sábado, 31 de diciembre de 2011

CARTA A LOS REYES MAGOS

Supongo que como para todos los niños, el día de Reyes era para mí una mezcla de mucha ilusión, enorme sorpresa y unas gotas de decepción. Parece que en oriente no entendían bien mi idioma ya que nunca acababan de traer todo lo que les pedía. Recuerdo que en una ocasión pedí el "madelman esquimal" y tuve un abrigo. Mis padres me decían que los Reyes eran muy listos, que me alegrase por lo que habían traído y que quizás si me hubiese portado mejor durante el año habría tenido más cosas. Yo, inmune al desaliento volvía a escribir al año siguiente una nueva carta en la que, si me acordaba, volvía a pedir lo que el anterior no había llegado.

Hace unos días escribí una entrada sobre la mayoría absoluta de Rajoy en la que dije que quería escribir una carta a los Reyes sobre la Ley de Dependencia. Estaba estos días pensando en la carta cuando leo en el periódico que el nuevo gobierno ha decidido paralizar la entrada de nuevos dependientes moderados en el sistema durante 2012. "Esto me suena", he pensado y me he puesto a buscar en las "cartas a los reyes magos de la dependencia" que ya he escrito en años anteriores. En un rato he encontrado lo que escribí el 19 de Septiembre de 2008, cuando la Ley no había cumplido ni dos años, el título era "Acciones necesarias para salvar la Ley de Dependencia" y me permito reproducir una parte ya que, a mi entender, si los reyes hubiesen traído en 2008 lo que pedía entonces, quizás tendríamos ahora algo mucho más sólido y sostenible:

- Modificación de la disposición adicional primera de la Ley de forma que la efectividad del derecho de las personas valoradas en el grado de dependencia moderada y en el de dependencia severa, grado 1 se pospusiese sine die o durante un período largo de tiempo. Esto supondría aplicar un a moratoria atendiendo durante los próximos años a los dependientes con mayor afectación y dejando para una segunda fase a los demás.

- Redacción del Real Decreto de copago basándose en los siguientes puntos:
o Separación clara de los costes de manutención-hoteleros de los que son estrictamente de dependencia. En principio el sistema de atención a la dependencia no debería cubrir costes de manutención-hoteleros.
o Establecimiento de un sistema de copago que, en determinados niveles de renta permitiese el pago del 100% del precio de referencia.
o Exclusión de las prestaciones económicas para dependientes con un nivel de renta superior a unos límites establecidos.
o Establecimiento de un sistema de “resarcimiento” mediante el cual la administración pudiese recuperar a la muerte del dependiente una parte del dinero pagado para su cuidado personándose en la sucesión como interesado con un crédito preferente. Habría un mínimo exento y un porcentaje máximo.
o Establecimiento de un copago de los familiares obligados a prestar alimentos a la persona dependiente. Éste dependería del grado de parentesco, capacidad económica y cargas familiares habiendo siempre mínimos exentos. Podría establecerse un mecanismo para que los obligados pudiesen negarse al copago familiar, mecanismo que conllevaría la incapacidad para poder recibir donaciones o heredar del dependiente.

Se trata de medidas reversibles que supondrían aumentar las posibilidades de sostenibilidad del sistema en estos tiempos de crisis y que requerirían para ser efectivas modificar la legislación civil y fiscal así como establecer una cooperación estrecha entre la Agencia Tributaria y las comunidades autónomas.

Como con toda seguridad, en un primer momento aparecería un gran rechazo, sería indispensable el acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas y, muy necesario, el del resto de partidos, sindicatos y patronales, poniendo el acento en que las medidas son la única vía de mantener el sistema y suponen una mejora sustancial respecto a la situación que existía antes de la Ley de Dependencia.


El anuncio del gobierno de ayer nos ha traído lo primero de la lista. A ver qué hacen a partir de ahora.

Yo, como hacía de pequeño, vuelvo a enviar la carta a ver qué pasa.

Feliz año nuevo

lunes, 26 de diciembre de 2011

PUESTOS A SOÑAR

Me gustaría vivir en un país en el que poder tener la seguridad de saber que, aunque todo me vaya muy mal, aunque haya tomado las decisiones equivocadas, habrá un mínimo de subsistencia que tendré garantizado.  Por supuesto, que esta garantía no evitará que, con esfuerzo y suerte pueda prosperar e incluso despuntar.  Deseo no necesitar nunca recurrir a ese mínimo garantizado, pero, me gustaría transitar la vida  sabiendo que allí abajo hay una red de seguridad, basada en una “solidaridad entre ciudadanos”. 

Para que en ese país imaginario sean los que se esfuerzan los que prosperen y despunten necesito que exista un buen sistema educativo que premie el esfuerzo y del que salgan ciudadanos formados y con espíritu crítico.  Necesito que la sanidad esté garantizada para todos, que exista un sistema de pensiones que permita a los más mayores la subsistencia y que exista una cobertura social para determinadas circunstancias.  Por supuesto considero que, quien decida destinar parte de sus recursos a contratar servicios educativos, de salud o de previsión, podrá acabar recibiendo unos de mejor calidad que los garantizados para todos, la clave está en que, incluso los que no hayan previsto nada puedan tener su necesidad básica cubierta.

La cobertura de la dependencia en ese país imaginario sería universal para todos aquéllos que necesitasen de un apoyo intenso (gran dependencia).  Así, todos los ciudadanos sabrían que, llegado el momento en que necesitasen atenciones constantes para poder vivir, el sistema les ofrecería unos servicios profesionalizados en forma de residencias, centros de día, servicios de ayuda a domicilio y de apoyo a la persona .  En esos casos, se calcularía su capacidad económica de forma que se pudiese determinar hasta dónde debe llegar la solidaridad. Lo ideal en ese país imaginario sería que cada uno previese sus necesidades futuras y ahorrase o contratase seguros para cubrir esos riesgos.  Así, los que han sido previsores o lo que tuviesen más recursos podrían acabar recibiendo mejores servicios, pero nadie que estuviese en situación de gran dependencia se quedaría sin recibir una atención adecuada.

Regresando de esta ensoñación navideña al mundo real.  El país en el que vivo no es cómo a mí me gustaría, pero ahora que se ha visto que la Ley de Dependencia ha sido un fracaso y que, tal como está redactada es totalmente inaplicable, me gustaría que, como mínimo en este aspecto, se pudiera mejorar la cosa.

Como la vida es una sucesión de encrucijadas, me gustaría que el nuevo gobierno eligiese entre dos opciones:

1.Cambiar lo que hay manteniendo el espíritu de la actual Ley. 

Si tuviera que hacer esto la nueva norma
  •           Establecería la universalidad para los grandes dependientes.  La dependencia severa y la moderada se dejaría en el ámbito de los servicios sociales de cada comunidad autónoma sin afectación por parte de la Ley estatal.
  •           Aplicaría un catálogo de prestaciones en las que hubiese servicios (residencias, centros de día, ayuda a domicilio y apoyo personal) y prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de bienes (ayudas técnicas) y servicios. Sobre la las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno doméstico, crearía el criterio de excepcionalidad del que ha carecido la Ley limitándola a supuestos de grandes dependientes discapacitados que convivan con familiares. O sea, se excluiría del campo de atención a mayores y se concentraría en el ámbito de la discapacidad.
  •           Crearía un sistema de copago diferenciado para servicios sustitutorios del hogar (residencias) y el resto de servicios.  En las residencias, establecería el precio hotelero, de atención y sanitario.  En esta línea, para garantizar la equidad y la sostenibilidad, generaría un sistema de reconocimiento de deuda a aplicar a dependientes con determinado nivel de patrimonio que permitiese recuperar parte de lo gastado tras el fallecimiento del dependiente.
  •           Establecería un sistema multilateral de financiación sustituyendo el de los convenios, de forma que se fomentase la transparencia.

Alguien me dirá que lo que esta opción es un paso atrás respecto a lo que tenemos ahora.  Yo creo que no es así ya que “lo que tenemos ahora” es una mentira disfrazada de Ley.  Lo que tenemos no se aplica (y yo creo que ni se puede aplicar).

2.       2. Inventar algo radicalmente diferente

Aquí sí que habría campo por explorar.  Para empezar, podríamos  hartarnos de realidad y pensar que, si todas las comunidades tienen atribuida de forma exclusiva la competencia sobre servicios sociales, quizás la Ley de Dependencia debería limitarse a establecer unos principios muy generales y dejar que todo se regule y ejecute a nivel autonómico.

También podríamos pensar que la situación de dependencia más que un derecho es un riesgo que podría cubrirse con un seguro público/privado.  Entraríamos pues a regular una póliza que pagarían los ciudadanos que tuviesen recursos para hacerlo y que quedaría cubierta por la administración cuando las personas no pudieran.  Esta fórmula plantearían problemas, por supuesto, sobre todo para los que son dependientes ahora, pero sería interesante explorarla.

Sea como sea, algo habrá que pensar ya que lo que tenemos hace agua y sólo lo podremos mantener engañando.

viernes, 23 de diciembre de 2011

"NUEVOS COSTES" DE LOS CENTROS ASISTENCIALES

A veces lo que empieza como una conversación de café acaba tomando forma y puede tener consecuencias.
Hace unas semanas hablaba con un gestor de residencias y la conversación nos llevó a los “nuevos costes” de los centros asistenciales (residencias y centros de día).  O sea, a aquél dinero que hace unos años podía llegar a ser beneficio o reservas pero que, poco a poco ha ido engrosando el capítulo de gastos.


Hace tiempo fueron la protección de datos, la legionela, los puntos críticos… más recientemente lo son los planes de autoprotección.  Resulta que todos los centros de atención a mayores de Cataluña tendrían que haber comunicado su actividad al Departamento de Interior a mediados de 2011 y, antes del 7 de enero tienen la obligación de presentar su plan de autoprotección.  Dependiendo del tamaño del centro ha de ser homologado por el Ayuntamiento o la Generalitat.  Redactar el plan supone contratar a un técnico acreditado y supone unos 1.500€ para una residencia mediana.


