lunes, 15 de noviembre de 2010

¿QUÉ HACER ANTE LA RESOLUCIÓN DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2010? (LA “PROPINILLA”)

Muchas residencias me están llamando preguntando qué deben hacer ahora. ¿Vale la pena pagar más a los trabajadores?, ¿Hay que ponerse con los indicadores?

La verdad es que a la mayor parte de personas que me han llamado, después de volver la leer la resolución les han pasado tres cosas: las cosas les han quedado muy claras, saben que no les van a pagar ningún aumento y les ha aumentado su nivel de enfado.

En primer lugar hay que leer que la “aportación económica” que propone la Consellera sólo se aplicaca a residencias concertadas y para las residencias con plazas de colaboración que inicien durante 2010 el proceso para concertarlas.

O sea que para la inmensa mayoría de residencias colaboradoras, que este año han visto como ICASS les obligaba a bajar un 1% sus precios (al no permitirles repercutir la subida del IVA), se quedan sin tan siquiera la posibilidad de optar a la propinilla.

No quiere esto decir que estén perdiendo demasiado ya que las que sí pueden acceder a la “propinilla” verán que, si tienen que subir el salario, con efectos de Enero, a las gerocultoras y darles una semana más de vacaciones de aquí a final de año; si tienen además que cumplir con los indicadores de calidad y contratar a una auditora externa para que lo certifique antes de final de año, corren un grave riesgo de que acaben haciendo tortas con panes.

Ante esta situación, y a la espera de que ACRA, La Unió, UPIMIR y el resto de asociaciones representativas presenten el contencioso administrativo correspondiente cuando exista posibilidad, ¿qué pueden hacer las residencias colaboradoras?

Yo les propondría enviar un escrito a la Consellera, básicamente con el siguiente contenido:

Datos de quien escribe y de la residencia


EXPONGO


Que he tenido conocimiento de la existencia de la Resolución de 3 de Noviembre de 2010 por la que se establece una aportación económica destinada a la mejora de la calidad de los servicios de residencia asistida que el ICASS pagará a la residencias concertadas y las colaboradoras que hayan iniciado el proceso de concertación, pago sometido al cumplimiento de tres requisitos.


Que la residencia XXX que represento tiene plazas financiadas con fondos públicos de las conocidas como de “colaboración” que a efectos estadísticos de aplicación de la Ley de Dependencia se consideran como plazas de prestación de servicio residencial (Fuente: http://www.imsersodependencia.csic.es/documentos/estadisticas/indicadores/saad/2010-11/estadisticas-saad-nov-2010.pdf)


Que la residencia aplica el V Convenio Marco Estatal de Servicios a personas en Situación de Dependencia.


Que el artículo 37.1 de la Constitución Española determina claramente que “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”.


Que el acuerdo del Consejo Territorial del SAAD publicado en el BOE 303 de 17 de desembre de 2008 no determina ningún requisito que sea de aplicación directa por parte de los establecimientos de servicios de atención a la dependencia sino los criterios comunes de acreditación que deberían ser aplicados en las diferentes comunidades autónomas a la hora de redactar sus reglamentos de acreditación, unos reglamentos que estarán en vigor (según el punto 8º del anexo del acuerdo) antes del transcurso de doce meses desde la aprobación del presente acuerdo.



Que, en el mencionado acuerdo del Consejo Territorial del SAAD se determina que: Las Comunidades Autónomas, o administración que en su caso tenga la competencia, articularán las fórmulas de habilitación provisional de los centros, servicios y entidades, hasta tanto dicten las nuevas normas sobre acreditación adaptadas a los presentes criterios.



Que el Decreto 142/2010, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales 2010-2011 determina en su Disposición Transitoria que: En cuanto a lo previsto en el artículo 5 de este Decreto, y mientras no se apruebe el decreto de acreditación de entidades previsto en el artículo 70 de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, se entenderán acreditadas:


a) Las entidades inscritas en el Registro de entidades, servicios y establecimientos sociales, si cumplen las cláusulas administrativas y las prescripciones técnicas para contratar con la Administración de la Generalidad según la tipología de servicios sociales.


b) Las entidades colaboradoras de las prestaciones de determinados servicios, al amparo de las órdenes dictadas por el departamento competente en materia de servicios sociales.



Que resulta imposible que una empresa auditoria de prestigio e independiente, en el plazo que transcurrirá entre la eficacia del acuerdo y el 31 de diciembre de 2010 pueda certificar el cumplimiento de los indicadores cuya guía se ha hecho pública junto con la resolución.


Que el artículo 1116 del Código Civil determina que: Las condiciones imposibles, las contrarias a las buenas costumbres y las prohibidas por la ley anularán la obligación que de ellas dependa. La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta.


Que el artículo 62 de la Ley 30/1992 determina la nulidad de los actos que tengan un contenido imposible.


Que durante 2010 hemos recibido instrucciones por parte del ICASS según las cuales el aumento del tipo de IVA del 7 al 8% no podía ser repercutido en la cantidad que pagan los beneficiarios de plaza colaboradora ni en la parte que paga la administración por lo que, en la práctica hemos visto disminuida la facturación de la estancia de estos residentes en un 1%.



SOLICITO


Considere la situación de las plazas de colaboración como equiparables a las de concierto ya que, aunque el régimen jurídico sea diferente, los usuarios de una y otra, son personas con idéntico derecho a recibir un servicio de calidad, que han seguido un idéntico trámite de acceso.


Considere que, actualmente, en aplicación del Decreto 142/2010 la residencia que represento está acreditada a todos los efectos hasta que se apruebe y se aplique el Decreto de Acreditación.


Considere que las obligaciones relativas a formación y capacitación de gerocultores mencionadas en el acuerdo del Consejo Territorial del SAAD publicado en el BOE 303 de 17 de desembre de 2008 no son aplicables en Cataluña hasta que no las recoja el futuro reglamento de acreditación.


Considere que el requisito impuesto de aplicar las tablas salariales y la jornada a anual del pacto de eficacia no se ajusta al derecho constitucional a la negociación colectiva, derecho que incluye el respeto a la fuerza vinculante de los convenios.


Considere que resulta técnicamente que entre el día de la resolución y el 31 de Diciembre ningún centro pueda aplicar los indicadores de calidad y una entidad auditoria pueda certificar su cumplimiento.


Considere que la residencia que represento cumple los requisitos para obtener la aportación económica y los residentes acogidos a plazas beneficiarias tienen derecho a la mejora en la calidad asistencial que justifica esa aportación.


En consecuencia procedan a pagar la aportación económica correspondiente a los siguientes residentes beneficiarios del programa conocido como de colaboración:


Residentes que tienen reconocido el Grado I (Total)


- (Nombres, apellidos, número de expediente, meses efectivos estancia 2010)



Residentes que tienen reconocido el Grado II (Total)


- (Nombres, apellidos, número de expediente, meses efectivos estancia 2010)



Residentes que tienen reconocido el Grado III (Total)


- (Nombres, apellidos, número de expediente, meses efectivos estancia 2010)






Total a recibir: …….€ correspondiente a la siguiente suma


Nº Meses estancia efectiva residentes grado I x 43,82€

Nº Meses estancia efectiva residentes grado I Ix 50€

Nº Meses estancia efectiva residentes grado I x 59,35



Fecha y firma





Consellera. Departament D’Acció Social i Ciutadania. Pça Pau Vila, 1 08023 Barcelona




La verdad es que no creo que haga mucho efecto ya que no tienen presupuestado suficiente dinero como para pagar esa cantidad. Sí creo, sin embargo que los argumentos son correctos y, por lo menos deberían ser tenidos en cuenta de cara al futuro.

Si alguien quiere bajarse el documento en word para rellenar e imprimir pueden encontrarlo aquí

viernes, 12 de noviembre de 2010

MÁS SOBRE LA "PROPINILLA"

Más de 200 personas han visitado este blog entre anteyer y ayer y muchas de ellas me han enviado mails o me han llamado aportando más datos y posibles interpretaciones sobre la resolución de la Consellera Capdevila de 3 de noviembre.

Entre los datos, llama la atención que entre el documento y sus anexos hay una contradicción de conceptos: La resolución habla claramente de "aportación económica" pero en el anexo se habla de "incremento de tarifas". Parece que con las prisas han hecho el "corta y pega" sin fijarse demasiado.

También ha llamado la atención un visitante sobre el hecho de que no son 26 los indicadores sino 26 procesos con ¡41 indicadores!

Sobre las interpretaciones quiero llamar la atención sobre dos:

- Un amigo me indica que me equivoco al decir que la consellera se burla del sector porque lo único que está haciendo es, dos días antes de empezar la campaña electoral, un guiño a los sindicatos. Parece que llevan años diciéndoles que van a conseguir que cualquier incremento de tarifas irá directamente dirigido a aumentar los salarios de los trabajadores de las residencias. Como ven que no lo han hecho (básciamente porque los salarios los pactan trabajadores y empresarios mediante el sistema de negociación colectiva) quieren dar la sensación de que lo intentan pero son los empresarios quienes no lo aceptan. Según esa opinión la resolución, de casi imposible cumplimiento, no va dirigida realmente a los empresarios sino a los sindicatos por lo que no sería una burla sino una triquiñuela.

- Otras personas me ha dicho que se me ve el plumero y que soy yo el que estoy escribiendo en clave electoral. Sobre esto, no voy a negar que tengo una ideología y, cualquiera que lea este blog puede deducirla sin demasiado esfuerzo. No obstante, el hecho de que comente la resolución el día que se hace pública me parece que tiene que ver más con la coincidencia cronológica que con cualquier otra cosa.

Por favor, amigos y amigas blogueros. Seguid enviándome opiniones o poniéndolas directamene en le foro de Inforesidencias.com.

miércoles, 10 de noviembre de 2010

LA CONSELLERA CAPDEVILA SE DESPIDE RIÉNDOSE DEL SECTOR GEROASISTENCIAL

Si algo está claro en Cataluña en relación a las próximas elecciones es que en el Departamento competente en Servicios Sociales (hoy d'Acció Social i Ciutadania) habrá cambios profundos, como mínimo en lo que a personas se refiere. Es inimaginable que, sea quien sea quien gane, vuelva a hacer cohabitar a una consejera de un partido con una directora general del ICASS de otro viendo cómo han ido las cosas.

