lunes, 31 de enero de 2011

¿QUÉ PASA CON LAS TABLAS SALARIALES DE 2011?

Cuando en 2007 se firmó el V convenio colectivo estatal de servicios a las personas dependientes, España todavía vivía el frenesí del crecimiento basado en créditos baratos y precios inmobiliarios crecientes. Acababa de entrar en vigor la Ley de Dependencia (LAPAD) y todavía no nos habíamos dado cuenta de que los efectos positivos para el sector que prometía eran sólo cantos de sirena. Así las cosas, pensando que el futuro era prometedor, patronal y sindicatos pactaron las siguientes subidas:


- Para 2008, IPC de 2007, más 0,7 puntos.

- Para 2009, IPC de 2008, más 1,3 puntos.

- Para 2010, IPC de 2009, más 2 puntos.

- Para 2011, IPC de 2010, más 2 puntos.

Como la llegada de la crisis vino acompañada con niveles bajos de inflación (alrededor del 1% durante tres años), las subidas establecidas en el convenio se fueron aplicando sin que supusiesen un problema insalvable. Pero las cuentas de las empresas se iban enturbiando por diferentes motivos: el aumento de paro femenino lleva siempre aparejada una reducción de demanda de servicios privados de atención a la dependencia (residencias geriátricas asistidas, centros de día para personas mayores, teleasistencia y ayuda a domicilio SAD); la aplicación real de la Ley de Dependencia incentiva que los grandes dependientes, aunque necesiten servicios profesionales, se queden en sus casas a cambio de prestaciones económicas; la restricción de crédito unida a la morosidad administrativa lleva a muchas empresas a sufrir crecientes tensiones de tesorería; la subida del IVA en un punto ha incrementado el precio de las residencia privadas; la administración ha congelado los precios de concierto de plazas o ha aplicado subidas inferiores a las que prometía el convenio a los trabajadores.

Todo esto ha llevado a que, a la hora de establecer las tablas salariales de 2011 la parte empresarial de la mesa que negociadora esté planteando una revisión. No es posible en la situación actual aplicar un 5% de incremento salarial (IPC+2%).

El entuerto que plantean los empresarios es real, lo peor es que ante sí tienen a unos sindicatos que más que ver la situación como un problema a solventar, han encontrado un campo de batalla para luchar entre ellos.

UGT, que no firmó el convenio colectivo en 2007 ha encontrado una piedra que tirar a la cabeza de CCOO culpándola de haber pactado lo que ellos denominan un convenio nefasto. Sólo hay que mirar los carteles que han difundido en los centros de trabajo de Andalucía.

CCOO en una noticia publicada en su web da su versión de lo ocurrido y, como UGT, se niega a renunciar a la subida pactada en el convenio.

La duda, técnica es si se está abriendo una nueva negociación de convenio o se está pactando la aplicación del actual. La cuestión de fondo es si en la situación actual el sector puede aguantar una subida del 5%.

La patronal en sus comunicados está siendo muy suave, hablando de "acercamiento" a los sindicatos y de llegar a acuerdos. Esperemos que lo consigan o que la solución que se alcance sea la más beneficiosa para todos. Mientras tanto, las residencias se preguntan qué hacer mientras salen las tablas salariales.

Sirva para ilustrar el tema un gráfico aparecido en una noticia de la web de CCOO en el que se refleja la evolución del salario de las gerocultoras y el IPC.

La calidad del gráfico es la original y no se ve demasiado bien.  En color rojo están los salarios de las gerocultoras y en verde el IPC.

Lo cierto es que, si este gráfico fuese acompañado por el de la evolución de los precios privados y públicos de las residencias para 3ª edad, algo que puede obtenerse gracias al buscador de residencias de ancianos de Inforesidencias.com, veríamos que para quien busca residencia geriátrica en Madrid o Barcelona, los precios se han reducido en los últimos años.  Esto puede ser visto de diferentes formas pero, sea como sea, nos puede llevar a un callejón sin salida.

Autor del post Josep de Martí

jueves, 27 de enero de 2011

INTERVENCIÓN JUDICIAL DEL INGRESO EN RESIDENCIAS: EL JUGUETE DE FISCALES Y JUECES

El día 1 de febrero de 2011 hará veinte años que empecé a trabajar en el sector de la atención a personas mayores.  Muchas cosas han cambiado desde entonces pero una sigue inalterable: Todavía no hemos resuelto el problema jurídico que se genera cuando una persona con demencia ingresa en una residencia.