Los requisitos que deben cumplir las residencias y centros de día, a raíz de estos planes son diversos y oscilan, según el tamaño del centro en contar con video vigilancia, un desfibrilador con personal formado o, vigilancia privada para centros de más de 100 plazas.


La cuestión no es menor debido a que, si tenemos en cuenta este último requisito, si un centro de 100 plazas tiene que contratar seguridad privada las 24 horas al día, necesitaría aproximadamente contar con 5 vigilantes a jornada completa.


Aunque es una cuestión que está pasando muy desapercibida, ese director de residencias y yo quedamos para profundizar más con un técnico habilitado para redactar planes de autoprotección  que nos dijo que, el Decreto que crea estas obligaciones  establece un plazo de cuatro años para la contratación de la vigilancia privada y que, de momento,  lo importante es presentar el plan.  Como la fecha límite de 7 de enero está tan cercana y muchas empresas (esto no afecta sólo a residencias) no lo han hecho, el Departamento de Interior no piensa sancionar, de momento.  Además, con el número de técnicos habilitados y la cantidad de empresas que tendrían que redactar su plan, resulta imposible que se cumpla el plazo.
Dado lo intranquilizante de la situación, y utilizando contactos  y amistades, conseguimos los tres (el director de residencia, el técnico y yo) concertar una visita con una diputada del parlament de Catalunya durante la que le expusimos lo que estaba pasando, como meros ciudadanos que hablan con uno de sus representantes.
La diputada, receptiva a lo que le decíamos, a su vez utilizó sus propios resortes y, gracias a ellos,  dentro de unos días, tendremos una entrevista con técnicos del Departament d’Interior.


Quizás no es ahora el momento más adecuado para cargar a las residencias pequeñas con un coste adicional y quizás no es el momento de establecer requisitos que pueden cargar de una forma insoportable la menguada cuenta de resultados de unos prestadores de servicios que llevan con las tarifas congeladas dos años.
Si alguien quiere enviar alguna reflexión para que comentemos con los técnicos de interior, sólo tiene que enviármela.


En fin, después de la visita de Enero os mantendré informados en el blog.

jueves, 22 de diciembre de 2011

¿ANA MATO?

Hace un tiempo, cuando Zapatero nombró a Leire Pajín como Ministra del ramo de la sanidad y los servicios sociales escribí que a Zapatero realmente no le interesaba el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia y, como prueba de ello había colocado al frente del departamento responsable de la materia a alguien que en su trayectoria anterior nunca había gestionado nada parecido  (de hecho no había gestionado casi nada).  El perfil de la señora Pajín era el de una "política de batalla" más que la de una gestora eficiente.

Ahora, el presidente Rajoy con su flamante mayoría absoluta llega conduciendo un camión de bomberos al edificio en llamas que es España, dispuesto a tomar las medidas necesarias para salvar lo que se pueda sacrificando lo demás.  Empiezan a bajar los miembros de su equipo y vemos que los encargados del área económica son técnicos con gran experiencia de gobierno en la materia, de hecho parece que tengamos cuatro ministerios económicos (Presidencia, Economía, Hacienda y Asuntos Exteriores),  si seguimos analizando vemos a una gran mayoría de "especialistas" pero cuando baja la nueva Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad vemos a... ¿Ana Mato?

Mi primera reacción es considerar que se trata de un error, seguro que se refieren a Ana Pastor, una gestora experimentada y con amplios conocimientos sobre sanidad y dependencia, pero no, es Ana Mato, una apartich del Partido Popular que ha encadenado cargos internos de gran responsabilidad con otros representativos tanto en España como en el Parlamento Europeo.

Como hago casi siempre, para saber más, he ido a Google, he escrito "Ana Mato" y "Ley de Dependencia" y he obtenido un resultado tan escuálido que me ha confirmado en mi idea anterior.  Ana Mato nunca ha gestionado nada relacionado con dependencia.

¿Qué mensaje oculto nos manda Rajoy con este nombramiento?

Puestos a especular podríamos pensar, tal como defendí cuando se nombró a Pajín, que a Rajoy este tema no le interesa demasiado y por eso no nombra a alguien con experiencia.  En esta ocasión no lo creo, ya que, quitando sus polémicas declaraciones sobre el nivel de alfabetismo de los niños andaluces, Mato no parece tanto una "política de cuerpo a cuerpo" como una gestora de equipos.

Si ponemos el nombramiento en el escenario político actual, con catorce de las diecisiete comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (probablemente quince después de las elecciones andaluzas de la primavera), podríamos ver en el nombramiento de Ana Mato un intento de armonizar algo el sistema de dependencia, o lo que quede de él.

Creo que el nuevo gobierno deberá plantearse una modificación de la Ley de Dependencia que limite de forma importante las prestaciones económicas para  el cuidador no profesional, que limite la universalidad a la gran dependencia y que regule el copago de forma mucho más equitativa que hasta ahora.  Además deberá intentar hacerlo manteniendo una cierta armonía de aplicación en las diferentes comunidades.  Quizás esto sea algo que la Sra. Mato pueda hacer ya que, al fin y al cabo se parece a los esfuerzos que ha tenido que desarrollar dentro de su partido para que, algo tan grande funcione en una dirección.

El hecho de que Dependencia se haya mantenido dentro del Departamento de Sanidad me parece muy bien.  Ahora que el anterior gobierno ha publicado (de forma quasi póstuma) el Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria en España y que en Cataluña parecen adivinarse los caminos que seguirá España en el campo de la racionalización de gastos y generación de nuevos ingresos, la nueva Ministra debe prepararse para impulsar, tanto en Sanidad como en Servicios Sociales, unas políticas que deberán ser implementadas por las comunidades autónomas.  En otras palabras, tendrá que ser una "impulsora eficaz" y una "removedora de obstáculos".

Esperemos, por el bien de todos, que la Sra. Mato haya sido la elección acertada.

miércoles, 14 de diciembre de 2011

LA LAPAD SE CAE A TROZOS

Algunas noticias necesitan un poco de "lectura entre líneas" para poder llegar a su verdadero significado.

Leo en  el Diario Información de Benidorm que el Ayuntamiento de esa ciudad deja de prestar servicio de ayuda a domicilio a 250 dependientes de la ciudad al anunciar el alcalde que, tras rescindir el contrato con la empresa que prestaba el servicio, no piensa renovarlo.

Vayamos por partes:

Antes que nada hay que destacar el papel que los Ayuntamientos han tenido en la fallida puesta en marcha del sistema de atención a la dependencia en España.  Muchos de ellos ya prestaban con sus presupuestos servicios de ayuda a domicilio además de atender con sus trabajadores sociales de atención primaria, a los ciudadanos en el momento de acceso a los servicios sociales. Para estos ayuntamientos la Ley ha supuesto un aumento de costes, ya que por un lado el trabajo de los trabajadores sociales se ha visto incrementado considerablemente y por otro, han seguido prestando la ayuda a domicilio.

Por supuesto que los ayuntamientos han recibido dinero para prestar los servicios, pero esta financiación ha sido muy inferior al amento generado por la aplicación de la Ley.

Si unimos esto a la situación de crisis, con la bajada de recaudación de las arcas locales y la necesidad de equilibrar los presupuestos vemos que a muchos ayuntamientos les quedan dos opciones.  Seguir contratando el servicio de SAD a empresas sin saber cuándo podrán pagarles por el trabajo prestado o rescindir el contrato y no renovarlo.  El Ayuntamiento de Benidorm a hecho lo segundo.

Veamos un poco más en detalle lo que supone la medida:  Dice la noticia que se dejan de atender 250 personas de las que 46 son "grandes dependientes".  Cuando la concejal del ramo justifica la medida dice una frase que no tiene desperdicio estas personas recibían una atención "máxima de dos horas diarias", por lo que "tienen otros recursos" adicionales y propios, como "personas que las atienden a lo largo de todo el día". Si se puede, se sacará una línea de subvenciones" dirigida a estas personas con mayor grado de dependencia. O sea, que, tal como venimos diciendo algunos desde hace años, la Ley de Dependencia hace que una persona con una gran dependencia, si recibe servicio de residencia, necesite un equipamiento especializado con un equipo interdisciplinar  y un programa de atención, pero si se queda en casa, con dos horas al día de SAD tiene suficiente y, si ni siquiera  se quiere dar eso, pues una subvención (suponemos que la concejala se refiere a la prestación económica para el cuidador no profesional).  Como música de fondo de la frase de la concejal podemos intuir los bramidos de la gemela siniestra: el desinterés total por lo que debería ser importante (que los dependientes reciban una atención profesionalizada y de calidad) y la única importancia de la estadística y el número.

Por supuesto que, detrás de todo esto hay también batalla política.  En Benidorm gobierna el PSOE y en la Comunidad Valenciana el PP.  El PSOE nacional siempre ha cargado contra el PP Valenciano por la forma de aplicar la Ley de Dependencia por eso, la reacción del PP en Benidorm está siendo dura.  Sólo hace falta leer unas palabras de un concejal del PP para ver la dureza:  el alcalde ya no sólo chulea a la oposición, sino que también pretende chulear a los beneficiarios de este programa y a las empleadas.


Al final, los protagonistas visibles de la historia son 250 dependientes que no recibirán el SAD (o sea que revisarán su PIA y solicitarán acogerse a la prestación económica para el cuidador no profesional) y los 50 empleados de la empresa que se han quedado sin trabajo.

Los protagonistas invisibles son los dependientes de Benidorm que optaron desde el principio por la prestación económica "excepecional".  ¿Cuántos son? No lo sé.

Me permito recomendar a los concejales del PP que bajen el nivel de la crítica ya que dentro de poco les tocará a ellos redactar el certificado de defunción de la Ley de Dependencia y lo que hoy pasa en Benidorm, pasará quizás en otros lugares, siendo ellos los que tomen la decisión y los socialistas los que les critiquen.