Es cierto que el gobierno que acaba ha visto como tenía que poner en funcionamiento el Sistema de la Dependencia y la Llei de Serveis Socials, elaborados en una época de vacas gordas, en plena crisis económica, pero también lo es que los presupuestos de dependencia han sido de los menos afectados por las medidas contra el déficit.

En su relación con el sector geroasistencial empresarial, este gobierno se ha ido moviendo entre el acercamiento y la desconfianza. Es cierto que las mesas técnicas se han reunido y que, tanto la Consejera como la directora del ICASS han participado en actos públicos organizados por asociaciones patronales, pero no lo es menos que, en todo momento han actuado como si el sector empresarial de atención a mayores fuese poco digno de confianza. Sólo así puede entenderse que, a pesar de comprometerse en diversas ocasiones no hayan sido capaces de aprobar un decreto de acreditación; que hayan dejado en la estacada durante dos años a las residencias que esperaban poder acreditarse durante 2009 y 2010 o que, en relación a la subida de tarifa de los conciertos hayan ido alargando las cosas hasta muy, muy al final.

Tan al final que, el día 3 de noviembre (a poco más de tres semanas de las elecciones), la Consellera dicta una resolución en la que se entrelee su carcajada. ¿Queríais subida de concierto?, Aquí la tenéis.

Al final la subida no es subida sino "propinilla", y además "propinilla envenenada". Una subida de tarifas supone que los precios quedan determinados de una forma de ahora en adelante. Una "propinilla envenenada" consiste en dar una cantidad que "no implica consolidación de derechos económicos para ejercicios futuros" (literal de la resolución) y que supone incrementar los costes del servicio de forma permanente.

Vayamos por partes. Esta resolución se parece mucho a la que ya circuló como propuesta en junio pero hay algún cambio. Para conseguir la "aportación económica" hay que cumplir tres requisitos:

1. Condiciones laborales:

Según me cuentan personas que han asistido a las reuniones de la mesa técnica, la necesidad de que exista un convenio colectivo catalán es una fijación de la Sra. Carolina Homar (Directora del ICASS), que no acepta que, aplicando la Ley de la negociación colectiva, los sindicatos y empresarios hayan acordado el V Convenio Marco Estatal de la Dependencia que es de aplicación en Cataluña. Esta fijación se alimenta a su vez de los sindicatos, sobre todo UGT, que consideran que cualquier subida de tarifas debe ir dirigida a subir los salarios de los empleados. Desde hace años se ha intentado negociar el convenio catalán, y hace poco casi se alcanzó, pero se rompieron las negociaciones (por decisión de los sindicatos, según dos fuentes de la parte empresarial).

De uno de aquéllos intentos surgió un pacto de eficiacia (una especie de convenio pero que sólo aplican las partes que lo han firmado) que firmaron los sindicatos con la patronal de las entidades religiosas (entonces FERS) y que tiene unas condiciones laborales diferentes al V Convenio estatal. El salario y la jornada anual son mejores para los trabajadores pero la forma de computar los festivos trabajados así como los descansos, por ejemplo, no lo son tanto.

Explico todo esto porque sin saberlo no se entiende que ahora la Generaliat diga que las residencias que quieran recibir la "propinilla" tienen que aplicar el pacto de eficacia o garantizar que sus gerocultores cobran un salario base de 991,2€ (un 8% más que en el V Convenio) y tener una jornada anual de 1744horas (un 3% menos que el V Convenio). Este requisito está muy bien para quien ya aplica el pacto de eficacia pero, ¿Puede una residencia arriesgarse a cambiar el salario y jornada de sus trabajadores con efecto 1 de Enero de 2010 para cobrar una cantidad este año que no está garantizada el que viene?. Además, la subida sólo se aplica a los usuarios de plaza pública por lo que las residencias que tengan plazas públicas y privadas verían incrementar sus costes para todos sólo a cambio de la "propinilla".

2. Indicadores de calidad

Se exige el registro de los famosos "26 indicadores" que ya se hicieron públicos pero que ahora se complementan con un manual de 80 páginas para su aplicación. Además se pide, para poder cobrar la "propinilla" que la residencia presente un certificado emitido por una empresa auditora reconocida e independiente. ¿Cuánto creen que cobrará Applus+ o Bureau Veritas por acreditar que se cumplen unos indicadores el manual de los cuales tiene 80 páginas? No piensen en cientos de Euros sino más bien en miles. Por otro lado, ¿existe alguna auditoria reconocida e independiente preparada para acreditar antes de finales de 2010 que una residencia cumple con los indicadores?. Lo digo porque supongo que esas auditadoras necesitarán de un tiempo para preparar su manual de auditación y formar a algún auditor antes de empezar a auditar residencias concretas. Yo creo que es imposible que en siete semanas las residencias se preparen y las auditoras auditen. También creo que esto lo saben perfectamente la consellera y la directora del ICASS y por eso creo que se están mofando del sector.

Sigo pensando que la Generalitat tendría que gastar menos en inventar y más en aplicar. Existen certificaciones y sistemas de calidad creados, algunos genéricos (ISO, EFQM) y otros más específicos como las normas UNE 158000. ¿De verdad hace falta exigir algo nuevo y diferente? Pues parece que sí.

3. Titulación de los gerocultores

La regla general para todas las comunidades es que todas las gerocultoras tengan un título o reconocidas sus competencias a finales de 2015 (así lo estableció el Consejo Territorial) y que, a medio camino, a finales de 2011, se alcance el 35%.

Aquí, por un lado somos más lanzados que los demás y queremos que el 35% sea a finales de 2010 para poder cobrar la "propinilla". Pero, por otro lado sabemos que el proceso está atascado (la resolución dice que es un "proceso en construcción") y que es imposible que se cumpla tal como estaba previsto por lo que imaginaremos que cumple quien se haya inscrito en un proceso (o sea registrado una solicitud) y se comprometa a alcanzar el 100% en el futuro.

El tercer requisito no supone ningún obstáculo pero los otros dos, unidos al carácter puntual de la subida hacen que, casi ninguna residencia perteneciente a una empresa vaya a obtener la "propinilla".

Incluso si alguna, de las que aplican el V Convenio, se lo plantease, debería pagar con efectos enero un aumento del 8% a sus gerocultores y reducirles la jornada anual un 3%. Admitiendo que alguna lo hiciese ¿Aceptarían los trabajadores que eso funciosase sólo en 2010 debido a que lo que se cobrará de más será algo puntual y no consolidable?. Lo más seguro es que no, por lo que las residencias que se arriesguen a hacerlo saben que están cargando su cuenta de resultados con un gasto que se mantendrá cuando los ingresos no están garantizados. Claro que si lo hacen, cuando se den cuenta del error y se quejen a la Generalitat, las quejas se las tendrán que presentar a los nuevos inquilinos de Palau de Mar (sean del partido que sean pero que seguro, no serán las mismas personas). Un regalito que deja en el cajón la Consellera.

Me gustaría poder contrastar lo que pienso con alguien que esté viviendo directamente la situación, yo veo una jugada política: Cuando presentaron en junio el borrador, la Consejera ofreció una rueda de prensa y la mayor parte de los periodistas se fueron sin entender de qué iba exactamente la cosa. Supongo que ahora habrá otra.

El final de la resolución parece un pequeño guiño al sector ya que, después de mostrar "el caramelo que no comeréis", abre la puerta a que las residencias concertadas que ofrezcan habitaciones individuales con baño y una superfície un 10% superior a la exigida (o sea 6m2) puedan cobrar un suplemento a quien las ocupe como servicio opcional.

Y, cómo si de un homenaje a Gila se tratase, se establece una excepción: Los centros en que todas las habitaciones san individuales no podrán cobrar el suplemento ya que en ese caso tener habitación individual no será una opción. Ya lo saben esas residencias, sea como sea hay que tener una habitación doble.

VIAJE GEROASISTENCIA A ALEMANIA. ABRIL DE 2011

VIAJE GEROASISTENCIAL A ALEMANIA 11-15 DE ABRIL DE 2011



Siguiendo la iniciativa de organizar viajes para conocer cómo funciona la atención a personas mayores en Europa que nos ha llevado ya a Suecia, Francia y Alemania. Inforesidencias.com y tioman & partners organizamos este nuevo periplo por tierras alemanas que nos llevará a visitar residencias, centros de día y otros centros y servicios de atención a mayores.

Además tendremos la ocasión de visitar una de las mayores ferias dedicadas a la atención a personas mayores, la Feria Altenpflege que se celebra en Núremberg.

Como en las anteriores ocasiones no dejamos de lado la vertiente cultural que nos permitirá visitar con un guía las ciudades de Núremberg, Múnich y el famoso castillo de Neuschwanstein construido por Luis II de Baviera (conocido como "El Rey Loco").




Creemos que puede ser una buena ocasión para conocer una forma diferente de trabajar (Ley de Dependencia Alemana basada en un seguro público) a la vez que intercambiamos conocimientos entre los asistentes al viaje (un máximo de 25 personas).

Pre programa: 11 Noviembre de 2010. El programa puede sufrir modificaciones manteniendo un contenido geroasistencial y cultural análogo.



Lunes 11/04/11 ESPAÑA – MÚNICH

Llegada al aeropuerto internacional de Múnich.

Recogida del grupo y traslado en autobús al Hotel.

Visita guiada a Múnich, 2 horas y en castellano

Cena en restaurante típico con bufet de especialidades bávaras

Martes 12.04.2011 MÚNICH

Visita a Residencia de alto standing.

Visita a Centro de Día.

Visita a SAD.

Miércoles 13.04.2011 NÚREMBERG

Por la mañana, traslado en bus a Núremberg y visita a la Feria Altenpflege

Conferencia acerca del sistema alemán de atención a la dependencia.Con traductor.

Tras la feria y por la tarde, visita guiada a Núremberg, 2 horas y en castellano.

Cena típica en Núremberg.

Jueves 14/04/11 NÚREMBERG - MÚNICH

Recogida en el hotel.

Visita a Centro de Referencia para Personas con Demencia en Núremberg.

Nota: Según el calendario, existiría la posibilidad de visitar una Escuela de Enfermería y Gerontología.

Traslado en autobús al hotel de Múnich.

Por la tarde, tiempo de ocio personal.

Viernes1 5/04/11 MÚNICH - NEUSCHWANSTEIN – ESPAÑA

Pronto por la mañana, traslado en autobús a Neuschwanstein y visita a su mundialmente conocido castillo.

Traslado en autobús al aeropuerto internacional de Múnich.

Por la tarde, regreso a España.