Lo más curioso es que existen Leyes pensadas para regular el internamiento involuntario para recibir tratamiento psiquiátrico pero nunca se les ha ocurrido a nuestro gobernantes plantear una Ley para el ingreso "sin voluntad" en residencias.  Y es que no es lo mismo forzar a una persona a quedarse en un psiquiátrico, cuando vemos claramente que esa persona no quiere hacerlo, que hacer lo mismo con alguien que sufre demencia en una residencia.  A partir de aquí surgen las dudas ¿Es la residencia un centro abierto o cerrado?, ¿Es lo mismo ingreso que internamiento?, ¿Tiene relevancia que la persona reciba o no un tratamiento?..

Como esas dudas llevan años sin resolverse, aunque se trate de algo que afecta derechos fundamentales y debería tener la misma solución en toda España, cada Fiscalía, cada Audiencia y casi cada Juzgado han ido creando sus formas de actuar, diferentes de un lugar a otro e incluso cambiantes dentro de cada lugar.

Me acuerdo con cierta añoranza de mis tiempos de inspector cuando exigíamos a las residencias que comunicasen al juzgado el ingreso urgente de residentes con demencia.  En algunos casos me decían las residencias que el juzgado de su pueblo les  comunicaba que no hacía falta que comunicasen nada; en otros que sí había que comunicar pero que debía hacerlo el médico ya que el director de la residencia no estaba legitimado; en otros, que según los residentes el juzgado contestaba o no. Y, lo más curioso, un Juzgado de Barcelona especializado en incapacidades e internamientos, que cambiaba totalmente de criterio según la persona que ocupaba el cargo de juez.

También recuerdo que en una ocasión fui invitado por la patronal Castellano Manchega de residencias a impartir unas clases en cuatro ciudades de esa hermosa comunidad (Toledo, Guadalajara, Talavera de la Reina y Alcázar de San Juan).  Pues bien, cuando pregunté qué hacían cuando ingresaba un residente con demencia la respuesta dependía de si "a la Fiscalía de la zona le interesaba el tema más o menos".  En una zona una Fiscal había enviado circulares a las residencias, había hecho reuniones y tenía establecido un circuito de documentos.  En otra, nada por el estilo.

Hay libros en los que aparecen la disparidad de soluciones aportadas por las Audiencias Provinciales de distintas provincias (Protección Jurídica de los Mayores, Diez temas jurídicos de Portal Mayores o Internamientos civiles y derechos fundamentales de los usuarios de centros sanitarios, sociales y sociosanitarios).

En mi humilde opinión lo que pasa con el ingreso de mayores con demencia en residencias es que ses algo parecido a un juguete que se le regala a un niño.  Al principio hace mucha ilusión pero al cabo de unos días se aburren del mismo y lo arrinconan.  Así, algunos Fiscales y Jueces ven que en algunos casos se han producido abusos e intentan abordar la cuestión entendiendo que hay que aplicar la misma norma al internamiento psiquiátrico que al ingreso social.  Entonces empiezan a trabajar denodadamente: envían al forense a visitar a los residentes, piden informes, intentan aplicar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (cosa totalmente imposible porque los plazos son irreales) y, al cabo de un tiempo, salvo que en su zona sólo haya una residencia, se les empiezan a acumular los expedientes.  Un día se dan cuenta de que, en la mayoría de los casos, la autorización del ingreso  no supone una mayor protección jurídica sino una mayore producción de papel y gestiones administrativas y, poco a poco empiezan a priorizar otras cosas.

Escribo eso al hilo de una noticia aparecida en el Faro de Vigo que explica los problemas que están apareciendo al exigir la Fiscalia que un juez ratifique los ingresos en residencias de personas con demencia. 

Vale la pena leer la noticia ya que dice que esa obligación viene de la Ley de Dependencia y la Ley Gallega de Servicios Sociales.  Eso no es cierto:  Repito, la competencia sobre derechos fundamentales es del Estado y la regulación sobre internamientos que ahora exigen en Vigo está en la Ley de Enjuiciamento Civil.

A las residencias que estan viviendo esas situación les recomiendo paciencia.  El niño se aburrirá del juguete.

