lunes, 25 de julio de 2011

¿BECARIOS EN RESIDENCIAS PÚBLICAS? O ¿ES OTRA COSA?

Una cuestión que resulta recurrente en la atención a personas mayores en residencias es el papel que deben o pueden cumplir los voluntarios.

Si estuviésemos en cualquier otro sector el problema sería meramente laboral (¿deben cotizar a la seguridad social?¿puede una entidad mercantil contar con voluntarios? ¿Se trata de un fraude?), pero en el campo de las residencias se añade la existencia de unas ratios de personal mínimas en las que, en ocasiones se ha intentado contar a los voluntarios

Como la cuestión se lleva planteando desde hace muchos años, en todas las comunidades autónomas se ha encontrado una solución a cómo deben computarse y en qué casos pueden aceptarse voluntarios, de forma que los problemas a este respecto ya no son generalizados.

Por eso me ha sorprendido que, arreglado lo de los voluntarios ahora aparezcan los "becarios" como elemento de desacuerdo.

Leo en Las Provincias que en una residencia pública de Sueca (Valencia), un sindicato ha denunciado que las suplencias de verano se están cubriendo con becarios, algo que según el sindicato deteriora las tareas del centro.

Desde el ayuntamiento niegan que se estén sustituyendo empleados por becarios por lo que la polémica seguirá durante algún tiempo.
A mí lo que me llama la atención sobre esta noticia es lo siguiente:

Sobre el concepto de becario. ¿No se estarán refiriendo a alumnos en prácticas? Yo creo que es eso y que la palabra "becario" se ha utilizado para llamar la atención ya que parece que es una figura fetiche después de las peculiares relaciones que tuvo un presidente de Estados Unidos con una de sus becarias.

Sobre el uso de estudiantes en prácticas: Si todo se hace correctamente, existirá un convenio entre la residencia y el centro de formación y un plan de prácticas. Las empleadas en prácticas actuarán bajo la supervisión de un profesional del centro y no podrán ser utilizadas a los efectos de cálculos de la ratio de personal.

Con esto en mente y viendo lo que dice cada uno me atrevo a sacar conclusiones (que quizás estén equivocadas aunque no lo creo):

Es muy probable que, tratándose de una residencia pública, la ratio de personal esté sobredimensionada por lo que no veo por aquí el problema (Las residencias pública suelen tener unos niveles de absentismo más elevados que las de gestión privada y unas ratios superiores).

Más bien veo con optimismo que los gestores del centro están intentando racionalizar el coste del centro, algo que, según leemos en la noticia, no les ha preocupado demasiado hasta ahora. Me explico: La forma de defenderse de las acusaciones por parte del ayuntamiento es decir que los empleados de la residencia están tratados perfectamente con un sueldo superior a lo estipulado y haciendo 35 horas semanales, en vez de 37 horas y media que se exige. La pregunta es obvia ¿puede permitirse el ayuntamiento elevar el coste de atención a los residentes pactando esas condiciones?
A mi entender, es la misma historia que se repite: Cuando una administración presta un servicio público directamente, y tiene que negociar con los empleados las condiciones laborales, el que actúa por parte de la administración lo hace pensando en intereses políticos cortoplacistas (las próximas elecciones, evitar el escándalo..), así, ante una medida de presión, la administración cede y mejora las condiciones. Eso está muy bien para los empelados a corto plazo aunque contagia al centro una enfermedad que tiene un largo proceso de incubación pero cuando se manifiesta es mortal. A medida que se suceden los políticos timoratos que pactan pensando en el corto plazo el servicio público se hace más caro e ineficiente, sobre todo si se compara con otras formas de gestión (conciertos, gestión privada de centros públicos..). Cuando llega una situación de crisis como la que vivimos ahora se puede plantear la pregunta clave: ¿Por qué nos cuesta tanto mantener a una persona en una residencia pública si podríamos mantenerla en un centro concertado o público de gestión privada por mucho menos?.