INSCRIPCIÓN

El precio de la inscripción es de 1.070€ (+IVA) si se elige habitación individual. Si se inscriben dos personas para compartir habitación doble el precio de inscripción por persona es de 930€ (+IVA)

La inscripción incluye

• 3 noches en habitación doble (o individual, según inscripción) y con desayuno tipo bufet en hotel de 3* en Munich.

• 1 noche en habitación doble (o individual, según inscripción) y con desayuno tipo bufet en hotel de 4* en Núremberg

• Visita a Residencia de alto standing en Múnich

• Visita a Centro de Día en Múnich

• Visita a SAD en Múnich

• Traslado en autobús Múnich - Núremberg – Múnich

• Visita a la Feria Altenpflege en Núremberg

• Visita a Centro de Referencia para Personas con Demencia en Núremberg

• Visitas guiadas en castellano a Múnich y Núremberg

• 2 cenas típicas en Múnich y en Núremberg

• Visita al Castillo de Neuschwanstein

No están incluidos los billetes de avión,ni las comidas que no se mencionan expresamente.

Sobre los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, debido a que habrá participantes de diferentes ciudades que llegarán procedentes de diferentes aeropuertos a distintas horas. Habrá una única recogida en el aeropuerto a una hora que se determinará e informará a los participantes. Aquéllos que lo prefieran, podrán llegar por su cuenta al hotel (existen servicio de tren y taxi no incluídos).

El número máximo de participantes es de 25.

El viaje se realizará si hay un mínimo de 15 inscritos antes del 31-12-2010. Si viajan más de 20 personas se realizará un abono de 150€ a los asistentes.

FORMA DE PAGO

50% en el momento de la inscripción

50% antes del 3 de marzo de 2010

Nota: Si no se recibe el pago del resto del importe pendiente antes del día 3 de marzo, se entiende que el participante ha cancelado su participación y se le aplicará la política de cancelaciones correspondiente.

POLÍTICA DE CANCELACIONES

Aviso hasta 40 días Devolución del 85% del importe abonado

Aviso hasta 25 días Devolución del 75% del importe abonado

Aviso hasta 10 días Devolución del 50% del importe abonado

Aviso hasta 5 días Devolución del 35% del importe abonado

Aviso a menos de 5 días de la salida Devolución del 0% del importe abonado



Toda la información e inscripciones en:

http://www.inforesidencias.com/jornadas/index.asp?id=105

Tf: 902 170 289



Promotor del viaje

http://www.inforesidencias.com/
Infopenta, S.L.
Llorenç Serra, 10
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tf: 902 170 289
info@inforesidencias.com



Viaje organizado por:

Tioman&Partners, S.L.
Comte d' Urgell 20, Atc. 2°
08011 Barcelona
Tel. +34 93 32 54 706

martes, 9 de noviembre de 2010

LA BANDERA AL REVÉS DE LOS SERVICIOS SOCIALES



Aunque en Estados Unidos izar la bandera al revés suele entenderse como una señal de protesta, tengo entendido que en navegación marítima, el hecho de que la enseña esté cabeza abajo quiere decir que la nave está lanzando una señal de emergencia a quien pueda ver su enseña.

Lo que no sé exactamente es qué quiere decir cuando la Gerente de Servicios Sociales de una comunidad autónoma se fotografía para la revista de la FED posando ante una bandera de España en la que el escudo está claramente invertido.
Quizás la Sra Milagros Marcos, gerente de servicios sociales de la Junta de Castilla León, no se dio cuenta. O quizás nos estaba enviando una señal encriptada mezcla de queja por cómo está financiando el Estado a las comunidades autónomas y petición de auxilio ante el desastre a que nos avoca una Ley de Dependencia que cada vez más se basa en “la paguilla” y menos en servicios profesionalizados.
En fin. ¿Quién sabe?


domingo, 7 de noviembre de 2010

¿PRIVATIZAR LO SOCIAL? ¿MÁS?

Interesantísimo artículo en el País de 6 de Noviembre que reabre el debate sobre la gestión privada de servicios públicos. Desde una visión sesgada en un sentido, por supuesto, pero ¿No deberíamos empezar a hablar otra vez?

El artículo establece claramente que cuando se privatiza la prestación de un servicio público, sobre todo cuando se hace con empresas privadas, baja la calidad y las empresas obtienen beneficios a costa de devaluar las condiciones de trabajo de los empleados. Las cosas no son tan malas si, quien presta el servicio es una entidad sin ánimo de lucro. O sea, lo que ya hemos escuchado mil veces y ha llevado a la inequidad actual (un residente en una residencia pública cuesta a la administración 5.000 Euros pero si está en una concertada cuesta 1.500).

El artículo, por supuesto soslaya la clave principal del debate y el hecho de que estemos en una situación de recesión.

Durante las últimas semanas he escuchado a personas eminentes por su elevada formación académica y su tendencia filosocialista abogar por un aumento de impuestos para financiar los servicios que debe ofrecer el estado de bienestar. El informe del comité de expertos sobre la aplicación de la Ley también proponía un aumento de impuestos.

O sea. Como se calculó mal el número de dependientes que había. Como se calculó fatal lo que se recaudaría por copago. La solución es subir los impuestos, pero no para dar mejores servicios sino para poder seguir dando dinero a las familias de los dependientes para que los cuiden en casa.

A mí me gustaría que se avivase el debate sobre la forma de gesitón de los servicios y sobre la utilidad o no de la prestación económica vinculada (que también queda denostada en el artículo de El País). Me gustaría que se valorase la calidad de forma objetiva y externa para saber si existe un modelo que sea obtjetivamente mejor y más económico.

Lo ha empezado ahora el Pais, ¿nadie tiene nada que opinar?

viernes, 5 de noviembre de 2010

LA "PAGUILLA" DE LA DEPENDENCIA

Acabo de volver de Granada donde he participado en un congreso sobre nuevas tecnologías en la atención a personas mayores. Como en todos los actos en que se habla de mayores, había una mesa dedicada a la aplicación de la Ley de Dependencia en la que una persona que venía de la Diputación de Granada habló sobre lo bien que están prestando la ayuda a domicilio y la teleasistencia en esa provincia; después un representante del Ayuntamiento comentó lo mucho que gastan en dependencia y lo poco que reciben para hacerlo (mencionó también el SAD y la teleasistencia).

Como no noté ningún atisbo de crítica hacia la ley en sí se me ocurrió preguntar si no resultaba sorprendente que se estuviese hablando en una ponencia sobre esta Ley de servicios cuando lo que más se presta son ayudas económicas. La respuesta fue sorprendente: el de la Diputación me dijo que cada vez se piden menos (en octubre de 2010 representa el 45% del total de ayudas en Andalucía y más del 55% en toda España) y que es normal que lo pidan porque en la actual situación económica muchas familias pueden llegar a fin de mes gracias a la prestación de la dependencia. El del ayuntamiento dijo textualmente que “la paguilla” de la dependencia era preferida por muchos dependientes y familiares.

Se me quedó en la cabeza lo de “la paguilla” y espero que se le quede a todo el mundo porque la Ley lleva el camino de convertirse en seo.

Como me gusta gritar en el desierto sigo clamando para que se pare la entrada de nuevos grados y niveles de dependencia bajo el paraguas de cobertura universal, que se establezca una moratoria y que se espere a tiempos mejores. De esta forma podríamos centrar todos los esfuerzos en crear un sistema verdaderamente universal para la gran dependencia en vez de ir extendiendo la capa de mantequilla sobre una tostada cada vez más grande. Nadie me escucha y en enero tendremos un nuevo grupo con bajos niveles de dependencia que tendrán derecho a una serie de prestaciones de servicios o a una “paguilla” de 180 euros.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también intervino y fue un contrapunto de realidad. Presentó datos del Observatorio de la Ley que esa asociación ha elaborado por quinta vez en julio de 2010 y presentó un interesante estudio titulado “El Servicio de Ayuda a Domicilio en la Encrucijada” (ambos en la Geriateca de http://www.inforesidencias.com/geriateca/index.asp). Sus tres grandes preocupaciones: el parón que está sufriendo la Ley en los últimos meses, el aumento de los ciudadanos que viven en el “Limbo”, o sea con una valoración pero sin recibir servicios ni prestaciones y la rebaja de un 6% de la cantidad asignada en los presupuestos de 2011 para el Plan Concertado que impedirá en parte la prestación de servicios por parte de los ayuntamientos.

En fin, que con una paguilla lo arreglaremos todo.

sábado, 30 de octubre de 2010

¿LE INTERESA A ZAPATERO LA DEPENDENCIA?

Una de las tareas más difíciles que puede desarrollar un ser humano es la de gobernar la vida de otros seres humanos. Bueno, gobernar "bien" la vida de otros.

Me imagino lo complicado que debe ser tener todo un país en la cabeza, sopesando las decisiones, sabiendo que gastar en una cosa supone no poder gastar tanto en otra o, algo no desdeñable: que ser capaz de encontrar a alguien capacitado para encabezar un ministerio o una secretaría de estado puede suponer que las políticas a desarrollar tengan más o menos éxito, pudiendo llegar el titular a hacer sombra al propio líder.

Como aficionado a la política, me parece que los momentos de crisis (sustitución de ministros) son muy interesantes.

Me pareció muy significativa en 2008 la creación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Por un lado nos daba señales claras de que "eso de la dependencia" no le preocupaba lo suficiente como para que tuviese entidad propia, además, frente al Ministerio Pupurri puso a una persona que parecía preparada y decidida a ser la Ministra de Educación pero que se había encontrado con que, de propina le habían metido dos cosas más. Después resultó que la Sra. Cabrera era una de esas políticas grises pero que van haciendo. Incluso nos sorpendió un día con un arranque de sinceridad cuando dijo que la crisis económica podría llegar a tener algún efecto en el desarrollo de la Ley de Dependencia.

Cuando la política social, y por ende la dependencia, pasó a depender de Sanidad y se puso a la cabeza a Trinidad Jiménez pensé que nuestro sector iba a ganar espacio en la agenda del presidente. Trinidad Jiménez puede ser muchas cosas pero no es gris: ella nunca hubiese dicho que la Ley de Dependencia se podría ver afectada por la crisis. Ella dice que los presupuestos de dependencia seguirán creciendo, mete la tijera en forma de anulación de la retroactividad, reduce el Plan Concertado y después nos convence de que no ha habido recorte.