A nuestros gobernantes les pido acción: El número de personas con demencia no para de crecer ¿Podrían legislar una solución específica para el ingreso en residencias que de verdad supusiese una protección para quien la necesite sin convertirse únicamente en un procedimiento burocrático estéril?

lunes, 24 de enero de 2011

CATALUÑA APUESTA POR UNA PRESTACIÓN VINCULADA GENERALIZADA

El Govern acreditará centros privados para aliviar las listas de espera de la dependencia

El nuevo Conseller de Benestar y Familia, Josep Lluis Cleries, quiere tomar medidas rápidas y drásticas para acabar con la situación de miles de personas con gran dependencia que esperan las ayudas de la dependencia.

Para ello anuncia que acreditará residencias privadas y utilizará la fórmula de la prestación económica vinculada al servicio aprovechando las residencias privadas existentes.

Si Cleries aprueba rápidamente una norma de acreditación flexible y permite a los ciudadanos elegir entre las diferentes residencias existentes pagando una parte de la estancia en las mismas la residencia y el resto el dependiente es muy posible que la precaria situación del sector mejore sustancialmente. Se puede garantizar la subsistencia en estos momentos difíciles de muchas residencias que, si hubiera seguido la errática actitud del anterior gobierno, se habrían visto abocadas al cierre.

Ahora sólo falta que se pongan a trabajar y podamos ver ese decreto de acreditación bien pronto.

En el enlace superior aparece la noticia de la Vanguardia.

LA CHAPUCERA LEY DE DEPENDENCIA GENERA CURIOSAS CONSECUENCIAS

Uno de los muchos defectos que tiene la Ley de Dependencia es que entró en vigor el día uno de enero de 2007.


Entrar en vigor quiere decir generar derechos, o sea, que, a partir de ese momento, cualquier persona que solicitó ser valorada tenía derecho a recibir prestaciones y servicios desde la fecha de la solicitud.

Pero, ¿Cómo podía valorarse la dependencia el 1 de enero si todavía no se sabía quién ni cómo de tenía que valorar?, ¿Cómo saber qué servicios o prestaciones correspondía a cada uno si todavía no se había regulado el PIA, las intensidades de atención ni nada de nada? Sencillamente, no se podía.

Pero los que redactaron la Ley fueron tan malos técnicamente que no cayeron en el detalle así que algunos dependientes presentaron unas solicitudes tempranas que quedaron guardadas en un cajón.

Pasado el tiempo (cuando ya había herramienta de valoración de la dependencia, PIA y otros decretos) la administración pudo tramitar los expedientes y reconocer prestaciones, pero no quiso pagar los atrasos. Las administraciones autonómicas decían que no podían hacerlo ya que ellas habían actuado correctamente desde que habían podido hacerlo. Y tenían razón.

Pero a los ciudadanos no les conmovieron las excusas de las administraciones y exigieron los atrasos. Les daba igual quién tenía la culpa, lo claro es que los dependientes sí que no la tenían y, si la Ley reconocía el derecho a partir de la presentación de la solicitud, ellos no iban a renunciar.

La pregunta es clara: ¿Quién tiene que pagar las consecuencias de la incompetencia técnica de nuestros legisladores: la administración o los ciudadanos?

Los ciudadanos ganaron en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahora lo han hecho ante el Tribunal Supremo que ha condenado al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass) de la Generalitat de Cataluña a pagar 2.435 euros a un gran dependiente como prestación para un cuidador profesional en concepto de retrasos, desde que entró en vigor la Ley de Dependencia hasta que el Gobierno catalán abrió el plazo para solicitar ayudas.
No sé si es posible saber cuánto ha costado todo este proceso al erario público en horas de técnicos, fiscales, jueces y demás funcionarios, pero, ahora que hablamos de ahorrar, recortar y racionalizar. ¿No hubiera sido bueno que alguien en el Congreso de Diputados les hubiese dicho a nuestras ilustres señorías que se fijasen un poco en lo que votan?

Ante muchos que dicen que la Ley de Dependencia es buena aunque su aplicación está siendo mala yo defiendo que la Ley es en sí técnicamente mala, ente otras cosas por lo siguiente:

- No estableció una vacatio legis que era imprescindible (o sea, no dejó seis meses o un año desde su publicación para que se crease todo el aparato reglamentario y administrativo necesario para su correcta aplicación) para que no pasase lo que hoy comentamos.

- Basó la financiación del sistema en acuerdos bilaterales entre el Estado y cada comunidad autónoma lo que ha politizado en extremo algo que debiera haber sido puramente técnico y ha generado diferencias entre comunidades.

- Previó una cierta armonización de los diferentes sistemas autonómicos existentes (contenidos esenciales comunes en acreditación, calidad o copago) sin crear ningún mecanismo que permitiese forzar a las comunidades a adaptar sus normas en ese sentido.

