y algo por debajo del IPC de servicios. Durante los últimos años, mientras las residencias incorporaban a su cuenta de resultados partidas hasta entonces inexistentes (protección de datos, seguridad e higiene, certificaciones de calidad, APPCC, legionela…) y veían como los convenios colectivos establecían subidas por encima de la inflación, sólo repercutían una parte de ese aumento en los nuevos residentes.

Ahora que a esta situación se ha unido la contracción en la demanda privada y la restricción crediticia sería hora de que, desde instancias gubernamentales se reconociese el esfuerzo realizado y se estableciese algún mecanismo de apoyo a un sector verdaderamente estratégico que sigue creando y manteniendo empleo estable, a pesar de todo.

Viendo la evolución de los precios y la dificultad que encuentran las residencias para poder subirlos (ya sea al cliente privado o al público). Quizás debería pensarse, desde los poderes públicos en un plan de apoyo que consistiese en tres ideas: facilidad para la obtención de créditos, pago de los conciertos en un máximo de 60 días y apoyo a las empresas para afrontar casos de morosidad por parte de los residentes (tanto los privados que dejan de pagar la cuota, como los de concierto que dejan de pagar su parte).
Ya que los precios no pueden subir lo que debieran, por lo menos apoyemos para que se cobren al día.

jueves, 10 de septiembre de 2009

¿UNA LEY PARA IGUALAR DERECHOS?

Parece que la discusión sobre la futura ley de dependencia sigue su curso. Su sinuoso y larguísimo curso, me atrevería a añadir yo.

La forma en que, hábilmente se ha llevado la discusión hacia la necesidad de disponer de una ley, cuando lo que verdaderamente hace falta es una partida presupuestaria, ha sido fabulosa.

Yo planteo la siguiente reflexión: Supongamos que las comunidades autónomas, competentes en sanidad y en servicios sociales, tuviesen recursos para contar con una tupida red, financiada públicamente, de servicios de teleasistencia, atención domiciliaria, centros de día, programas de apoyo a familias cuidadoras, residencias asistidas y, además existiesen suficientes servicios socio sanitarios (financiados también públicamente)al alcance de las personas mayores dependientes. ¿Se plantearía entonces alguien la necesidad de una ley de dependencia? Creo que no.

Muchos expertos argumentan correctamente que la Ley es necesaria para equiparar derechos ya que no puede ser que un murciano o un gallego acaben teniendo menos derechos que un navarro o un riojano. Además, dicen, la existencia de derechos diferentes en cada autonomía podría generar una especia de "emigración social" de personas mayores a la búsqueda de la comunidad con mayor reconocimiento de derechos y prestaciones.

Jurídicamente veo el argumento irreprochable. Aun así, no le veo demasiada sustancia. Que hoy los derechos de un alavés y un extremeño son diferentes es una realidad palpable e indiscutible. Que, en igualdad de condiciones recibe mayores servicios (y con mayor coste para la administración) un navarro que un canario es un hecho innegable. Eso pasa hoy, y nadie se rasga las vestiduras ni oímos hablar de la migración social, como un gran problema.

Como no vivo en Navarra ni en Álava (donde mas gasto social per cápita hay) me gustaría que existiese una ley para toda España que reconociese un homogéneo nivel de cobertura, tal como formalmente existe en la sanidad. Es más, me gustaría que el nivel de cobertura estatal correspondiese al navarro o alavés. Pero esto no es posible porque falta dinero.

El comité de expertos creado por el anterior gobierno para colaborar en la redacción de la futura ley de dependencia ha hecho un ímprobo trabajo calculando cual sería el coste de cubrir esta situación a nivel nacional. Si el actual gobierno encuentra la manera de sacar del presupuesto esa cantidad sin meternos de cabeza en la espiral del déficit recibirá felicitaciones y apoyos durante años. Si acabamos teniendo una ley nominalista que reconozca derechos iguales para todos sin financiación para sustentarlos. Nos quedaremos igual que hasta ahora pero con una ley muy bonita.