Si queremos sacar algo positivo de todo esto, podríamos ir pensando en el futuro, en una nueva Ley de Dependencia que concentre las ayudas universales únicamente para los grandes dependientes y que las concentre en servicios profesionalizados.  En ese caso, quizás en Benidorm, no se estaría prestando servicio de SAD a 250 personas (con un máximo de 2 horas diarias) sino a los 50 que de verdad son grandes dependientes pero recibiendo 5 horas cada uno.  

Pronto éste será uno de los temas de debate.  Vayámonos preparando.

jueves, 1 de diciembre de 2011

LA SANGRÍA DE LAS RESIDENCIAS PÚBLICAS

Hace ahora dos años aparecieron en los medios de comunicación noticias que permitían intuír cuánto le cuesta a una administración prestar el servicio de residencia asistida a personas mayores dependientes en un centro gestionado por la propia administración.  Entonces escribí un texto pero no lo puse en el blog.

Ahora que llega el momento de racionalizarlo todo y de intentar llegar al máximo número de dependientes con el mínimo coste posible se tendrán que replantear muchas cosas.  Os invito a leer lo siguiente (aunque tenga datos de hace dos años) y digáis vuestra opinión.

Es indiscutible que las administraciones han de garantizar que existan plazas residenciales de calidad para personas dependientes lo que puede ser cuestionado es el modelo de gestión de las residencias en las que vivirán los beneficiarios de servicios y prestaciones públicas.

En un principio se optó por construir y gestionar directamente las residencias desde las propias administraciones. Con el tiempo los gobernantes han ido optando por modelos que hacen participar la iniciativa privada (gestión privada de residencias públicas, concierto, cheques..). El problema es que, cada vez que se opta por esos modelos alguien se queja de la "privatización" incidiendo en que cuando ésta se produce se rebaja la calidad y las condiciones laborales de los trabajadores.

Desde Inforesidencias.com siempre hemos defendido que alguien con una autoridad técnica y moral indiscutible debería hacer un estudio comparando el coste y el resultado de los servicios prestados en las diferentes modalidades de forma que pudíeramos saber qué cuesta cada modelo y si existen justificaciones para las diferencias.

Hasta que este estudio se produzca sólo podemos tener indicios parciales que nos permitan adivinar por dónde van las cosas.

En el Heraldo de Soria de 28 de diciembre de 2009 vemos que la Diputación de esa provincia se gasta una cuarta parte de su prespuesto en servicios sociales en mantener 350 plazas en 5 residencias.

Las cinco residencias de ancianos dependientes de la Diputación Provincial de Soria siguen siendo el gran 'lastre' de las cuentas del organismo provincial. La gestión y mantenimiento (incluido el personal) de los centros de mayores de Ágreda, El Royo, El Burgo de Osma y Navaleno se 'comen' más del 25% (exactamente el 25,29%) del presupuesto de la Diputación para 2009.
De los 66,9 millones de euros previstos para el próximo ejercicio, 16,8 millones irán directamente a las residencias de ancianos: 8,3 millones para personal y 8,5 millones para gastos directos de mantenimiento.
Los datos suponen un recorte importante respecto de 2008, cuando la Diputación gestionaba seis centros de mayores en la provincia. El cambio de titularidad de Virgen del Rivero de San Esteban de Gormaz, que ha pasado a manos de la Junta de Castilla y León, ha permitido liberar al organismo provincial de 4,8 millones de euros, ya que en 2008 el gasto destinado a residencias superaba los 22 millones de euros.
A pesar de ello, es preciso puntualizar que este centro era el único que no representaba pérdidas para la Diputación el año pasado, ya que la Junta asumía el coste de mantenimiento de la residencia a través de una ayuda directa al organismo provincial.
Teniendo en cuenta que 25 de cada 100 euros de la Diputación van directamente a residencias sin posibilidad de negociación alguna, es evidente que la partida destinada a este fin representa un importante 'lastre' para la Corporación, que ve claramente limitados sus proyectos e inversiones por esta situación. Además, esta problemática representa el tendón de Aquiles al que siempre acude la oposición para reclamar al organismo una gestión más dinámica.


De las cinco residencias que gestiona la Diputación, la de San José, en El Burgo de Osma, es sin duda la más deficitaria. Se come el 8,8% del presupuesto total de la Diputación, casi seis millones de euros (5.910.000 euros). De éstos, 2,9 son gastos de mantenimiento y tres millones son gastos de personal, con 84 empleados.

Si sacamos la calculadora veremos que cada una de las 350 plazas le cuesta a la Diputación 4.000 Euros al mes y que cada empleado de la residencia San José tiene un coste mensual de casi 3.000 Euros.

Pongamos que, en vez de optar por la gestión pública se optase por contratar empresas para gestionar las residencias o, directamente por concertar plazas. Es muy posible que por 1.800 Euros/mes, encontrásemos mas de una y más de dos empresas dispuestas a construir y gestionar centros. Pues bien, en ese caso, en vez de dar atención a 350 personas, con el mismo dinero se llegaría a las 777.

¿Hay algún motivo que haga más conveniente el sistema de gestión pública a pesar del mayor coste? Nadie debería decir sí o no sin pruebas. ¿NO sería ya el momento de buscarlas?

Aquí puedes saber más sobre residencias de la tercera edad en Soria.

viernes, 25 de noviembre de 2011

FLEXIBILIDAD Y CONFIANZA ¡QUÉ BONITO! ¿PERO QUIÉN HACE LAS CAMAS?

Ayer por la noche asistí a la entrega de los IX premios ACRA, patronal catalana de recursos asistenciales.  Un acto precioso que se convirtió en un homenaje a la persona que ha liderado la organización desde su creación hace veintiún años, Vicenç Vicente Lázaro.  La presencia del Conseller Cleries, del ex presidente de la Generalitat Pascual Maragall, de varios ex consellers y de, calculo, más de trescientas personas que llenaban varias salas del Palacio de Pedralbes, dio al acto el aspecto de las grandes ocasiones.

Felicito a Vicenç Vicente sinceramente y ahora entro en harina.

Bajo los oropeles de la celebración hubo sustancia de la buena.

Cinta Pascual, flamante nueva presidenta de ACRA, aprovechó su discurso, en presencia de tan nutrido grupo de políticos, para trenzar habilemente felicitaciones para los premiados, reconocimiento para el esfuerzo que estamos haciendo todos (gobernantes y sector) para salir de la crisis y un reproche disfrazado de sugerencia para el Conseller Cleries.  Cinta Pascual pidió flexibilidad y confianza, algo que normalmente se suele pedir cuando consideras que aquél a quien se lo pides es rígido y desconfiado.

Supongo que, cuando la presidenta habla de flexibilidad se refiere a que, esos criterios de flexibilidad que están intentando acordar las patronanes con la Generalitat, sean algo más que puras cuestiones anecdóticas como disminuir un 12% la exigencia de determinados perfiles profesionales en centros concertados y acreditados.  La flexibilidad pedida quizás querría decir, pedir una ratio de atención directa dividia en grupo social, sanitario y gerocultor permitiendo a cada centro configurar el equipo de profesionales que considere más adecuado a su forma de hacer las cosas.  Pero, claro, aceptar eso nos llevaría a la otra idea, la confianza.  A la Generalitat no le costaría ser flexible si se fiase del sector privado de atención a mayores pero en el fondo desconfía.  Cree sinceramente que, si concede la más mínima flexibilidad las empresas abusarán y darán mal servicio.  Sólo así se entienden algunas cosas.

Cuando Inforesidencias.com comunico la noticia, difundida previamente por alguna patronal, sobre la última reunión de la Taula Técnica de Gent Gran (organo de contacto entre patronales y Generalitat), en seguida me llegó información desde la propia administración que me decía que lo difundido no era correcto ni se ajustaba a lo dicho en la reunión.  Lo curioso es que, según algunos de los asistentes, al empezar la misma, desde la administración se dijo que no hacía falta que tomasen nota ya que recibirían un escrito comunicando el contenido de la misma y las medidas propuestas (casi dos semanas después no lo han recibido).

El Conseller Cleries habló también en la entrega de premios.  Con el poco tiempo que lleva, ya creo  que si no es el mejor conseller que hemos tenido, le falta poco.  Domina el tema, habla bien y tiene cintura.  En su intervención, empezó recordando que lo de ayer era una fiesta pero enseguida cogió el guante lanzado por Cinta Pascual y volvió a pronunciar las palabras flexibilidad y confianza.  Por supuesto que habló de lo difícil de la situación, de los sacrificios y esfuerzos que son y serán necearios (mencionó específicamente la congelación de tarifas, "que ya se produjo en el anterior gobierno") y remarcó que valora mucho la colaboración de las patronales.

Después una cena puso fin a la fiesta.  Felicidades a ACRA.

Y hoy es hoy.  De vuelta a la rutina la realidad, que es cruel evaluadora de las intenciones, nos ofrece una buena ocasión para saber si la flexibilidad y confianza son algo más que palabras en la mente del conseller Cleries.

Resulta que los inspectores de servicios sociales de Cataluña en los últimos tiempos están comunicando a las residencias que los gerocultores no tienen como función hacer las camas por lo que, si las hacen, están incumpliendo una norma de acreditación que es que el personal de atención directa no pueda realizar labores de atención indirecta (limpieza, cocina, lavandería, administración, dirección y mantenimiento).  El tema podría haber sido interesane el año 1999 cuando se empezó a exigir este requisito a centros colaboradores, pero hoy, doce años después, resulta cuanto menos llamativo.

ACRA ha hecho llegar a sus asociados una nota en la que ofrece dos argumentos para considerar que las gerocultoras sí pueden hacer las camas: 1) Así queda establecido de forma expresa en el convenio colectivo del sector. 2) La exigencia que establece el pliego es que "los servicios de limieza, lavandería, cocina, mantenimientoy administración se deben prestar con personal que no preste servicios de atención directa".

He ahí los argumentos. Los mismos que han hecho que, con la misma norma se haya hecho una interpretación durante once años.  Ahora qué.