¿Qué quiere decir ahora que Leyre Pajín sea la nueva Ministra? A mí he ha cogido totalmente descolocado. Una cosa es dar a un ministerio "perfil político" pero otra es sólo darle ese perfil. Me cuesta mucho creer que entre las filas socialistas, entre los políticos/técnicos que gobiernan desde ese partidos en grandes ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas.. no haya encontrado nuestro Presidente del Gobierno a una persona con una trayectoria en la que hubiese experiencia en gestión política de algo relacionado con la sanidad o los serivicios sociales. O a alguien que gozase de una autoridad profesional que, a priori le hiciese merecedor de confianza.

A mi entender el Presidente ha optado por la fidelidad política por encima de todo lo demás. No creo que con el nombramiento haya persequido un arreglo a la deficiente aplicación de la Ley de Dependencia o, por lo menos la búsqueda de un sistema de relación con las comunidades autónomas que permitan aplicar la actual ley de una forma más pacífica.

No me cabe duda de que en la mente del Presidene la Ley de Dependencia no ocupa más que un especio residual. Estoy convencido de que el hecho de que esté sirviendo para repartir dinero entre las familias en vez de prestar servicios ya le parece bien porque lo ve como una medida contra la crisis más que contra la dependencia.

Por eso Zapatero ha elegido a una luchadora más que a una gestora, y supongo que la victoria a que aspiriará la Sra. Pajín no será la de la mejora de la Ley de Dependencia sino la de las elecciones del 2012.

Como a menudo me equivodo, espero hacerlo esta vez también. En este foro no hablo de fútbol pero yo fui de los que pensé que Guardiola no llegaría a ver la Navidad, cuando lo nombraron entrenador en verano.

Si la Sra. Pajín gana seis copas, aceptaré mi error desde este blog.

viernes, 17 de septiembre de 2010

CONCIERTO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN CATALUÑA

La Generalitat ha aunciado en Julio que piensa convertir las 14.000 plazas de colaboración en concertadas mediante un sistema en el que "invitará" a las residencias colaboradoras a presentar una oferta en la que deberían acreditar que cumplen unos determinados requisitos.

Primero dijo que las invitaciones se empezarían a enviar en Septiembre y que empezarían por las más grandes (las que tienen más plazas colaboradoras), ahora dicen que será en Octubre y que empezarán por las que no tengan sanciones pendientes ni expedientes sancionadores abiertos.

Ante estas manifestaciones de voluntad pública me gustaría hacer tres reflexiones:

1. Sobre la credibilidad de los actuales responsables del Departamento

En los últimos tres años, el Departament d'Acció Social i Ciutadania, a través de la consellera o la directora general del ICASS ha ido haciendo anuncios que después no se han sustanciado en nada. Por ejemplo, en diciembre de 2008 dijeron que durante 2009 se podrían acreditar nuevos centros colaboradores (no fue así), que antes de finalizar 2009 habría un decreto de acreditación (tampoco fue así). Estos incumplimientos de la palabra dada no tenían ninguna relación con la crisis económica debido a que no hubiese costado dinero abrir la convocatoria o sacar un Decreto que parece tienen preparado hace meses.

Hubo residencias que creyeron lo que dijo la Generalitat y esperaron poder acreditarse durante 2009. Hoy son de los que no pueden ingresar, a pesar de cumplir los requisitos para ser colaboradores, ningún residente beneficiario de la Ley de Dependencia. Incluso ven como sus residentes actuales tienen que irse a otros centros cuando solicitan la ayuda ya que, desde servicios sociales les dicen que tienen que ingresar en un centro colaborador o concertado para poder tramitar la ayuda.

Estas residencias no podrán presentarse a la nueva concertación ya que, como está sometida a "invitación previa", quedarán excluídas sin remisión.

Algunas de ellas piensan: "Si no hubiese creído a la administración me hubiese presentado como centro colaborador antes de acabar 2008 y ahora no se estarían yendo los residentes".

2. El abuso del sistema negociado sin publicidad

Las administraciones públicas están obligadas, cuando contratan a aplicar unos principios que intentan garantizar que contraten el mejor servicio y al mejor precio. Entre estos principios están los de concurrencia o transparencia.

Sin embargo Acció Social i Ciutadania utiliza un sistema, que la ley permite con ciertas cautelas, que es el "negociado sin publicidad", esto le permite invitar a los licitadores entre aquéllos que ella considere adecuados.

Cuando, en abril de 2009 convocó 1500 plazas de concierto pudieron presentarse a la licitación todas las residencias que pensaban que cumplían los requisitos y querían hacer una oferta. Fue un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas (aunque también hubo detalles cuestionables). El problema fue que se generó tanto trabajo para el servicio de contratación que parece que ya no están dispuestos a volver a utilizar ese sistema de nuevo. Lo cierto es que la documentación que se tiene que presentar (y debe ser estudiada por los funcionarios) es igual de voluminosa para comptrar dos mesas que para contratar un concierto de 500 plazas. Si se presentan 200 residencias a uno de esos "concursos" el servicio se bloquea.

Entiendo que, a pesar de ello, la Generalitat debería dar la oportunidad de presentarse a todas las residencias que cumplan con los requisitos que ella determine.


3. Violación del principio de presunción de inocencia y surgimiento de un caso de indefensión

Si fuese cierto que las residencias que tengan un expediente sancionador abierto no serán invitadas a concertar, estaríamos ante un a violación clara del principio de presunción de inocencia.

Una residencia puede tener un expediente sancionador abierto que, durante su tramitación se archive (porque no se habían probado suficientemente los cargos o porque la corrección de las deficiencias se consideró suficiente para proponer el archivo). De hecho e principio de presunción de inocencia establece que todos somos inocentes salvo que se demuestre lo contrario (mediante una resolución administrativa o judicial). En esos casos, si el mero hecho de tener el expediente abierto hace que la administración no "invite" se produce una clara violación de este principio.

Pero es aun más grave ya que, si sucede, la víctima no podrá hacer nada ya que no tendrá nada que recurrir. Si va a la administración ésta le podrá decir que ella invita a quién considera más adecuado y que no le tienen que dar explicaciones porque no tiene la consideración de interesado en un expediente que no conoce porque es "sin publicidad".

Ante esta situación, no es de extrañar que surjan opiniones totalmente contrarias a la concertación que propugnan que ninguna residencia debiera aceptar la invitación.

Yo creo que cada cual debe hacer su valoración pero que, sea como sea, no se están haciendo bien las cosas.

sábado, 7 de agosto de 2010

OBSERVATIORIOS ARROJADIZOS

Aunque al común de los mortales no se lo parece, un observatorio puede ser mucho más que un edificio coronado por una cúpula de a que emerge un telescopio.
Desde hace años, no existe área de actividad, por baladí que sea, que no disponga de su propio “observatorio”. Los tenemos flamantes como el de la violencia de género, curiosos como el de convivencia escolar e incluso exóticos como el Observatorio Experimental Piloto de Iniciativas de Paz y Desarrollo en Territorios de Minorías Étnicas (quien crea que es broma que Googlee un poco).
Lo llamativo es que cuando hablamos de la Ley de Dependencia, la astenia que se vive a la hora de desarrollar aspectos básicos (normas autonómicas de acreditación y copago, por ejemplo), se torna en frenesí cuando se trata de crear observatorios que de forma directa o indirecta observen la aplicación de la Ley. Así, hay algunos de carácter institucional como el de Personas Mayores o el de la Discapacidad que ya existían. Surgieron iniciativas autonómicas como la Gallega donde antes de las últimas elecciones anunciaron la creación de un Observatorio Permanente para la Dependencia e incluso Ayuntamientos como el de Fuenlabrada que creó su Observatorio Municipal de la Dependencia. Fuera de la administración vemos que la Universidad de Valencia tiene su ONDEP, Observatorio Nacional de Dependencia, FEAPS también tiene el suyo y la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales su Observatorio Para el Desarrollo de la Ley de Dependencia (que se ha hecho famoso con controvertidos informes en que ponen notas a las comunidades autónomas o desvelando cuáles “hacen caja con la ley”).
Al lado de estos observatorios “oficiales” y “denunciantes” recientemente ha aparecido una nueva modalidad que yo denominaría como “observatorio arrojadizo”. En Madrid, se ha creado uno, del que forman parte los sindicatos mayoritarios, asociaciones de vecinos y una asociación de consumidores, en la presentación del cual han anunciado que una de sus finalidades es denunciar los reiterados incumplimientos de la Ley por parte de la Comunidad de Madrid.
Me parece perfectamente lícito y beneficioso que los ciudadanos “vigilen” a las administraciones ya que creo que los poderes públicos deben ser muy escrupulosos cuando gestionan lo que es de todos y sabemos que lo hacen mejor cuando se sienten controlados. Lo que me produce risa es que sean los sindicatos, financiados con dinero público, quienes se constituyan en vigilantes y me produce aún más risa, rozando la carcajada, cuál ha sido la reacción de la Comunidad de Madrid: “lo más lógico sería crear un Observatorio Social para la Dependencia de carácter Estatal y no uno en cada región”. O sea, otro más.
Si vemos los antecedentes no es descabellado pensar que acabaremos con diecisiete observatorios autonómicos, otro estatal, uno de los sindicatos, otro de las patronales y catorce o quince más de diferente pelaje. Me pregunto, ¿tendría éxito un metaobservatorio que se dedicase a observar los observatorios?
Por cierto, para los que no hayan googleado, el Observatorio Experimental Piloto de Iniciativas de Paz y Desarrollo en Territorios de Minorías Étnicas, no es español sino colombiano, pero con un nombre así no podía resistirme a referirme a él.

martes, 13 de julio de 2010

PREPARADOS PARA LA SUBIDILLA

El pasado 25 de mayo, el País publicó una noticia según la cual PSOE y CiU habían pactado el IVA suerreducido (4%) para las estancias en residencias por parte de beneficiarios de la prestación vinculada de la Ley de Dependencia. Esta rebaja tenía que entrar en vigor el 1 de julio pero, después de esa noticia todo quedó en nada: silencio, duda.

Lo único claro es que el Estado ha bajado el IVA a las Comunidades Autónomas para que puedan pagar menos por el concierto de plazas y que las residencias privadas han subido el IVA del 7 al 8%, una subida que han sufrido los usuarios en la mayor parte de casos pero que en otros han tenido que asumir las residencias, perdiendo una parte de su facturación.