La respuesta podría ser que los centros públicos dan un servicio mucho mejor, pero no hay pruebas que lo demuestren. Lo cierto es que son más caras porque son menos eficientes. Culpar a los empleados públicos es un error en el que nunca deberemos caer. Ellos han hecho lo lógico, han querido mejorar sus condiciones. El problema es que si quién hubiesen tenido delante, en vez de una administración, hubiese sido una empresa, probablemente ésta hubiera quebrado por no saber negociar.

Creo que si analizamos lo que pasa con los controladores aéreos podemos ver algo parecido: Durante muchos años nuestros gobernantes se han plegado a las exigencias de ese colectivo ante el temor a las devastadoras consecuencias de una huelga. Poco a poco, los controladores se han convertido en privilegiados y ahora se les estigmatiza y se les culpa de sus privilegios y se lanza el mensaje de que, por culpa suya ahora habrá que privatizar AENA. La imagen que se transmite es que, "cuando eso sea una empresa, ya verán".

Volviendo a las residencias. Estoy seguro de que en los próximos años vamos a vivir un interesante proceso de cambio de gestión de residencias públicas. Primero se irán intentando remiendos (como esto de los becarios o la externalizarían parcial) y después opciones más definitivas.

Además estoy seguro de que estos procesos no se producirán movidos por un posicionamiento político liberal por parte del gobernante sino como una reacción desesperada ante el miedo de caer al abismo.

viernes, 22 de julio de 2011

LA MINISTRA, DISPUESTA A "REPENSAR"

Cuando ayer escribí sobre la propuesta de CiU de repensar la Ley de Dependencia no me di cuenta de que la Ministra ya había contestado en el parlamento.

Pues bien, la respuesta de la Ministra, según he leído en Discaptnet fue que "Estamos convencidos de que es necesario repensar y reformular la Ley de Dependencia", pero con un pequeño matiz:  la Ministra  emplazó a los grupos políticos a debatir sobre esta situación cuando estén listos los resultados de la evaluación de la ley, previsiblemente en octubre de este año. 

¡Qué curioso! Justo cuando muchos periódicos van llenos de informaciones sobre un más que posible adelanto electoral la Ministra dice que lo bueno sería discutir las cosas en octubre.

jueves, 21 de julio de 2011

¿"REPENSAR" LA LEY DE DEPENDENCIA?

Durante los útlimos tiempos, con la moda de la corrección política, parece que decir "destruir el sistema", "derogar una ley" o, simplemente "quitar algo", no es adecuado.  Queda mucho mejor "reinventar el sistema económico", "reinventar la democracia" o, algo que nos afecta más, y que apareceen una noticia reciente:  CiU ha pedido al Gobierno que "repiense" la Ley de Dependencia.

Si leemos la noticia veremos que lo que dice Carles Campuzano, diputado de CiU, es que la Ley no está cumpliendo con las expectativas generadas, que la financiación es insuficiente, que los plazos que impone no son los correctos, que plantea dificultades para valorar y reconocer el derecho y que, en definitiva, hace falta corregir las deficiencias que plantea.

Yo uniría la reflexión del Sr. Campuzano a las que podimos escuchar en Abril en el Congreso de Edad y Vida, sobre las que escribí entonces y concluiría, traduciendo del idioma políticamente correcto al roman paladín, que la Ley de Dependencia es un fracaso por múltiples motivos, que debería ser derogada sustituyéndola por otra y que el único motivo por el que esto no se hace es por el flujo de dinero que, aunque no se gaste con la finalidad pretendida, llega desde el Estado a las Comunidades Autónomas y de éstas a las familias.

¿Por qué entonces no dice las cosas más claras el Sr. Campuzano?  Yo creo que él tampoco quiere de verdad "repensar la Ley" sino garantizar que el flujo de dinero llegue con mayor abundancia a Cataluña. El motivo es claro: Una Ley que quiere unificar los derechos de todos los ciudadanos que viven en España estableciendo criterios comunes de valoración, acreditación, copago o calidad sólo puede ser vista como una amenaza por parte de quien postule el máximo autogobierno para su comunidad autónoma.  Al fin y al cabo, unificar criterios quiere decir renunciar a poder establecer los criterios que "tú" quieres para "tú" comunidad.