Quizás soy un optimista patológico pero casi puedo imaginarme al conseller, irradiando hacia toda la organización de la que él es cúspide, las máximas de la flexibilidad y confianza.  Le veo preguntándose, ¿Pasa algo si seguimos aplicando el criterio de los últimos once años? ¿No? Pues adelante. Y como esto de la confianza tiene una fuerza expansiva considerable, le veo preguntando, ¿Y si establecemos una ratio para personal sanitario, otra para social y otra para gerocultores y dejamos que cada residencia se adapte eligiendo sus profesionales?   Podrían engañarnos, le dirá algún técnico.  Probemos la confianza, responderá el Conseller.

Veo esa imagen y me imagino a un sector que ve en la Generalitat a ese cliente que te aprieta con el precio pero que hace lo posible por faclitarte el trabajo.  A alguien con quien te sientes cercano ya que, a pesar de los problemas, te apoya en lo que puede. Alguien en quien puedes confiar porque sabes que confía en tí.  Creo que esa Generalitat existe, me pareció verla ayer durante un momento.

A ver si esta vez no me equivoco.

martes, 22 de noviembre de 2011

HABLANDO DE INSPECCIÓN EN SANTANDER

La patronal FED Cantabria, antes llamada ACESDE  he invitó hace algún tiempo a impartir una seminario sobre cómo actuar ante una inspección de servicios sociales.  En principio tenían que asistir al mismo un grupo de directores de residencias para mayores de Cantabria.

Quizás por haber sido inspector durante casi diez años pero este se ha convertido en uno de los temas que suelo tratar en seminarios dirigidos tanto a inspectores como a directores de residencias.  Normalmente, cuando una patronal convoca un curso de este tipo suele tene éxito, aún así lo de Cantabria ha sido exagerado.  Ochenta directores de residencia asistiendo al acto ponen de manifiesto que algo pasa en esa comunidad con la actuación inspectora.

Los asistentes me han explicado que, la existencia de diferentes normas sucesivas, con unas disposiciones transitorias complejas y el reciente cambio de gobierno, ha provocado que la dispersión de criterios que suele existir en las diferentes inspecciones de servicios sociales haya llegado en Cantabria a un nivel preocupante.

Lo curioso es que en esta comunidad sólo hay seis inspectores por lo que la existencia de diferencias de criterios tienen nombres y apellidos.  Como siempre, hablando con los asistentes durante el café y después del acto.  La gran mayoría de acciones inspectoras no comporta problema pero, cuando la diferencia de criterio en inspectores que actuan sucesivamente sobre la misma residencia supone que los propietarios tienen que hacer obras o cambiar instalaciones, entonces la situación sí supone una gran frustración para el empresario.

Han sido cinco horas hablando sobre cómo preparar un protocolo para afrontar la inspección, sobre cómo intentar evitar denuncias o afrontarlas y sobre cómo la normativa, en este caso Cántabra, tiene un problema básico que mediatiza mucho la actuación de la propia inspección.  Es una norma supersancionadora y basada en la desconfianza hacia el sector privado.  Como muestra dos botones:
- La sanción económica máxima por una infracción muy grave es de 600.000€.
- Si se impone una sanción de este tipo la administración puede optar por publicarla en los medios de comunicación con el nombre de los sancionadod.
- Los tipos de infracción son el algún caso muy poco concretas.   Estos son algunos ejemplos:

Art 91.1. d) Mantener los locales instalaciones, mobliario o enseres con deficiencias en su estado de conservación o funcionamiento, en su limpieza e higiene, sin que se derive de ello riesgo para la integridad física o la salud de las personas usuarias.

Art. 91.1. e) Prestar una asistencia inadecuada a las personas  usuarias, siempre  que no se les causen perjuicios de carácter grave.

Quizás cambiando la reglamentación cántabra ya cambiaría la acción inspectora, aún así, no estaría de más plantear una auditoría para saber si de verdad existe dispersión de criterios y plantear un protocolo de inspección que conociesen los inspeccionados.





Autor del post:  Josep de Martí

lunes, 21 de noviembre de 2011

MAYORÍA ABSOLUTA, ¿Y AHORA, QUÉ?

La voluntad de cambio manifestada en "casi" toda España por la enorme mayoría de votantes ha propiciado una victoria histórica del Partido Popular y un desplome del Partido Socialista.

Sólo en Cataluña y en el País Vasco la "marea azul" ha sido frenada por dos partidos (me refiero en número de votos), CiU y PNV que tienen en común ser los dos únicos que votaron, en su día, en contra de la aprobación de la Ley de Dependencia.  Duran dijo durante la campaña electoral que esa Ley era una "estafa de los socialistas", Rajoy que, tal como estaba no era sostenible.

Sé que el nuevo gobierno tiene que enfrentarse a muchos desafíos que quizás, a vista de pájaro, sean más relevantes, pero la Ley de Dependencia, sin duda, será una de las cuestiones con las que tendrá que lidiar Rajoy.

La primera decisión que nos permitirá saber hasta qué punto el nuevo presidente da o no importancia al asunto será el nombramiento de la nueva ministra (o ministro).   Cuando Zapatero nombró a Leire Pajín, supimos, y así lo escribí en este blog, que verdaderamente no le importaba la dependencia más allá de como herramienta de confrontación política.  Ahora el nuevo presidente in pectore, tiene la ocasión de congraciarse con los dependientes, profesionales y proveedores, públicos y privados, nombrando para el cargo a alguien que conozca de qué va la cosa.  No creo que volvamos a tener un Ministerio de Asuntos Sociales como en época de Felipe González, pero un indicador relevante será con quien se "ajunta" la materia:  puede ser con Trabajo (así fue en la época de Aznar y una parte de Zapatero), con Sanidad, como ahora.  Creo que podemos descartar las ocurrencias peregrinas de crear un nuevo Ministerio de Educación, Deporte y Servicios Sociales, pero tendremos que esperar para saberlo.

Me pongo a escribir una carta a los Reyes Magos con lo que me gustaría que en Enero trajesen al Sistema de la Dependencia.  Si a alguien se le ocurre algo, espero sugerencias.

viernes, 18 de noviembre de 2011

UN DÍA LLUVIOSO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Hoy he pasado un día muy interesante en Santiago de Compostela, ahora son las nueve y espero en el aeropuerto el avión de regreso a casa.

La junta de ACEDIGA (Asociación de Centros de Día de Galicia) me ha invitado a hablar en su primer congreso que se celebra hoy y mañana aquí en Santiago.  Se trata de una asociación de empresarios del sector de la atención diurna de personas mayores en Galicia.

El Congreso, muy bien organizado, con unos cien asistentes y un reparto compensado entre ponencias, talleres y presentaciones comerciales.

Por la mañana he tenido la ocasión de escuchar a la Conselleria de Traballo e Benestar de la Xunta, Doña Beatriz Mato Otero y ha resultado una experiencia interesante.  Durante su sus palabras, aunque es del PP no ha mencionado ni una sola vez la colaboración público/privada o el fomento de las plazas concertadas en centros de día.  Sí ha hablado en cambio del esfuerzo que hace la Xunta para crear plazas públicas y que ahora publicarán la Cartera de Servicios y una especie de programación territorial.  Cuando ha acabado de hablar he tenido que preguntar al que tenía al lado si la conselleira era del PP o del PSOE ya que el hecho de que, ante un aforo de empresarios no mencionase ni una sola vez este tipo de iniciativa me ha chocado.  Hablando con unos y con otros llego a la conclusión de que debe haber sido un lapsus ya que parece que la política de la Xunta no va hacia la construcción y gestión de centros propios.  Además, algo más tarde la Directora Xeral, Coro Piñeiro ha hablado de la “libranza” vinculada (como llaman a la Prestación Económica Vinculada de la Ley de Dependencia por estos lares) con lo que parece que la intención de la Xunta va hacia la colaboración con el sector privado.   Sinceramente esperaba que comunicasen mejor.

En la mesa en que he participado he hablado de los modelos de centro de día.  He recordado que hace ahora 18 años tuve la ocasión de inspeccionar el que se anuncia como primer centro de día que funciona en España, el Centre de Dia de l’Eixample, en Barcelona y he tratado como hay tres factores que influyen mucho en los modelos de centro de día que existen:

1) La percepción generalizada en la sociedad consistente en que los centros de día son una especie de “guardería de abuelos”.  Una percepción que no se corresponde con la realidad y contra la que tienen que luchar los proveedores y profesionales.

2) La intervención administrativa atomizada que hace que existan diecisiete normativas diferentes.  En algunas comunidades autónomas un centro de día puede estar totalmente integrado en una residencia sin disponer de espacios propios, en otras se obliga a que sea un espacio específico y que, si forma parte de una residencia, se diferencie claramente tanto arquitectónicamente como desde la perspectiva de los profesionales.

3) Por último la intervención administrativa en la compra de servicios que hace que existan diferentes criterios de acreditación/compra de servicios y diferentes precios.  En este mismo blog escribí hace un tiempo una entrada titulada comparaciones odiosas en la que indicaba que en Barcelona es más caro aparcar un coche en un parquing de Paseo de Gracia que lo que paga la Generalitat por acoger en un centro de día a un mayor.

Estos factores hacen que sea difícil la existencia de diferentes modelos de centros de día basados en la creatividad de los profesionales o en la importación de modelos de otros países.

María José Gárate, directora del Centro Julián Rezola de la Fundación Matia en San Sebastián ha explicado como en el centro de día que dirige, basándose en modelos de calidad centrados en la persona, han conseguido incorporar a su funcionamiento algunos sencillos cambios que han conseguido adecuar las actividades de la residencia a lo que les gusta a los usuarios o a lo que cabe esperar que les gustase si mantuviesen la capacidad cognitiva.  Así, viendo a muchos les gustaba cocinar y la huerta, han puesto en marcha un pequeño huerto en el jardín y han empezado a permitir que los mayores ayuden en la preparación de la comida que después consumen junto con las gerocultoras.  En un bonito video hemos visto a personas con demencia pelando una patata, plantando en el huerto o saliendo del centro a comprar.   María José ha sido bastante humilde al decir que ella no veía lo que hacían como un gran cambio o la aplicación de una forma de funcionar novedosa sino como algo tan sencillo como preguntar, mediante la historia de vida, que cabría esperar que a las personas les gustase, si pudiesen contestar y lo han hecho.