En Cataluña, los usuarios de "plazas colaboradoras" pagan una cantidad que viene determinada en una resolución de la Generalitat. Ésta a su vez paga la diferencia entre lo que paga el usuario y una cantidad que se determina "IVA incluído" que oscila entre los 1.500 y 1.850 aproximadamente. El hecho de que el precio se determine "IVA" incluido hace que las residencias colaboradoras hayan tenido que facturar por una cantidad total equivalente al precio establecido por la Generalitat o sea que, al subir el IVA, han tenido que rebajar la base.

Aunque no se trata de una cantidad muy elevada por cada residente, sumando la de todos sí supone dejar de ingresar una cantidad a la que se tiene derecho.

Según nos informan algunos asociados a Inforesidencias.com algo parecido está pasando en comunidades como la de Madrid o Asturias.

A los que hoy viven esa peculiar situación, les parecerá bueno saber que la propuesta siguió su camino y que el 7 de Julio el Senado ha aprobado el IVA del 4% a los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y atención residencial contemplados en la ley de dependencia "siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios, que cubra más del 75% de su precio".

La pregunta es, ¿tendrá alguna repercusión sobre los centros colaboradores? Se permitirá la "subidilla" manteniendo el precio IVA incluido o no.

En principio una bajada o subida del tipo de IVA no debiera tener ninguna repercusión sobre los prestadores ya que ellos lo cobran y lo repercuten. Si alguna ventaja hay es que si el IVA baja, el servicio que se ofrece se convierte en más atractivo al tener un precio final más barato.

Ya sé que las plazas colaboradoras no son exactamente iguales a las de prestación vinculada pero, ¿no podría la Generalitat dar una pequeña alegría a una parte del sector aprovechando la circunstancia?

Ver noticia completa
Dependencia. El Senado aprueba el IVA superreducido para las prestaciones vinculadas al servicio :: Salud :: Medicina :: Periodista Digital

martes, 15 de junio de 2010

¿HA PARADO LA MÚSICA?

Dicen que Georges Soros dijo, tras perder varios millones de dolares en una operación financiara, una frase que describe muy bien la situación económica que estamos viviendo. Quizás la música ha parado de sonar pero la gente sigue bailando (ver cita).

Hace unas semanas que no consigo quitarme esta frase de la cabeza y es que en poco tiempo he impartido varias conferencias ante auditorios diferentes teniendo en común que siempre comparto mesa con algún representante de la administración. Mi discurso suele ser bastante parecido: "hemos desnaturalizado la Ley de Dependencia tanto que la hemos convertido en un zombi que se parece a la ley que habíamos querido pero sin espíritu"; "estamos en una situación de crisis tan profunda que es necesario replantear la forma en que aplicamos la Ley más allá de la supresión de la retroactividad", "quizás deberíamos plantearnos una moratoria de forma que en 2011 no entre la dependencia moderada, considerar la diferenciación entre costes hoteleros y asistenciales a la hora de determinar el copago o reducir considerablemente la cuantía de las prestaciones económicas no profesionales para desincentivarlas y hacerlas verdaderamente excepcionales".

Mis intervenciones suelen provocar reacciones diversas. Entiendo que algunas personas que ilusamente se creen las promesas de los poderes públicos se nieguen a aceptar "recortes". Lo que me llama poderosamente la atención es que haya personas con algún tipo de responsabilidad que todavía esté utilizando argumentos como "no se puede poner la excusa de que no hay dinero para limitar las prestaciones de la Ley de Dependencia". Esto es lo que escuché a Dña. Emilia Caballero, Adjunta Primera del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, con la que compartí mesa en una sesión sobre aspectos jurídicos de la Ley de Dependencia que tuvo lugar en Alicante el día 10 de junio. En esa misma jornada escuché de boca de D. Joaquín Martínez, Secretario Autonómico de Autonomía Personal y Dependencia de la Generalitat Valenciana que cuando la Comunidad reconoce una prestación económica para el cuidador, el coste de la misma se la reparten a partes casi iguales entre comunidad y estado (paga un poco más el estado) pero que cuando se reconoce un servicio de residencia la comunidad paga tres cuartas partes del coste. El debate entre estos dos ponentes resultó interesante ya que la Sra. Caballero vino a decirnos que se recibían tantas quejas sobre la Ley de Dependencia en esa comunidad que ellos concluían con que la aplicación estaba siendo muy deficiente.

Unos días antes, el 2 de junio en Tarragona, varias personas después de mi intervención en una Jornada sobre Dependencia en el ámbito de la discapacidad me dijeron que el problema es que yo era muy pesimista y que no se debería hablar de recortes en esta ley cuando vamos tan atrasados con relación a otros paises europeos. Yo les pregunté si leían los periódicos o veían la televisión ya que quizás no eran conscientes de que estamos en una situación desconocida de incertidumbre e inseguridad frente al futuro ellas me dijeron que había otros sitios para recortar y que siempre pagan los más débiles.

Unos días antes, el 19 de mayo, asistí a unas jornadas sobre acreditación y calidad en Cataluña y escuché de boca de la Sra. Pilar Solanes, subdirectora del ICASS, cuáles eran las claves del sistema de acreditación de Cataluña. No hubiesen resultado sorprendentes si su intervención no hubiese sido precedida por la de la Directora General, Carolina Homar que anunció, cariacontecida que era más que probable que el tijeretazo fuese a llegar a la sanidad y a los servicios sociales vía reducción de gasto en prestaciones/conciertos.

La frase de Soros es muy importante. Quien quiera leer la presentación de la Sra Solanes convendrá conmigo que los criterios de acreditación incrementarán los costes de prestación de servicios y quien haya escuchado a la Sra. Homar estará de acuerdo con que, durante un tiempo, va a haber menos dinero para hacer las cosas. ¿NO es incongruente? Yo creo que sí.

A nadie nos gusta que las cosas no vayan bien pero hace falta hacer algo. Yo creo que la idea de que estamos en una situación difícil y que hace falta hacer más con menos debería ser la premisa de todo lo que nos digan los políticos, pero no sólo el presidente del Gobierno sino todos. Esa idea debería imperar en todas las decisiones que se tomen con relación a la Ley de Dependencia y debería llevar a criterios de acreditación imaginativos que permitan no incrementar costes, criterios de copago lo más equitativos posibles en los que quién pueda pague verdaderamente más y así con todo.

Si no lo hacemos, seguiremos bailando sin música o lo que es peor con la música de la orquesta del Titanic.

lunes, 7 de junio de 2010

CÓMO SERÁ EL SECTOR GEROASISENCIAL EN 10 AÑOS

Inforesidencias.com cumple este año su décimo aniversario como portal de internet dedicado al sector de la atención a personas mayores y por ese motivo, sus VI jornadas anuales, que celebró en Barcelona, en el seno de la Feria de Mayores Firagran, llevó por título ¿Cómo será el sector de la dependencia dentro de diez años?

Josep de Martí, director de Inforesidencias.com y de eaiconsultoria, impartió la conferencia inaugural compartiendo su preocupación por el hecho de que la Ley de Dependencia esté perdiendo su “alma”. Parece que los elementos clave que llevaron a la redacción de la Ley y los objetivos que se perseguían con ella no están siendo alcanzados: La armonización de derechos de los ciudadanos de diferentes comunidades autónomas se sigue alejando, como lo demuestra la disparidad de criterios para acreditar centros, valorar la dependencia, establecer copago e incluso elaborar los PIAs; la apuesta por la profesionalización, generación de riqueza calidad, han sido abandonadas al relegar los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas para el cuidador no profesional; nunca ha apostado realmente por la prevención o la autonomía personal; y ni siquiera se puede garantizar de forma suficiente su sostenibilidad. Josep de Martí, recordó que generará 7.000 millones de déficit en 2010.

Esta pérdida de alma llevó a Josep de Martí a decir que actualmente la Ley de Dependencia se ha convertido en un “muerto viviente”, un zombi que camina entre nosotros y reparte dinero y prestaciones pero en el que somos incapaces de reconocer a la persona que tenía que tenía que haber sido. De Martí dijo que el zombi es mejor que lo que teníamos antes de la Ley y que había que reconocer los esfuerzos que están haciendo las diferentes administraciones pero denunció que estos esfuerzos no están yendo necesariamente en la línea que marca la propia Ley sino que se han ido desviando por intereses coyunturales y partidistas.
De Martí propuso resucitar al muerto aplicando cuatro iniciativas: aprobar inmediatamente las normas de acreditación autonómicas de forma que se permita fomentar la elección entre servicios públicos, concertados o prestaciones vinculadas; una moratoria que permitiese centrar todos los esfuerzos en los grandes dependientes dejando para más adelante la cobertura universal de los grados más bajos de dependencia; la desaparición de las prestaciones económicas para el cuidado no profesional o su reducción a no más del 10% de las ayudas y la aplicación meticulosa de la Ley en lo que a copago se refiere, algo que requeriría separar claramente el coste hotelero/manutención del servicio y que permitiría aumentar la viabilidad.
Refiriéndose a los viajes geroasistenciales que ha organizado Inforesidencias.com en el pasado y que han permitido a empresarios españoles conocer el modelo sueco, francés y alemán, de Martí planteó que en un futuro próximo deberemos afrontar dilemas mayúsculos como la necesidad de “desprofesionalizar” y la demanda por parte de los usuarios de nuevos modelos de residencias.

Quico Mañós, subdirector de eaiconsultoria trazó las líneas básicas de tres cuestiones que, sin duda irán ganando terreno en el sector: la participación de usuarios y familiares en la vida de las residencias; el fomento de las buenas prácticas como forma de mejorar los servicios y la creación y funcionamiento de comités de ética asistenciales. Mañós resaltó la necesidad de estar preparados para afrontar los cambios y destacó la experiencia de eaiconsultoria en materia de participación y buenas prácticas, en esta última materia, eai ha colaborado recientemente en la elaboración de los manuales que ha redactado el Principado de Asturias.

José Barrantes, gerente de operaciones de Applus+, habló sobre acreditación y clasificación de residencias incidiendo en que la tendencia europea es apostar por establecer una relación de confianza entre financiadores públicos de servicios y prestadores. Bajo unas nuevas “directivas de control”, en vez de gastar mucho inspeccionando y controlando todas las fases del proceso y resultados, se exige a los prestadores unas certificaciones emitidas por un tercero acreditado y se endurece el castigo para quien engaña. Esta tendencia no ha llegado todavía a España, donde seguimos modelos de inspección y control detallado, pero sin duda tenderemos hacia un modelo de certificación y confianza.