En mi humilde opinión lo que quiere el Sr. Campuzano es manifestar su descontento con la Ley de una forma que pueda ser atemperada con dinero.  Y ahora tiene ante sí a un interlocutor muy receptivo.

La Ley que fue apoyada por todos salvo por CiU y el PNV, acaba siendo la Ley que mejor se ajusta a las aspiraciones de autogobierno de ambos partidos. ¿Qué hay mejor que una Ley que nominalmente aspira a una unificación de criterios y derechos (o sea, a la cesión de competencias autonómicas en materia de servicios sociales hacia el Estado) pero que está tan mal hecha que no lo consigue en absoluto? La respuesta es sencilla: esa misma Ley si nos permite recibir más fondos para gestionarlos como creamos más adecuado.

Así que, los dos grande partidos no querrán derogarla porque la hicieron ellos y a los dos que suelen tener la llave de la gobernabilidad ya les está bien como está.

¿Qué opción nos queda?  Repensar, o sea, nada.

viernes, 15 de julio de 2011

DE CURSO EN VIGO CON NOVA CAIXA GALICIA

Nova Caixa Galicia, y antes Caixa Galicia, organizan cada verano una Escuela Internacional de Gerontología en la que he tenido el honor de participar impartiendo clases o conferencias durante los últimos once años.

Para mí esos días de Julio en diferentes ciudades gallegas hablando del tema que me apasiona se ha convertido en un punto de referencia y este año, invitado a impartir un curso titulado "La atención a la dependencia en la encrucijada. Oportunidad u ocasión perdida", la preparación de la clase me ha permitido  permitió repasar apuntes de conferencias anteriores y ver cómo ha cambiado todo.


El año 2007 mi participación en la Escuela consistió en una serie de conferencias dirigidas a personas mayores en cinco ciudades gallegas.  Había empezado a aplicarse la Ley de Dependencia y yo empezaba mis conferencias diciendo.  "Somos una familia que está de celebración aunque preocupados.  Ha nacido un bebé, esa es la buena noticia que nos alegra; pero ha nacido sietemesino, pesa muy poco y, si queremos que sobreviva lo deberemos tener en una incubadora durante un tiempo".  Por supuesto ese bebé era la Ley de Dependencia.  Para mí, a esa Ley no se le debía exigir demasiado sino que había que cuidarla mucho. Necesitaba tiempo para madurar, necesitaba desarrollo reglamentario, formación de los profesionales que iban a evaluar la dependencia y participar en los PIAs, en otras palabras, necesitaba lo que en derecho se conoce como vacatio legis (el tiempo que pasa entre que se publica una Ley y ésta entra en vigor.  Un tiempo que a veces se establece en uno, o incluso dos años).  Pero nuestra Ley de Dependencia entró en vigor sólo dos meses después de su aprobación cuando no había dado tiempo para nada.

En otras conferencias comparé lo que para España suponía tener una Ley de Dependencia con lo que para una familia supone comprarse una casa para pasar el fin de semana.  Es algo que da calidad de vida pero supone un gasto importante.  Por eso, la decisión de si podemos o no comprar la segunda residencia y la decisión del tamaño y tipo es fundamental.  De poco sirve comprarse una gran casa si no podemos pagarla.

En fin, en Galicia, con un grupo de alumnos participativo, pudimos repasar las luces y sombras de la Ley y mirar con cierto optimismo hacia el futuro.  Un optimismo fundamentado en que, en un momento u otro habrá que cambiar la Ley existente a fondo.



viernes, 8 de julio de 2011

"RESIDENTES ESPERANDO LA MUERTE Y VISITAS QUE NO LLEGAN"