En la mesa también ha participado Miguel Angel Vázquez, médico geriatra y profesor de la Universidad de Vigo que ha repasado los modelos existentes de centros de día desde que el Imserso puso en marcha tres experimentales (en entorno rural, urbano e integrado en una residencia), hasta la actualidad.

No me he podido quedar a los talleres pero, ha sido una buena ocasión de compartir y aprender.

El único defecto del viaje es que no he podido disfrutar de esta bella ciudad ya que he ido del aeropuerto al congreso y vuelta.  En fin, a la próxima volveré a ver el Obradoiro.

Desde aquí, gracias a la Junta de ACEDIGA y a Lorena Martínez, de la organización.

Autor del post: Josep de Martí

LOS RETOS DE UNA ESPAÑA ENVEJECIDA

Ayer, los organizadores del Máster en Gerontología Social Aplicada de la Universidad de Barcelona (Instituto IL3) me invitaron a impartir una conferencia en el acto que iba a servir para inaugurar la nueva edición del Máster y del Postgrado en dirección de residencias así como para despedir a los que obtuvieron el título el año pasado.

Mi conferencia, titulada, los retos de una España envejecida, versó sobre cómo, dentro de unos años coincidirán en España varios fenómenos: un porcentaje de personas mayores superior al 30%, una tasa de natalidad bajísima y la consolidación de un número importante de personas que llegaron de otros países y ya llevarán aquí varios decenios.  Las dudas que plantea esa situación son muchas.  Empezando por el final  está la cuestión de saber si nos habremos convertido en un crisol que funde y une culturas diferentes creando algo nuevo y diferente a las partes o en un mosaico en el que cada uno ha intentado mantener sus señas a toda costa.

En esa nueva realidad existirá una verdadera lucha por captar a los jóvenes en edad de trabajar hacia los diferentes sectores de actividad, el paro actual será algo del pasado que los jóvenes de entonces no habrán ni conocido (pensemos que quien tenga que cuidar a una persona que hoy tiene 45 años cuando ésta sea dependiente, todavía no ha nacido).  ¿Qué haremos para atraer a los trabajadores al sector de la atención a dependientes?

En otro orden de cosas, a medida que se acerca la situación de superpoblación la ciencia avanza a pasos agigantados ¿cómo afrontará la sociedad la aparición de nuevos tratamientos que puedan paliar o revertir algunas de las afecciones “propias” del envejecimiento pero que quizás sean tan caras que sea imposible cubrirlas con la seguridad social y sólo unos pocos puedan pagarlas?

¿Llegarán a organizarse los jubilados y a formar una especie de “partido de los mayores”? y si es así, ¿Cómo reaccionará el resto de la sociedad?  Pensemos que los mayores de hoy pueden decirnos que todo lo que tenemos hoy es lo que ellos construyeron a partir de la destrucción de la guerra.  Que su generación fue capaz de pasar de una dictadura a una democracia sin guerra y que hemos tenido el plazo de prosperidad pacífica más largo en siglos. ¿Qué podremos decirles a los jóvenes del futuro que nos acusen de egoístas por querer mantener nuestras pensiones a costa de otras políticas?  ¿Y si en una especie de “guerra dialéctica de generaciones” nos dicen que nuestra generación (tengo 46 años) fue la culpable de la degradación medioambiental, la quiebra del sistema de pensiones y otros males porque no nos supimos sacrificar como hicieron nuestros abuelos?

Esta es sólo alguna de los enormes retos a los que tendremos que enfrentarnos sin poder encontrar ejemplos en el pasado de otras sociedades que hayan pasado por situaciones parecidas.

Podemos esperar en el futuro cambios en nuestra relación con la familia, la muerte y con ese acompañante que viaja con nosotros desde hace milenios “la culpa”.

Gracias a Pilar Torres y Angel Bartolomé, directores del curso, por la invitación.  Un placer estar con vosotros.

jueves, 17 de noviembre de 2011

"LA DEPENDENCIA NO ES VIABLE" RAJOY DIXIT

La portada de El País de hoy es incuestionable.  Mariano Rajoy dice en la entrevista que le hacen que el sistema de atención a la dependencia tal como está diseñada no es viable.  Estoy seguro que la elección del titular tiene una intención viniendo de quien viene pero, veamos qué dice exactamente la entrevista:


P. ¿La Ley de Dependencia es viable, tal y como está?
R. Realmente hoy no. Lo que hay que hacer es ir haciendo lo que se pueda. Es un objetivo muy loable el de ayudar a aquellas personas que no se pueden valer por sí mismas, pero como le digo podemos tener el modelo de bienestar que nos permitan nuestros ingresos, nuestros recursos y nuestra actividad económica.

Creo que tiene toda la razón, como la tiene Durán Lleida que en la Vanguardia del mismo día ha propuesto "repensar" y hacer "sostenible" la ley de dependencia, que ha definido como "la gran estafa" del Gobierno del PSOE.  

Eso de "repensar" tampoco es nuevo, sólo hace unos meses el Conseller catalán  Cleries hablaba de "repensar la Ley"; repensamiento al que también se sumó la ministra Pajín que llegó a hablar de "repensar y reformular".  O sea, que, si el director de El País hubiese entrevistado a Durán, Cleries o Pajín "¿La Ley de Dependencia es viable, tal y como está?" es muy probable que su respuesta hubiese sido "Realmente hoy no", y por eso hay que repensarla o reformularla.


Mis amigos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales suelen utilizar la siguiente cita de Machado "La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero".  Póngale cada uno según su ideología la etiqueta de rey de Micenas o de porquero al político que mejor o peor le caiga, pero coincidamos todos en que la LAPAD tal como está no se aguanta.


La Ley de Dependencia ha pasado bastante de puntillas por la campaña electoral.  Dejando de lado el informe triunfante de aplicación de la Ley que presentó la ministra Pajín y la reacción de las comunidades autónomas, no habíamos oído a los líderes referirse en detalle (como mínimo yo que sigo la campaña como un ciudadano más, o sea por la tele y en los periódicos digitales).

Ahora El Pais le ha puesto el cascabel al gato y sólo nos queda hoy y mañana de campaña electoral.  A ver qué da de sí.

miércoles, 16 de noviembre de 2011

PAJÍN, TRABAJANDO HASTA EL FINAL

Si alguien podía tener alguna duda sobre lo segura que está Leire Pajín de que no volverá a ser Ministra en el próximo gobierno (gane quien gane las elecciones), ya puede despejarla leyendo una interesante propuesta que ha lanzado hace pocos días en Dependencia y Atención Sociosanitaria,  crear una cartera común de servicios “que sea de obligado cumplimiento” para las autonomías y que garantice “la calidad y la transparencia en la gestión” englobando tanto el desarrollo de la Ley de Dependencia como los Servicios Sociales.

¡Qué bonito!, ¿y cómo piensa hacerlo?, pues alcanzando un gran acuerdo con el resto de fuerzas políticas, las organizaciones sociales y los profesionales del sector.

O sea, que la ministra, en el próximo gobierno hará lo que en este gobierno ni siquiera ha planteado superando el muro de inoperancia que establece la Ley y que hasta ahora ha impedido que se valore igual la dependencia en todas las comunidades, que los servicios sean parecidos, que el copago iguale derechos, etc..

Parece que Doña Leire ha encontrado una varita mágica que le permitirá poner de acuerdo a las comunidades autónomas, empresarios y sindicatos y que le permitirá imponer criterios sobre servicios sociales en todo el Estado.   O más bien parece que sigue con la política de la ocurrencia vacía.

La Ley de Dependencia se hizo sin que el Estado tuviese un título competencial claro.  Lo que sí estaba claro en todos los estatutos de autonomía es que la competencia sobre servicios sociales correspondía en exclusiva a las comunidades autónomas. Por eso, un artículo tan bonito como el 34 de la LAPAD, que dice que Sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.. se establecerán en el seno del Consejo Territorial criterios comunes de aceditación, no sirve para nada.  La competencia es exclusiva de las comunidades por eso, el Consejo Territorial sólo podrá establecer criterios comunes si todas las comunidades autónomas están de acuerdo en incorporarlos en su normativa.   Lo mismo se puede decir del copago, la calidad y otros aspectos.

Doña Leire, si de verdad ha encontrado la varita mágica,  no la malgaste en la Ley de Dependencia.  Encante mejor a los inversores de todo el mundo para que esperen a tomar decisiones a que su gobierno nos haya dejado de gobernar.  O mejor, encántenos a todos con un sortilegio anestésico que nos permita soportar lo que nos viene encima por culpa, en parte de un gobierno de ocho años de ocurrencias.

martes, 15 de noviembre de 2011

SOBRE EL "DINERO NUEVO" DE LA LEY DE DEPENDENCIA

El mayor sueño de un político mediocre es tener una legión vociferante de seguidores sin criterio que le sigan con igual arrojo diga lo que diga. Ese político puede pactar con quien sea y hacer lo que quiera, aunque suponga renunciar a lo que eran sus principios ya que sabe que “su legión” le seguirá. El secreto del político mediocre triunfador es el clientelismo y su mayor miedo, que las personas adquieran criterio y cuestionen lo que se hace y miren con visión crítica la realidad.


Resulta difícil encontrar a inocentes en el fracaso de la Ley de Dependencia y en cambio los culpables surgen casi sin buscarlos.

Según el informe que hizo público el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad el pasado 4 de Noviembre  el Gobierno de España aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) un 54 por ciento del presupuesto total para financiar el gasto nuevo (1.828 millones), es decir, “el relativo a las nuevas plazas y servicios respecto a las ya existentes en el 2005, así como las prestaciones económicas de la Ley de Dependencia que se consideran que son nuevas”.