Como cuestiones novedosas aportadas por José Barrantes, la certificación OHSA 18001:2007 de seguridad laboral que permite a aquellas empresas que la obtienen una rebaja en las cotizaciones a la Seguridad Social mediante un sistema “bonus malus”, o las subvenciones públicas existentes para la obtención de la certificación ISO 14001:2004 de medio ambiente.

El acto incluyó una inspiradora intervención del filósofo Francesc Torralba que abordó un tema tan relevante y valioso como los cambios de valores y ética que viviremos en una sociedad que envejece. Torralba destacó tres constataciones: cada vez hay más personas mayores, cada vez hay más personas dependientes (mayores y no mayores), está situación hará cambiar el imaginario colectivo que tenemos sobre el envejecimiento y dependencia.

Durante la intervención de Francesc Torralba aparecieron conceptos como “necesidad de deconstruir prejuicios ageísticos” y “fomentar cuatro valores fundamentales: el respeto, la autonomía, la equidad y la escucha”.

Para finalizar el acto Josep de Martí explicó que Inforesidencias.com tiene en la actualidad más de 800 residencias geriátricas asociadas y recibe más de 3.000 visitas diarias especialmente de personas que están buscando un servicio adecuado a sus necesidades: residencias, centros de día y servicios de atención domiciliaria. También anunció que este año se ha puesto en marcha Inforesidencias.com en México y Argentina y que en un par de años más habrá una versión del portal en cada país Iberoamericano.


Autor:  Josep de Martí

miércoles, 26 de mayo de 2010

LA MONTAÑA RUSA DEL IVA DE LA DEPENDENCIA

Los amantes de las montañas rusas estarán entusiasmados con este gobierno y sus medidas.
En lo referente al IVA de las residencias, primero, dieron a entender que bajaba del 7 al 4%, después dijeron que sólo se aplicaría la rebaja a los conciertos y contratos de gestión privada de servicios públicos y, entre los días 24 y 26 de mayo hemos leído lo siguiente:

24 de mayo: Debate sobre un IVA del 4% para residencias
25 de mayo: PP insta al gobierno a aplicar el iva superreducido a todos los servicios de dependencia
25 de mayo a las 17:54 El congreso rechaza el iva superreducido para todos los servicios de dependencia
25 de mayo: PSOE y CIU acuerdan aplicar el IVA superreducido para la prestación económica.
O sea que lo último, de momento es que cuando entre en vigor la subida general del IVA el próximo 1 de julio, se aplicará el tipo superreducido del 4 por ciento a las prestaciones económicas vinculadas a los servicios de dependencia, es decir, a aquellos servicios privados que se contratan con fondos del sistema de la dependencia. El resto de servicios privados: residencias, los centros de día, el SAD y la teleasistencia verán el tipo incrementado del 7 al 8%.
Quizás antes de que salga publicado en el BOE veamos tres cambios más y, después de su publicación se corrija algún que otro “error”, por lo que lo que el juego del “sube-baja” del IVA no puede darse por concluido.

Para los lectores de Cataluña, llamamos la atención de las palabras que Europa Press atribuyen al Diputado Joan Tardà, de ERC: "lo prioritario debe ser lo público; lo subsidiario, lo privado concertado y luego lo privado". "Hay lista de espera en centros concertados y existen centros privados que no tienen todas las plazas cubiertas y no se animan a concertarse”.
Si alguna de estas residencias “se anima a concertarse”, quizás debería comunicárselo al Diputado Sr. Tardà a ver si él puede “animar a la Generalitat” a ampliar el concierto o a sacar ya el Decreto de Acreditación.

martes, 25 de mayo de 2010

¿PASARÁ CATALUÑA DE COLABORACION A CONCIERTO POR EL IVA?

¿Por qué quiere ahora la Generalitat de Cataluña convertir 14.000 plazas colaboradoras en concertadas? ¿Por qué no dice claramente que es lo que quiere hacer y nos tiene a todos en vilo esperando la jugada?
Llevo unos cuantos días pensando en esto. Todo empezó con unas palabras de la Directora General del ICASS, Carolina Homar en unas jornadas en el Colegio de Médicos de Barcelona en las que se hablaba de ética y durante las cuales ella dijo algo que no llegué a entender. Parecía como si fuese a haber un proceso de conversión de plazas de colaboración en concertadas. En ese momento no le di importancia ya que, como casi todos, estaba esperando el Decreto de acreditación.
Unos días después, un cliente me pregunta qué sé sobre el proceso de conversión de 14.000 plazas de colaboración en concertadas a lo que contesto que nada. Acto seguido empiezo a llamar a varias personas (básicamente de la administración y patronales) y me dicen que, efectivamente es algo que ha dicho el ICASS poniendo incluso fecha: el proceso empezará antes de acabar Junio. Diferentes personas me explican que será un proceso más sencillo que el concierto de las 1.500 plazas de abril de 2010 y que las residencias colaboradoras que reúnan determinados requisitos sólo tendrán que presentar una memoria.
Como “convertir” una plaza colaboradora en concertada tiene su dificultad jurídica (supone cambiar una ayuda económica por un contrato de gestión de servicio público en la modalidad de concierto), supongo que estamos ante una idea que, aunque quiera hacerse rápida y fácil, se irá complicando por el camino. Principalmente porque la administración no puede contratar servicios sin unos requisitos y siguiendo el procedimiento que establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Puedo equivocarme pero creo que sacarán una o varias licitaciones dando puntos a las empresas que hayan sido acreditadas como colaboradoras de manera que éstas tengan una ventaja. Lo que no sé es cómo harán para salvar el obstáculo de las muchas residencias colaboradoras que no tienen (y difícilmente tendrán) sala de fisio, visitas y profesionales, o las que tienen habitaciones triples.
Tampoco sé cómo van a hacer para evitar que las muchas residencias privadas no colaboradoras se presenten a la licitación haciendo que la administración se encuentre con un proceso con varios centenares de plicas.
Dejando eso de lado, de momento, me pregunto ¿Por qué quieren sacar ahora el concierto? ¿No sería más lógico publicar rápidamente el Decreto de Acreditación y, a posteriori, iniciar un proceso de conversión?
Recordemos que existía un compromiso para que el Decreto de Acreditación estuviese en vigor antes del el 1 de enero de 2010 y que hasta entonces las residencias pudiesen acreditarse como colaboradoras (compromiso incumplido y sustituido por otro que dice que el Decreto se acabará de elaborar durante 2010 y entrará en vigor en 2011).
Yo creo que, si finalmente se lanza el proceso tendrá más que ver con la rebaja interrupta del IVA que con el Decreto de Acreditación. Par intentar demostrarlo, aunque soy de letras voy a hacer un ejercicio que ruego contraste alguien que sepa más que yo:
Hipótesis
Tenemos 14.000 beneficiarios del programa que de media pagan por su estancia 1.650€ (+7%IVA) (o sea 1.765,50€ IVA incluido) repartidos 1.200€ al mes la Generalitat y 565,50€ el beneficiario(estos datos no tienen un contraste real pero lo importante es lo que viene a continuación).
Coste anual para la Generalitat 14.000 usuarios x 1.200€ x 12meses = 201.600.000€
De este dinero 19.404.000€ corresponden a IVA que ingresa el Estado y de los que el 50%, según el nuevo modelo de financiación, vuelven a la Generalitat por lo que el coste real es de 182.196.000€ al año.
Situación 1
Si la Generalitat no hace nada y sigue el sistema actual, a partir del 1 de julio el IVA pasa del 7 al 8%. Como lo que paga el ciudadano se ha calculado en base a su capacidad económica según la cartera de servicios y un decreto de copago, la subida del IVA se la tiene que “comer” la Generalitat.
En esta nueva situación, costando la plaza 1.650€ + 8% de IVA, el coste real es de 1.782€ de los cuales la Generalitat pasaría a pagar 1.261,50€ y el ciudadano continuaría pagando 565,50€.
O sea, coste anual Generalitat 14.000 usuarios x 1.261,50€ x 12meses = 211.932.000€ (o sea 10.332.000€ más caro al año).
Si calculamos que de ese IVA incrementado, la mitad (22.176.000€) vuelve a la Generalitat, vemos que, el coste total para la Generalitat será de 189.756.000€, o sea que el coste de no hacer nada es de 2.772.000€.
Situación 2
Imaginemos que la Generalitat consiguiese transformar las 14.000 plazas en concertadas. Imaginemos que el copago continuase siendo de 565,5€ por ciudadano. El hecho de que la plaza sea concertada supone que el IVA pase a ser del 4% por lo que los números cambian de forma espectacular.
Veamos:
Coste plaza mensual 1.650€ + 4% IVA = 1716€.Generalitat paga 1.150,50€ Usuario paga 565,50€
Coste anual para la Generalitat: 14.000 usuarios x 1.150,5€ x 12 meses = 193.284.000€
Retorno del 50% de IVA para la Generalitat 5.544.000€
O sea, coste total de esta opción 187.740.000€
Si no me he equivocado en los cálculos, pasar las plazas colaboradoras a concierto supondría que la Generalitat ahorraría cada año algo más de cinco millones y medio de euros, lo que podría sanear el déficit o dar asistencia a 413 personas más con el mismo dinero.
Este puede ser un motivo por el que la Generalitat podría pasar las plazas colaboradoras a concertadas sin esperar a sacar el Decreto de Acreditación, pero, ¿Por qué no nos lo dicen claramente?
En un acto organizado por la Unió en la Universidad Pompeu Fabra, la Sra. Pilar Solanes, alto cargo del ICASS nos dijo que tenían un borrador muy avanzado con los requisitos de acreditación pro que todavía no podía difundirlo porque tenía que seguir su tramitación pasando por diferentes pasos incluidos los consejos de participación (Consell General de Serveis Socials…). Sí explicó, por encima, de qué iría la cosa y, la verdad, me quedé con la sensación de que, como decía George Soros, “la música ha parado pero la gente sigue bailando”. Vamos a tener un decreto de acreditación que se sigue pensando como el Gran Tijeretazo no se hubiese producido.
Yo creo que deberíamos pensar, entre todos, que nos esperan unos años duros en los que deberíamos anteponer a cada iniciativa (pública, privada e incluso doméstica) una doble pregunta: Cuánto costará y ¿podremos pagarlo?. Con esa premisa, cualquier requisito nuevo de acreditación debería llevar anejo un estudio de costes de forma que sólo se aplicasen, como mínimo hasta 2.015, los que puedan suponer calidad sin aumentar costes. La prioridad pública debería ser, durante estos años, aumentar el número de beneficiarios que reciban un servicio de calidad razonable y dejar aparada la idea de excelencia para cuando tengamos dinero para pagarla.
Si el posible paso de colaborador a concertado se hace para ahorrar. Apliquemos ese mismo ímpetu a toda iniciativa y quizá podamos recordar estos tiempos como aquéllos en que, con imaginación y esfuerzo salvamos la Ley de Dependencia.