- Incluyó contradicciones claras (se potenciarán los servicios profesionales, y a la vez se tendrá en cuenta la voluntad del dependiente a la hora de redactar el PIA) y conceptos indeterminados como el concepto “excepcional”.

Pasados cuatro años, cuando hemos superado el millón de personas con derecho a prestación por dependencia (aunque una cuarta parte no reciba nada por encontrarse en el Limbo de la Dependencia), me pregunto: Si con una Ley mala estamos aquí, ¿dónde hubiéramos llegado con una Ley buena?

domingo, 23 de enero de 2011

"Esto no es una crisis, es un cambio histórico"

"Esto no es una crisis, es un cambio histórico"

Esta entrevista a Don Tapscott aparecida en la contra de la Vanguardia de 21 de Enero de 2011 debería ser leída en detalle por todos los que trabajamos de alguna manera en el mundo de la atención a personas mayores.

Tapscott dice que el mundo está cambiando y que estamos ante un cambio equiparable a la invención de la imprenta. Destaca unos principos de la era digital entre los que está la transparencia:

Yo me pregunto, ¿NO podríamos aprovechar para que las inspecciones que las administraciones hacen de las residencias y otros establecimientos sociales fueran públicas?

Quizás esto, que llevo diciendo desde hace años, en un primer momento podría ser polémico o podría perjudicar a algún centro que no lo hace tan mal pero que sale "mal retratado" en la inspección.

Creo que ahí está la bondad de la iniciativa. Si todas las actuaciones de inspección se hicieran públicas en internet podríamos valorar la actuación de la inspección. Saber si es cierto o no que existen diferencias de criterios (una crítica que suele hacerse a la inspección) o que algunos inspectores miran cosas que otros no consideran.

Un paso más podría ser publicar las fechas de inicio y resolución de los expedientes (autorización, sanción, subvenciones..)

Como ciudadano querría ver, antes de ir a un restaurante, la última inspección que sanidad ha hecho al mismo. Antes de presentar un currículum en una empresa querría ver si ha sido sancionada por Trabajo y antes de poner mi dinero en un banco saber si el Banco de España le ha sancionado por algo. Y por supuesto querría saber, antes de ingresar en una residencia qué ha visto en ella la inspección.

Hasta que ese futuro llegue, o wikileaks entre en el ajo, quizá los propios Departamentos de Bienestar Social deberían hacer auditorías de las inspecciones para saber si la disparidad existe.

Volviendo al principio, vale la pena leer la entrevista ,

lunes, 10 de enero de 2011

LEY ANTITABACO Y RESIDENCIAS

La Ley 42/2010 conocida como Ley Antitabaco que ha entrado en vigor a principio de años tiene una mención expresa a las residencias para mayores que es la siguiente:

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Centros residenciales de mayores o de personas con discapacidad.

En los centros residenciales de mayores o de personas con discapacidad, se podrá habilitar una zona específica para fumadores, cuyo uso será exclusivo para residentes y deberá estar debida y visiblemente señalizada y contar con ventilación independiente o con otros dispositivos para la eliminación de humos, no pudiendo extenderse el permiso de fumar a las habitaciones ni al resto de las zonas comunes en dichos centros.

Al hilo de esta ley me viene a la memoria que durante una reciente visita a Alemania para conocer su sector geroasistencial, algo llamó poderosamente mi atención: resulta que un grupo de mayores y sus familiares habían pedido a la Administración que, en vez de pagarles parte de su estancia en una residencia, preferían alquilar un piso existente donde recibir un servicio de limpieza y de atención, tanto de empresas como de sus propios familiares y voluntarios gastando en ello lo que les correspondiera del sistema de dependencia.  Cuando vimos uno de esos pisos nos sorprendió ver residentes muy dependientes viviendo en un piso grande pero con puertas estrechas, alguna barrera arquitectónica y un mobiliario muy “doméstico”.  Hablando con una fundación que ahora promueve ese tipo de viviendas nos dijeron cuál era la clave para que algunas personas mayores dependientes quisieran vivir allí en vez de en una confortable y segura residencia: querían poder tomar elecciones que en una residencia serían  imposibles. ¿Por ejemplo?, tener una botella de licor en su habitación, comer salchichas y chucrut o fumar.
En España algunas residencias deciden orientarse hacia el cliente fomentando la toma de decisiones así como el respeto a la asunción de riesgos por parte de los mismos y, qué se encuentran.  Leyes que prohíben fumar en cualquier lugar de una residencia (aunque sea ésta el domicilio de la persona mayor); inspecciones que sancionan que alguien no siga la dieta que un médico prescribe como más adecuada (aunque la persona prefiera otra cosa) o que un residente tenga su propia medicación o una botella en la habitación.
Yo creo que el futuro pasa por potenciar la elección de las personas, sea cuál sea su edad, respetando la asunción de riesgos y potenciando que quien sufra demencia vea sus decisiones tenidas en cuenta mientras sea posible, y cuando no lo sea se intente adecuar el cuidado a su historia de vida.  Si hasta los 87 fumaba un cigarrillo y bebía una copa de coñac después de cada comida a pesar de que los médicos llevaban desde los 50 recomendándole que no lo hiciera. ¿No sería respetuoso que pudiera seguir haciéndolo con las medidas de seguridad adecuadas?