La derivada de esta información es que las Comunidades Autónomas ponen menos de la mitad.

La pregunta que cabe hacerse es ¿por qué hablan de “gasto nuevo”?

Vamos a intentar descubrirlo:

Esto es lo que dice la Ley de Dependencia en su artículo 32

Artículo 32. Financiación del Sistema por las Administraciones Públicas.


1. La financiación del Sistema será la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que


correspondan a las Administraciones Públicas competentes y se determinará anualmente en los correspondientes Presupuestos.


2. La Administración General del Estado asumirá íntegramente el coste derivado de lo previsto en el


artículo 9.


3. En el marco de cooperación interadministrativa previsto en el artículo 10, los Convenios que se suscriban entre la Administración General del Estado y cada una de las administraciones de las Comunidades Autónomas determinarán las obligaciones asumidas por cada una de las partes para la financiación de los servicios y prestaciones del Sistema. Dichos Convenios, que podrán ser anuales o plurianuales, recogerán criterios de reparto teniendo en cuenta la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad, emigrantes retornados y otros factores, y podrán ser revisados por las partes. La aportación de la Comunidad Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado como consecuencia de lo previsto en este apartado y en el anterior.

O sea, si atendemos a la letra de la Ley, el Estado pone una cantidad X de dinero (con la que asume el nivel mínimo garantizado en su integridad y una parte del nivel conveniado) y la Comunidad Autónoma pone, como mínimo otra cantidad igual.

El problema es que el Estado considera que, aunque la Ley diga eso, lo que de verdad quiere decir es que, cuando se habla de financiación del sistema siempre se hace refiriéndose a “cuánto dinero de más” se gasta en relación con 2005. Si esto se hace así, habría que descontar del sistema lo que una comunidad autónoma estuviera gastando antes de la LAPAD en atender a personas dependientes en residencias, centros de día, o ayuda a domicilio mediante servicios públicos o concertados. Si eso se hace así, una comunidad que estuviese gastando mucho en servicios “caros” (residencias y centros de día) se vería perjudicada respecto a otra que gastase menos.

La discusión sobre si debe considerarse todo el gasto o sólo el gasto nuevo es el hacha de guerra con la que llevan atizándose las Comunidades Autónomas y el Estado desde casi el inicio de la Ley.

Pero, ¿coincide lo que dijo el Gobierno después de entrar en vigor la Ley con lo que pensaba antes? Yo creo que no:

Si leemos el capítulo X del Libro Blanco de la Dependencia, concretamente la página 658 del Libro, encontramos lo siguiente:

El hecho de que se establezca un umbral de entrada para tener derecho a las prestaciones del Sistema Nacional de Dependencia no implica que las personas que no superen ese umbral, pero tengan necesidades de ayuda para realizar tareas domésticas o presenten discapacidad moderada para alguna actividad básica de la vida diaria, vayan a quedar sin protección. Por el contrario, es razonable esperar que, al garantizar el Sistema Nacional de Dependencia la cobertura de las necesidades de atención de las personas dependientes, las Administraciones Públicas, y en especial las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, podrán ampliar los recursos que actualmente vienen dedicando a la atención de ese otro segmento de población. La ayuda a domicilio de baja intensidad y los programas masivos de teleasistencia, orientados a personas que no son dependientes en sentido estricto, podrán y deberán extenderse a nuevos grupos de usuarios, garantizando así la adecuada cobertura de sus necesidades. Como resultado, se generará un importante volumen de empleo en estos programas, que puede estimarse con criterios realistas, en el horizonte de 2010, en unos 50.000 empleos netos a jornada completa.

O sea que lo que se pensaba en un principio es que las Comunidades Autónomas podrían dedicar lo que, hasta la entrada en vigor de la Ley, gastaban en dependencia, en atender a personas no dependientes pero necesitadas de servicios sociales.

Donde sí aparece la idea de la financiación nueva es en la memoria económica de la Ley  donde en la página 50 aparece esta frase “El resultado final es que la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas financiarán el coste nuevo que suponga la implantación del Sistema de Dependencia al 50 por ciento, aportando las Corporaciones Locales los terrenos necesarios para la creación de infraestructura de Centros.”

Vemos pues, que si sólo tomas la Ley, parece que la financiación se refiere a “todo el dinero” pero si tomas la memoria económica se refiere a “dinero nuevo” y si lees el Libro Blanco, parecería otra vez que se refiere a todo.

¿A alguien le queda claro? A mí tampoco.

Parece que en esto de la Dependencia existía un acuerdo para confundir de forma que todo quisiera decir una cosa y la contraria, así las prestaciones económicas para el cuidado no profesional son excepcionales pero se pueden dar a quien las pida, el Estado puede dictar contenidos comunes de acreditación “sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas” (que, recordemos, son exclusivas en materia de servicios sociales), o “para fijar la participación del beneficiario en el coste del servicio, se tendrá en cuenta la distinción entre servicios asistenciales y de manutención y hoteleros”, según se contemple en un acuerdo que no lo regula.

Así, la confusión está servida, los políticos mediocres pueden lanzar soflamas a sus legiones y, hagan lo que hagan, encontrarán en la ciénaga de la Ley una explicación imposible que les justifique y algo de lodo para lanzar al adversario.

En fin, espero que estas líneas sirvan para aclarar un poco eso del “dinero nuevo”.

jueves, 10 de noviembre de 2011

MAREANDO LA PERDIZ

Estoy repasando los últimos números de la revista  Balance de la Dependencia, que edita el Grupo Senda bajo la profesional dirección de Matilde Pelegrí.  Desde que Negocios y Gestión Residencial (de Planeta) desapareció a principios de año, esta revista se ha convertido en un punto de lectura obligada dentro del sector de atención a los dependientes.
Llevo un rato leyendo el número de Septiembre de 2011 y, cuando sólo voy por la página 12, me han entrado unas ganas locas de escribir.  Me hace gracia que, tan cerca de las elecciones como estamos, y siendo una de las pocas cosas en que casi todos los lectores de esa revista estaremos de acuerdo que la aplicación de la Ley de Dependencia ha traído más desilusión que éxito, resulta que los políticos que escriben desde su torre de marfil ajenos al parecer a la tormenta que sobre todos está descargando.
Nada más empezar la lectura (pág. 5) me encuentro con una columna de la Directora General del Imserso en la que, por enésima vez explica la Ley (como si lo hubiese escrito en 2008) y sus grandes ventajas.  Unas setecientas palabras: ni una mención a las dificultades; la última frase:“estamos contribuyendo a la generación de empleo y bienestar para toda la sociedad”.
Al lado, una columna de opinión del Consejero de Salud y Servicios Sociales de la Rioja.  Otro que parece encantado de haberse conocido. “La Rioja cumple con las personas dependientes”. A la autopregunta sobre si el sistema es sostenible, su respuesta “Estoy convencido de que sí, el sistema creado tiene futuro y no solamente un futuro inmediato, si no como país y como sociedad que vive en libertad y en solidaridad”.  Al final algo de reflexión sobre volver a recuperar el valor del esfuerzo y un final para  la reflexión “Este sistema es viable, pero no derrochador”.
Pasando una sola página llego a un tema interesantísimo.  La coordinación sociosanitaria.  El último juguete de nuestros gobernantes. Algo, tan, tan importante para el sistema de la dependencia que en la Ley sólo aparece una vez y de pasada: Concretamente en el artículo 11.1 c, cuando establece las funciones que tienen las Comunidades Autónomas en el Sistema de la Dependencia dice que éstas pueden Establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria, creando, en su caso, los órganos de coordinación que procedan para garantizar una efectiva atención.

Ahora nos anuncian cosas interesantísimas.  La Ministra Pajín anuncia que en seis meses (sí, ya sé que las elecciones son en siete semanas) se habrá acordado una Estrategia Nacional de Coordinación Sociosanitaria.  Para ello se contará con un Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria.  Si a estas alturas alguien no sabe de qué estamos hablando, tranquilos, nos lo explica la Directora General del Imserso: “La coordinación sociosanitaria debe ser un proceso de normalización entre los servicios y recursos existentes. Para ello, las políticas públicas deben ser transversales para afrontar el reto de la coordinación entre el Sistema de Salud y el Sistema de Servicios Sociales”. ¿Queda claro?

A mí me parece que, si con una Ley que habla en muchos artículos de establecer un sistema de atención a la dependencia no han sido capaces de triunfar.  Con la tímida mención a la coordinación sociosanitaria el fracaso es seguro.  Quizás sería mejor cumplir en este caso la Ley y dejar esa coordinación en manos de las comunidades, a ver qué hace cada una.  Si se opta por esta vía, el intento de detectar y difundir buenas prácticas en varios ámbitos de la atención a personas dependientes por parte del Imserso sí merece la alabanza y el reconocimiento.

La forma en que nos hablan estos políticos me recuerda un cuadro que he visto varias veces en internet que está dividido entres columnas y que permite, leyendo sucesivamente un fragmento de cada una, encadenar un discurso aparentemente juicioso pero totalmente falto de contenido.

Sigo leyendo y me llega como un soplo de aire fresco la entrevista a Cinta Pascual, nueva presidenta de la patronal catalana ACRA.   Sólo cinco frases para dar una idea “La principal problemática de la Ley de Dependencia es que está mal presupuestada desde su concepción”; “(La política de concertación en Cataluña) en estos momentos está en la UCI, mejor dicho, en proceso de congelación”; “Estamos subsistiendo con economía de guerrilla”; sobre la existencia de plazas libres en residencias “Lo primero que se debe hacer es no crear nuevas plazas de residencia y en caso de necesidad de plazas en el sector público, concertar primero”; sobre la coordinación sociosanitaria “El problema principal es que no se hace nada para conseguirla.  Parece que no es la prioridad de ningún gobierno”.