Por cierto, quien quiera escuchar esta opinión en directo, que se inscriba en el seminario que organizará Inforesidencias.com el próximo 18 de junio en Barcelona.

sábado, 15 de mayo de 2010

LA REBAJA INTERRUPTA DEL IVA

La primera información que apareció en la prensa a mediados de marzo nos decía que el gobierno y Convergència estaban negociando un paquete de medidas para impulsar la economía del país entre la que destacaba la rebaja del IVA de los servicios a la dependencia al 4% (desde el actual 7%). Esa noticia llegó en un buen momento ya que, según la Ley de Presupuestos de 2010 a partir de julio ese tipo se iba a elevar al 8%.
Durante unos días muchos estuvieron contentos ante la perspectiva. Una rebaja de ese tipo no tiene repercusión directa en la cuenta de resultados de una residencia ya que, al fin y al cabo, el IVA se recauda y se repercute. Sobre quien sí tendría consecuencias benéficas sería sobre las familias que verían rebajada la factura de la residencia en unos 500€ a 700€ al año.
Cuando, unos días después se fueron concretando las cosas supimos que la intención del gobierno no era ayudar a las familias que pagan de su bolsillo residencias privadas sino a las Comunidades Autónomas que conciertan plazas.
El final de la historia lo vemos en el Real Decreto- ley 6/2010 que indica que habrá una rebaja de tipo "a los servicios de dependencia que se presten mediante plazas concertadas o mediante precios derivados de concursos administrativos".
Veamos pues a quién y cómo afecta: En España, según datos del Imserso de 2008, el 24% de las 329.000 plazas en residencias son concertadas, el 23% públicas y el 53% privadas. O sea que en principio, afectará a ese 24% de residencias concertadas más a las residencias públicas que estén gestionadas por empresas y cobren “precios derivados de concursos públicos”.
Si los datos el Imserso son ajustados, hablaríamos de unas 78.000 plazas concertadas en las que el usuario, co-paga alrededor de un 25% del precio público. O sea, que la parte importante de la rebaja no afecta al precio que paga un ciudadano sino al que paga una comunidad autónoma a un proveedor.
En principio daría igual que el IVA de los conciertos fuese el 4 o el 40% ya que lo pagaría con una mano la administración y lo cobraría con la otra de forma que a los ciudadanos les afectaría poco (sólo a la parte del copago). El embrollo está en que ese IVA lo paga ahora de forma íntegra las autonomías a sus proveedores pero quien lo cobra es Hacienda, o sea el Estado, quien a su vez lo reparte con las Comunidad Autónoma. Bueno, eso sucedería en situaciones normales. Ahora, debido a la crisis, al excesivo optimismo de las previsiones públicas de recaudación y la baja recaudación efectiva del impuesto, resulta que algunas comunidades autónomas han recibido en concepto de IVA más de lo que debían y tienen ahora que devolver o compensar al Estado.
En ese contexto bajar el tipo impositivo del IVA de los conciertos supone únicamente, y de forma imbrincada, aligerar un poco las cuentas de las comunidades autónomas.
Me imagino así lo que le dirá la Vicepresidenta económica a un consejero autonómico: “Antes me pagabas 7 y yo te devolvía 3,5. Ahora me pagarás 4 y te devolveré 2, o sea que sales ganando 1,5”. El Consejero asombrado preguntará “Me gusta la idea. ¿Y cuándo me empezarás a devolver esos 2?”, a lo que la Vicepresidenta responderá “No, no, lo de devolver es en sentido figurado. Lo que haré es descontártelo de lo que te di de más el año pasado”. Supongo que seguirán discutiendo un rato y después volverán a sus despachos en sus coches oficiales. “Todo sea por la recuperación económica”,

jueves, 6 de mayo de 2010

X ANIVERSARIO INFORESIDENCIAS.COM

Inforesidencias.com cumple este año su décimo aniversario como portal de internet dedicado al sector de la atención a personas mayores y por ese motivo, sus VI jornadas anuales, que celebró en Barcelona, en el seno de la Feria de Mayores Firagran, llevó por título ¿Cómo será el sector de la dependencia dentro de diez años?

Josep de Martí, director de Inforesidencias.com y de eaiconsultoria, impartió la conferencia inaugural compartiendo su preocupación por el hecho de que la Ley de Dependencia esté perdiendo su “alma”. Parece que los elementos clave que llevaron a la redacción de la Ley y los objetivos que se perseguían con ella no están siendo alcanzados: La armonización de derechos de los ciudadanos de diferentes comunidades autónomas se sigue alejando, como lo demuestra la disparidad de criterios para acreditar centros, valorar la dependencia, establecer copago e incluso elaborar los PIAs; la apuesta por la profesionalización, generación de riqueza calidad, han sido abandonadas al relegar los servicios profesionales frente a las prestaciones económicas para el cuidador no profesional; nunca ha apostado realmente por la prevención o la autonomía personal; y ni siquiera se puede garantizar de forma suficiente su sostenibilidad. Josep de Martí, recordó que generará 7.000 millones de déficit en 2010.

Esta pérdida de alma llevó a Josep de Martí a decir que actualmente la Ley de Dependencia se ha convertido en un “muerto viviente”, un zombi que camina entre nosotros y reparte dinero y prestaciones pero en el que somos incapaces de reconocer a la persona que tenía que tenía que haber sido. De Martí dijo que el zombi es mejor que lo que teníamos antes de la Ley y que había que reconocer los esfuerzos que están haciendo las diferentes administraciones pero denunció que estos esfuerzos no están yendo necesariamente en la línea que marca la propia Ley sino que se han ido desviando por intereses coyunturales y partidistas.

De Martí propuso resucitar al muerto aplicando cuatro iniciativas: aprobar inmediatamente las normas de acreditación autonómicas de forma que se permita fomentar la elección entre servicios públicos, concertados o prestaciones vinculadas; una moratoria que permitiese centrar todos los esfuerzos en los grandes dependientes dejando para más adelante la cobertura universal de los grados más bajos de dependencia; la desaparición de las prestaciones económicas para el cuidado no profesional o su reducción a no más del 10% de las ayudas y la aplicación meticulosa de la Ley en lo que a copago se refiere, algo que requeriría separar claramente el coste hotelero/manutención del servicio y que permitiría aumentar la viabilidad.

Refiriéndose a los viajes geroasistenciales que ha organizado Inforesidencias.com en el pasado y que han permitido a empresarios españoles conocer el modelo sueco, francés y alemán, de Martí planteó que en un futuro próximo deberemos afrontar dilemas mayúsculos como la necesidad de “desprofesionalizar” y la demanda por parte de los usuarios de nuevos modelos de residencias.
El subdirector de eaiconsultoria trazó las líneas básicas de tres cuestiones que, sin duda irán ganando terreno en el sector: la participación de usuarios y familiares en la vida de las residencias; el fomento de las buenas prácticas como forma de mejorar los servicios y la creación y funcionamiento de comités de ética asistenciales. Resaltó la necesidad de estar preparados para afrontar los cambios y destacó la experiencia de eaiconsultoria en materia de participación y buenas prácticas, en esta última materia, eai ha colaborado recientemente en la elaboración de los manuales que ha redactado el Principado de Asturias.

José Barrantes, gerente de operaciones de Applus+, habló sobre acreditación y clasificación de residencias incidiendo en que la tendencia europea es apostar por establecer una relación de confianza entre financiadores públicos de servicios y prestadores. Bajo unas nuevas “directivas de control”, en vez de gastar mucho inspeccionando y controlando todas las fases del proceso y resultados, se exige a los prestadores unas certificaciones emitidas por un tercero acreditado y se endurece el castigo para quien engaña. Esta tendencia no ha llegado todavía a España, donde seguimos modelos de inspección y control detallado, pero sin duda tenderemos hacia un modelo de certificación y confianza.
Como cuestiones novedosas aportadas por José Barrantes, la certificación OHSA 18001:2007 de seguridad laboral que permite a aquellas empresas que la obtienen una rebaja en las cotizaciones a la Seguridad Social mediante un sistema “bonus malus”, o las subvenciones públicas existentes para la obtención de la certificación ISO 14001:2004 de medio ambiente.

El acto incluyó una inspiradora intervención del filósofo Francesc Torralba que abordó un tema tan relevante y valioso como los cambios de valores y ética que viviremos en una sociedad que envejece. Torralba destacó tres constataciones: cada vez hay más personas mayores, cada vez hay más personas dependientes (mayores y no mayores), está situación hará cambiar el imaginario colectivo que tenemos sobre el envejecimiento y dependencia.

Durante la intervención de Francesc Torralba aparecieron conceptos como “necesidad de deconstruir prejuicios ageísticos” y “fomentar cuatro valores fundamentales: el respeto, la autonomía, la equidad y la escucha”.

Para finalizar el acto Josep de Martí explicó que Inforesidencias.com tiene en la actualidad más de 800 empresas asociadas y recibe más de 3.000 visitas diarias especialmente de personas que están buscando un servicio adecuado a sus necesidades: residencias, centros de día y servicios de atención domiciliaria. También anunció que este año se ha puesto en marcha Inforesidencias.com en México y Argentina y que en un par de años más habrá una versión del portal en cada país Iberoamericano.