Autor:  Josep de Martí

martes, 4 de enero de 2011

LA GEMELA SINIESTRA

Esta tribuna, que publiqué en el Negocios y Gestión de Noviembre de 2010 ha hecho que muchas personas se pongan en contacto conmigo manifestándose de acuerdo con el contenido.  A todos ellos, muchas gracias y mis mejores deseos para este año que empieza.

LA GEMELA SINIESTRA

Cuentan los que saben que el día que nuestros gobernantes anunciaron el nacimiento de la Ley de Dependencia encubrieron que junto a ella había nacido una hermana gemela que intentaron mantener oculta por la vergüenza que les producía.

La recién nacida estaba destinada a traernos universalidad, prevención, servicios profesionales, calidad, empleo, retorno y sostenibilidad. Pero nació enferma y enclenque. Sólo podría crecer si la nutrían con dos alimentos: por un lado colaboración y generosidad entre el Estado y las Comunidades Autónomas y por otro la cooperación entre las iniciativas pública y privada. Todos sabían que, si conseguían que llegase a adulta, los dependientes recibirían una atención equiparable a la de otros reinos del norte.

Sin embargo la gemela siniestra nació rolliza y bien sana, sólo necesitaba apariencia para crecer. Se alimentaba de números y prosperaba en la discordia y la desconfianza.

Al poco de nacer las pequeñas la más débil murió, pero nuestros gobernantes decidieron ocultárnoslo. Vistieron a la gemela siniestra con las ropas de su difunta hermana y nos dijeron: ¡Mirad! La Ley de Dependencia, crece fuerte y sana.

A partir del día de la muerte de la Ley de Dependencia, la gemela siniestra se hizo más fuerte. Consiguió que las cifras de solicitudes de dependencia y el número de prestaciones aumentasen; consiguió que se gastase mucho dinero en dependencia; consiguió que los datos estadísticos dijesen que se habían creado cien mil puestos de trabajo, e intentó que nadie pensase ya en su enclenque hermana.

Pero algunos de los que habían asistido al nacimiento se preguntaban: ¿No tenía que traernos un derecho universal? Entonces ¿Por qué salen tan diferentes las valoraciones de una comunidad autónoma a otra? y ¿Por qué más de doscientas mil personas tienen reconocido el derecho pero no reciben nada?. ¿No tenía que traer servicios profesionales y calidad? Entonces, ¿Por qué se dan más prestaciones económicas que de servicios?, ¿Por qué la mayoría de comunidades no ha regulado la acreditación?. ¿No tenía que ser sostenible? Entonces ¿Por qué sigue generando déficits de miles de millones de Euros?.

Los gobernantes que conocían el secreto seguían empeñados en mantenerlo ya que sabían que lo que había acabado matando a la pequeña había sido su incapacidad. Poco a poco fueron consiguiendo que los pocos que denunciaban a la usurpadora fueran tenidos por locos o tontos y así la gemela siniestra fue creciendo. “Al fin y al cabo – decían – lo que quiere la gente es recibir dinero para que les cuiden en casa y, ¿Cómo no vamos a dárselo?”.

Al cabo de los años se olvidó del todo lo la calidad y profesionalidad. La gemela siniestra triunfó alcanzando con sus mini prestaciones económicas a millones de dependientes que las recibían, o no según la comunidad en la que vivían. Nuestros gobernantes se congratulaban recordándonos que éramos de los pocos países que podían presumir de una Ley de Dependencia Universal y la gente se preguntaba “¿De qué habla el de la tele?” “De la paguilla”, “Ah, pues a presumir”.