Por desgracia no tengo más tiempo para leer o escribir así que aquí lo dejo con una pequeña reflexión.  Parece que nuestros queridos gobernantes están abonados a las palabras bonitas y a marear la perdiz mientras son los que viven la realidad los que hablan con palabras no tan bonitas pero cargadas de razón.

Autor del post Josep de Martí

lunes, 7 de noviembre de 2011

PAJÍN EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Cuando le quedan pocas semanas para despertar a la realidad, la ministra Pajín ha decidido seguir en su burbuja hasta el final, meciendo entre sus brazos a la gemela siniestra mientras hace público un informe del que se desprende que todo está yendo bien y, todavía iría mejor si no fuera por las comunidades gobernadas por el PP que no gastan lo que debieran. En la nota de prensa de presentación del informe ni un atisbo de autocrítica. Nos habla Pajín desde el país de las maravillas-

Cuando Zapatero la nombró como ministra me pareció que era una muestra más de que al presidente nunca le había importado la atención a la Dependencia más allá del ruido y de poder ganar el voto de algún incauto. Lo dije en este blog hace un año por lo que espero que nadie me acuse ahora de hacer leña del árbol caído.

Lo cierto es que, aunque la ministra pretenda no verlo, lo que se quiso hacer con la Ley de Dependencia no se ha conseguido. Objetivamente la Ley es un fracaso, pero, por supuesto, se puede encontrar la manera de que un informe diga que las cosas van bien.

Imagínese que propongo hacer una Ley para acabar con el analfabetismo en un país subdesarrollado. El sistema consiste en que los analfabetos puedan elegir entre dos opciones: a) recibir unos cursos al final de los cuales habrá unos exámenes para saber si se han aprovechado las enseñanzas y b) recibir una cantidad de dinero para que un amigo les enseñe a leer y escribir. Si se elige la opción b) no hay que demostrar nada.

Al cabo de unos años, estoy gastando mucho dinero en la aplicación de la Ley, miles de personas reciben “algo” y ese “algo” en la mayor parte de los casos es dinero. Por supuesto se ha construido alguna escuela pero muchos ven el dinero que reciben como una ayuda para ir tirando que viene muy bien en tiempos de crisis.

Ante las críticas que surgen porque el analfabetismo no se ha reducido sustancialmente a pesar del dinero gastaso, porque hay muchos analfabetos que no pueden acceder a la opción a) ni b) y que, ni siquiera se valora igual si una persona es o no analfabeta, decido pasar una encuesta entre los que han recibido “algo” y, por supuesto el resultado es positivo. No planteo si el dinero gastado está obteniendo los objetivos que se plantearon; no miro si el sistema está siendo equitativo; no persigo cuantificar la eficacia o eficiencia. No, sólo números.

La presentación del informe del ministerio dice que éste está estructurado en dos partes diferenciadas; en la primera se examina el Sistema desde el punto de vista del análisis normativo, de costes y financiación, de impacto económico, análisis comparado europeo, análisis del Sistema de Información del SAAD (SISAAD) y la memoria de actividades de la Administración General del Estado en el ámbito del SAAD. En la segunda parte viene la encuesta.

Si alguien quiere tomarse a risa lo que ha dicho la ministra en la nota de prensa difundida hoy, aquí hay alguna perla:

“El calendario de desarrollo de la LAPAD ha sido cumplido fielmente según lo previsto” (¿A sí? Pues existía la obligación de tener unas normas comunes de copago, de acreditación y calidad y lo único que hay son unos acuerdos tan vagos que no sirven de nada).

“La administración general del Estado (AGE) ha financiado el 47% del gasto total en atención a la dependencia en 2009” Este dato no es consistente con ningún otro estudio como el del Observatorio de la Dependencia de la Asociación de Directores, que en su página 160 indica que la aportación del Estado al sistema supone el 34,8%, o los que ofrecen las Comunidades Autónomas.

“Los avances más importantes en el SAAD se han sustentado, entre otros, en:”

• Establecer un baremo de valoración de la situación de dependencia único para todo el Estado (Lo cierto es que se valora de forma diferente en las diferentes comunidades por lo que el baremo está mal. Las valoraciones no coinciden en absoluto con lo previsto en el Librlo Blanco. Se puede ver en el artículo publicado en Actas de la Dependencia sobre el baremo)

• Desarrollar una catálogo común de servicios de atención para todos los grados y niveles (no se ha desarrollado nada con posterioridad a la Ley).

• Establecer criterios comunes de calidad de los centros y servicios (No existen criterios comunes de acreditación ni calidad)

• Garantizar prestaciones económicas para las personas beneficiarias (La Ley prevé las prestaciones económicas para el cuidador no profesional como excepcionales y son la norma)

• Integrar en el Sistema de Seguridad Social a las personas cuidadoras no profesionales (Ni un tercio de los cuidadores no profesionales se han integrado porque o ya cotizaban o eran jubilados).

Yo prefiero no reírme. Que Pajín y Zapatero consuman sus últimos días en el gobierno encantados con su gestión, sin dejarse contaminar por la realidad, publicando cifras buenísimas que no se cree nadie y pensando que no nos damos cuenta de que lo que nos presentan como atención a la Dependencia no es más que una copia defectuosa de lo que debería ser.

En Junio de 2007, cuando la Ley justo empezaba su desarrollo escribí una columna para Negocios y Gestión que ahora está en el blog, en él me preguntaba:

¿Caerán nuestros queridos gobernantes en la tentación de crear el PER de la Dependencia o serán valientes y harán una apuesta por los principios que establece la Ley?

Hoy sabemos la respuesta.

UN DÍA EN PAMPLONA

El jueves pasado mis amigos de Qpea me invitaron a participar en una jornada sobre los retos de la longevidad humana.  Se trataba de un acto organizado conjuntamente con la Universidad de Navarra, a través del Instituto Cultura y Sociedad, que se celebró en la Facultad de Medicina de esa distinguida Universidad en Pamplona.



Alberto Munfer (Universidad de Navarra), Rafael Sánchez Ostiz (Qpea), Jesús Fraiz, Josep de Martí, Jorge Pla (Qpea) y Ricardo Moragas

Fue interesantísimo poder escuchar al Dr. Jesús Fraiz, un psiquiatra gallego al que algunos conocen como el detective de los centenarios y que ha creado uno de los pocos (si no el único) museo de la longevidad, relatando una historia de la longevidad sembrada de anécdotas sobre la vida de algunos centenarios y  supercentenarios (mayores de 110 años) famosos. 

También intervino el profesor Ricardo Moragas, uno de los padres de la gerontología social en España y que, como director del Máster de la Universidad de Barcelona ha servido de maestro para muchos profesionales de los que trabajamos en este sector en la actualidad.   El trató de las claves del envecimiento positivo con una interesante conferencia titulada  "Calidad de Vida, ¿merece la pena llegar a viejo?".

Al final clausuré el acto con una breve intervención sobre los retos que deberá afrontar una sociedad superenvejecida. ¿Qué haremos cuando el 35% de la población tenga más de 65 años?  Se trata de una situación que no se ha dado nunca en la historia y que puede suponer plantear dilemas hoy impensables.  Sólo como un ejemplo, ¿Qué pasaría si los mayores se organizan y deciden que el pago de las pensiones y servicios derivados del envejecimiento debe ser la máxima prioridad de la acción de gobierno?  Si llega a ganar las elecciones un partido con esos postulados, ¿Lo aguantaría la sociedad?¿Se generaría una oleada de "gerontofobia"?  En Estados Unidos, la AARP, una asociación de personas jubiladas, acaba de lanzar un anuncio en televisión en el que una persona mayor dice "No soy un número ni un asiento contable en unos presupuestos.  Pero si piensan recortar la atención sanitaria o las pensiones de jubilación, piensen en un número, 50 millones, es el número de jubilados con derecho a voto en las próximas elecciones"




En principio me siento muy cerca de lo que defiende AARP pero creo que debemos pensar que estos jubilados que reclaman que no se recorten sus pensiones son los que  nacieron  justo antes o durante la guerra.  Eso quiere decir que nos pueden exigir que no les recortemos al final de su vida los beneficios de una sociedad que construyeron ellos a base de sacrificio y esfuerzo partiendo de una postguerra.

Imaginemos este mismo anuncio cuando yo tenga setenta años (en 2035) y centrado e España.  Un jubilado reclama que no se toquen los beneficios sociales (pensiones y sanidad) de los mayores en una situación en la que habrá casi más jubilados que personas en edad de trabajar.  Mantener el sistema, si es que es posible entonces, sólo será concebible a base de recortar otros capítulos como educación, infraestructuras, servicios sociales para otros colectivos, seguridad..
Es muy posible que a los jóvenes de entonces no les guste que los mayores hagan reivindicaciones  ya que, quizás a sus ojos, esa generación que entonces reclame, sea vista como la culpable de una decadencia sin parangón.  Así como los mayores de hoy pueden reclamar que ellos han creado lo que tenemos, a nosotros (la generación del baby boom) quizás nos culpen de lo que tengamos entonces.  “¿Por qué, sabiendo con tantos años de antelación, que se acercaba el colapso,  no hicisteis nada? ¿Por qué no os sacrificasteis un poco pensando en que el futuro llegaba?   Os endeudasteis hasta las cejas para no asumir sacrificios, comprometisteis el medio ambiente y ¿ahora venís exigiendo?”.
Pensemos que hoy, para mantener los gastos corrientes del Estado (sanidad universal, pensiones, paro, dependencia) estamos pidiendo dinero prestado a países como China en los que esos conceptos no son vistos como una primera necesidad sino como un lujo que nos permitimos sin podérnoslo pagar.  El día que nuestros máximos acreedores sean países en los que el estado de Bienestar se considera un capricho innecesario, tendremos serios problemas.
En mi intervención planteé estos y otros temas por el estilo.  Algo para generar reflexión y debate.

Foro Qpea, que estaba representada por su presidente, Dr. Jorge Pla y por el Dr. Rafael Sánchez Ostiz, es una asociación que fomenta el trabajo interdisciplinar para la mejora de calidad de vida de los mayores.