Autor del post:  Josep de Martí

sábado, 17 de abril de 2010

LO EXCEPCIONALMENTE EXCEPCIONAL

El BOE de 12 de marzo nos trae dos nuevas perlas producidas por el sistema de la Dependencia. Se trata de dos resoluciones que quieren, una mejorar el sistema de valoración y la otra la calidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
¿Se acuerdan de aquélla prestación excepcional que permitía dar dinero para que una persona dependiente fuese cuidada por familiares en su casa? ¿Se acuerdan de cómo fuimos todos al diccionario a buscar el significado de la palabra excepcional cuando vimos que la mitad de las ayudas de la dependencia eran económicas para el cuidador no profesional?
Pues, nuestros queridos gobernantes han decidido que seguirán sorprendiéndonos. Según el Diccionario de la Real Academia, es excepcional aquello que constituye excepción de la regla común, se aparta de lo ordinario, u ocurre rara vez. Por eso, si decimos que una cosa es excepcional y acaba pasando en la mitad de las ocasiones, es que algo raro pasa.
Supongo que, después de estos años de continuas quejas sobre el uso abusivo de esta prestación el corazón del Consejo Territorial se ha ablandado y han decidido tomar cartas en el asunto, pero a la hora de hacerlo, en vez de actuar de forma seria parece que han decidido hacernos reír a todos. Para empezar, se establecen unos requisitos que debe reunir el familiar cuidador que son: ser familiar, cuidar y poder hacerlo (o sea, que no podrá ser cuidador el que no pueda cuidar por no disponer de tiempo o ser a su vez dependiente). Pero, ¿no era eso obligatorio ya?. ¿Podemos entender que si no se especifica esto hay sitios en los que se está la ayuda para que un dependiente cuide a otro?
La cosa no acaba aquí. La resolución que regula la prestación excepcional nos dice que “Excepcionalmente, en el caso de varias personas cuidadoras que se sucedan de forma rotatoria, con cambio o no de domicilio de la persona en situación de dependencia, se determinarán claramente los periodos de tiempo que corresponden a cada una de ellas” o sea que se crea una excepcionalidad dentro de lo excepcional. También nos dice la resolución que “Las personas cuidadoras no familiares del entorno tienen el carácter de excepcionalidad dentro de esta prestación”.
O sea que ahora es posible que una forma excepcional de cuidado no profesional (la del “no familiar”) se pueda dar en forma excepcional (rotatoria) recibiendo una prestación económica excepcional. ¿Alguien le ve lógica? Yo tampoco.
La resolución también apuesta porque las comunidades vigilen el buen uso de la prestación. Supongo que piensan que la inspección de servicios sociales entre en los domicilios o cosas por el estilo. ¿Alguien cree que las comunidades autónomas van a crear una legión de inspectores para entrar en centenares de miles de domicilios? Yo tampoco.
Supongo que soy mucho más soso y aburrido que el Consejo Territorial y por eso se me ocurren ideas menos entretenidas: ¿No podría decirse sencillamente que el número de prestaciones económicas para el cuidado no profesional no puede suponer nunca más que el 5% del total de ayudas? O, dando un paso más, ¿No se podría quitar del todo esta prestación y centrarnos en la prestación profesional que es la que genera riqueza al país?

lunes, 12 de abril de 2010

A VUELTAS CON EL USO DE CONTENCIONES Y FISCALÍA

Como nuestros queridos gobernantes no se atreven o no saben dar cabida al envejecimiento de la población y al consecuente aumento de casos de personas con demencia en nuestro sistema jurídico, seguimos con los apaños y las chapuzas.

Ya he dicho muchas veces (ver capítulo 3) que para mí es un error equiparar el internamiento de un enfermo mental en fase aguda en un hospital psiquiátrico con el ingreso en una residencia, sin embargo nuestra Ley lo hace y lo mantiene (la última regulación es la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000). También he dicho que considero otro error seguir regulando la incapacitación como si ésta fuese un ataque contra una persona del que debe ser protegida, algo que puede valer para casos psiquiátricos pero no para el creciente número de demencias. Sobre esto de las incapacitaciones ya me entró la risa cuando vi que, en vez de cambiar de una vez por todas la Ley, se asume que ésta no puede funcionar y, en Cataluña, un grupo de técnicos elabora un Protocolo para la aplicación de criterios de criba antes de iniciar un proceso de incapacitación. Se trata de un documento que está bien y que, si hubiera sido elaborado por representantes de la ciudadanía podría recibir un gran aplauso.

Ahora le ha tocado el turno a otra de las cuestiones jurídicas en las que la realidad y la Ley han decidido tomar caminos diferentes.

La Ley de Servicios Sociales de Cataluña de 2007 incluyó por primera vez en una norma legal una mención expresa a los requisitos para el uso de contenciones en residencias para personas mayores. Concretamente el artículo 12 p) reconoce el derecho a No ser sometido a ningún tipo de inmovilización o restricción de la capacidad física o intelectual por medios mecánicos o farmacológicos sin prescripción facultativa y supervisión, salvo que exista un peligro inminente para la seguridad física de los usuarios o de terceras personas. En este último caso, las actuaciones deben justificarse documentalmente, deben constar en el expediente del usuario o usuaria y deben comunicarse al Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo establecido por la legislación.

Antes se habían establecido en normas reglamentarias algunas exigencias para estos casos que incluían la prescripción médica además de la existencia de un protocolo y unos registros específicos. La inspección de servicios sociales catalana lleva años pidiendo además, en el caso de contenciones físicas la firma de los familiares.

Durante el mes de febrero de 2010, la Fiscalía Provincial de Barcelona, concretamente el Servicio de Internamientos e Incapacidades, ha empezado a pedir más cosas. Muchas residencias de la provincia están recibiendo un escrito en el que la Fiscalía les indica que, a partir de ahora deberán comunicarse a este órgano las “Inmobilizaciones y restricciones de la capacidad física o intelectual por medios mecánicos o farmacológicos que se impongan a las personas ingresadas”. Se pide la comunicación de todas las contenciones, tanto anteriores como posteriores a la recepción del escrito. Esta comunicación deberá repetirse cada seis meses, cuando continúe la contención.

Ante este escrito muchas residencias se están planteando cuestiones interesantes que nos han hecho llegar a Inforesidencias.com. Reproducimos algunas:

Así como el uso de contenciones mecánicas resulta fácilmente identificable. ¿Qué es exactamente una contención farmacológica? Cualquier ansiolítico, hipnótico, antipsicótico o relajante muscular a determinadas dosis podría producir una reducción de la capacidad física o intelectual. Pero incluso algunos analgésicos o antihistamínicos pueden tener ese efecto. Sólo hay que ver los prospectos que recomiendan no utilizar maquinaria cuando se toman. Nos comentan desde alguna residencia que en psiquiatría se administra en ocasiones un fármaco con la única intención de “contener” a un enfermo en fase aguda. ¿Sería ese el único caso de “contención farmacológica”.

¿Debe enviarse a Fiscalía únicamente una relación con los nombres o más datos?

Aunque sólo lo esté pidiendo la Fiscalía de Barcelona. ¿Si la obligación se deriva de una Ley, ¿No deberían comunicarlo a la Fiscalía de su provincia todas las residencias de Cataluña?

En mi opinión, la finalidad de esta circular y del artículo mismo de la Ley es proteger los derechos de los residentes ante posibles abusos. Si leemos el artículo de la Ley parecería que sólo hay que comunicar al Ministerio Fiscal los casos en que se ha producido una contención por motivos de urgencia. No obstante el propio Ministerio Fiscal considera que se deben comunicar todas las contenciones por lo que, entendemos, debe hacerse una interpretación extensiva y colaborar al máximo con la Fiscalía.

Para eso, recomendamos que se haga una primera comunicación en la que aparezcan todos los residentes que utilizan contención, tanto física como todos aquéllos que tienen prescrita cualquier medicación que, a criterio del responsable higiénico sanitario de la residencia pueden “restringir la capacidad física o intelectual” a cualquier nivel. A este primer escrito se debería adjuntar como anexo una copia de la prescripción de las contenciones, del protocolo de contenciones así como un modelo del registro que se utiliza a tal fin, junto con una solicitud para que Fiscalía confirme que la documentación que se utiliza es correcta o indicaciones para modificarla. En el escrito se debería explicar que existen dudas sobre qué considerar contención farmacológica en un entorno “no psiquiátrico” por lo que se utiliza una interpretación muy extensiva.

Así mismo, sería conveniente que la residencia comunicase a Inspección de Servicios Sociales que ha enviado información sobre las contenciones a Fiscalía, pidiendo asesoramiento, de acuerdo con el artículo 16.1 e) de la Ley de Inspección de Servicios Sociales 16/1996, sobre qué considerar contenciones farmacológicas a la vista del escrito recibido de la Fiscalía.

Respecto a las residencias que no son de la provincia de Barcelona, no estaría de más que comunicasen a sus respectivas Fiscalías provinciales el uso de contenciones así como la existencia de protocolos, registros y prescripciones. De hecho, la existencia de la circular no nace de la voluntad autónoma de una Fiscalía sino de la aplicación de la Ley.

No estaría de más que la Generalitat se pusiese en contacto con alguna entidad científica como la Societat Catalano Balear de Geriatria y Gerontología para incidir desde una perspectiva científica en este asunto.

Para ahondar en la curiosidad, ACRA ha enviado a sus asociados a mediados de Abril de 2010 una circular en el que haciendo referencia a una “respuesta verbal” del Fiscal Coordinador a sus preguntas sobre el escrito dice que la remesa de escritos responde a un requerimiento efectuado por el Servicio de Inspección de Acción Social y Ciudadanía, con el fin de recordar a los centros sus obligaciones en esta materia y que sólo existiría la obligación de comunicar de forma generalizada las inmovilizaciones o restricciones en aquellos casos en los que no se cuente con la prescripción facultativa y supervisión, sin perjuicio de que cada centro, de manera individualizada y con ánimo de fomentar la transparencia de sus prácticas, quiera comunicar a Fiscalía todas las medidas que se tomen en este sentido.

¿Soy el único que ve una contradicción clara entre el texto de la carta enviada a las residencias y la aclaración verbal que hace el Fiscal Coordinador a ACRA?

¿No debiera el Fiscal enviar a todas las residencias a las que haya hecho llegar el requerimiento un segundo escrito con estas especificaciones?

Creo que en este caso ha habido un mal funcionamiento del sistema. La verdad es que me cuesta creer que la Fiscalía envíe una circular a las residencias de la provincia de Barcelona porque se lo haya pedido la inspección pero no le informe de lo que piensa escribir exactamente (estoy seguro que la inspección le hubiese pedido ser más clara en lo que debería requerir). También me extraña que la inspección haya requerido a la Fiscalía de Barcelona a enviar esta carta y no lo haya hecho a las otras tres Fiscalías ¿o sí lo hizo?

Sigo pensando que, con independencia de cualquier “respuesta verbal” que dé el Fiscal Coordinador a ACRA, todas las residencias que hayan recibido el escrito deberían contestarlo sin tardar.