Aunque parezca una eternidad, ya han pasado nueve años desde que el servicio militar obligatorio fuera abolido en España. Confieso que soy uno de esos españolitos que, en su momento hicimos la mili maldiciéndola mientras deseábamos que se acabase, para acto seguido convertirme en un contador de anécdotas y aventuras de aquél año que pasé vestido de verde.
Cuando, hace pocos días leí que el gobierno se plantea crear nuevos órganos multiprofesionales para revalorar al menos al 5% de las valoraciones de la dependencia realizadas en un semestre; me ha venido a la cabeza una de esas anécdotas de la mili:
Mientras era soldado, entre mis mandos existía algo que les incomodaba sobremanera: lo desordenada que alguno tenía su taquilla. Ante esa terrible situación tomaron cartas en el asunto, pero, como había diferentes compañías con distintos oficiales y suboficiales, la solución propuesta fue diferente. En algunas, decidieron revisar todas las taquillas cada día imponiendo un día de arresto a quien no la tuviese en perfecto estado. El resultado fue muy positivo, ya que en pocos días todas las taquillas estaban ordenadas, pero el sistema requería que un cabo, un sargento y un alférez pasasen más de una hora y media cada día revisando; en otras fue diferente: un, avispado sargento, que quizás trabaja ahora de asesor en algún ministerio, nos informó a todos los soldados de lo siguiente: “A partir de mañana elegiré al azar tres taquillas y las miraré a fondo. Como encuentre la más mínima incorrección, arrestaré al responsable y lo dejaré dos fines de semana sin permiso” (seguro que las palabras exactas fueron algo más “coloquiales”).
Ahora resulta que el sistema de valoración de la dependencia no se está aplicando bien. Salen demasiadas altas dependencia y además los resultados son diferentes entre comunidades autónomas. Los redactores de la Ley fueron precisos al prohibir que empresas privadas pudiesen dedicarse a hacer las valoraciones pero no pensaron qué pasaría cuando los variopintos equipos autonómicos de valoración empezasen a producir resultados diversos.
Ofrecer como solución la creación de más aparato administrativo para “revalorar” el 5% de los expedientes suena a broma. ¿Qué pasará si entre los expedientes repescados hay alguno que no se ha valorado correctamente? ¿Se incoarán expedientes disciplinarios a los valoradores? ¿Se les retirarán servicios o prestaciones a los ciudadanos?
Si lo esencial es que todos tengamos un derecho común a ser atendidos si estamos en situación de dependencia. ¿No podría el Estado establecer exactamente la composición de los equipos, el manual de uso de la herramienta de valoración y un sistema de comprobación y corrección continua de desviaciones a nivel estatal? Creo que esto podría hacerse sin generar estructura ya que sólo requeriría utilizar lo que tenemos de otra forma. Pero claro, yo sólo fui soldado.
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