sábado, 24 de octubre de 2009

ESTADISTICAS, MENTIRAS Y UN 1%

Desde que los propietarios de El País se enfadaron con el presidente del Gobierno por el tema del fútbol y la TDT este diario está ofreciendo informaciones sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia que, hace sólo unos meses nos hubiesen obligado a volver a mirar la cabecera para asegurarnos qué periódico estábamos leyendo.
Y es que hay formas y formas de decir las cosas. En pocos días hemos leído en El País que “La Ley de Dependencia financia de forma irregular a miles de usuarios”, que “Tres años después de aprobar la ley aún se desconoce el número de beneficiarios” o que “La Ley de Dependencia perpetúa el cuidado de ancianos en su casa”.
Dejando de lado la cuestión político/periodística lo que dice El País es bien cierto. Una vez han desaparecido de las estadísticas del Sistema de la Dependencia las prestaciones sin identificar sabemos que más de la mitad de las ayudas que se están dando corresponden al fomento del cuidado informal. Eso, si nos creemos los números, pero, ¿podemos hacerlo? Parece ser que no.
Para empezar, algo tan sutil como seguir contando a los muertos tras su deceso podría estar alterando en más de 50.000 el número beneficiarios que aparecen en las tablas.
Quienes se han dedicado a destripar las cifras del SISAAD han encontrado muy sospechoso, sino sencillamente farsario, que coincidan el número de prestaciones concedidas y el de personas receptoras, ¿Por qué?, porque es palmario que hay personas que reciben más de una prestación. El ejemplo más sencillo es la teleasistencia: “Si hasta ahora sólo entran los grandes dependientes y los que tienen dependencia severa, ¿es creible que haya dependientes que sólo estén recibiendo teleasistencia?” No. Otro ejemplo, ¿No hay nadie compatibilizando ayuda a domicilio y centro de día?, si hacemos caso a las estadísticas, no. La realidad en cambio nos dice que sí.
Si aceptamos que el “pastel estadístico” huele mal tendríamos que preguntarnos quién tiene la culpa: quien ha facilitado los ingredientes (o sea las comunidades autónomas que dan los datos) o el cocinero que ha horneado la tarta (el Ministerio). La cuestión es difícil y creo que lo será más con el tiempo ya que a todos les va bien que los ciudadanos no acabemos de enterarnos de cómo va la cosa.
Lo único cierto e incuestionable es que la Ley de Dependencia va por el camino de convertirse en la Ley del apoyo al cuidador informal. Si pudiésemos hacer caso de los datos de Octubre resulta que el 51% de las ayudas de la Ley son prestaciones para el cuidador no profesional (239.100), de éstas 90.300 han generado un alta en la seguridad social, o sea que 148.000 son persona que pueden ser jubiladas, cotizantes a la seguridad social en activo, en paro o en excedencia para el cuidado del familiar. ¿No necesitarían estos datos un poco más de “análisis estadístico”? De momento no parece una prioridad.
La única estadística que es incuestionable y, al parecer irremediable es la que nos dice que, después de años insistiendo en que se cambiase el IVA de las residencias lo hemos conseguido, sólo que al revés. A partir de julio de 2009 en vez de bajar al 4% éste subirá un 1% hasta llegar al 8%. Por lo menos el gobierno nos ofrece un dato que nos podemos creer.

54 EUROS QUE EXPLICAN UNA LEY

Por si a alguien le quedaba alguna duda sobre cómo se está aplicando la Ley de Dependencia en España, una noticia publicada en el periódico asturiano La Nueva España aclara la situación.
Resulta que un hombre de 52 años de Castrillón con secuelas graves provocadas por un accidente tramita su valoración del grado y nivel de dependencia. El resultado: gran dependencia. A la hora de elaborar el PIA se le indica que lo que le corresponde es una ayuda económica para que su mujer le cuide en casa de 54 Euros al mes. El motivo de tan escasa cuantía es que la persona ya estaba cobrando 1.184 euros al mes de una pensión de invalidez.
Cuando la mujer del dependiente responde indignada que la cantidad le parece un insulto le dicen que si lo prefiere puede ingresar en una residencia pagando el 70% del coste, o en un centro de día pagando el 30%. Otra opción, que es la que finalmente acepta la cuidadora, es que “una asistente social acuda a su domicilio durante 50 minutos al día --ya que diez minutos se emplean en el desplazamiento-- por un importe de 22 euros al mes”. El entrecomillado corresponde a la noticia tal como la recoge Europa Press en su página web.
Dejando de lado que una agencia de noticias de prestigio confunda “asistente social” con auxiliar de ayuda a domicilio, lo que se pone de manifiesto con esta noticia es el grado de retorcimiento que está alcanzando la aplicación del sistema de atención a la dependencia.
Recordemos una vez más que La Ley establece que, a la hora de redactar el plan individual, debe considerarse de forma prioritaria la prestación de servicios públicos o concertados dejando en un segundo plano la prestación económica vinculada y sólo para casos excepcionales la prestación económica para el cuidado no profesional en el entorno familiar.
Hasta ahora, en múltiples conferencias, congresos, jornadas y demás encuentros se nos decía que el motivo por el que se están dando tantas ayudas económicas a familiares es que las personas las piden porque prefieren quedarse en casa. Con casos como éste, esa explicación pierde solidez.
Lo cierto es que la opción que ha escogido el cuidador (más o menos 22 horas mensuales de SAD) costarán a la administración unos 200€ al mes, descontando el copago. Si hubiese elegido residencia o centro de día, con un copago de un 70% y 30% respectivamente, el coste para el sistema hubiera sido de unos 400€/mes. Es este un cálculo hecho grosso modo, teniendo en cuenta que Asturias tiene unos precios públicos bastante escasos. Pero, aunque no sea totalmente ajustado, lo que no es discutible es que la opción “54 Euros de ayuda al familiar” era la más económica y que menos garantizaba una atención profesionalizada.
Aunque en este caso la comunidad haya sido Asturias, no es éste un defecto atribuible a una administración concreta. Lo cierto es que la crisis hace agudizar el ingenio y, lo más cierto es que resulta más económico dar “ayuditas” que prestar servicios. En este caso lo ridículo de la cantidad hizo saltar la liebre pero, cuántas personas de las que han recibido prestación económica para el cuidado familiar estarían mejor cuidadas recibiendo atención profesional.
Parece que, debido a la crisis, la Ley de Dependencia se empieza a ver como una forma más de redistribuir rentas. Es indiscutible que 500 Euros pueden suponer una gran ayuda para la economía de una familia con algún miembro en paro que convive con un dependiente, pero la función de esta ley no era dar ese apoyo económico sino atención a las personas en situación de dependencia.
Viendo cómo están las cosas caben dos opciones: aceptamos que en tiempos de crisis “los dineros de la dependencia” deben servir de colchón para los más desfavorecidos o, volvemos al inicio, cambiamos la Ley y hacemos desaparecer las prestaciones económicas para el cuidador familiar centrando todo el esfuerzo en la prestación de servicios profesionalizados.
A ver qué será.