Espero tener la ocasión de volver pronto a Pamplona donde siempre me encuentro como en casa.

jueves, 3 de noviembre de 2011

¿QUÉ HARÁ EL PP CUANDO GANE LAS ELECCIONES?

Ya quedan menos de tres semanas para las elecciones generales y, aunque parece que está claro que habrá un cambio de gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular, como dicen los taurinos "hasta el rabo todo es toro" y de aquí a entonces pueden pasar muchas cosas.

Hoy he estado mirando la web del Partido Popular y esto es lo que he encontrado bajo el título "Nuestras ideas" referido a dependencia.

Situación actual

1. No se ha establecido un marco regulador que establezca para toda España la determinación de la capacidad económica del beneficiario y los criterios de participación de estos en las prestaciones del Sistema de Dependencia.

2. Se está sembrando un terreno propicio para que en España haya 17 sistemas distintos de Atención a la Dependencia con diferentes sistemas de copago y acreditaciones de centros con ratios de calidad diferentes.

3. Y, sobre todo, no la ha dotado de financiación suficiente.


Qué piensa el Partido Popular

1. Desde el Partido Popular, creemos en la necesidad de impulsar la plena efectividad de la Dependencia.

2. Es necesario garantizar la calidad y la equidad de servicios y prestaciones, promocionando la autonomía personal y previniendo su pérdida con acciones multimodales.

3. Es necesario fomentar la investigación de las enfermedades que puedan derivar en pérdida de autonomía para buscar y aplicar mejores repuestas sanitarias y sociales.

4. Es necesario definir el contenido de la cartera de servicios, promover los baremos de la evaluación de la dependencia y la acreditación de centros y servicios coordinados entre el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

5. Desde el Partido Popular creemos que es necesario mejorar el actual sistema de aportaciones del Estado a la dependencia para asegurar la calidad de servicios, la equidad y la recepción de prestaciones que son imprescindibles para las personas dependientes.

6. Porque cuando se habla de dependencia, hablamos de personas que nos necesitan y se esperan ver cumplido un derecho subjetivo del que dependen sus vidas.

Me he sentido muy triste al leer las propuestas ya que, para empezar parece que les falta un hevor.  Creo que alguien tiene que repasarlo ya que:  "Desde el Partido Popular, creemos en la necesidad de impulsar la plena efectividad de la Dependencia", no quiere decir nada.  Supongo que se refieren a impulsar la "plena efectividad de la Ley de Dependencia" pero, como no lo han repasado se les ha olvidado la palabra Ley.  Seguro que algo así no les ha pasado al tratar del paro.

A mi me parece que quien ha escrito esto no está demasiado metido en "el tema de la dependencia" o, si lo está no ha querido mojarse.   A mí me gustaría algo más concreto y en contacto con la realidad como si piensan apoyar los servicios frente a las prestaciones económicas o legislar para que se armonicen los criterios de acreditación y copago (algo que se describe como situación actual pero no en las propuestas)..  Por otro lado, me sobra lo de las "acciones multimodales".

Como quiero profundizar más me voy al Programa Electoral que publicaron ayer en la web del PP. Aquí veo más cosas concretas:  En la página 117 leo:


7. Modificaremos la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para garantizar una cartera de servicios básica y común para todas las personas dependientes, así como para garantizar la calidad y la equidad de las prestaciones y servicios.


8. Promoveremos un mayor uso de la teleasistencia y de la atención domiciliaria para aquellos mayores dependientes que quieran permanecer en su domicilio.


9. Impulsaremos la libre elección en los servicios de dependencia y apoyaremos a quienes sufraguen la estancia de personas mayores en centros residenciales.


En la página 122 leemos



6. Confeccionaremos una cuenta satélite de la discapacidad y atención a la 
dependencia en España para conocer su verdadera dimensión económica.




¡Por fin!, cosas concretas.

O sea, que si gana el PP cambiará la Ley de Dependencia potenciando el elemento común. Fomentará los servicios frente a las prestaciones económicas para quien se quede en casa y la libertad de elección.  Eso me gusta, pero, ¿y si gana y después no lo hace?

Como los gobernantes tienen una tendencia casi patológica al olvido, cuando no al engaño, he pensado que sería bonito establecer una costumbre democrática consistente en tomar los compromisos electorales de un partido, interpretarlos. medirlos y "encapsularlos" hasta las próximas elecciones. Cuando empezase la siguiente campaña electoral se celebraría un acto de "descapsulación" en el que se abriría el sobre y se expondría al conocimiento público el resultado.

En este caso deberíamos decir que el compromiso del PP es concretamente cambiar la Ley de Dependencia para que haya más elementos comunes, haya más teleasistencia y SAD y se impulse la libre elección y el apoyo a quien sufraga sus estancias residenciales (o sea, prestación económica vinculada).

Dentro de cuatro años, o cuando se convoquen las próximas elecciones generales deberemos preguntarnos:

¿Ha modificado el PP la Ley de Dependencia?
¿Hay criterios efectivos que hagan que la cartera de servicios sea común a todas las comunidades (criterios de acreditación, indicadores de calidad?
¿Se reconocen más horas de Ayuda a Domicilio ahora que en 2011?
¿Hay más beneficiarios de Teleasistencia ahora que en 2011?
¿Recoge la modificación de la Ley un apoyo a quienes pagan por la estancia en residencias?

Si ha cumplido sus promesas, dentro de cuatro años les aplaudimos y si no les abucheamos.

Me imagino qué pasaría ahora si desde todos los sectores se estuviesen descapsulando las promesas del actual gobierno y contrastándolas con lo que de verdad hizo, y me imagino haciéndolo dentro de cuatro años.

Si alguno de los seguidores de este blog quiere, ya podemos empezar a preparar la descapsulación 2015, aunque, como decía antes, "hasta el rabo todo es toro" o como decimos en catalán "no diguis blat fins que estigui al sac" ("no digas trigo hasta que esté en el saco".

miércoles, 2 de noviembre de 2011

LA AYUDA A DOMICILIO, MALTRATADA POR LAS ADMINISTRACIONES

He estado leyendo la prensa estos días sobre los retrasos en los pagos de los conciertos a las residencias y empresas de atención domiciliaria en España, después del encuentro de la FED en Valencia y, como suele suceder, la llamarada mediática del primer día se ha ido apagando.  Además, hablando con unos y otros, veo que una actuación común en las patronales de las diecisiete comunidades autónomas resulta difícil ya que, sorprendentemente, en algunas (Madrid, País Vasco o Navarra), pagan a los 30 o 60 días a las residencias concertadas, por lo que pueden quejarse de otras cosas pero no del retraso.  Otra cuestión es la Ayuda a Domicilio, allí sí que el tema es sangrante casi sin excepciones.

Cuando en el acto de la FED en Valencia se decía "Las administraciones nos deben casi mil trescientos millones de Euros", lo que realmente decían es "Las administraciones nos deben 900 millones a las empresas de Ayuda a Domicilio y cuatrocientos a las residencias".  Los atrasos en el pago del SAD llegan a ser casi legendarios, con empresas que no han cobrado en más de 18 meses de algún ayuntamiento y sin visos de una solución cercana.  Encima son el gran olvidado ya que, ni siquieran cuando la FED acaparó la atención de los medios se hizo suficiente hincapié en los problemas del SAD.

Cuando hay un problema urgente, lo primero que habría que hacer es buscar y aplicar una solución para después, con cierta tranquilidad, analizar las causas que lo generaron (señalando, si los hubo, a los responsables) y encontrar estrategias que permitan evitarlo en el futuro.   Esta, por supuesto sería la forma lógica de actuar, pero no la política.

Siguiendo la lógica que acabo de plantear, la máxima prioridad sería hoy planificar y programar el pago de lo que se debe a las empresas que han ganado un proceso de contratación pública y han prestado los servicios contratados.  El problema es que, con la cercanía de las elecciones, todos los discursos se adaptan y los argumentos se distorsionan para intentar convencer a los votantes.  Así, en Castilla la Mancha los socialistas culpan al gobiernto del PP de que el retraso en los pagos puede forzar al cierre de algunas residencias (ver noticia) y la manera en que lo hacen es curiosa "son 35 ancianos y 19 trabajadores los que se van a ir a la calle si la señora De Cospedal no cumple con el pago del convenio del 2011", una situación que nunca antes ae había producido porque, tal y como ha puntualizado, "José María Barreda sí cumplía con su compromiso con los ancianos de Chillón y del resto de Castilla-La Mancha".

En lo que queda entre hoy y las elecciones vamos a ver muchas noticias como ésta.  Cualquiera que la leyese, sin un mínimo espíritu crítico, pensaría que la señora de Cospedal tiene el dinero guardado en una bolsa y está disfrutando haciendo esperar a los que tienen derecho a cobrar.  Lo cierto es que lo que están haciendo los gobiernos de Cataluña y de Castilla la Mancha resulta gratamente sorprendente: a pocas semanas de unas elecciones, siguen aplicando medidas dolorosas en el corto plazo pero necesarias en el largo.  Parece que estos gobiernos consideran a los ciudadanos lo suficientemente maduros como para entender que no hay otra vía que el ajuste y que los gobiernos que antes de las elecciones hacen fuegos artificiales con dinero que no tienen no son merecedores de su confianza.

No envidio a los actuales consejeros de Servicios Sociales ya que les ha tocado un tiempo difícil de gobernar y con  una ciudadanía, entre la que me incluyo, que no deja de incordiar.  Pero, es lo que hay.

Ahora es primordial encontrar la forma de ajustar los pagos. Pero también hay que intentar ajustar los costes de los servicios, flexibilizar los requisitos y establecer un clima de confianza entre las administraciones y los prestadores.  Espero que dentro de unos años podamos agradecerles lo que ahora están haciendo.  Es más, espero poder ser el primero entonces en loarles desde este blog.  De momento seguiré incordiando.