Hoy en la Vanguardia aparece una entrevista a la Sra. Andrea Gillies, que cuidó durante años a una persona con Alzheimer, su suegra, quien finalmente ingresó en una residencia.  Cuando he leído la entrevista  he sentido emociones diferentes.  La primera un gran respeto por el valor humano de una persona que cuida, no a su madre sino a su suegra durante el deterioro que supone la demencia, después algo de sorpresa ya que, cuando habla de las residencias dice: Las residencias están llenas de ancianos sentados en una silla esperando la muerte y la visita de sus familiares, que nunca van a verlos.  Parece una crítica ácida hacia las residencias y los profesionales que en ellas trabajan.  La Sra Gillies dice que Lucho por que el Gobierno invierta dinero en residencias de calidad con talleres creativos, donde haya actividad. Pero si leemos el artículo concluiríamos con que la única ayuda de calidad que puede recibir una persona con Alzheimer es tener las 24 horas del día a una persona para atenderla.  Si esa es la expectativa que se tiene de las residencias no creo que nunca podamos verla alcanzada y no es por otro motivo que por los costes.

Cuando una persona cuida en casa a un enfermo de Alzheimer le dedica unas horas y un esfuerzo repartido durante todo el día, todos los días.  Una dedicación que si se tuviese que pagar equivaldría a contratar a cuatro personas para el cuidado de una.

Las residencias en la actualidad tienen ratios de personal que suponen aproximadamente un empleado por cada dos residentes.  Además ofrecen servicios de animación, actividades y atención.  En definitiva, un sustituto del hogar, pero simplemente eso, un sustituto.

Me parece que la idea de ancianos esperando la muerte y visitas que no llegan, a pesar de sonar muy emotivo no dice nada de las residencias.  Esos mismos mayores podrían estar en su casa esperando la muerte y visitas que no llegan o en una parada de autobús.  O incluso en su casa conviviendo con familiares, esperando la muerte o que ellos les hagan caso.

Cualquier simplificación es empobrecedora.  Yo me quedo con la imagen del sector de la atención a mayores en movimiento:  Visité mi primera residencia como inspector en 1991 y el viernes pasado fui a visitar una.  Lo importante es cómo ha avanzado la atención y que la mejora no ha parado.  El problema es que cuanto mejores sean las residencias más costará mantenerlas y no sabemos cuántos podrán pagarlas (en ese "cuántos" incluyo a las administraciones).

jueves, 7 de julio de 2011

UN ANÁLISIS DAFO DE LA LEY DE DEPENDENCIA


Estoy repasando papeles de cara a la impartición de un curso sobre la Ley de Dependencia en la Escuela Internacional de Gerontología de Nova Caixa Galicia que impartiré el 11 de julio en Vigo y he reencontrado un documento de Septiembre de 2008 (cuando la Ley llevaba un año y medio en vigor), titulado Un Análisis Estratégico del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
en el que el profesor Simón Sosvilla Rivero, de la Universidad Complutense hace un análisis de la dependencia en España, una explicación de la Ley y, lo que encuentro más interesante, un análisis DAFO del sistema.
Invito a los lectores a leer el documento y detenerse en el DAFO (una forma de analizar una realidad buscando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de forma que se pueda establecer una estrategia).
Clic para ver grande

 
El trabajo del profesor Sosvilla me parece encomiable. El único defecto que me atrevo a achacarle es que parece haber planteado un balance DAFO del "sistema teórico de atención a la dependencia". Ese sistema en que la prestación a los familiares es excepcional, el sistema de valoración de la dependencia homogéneo y los sistemas de copago y acreditación parecidos en las diferentes comunidades.
Entre las debilidades, a mi entender, hay tres que debieran aparecer en el análisis: baja calidad técnico-jurídica de la Ley (demasiados conceptos indeterminados); insuficiente concreción en el sistema de financiación y falta de un título competencial claro por parte del Estado. Así, la "posible descoordinación entre AAPP" no sería una amenaza sino una debilidad del sistema.
Me gusta mucho el cuadro que presenta el trabajo sobre las estrategias que cabe plantearse después de hacer el balance DAFO.
La verdad es que no me sorprende que el profesor Sosvilla en 2008 hiciese plantease ese análisis, pero ¿Cuál sería el DAFO hoy del sistema de la Ley de Dependencia y qué estrategias deberíamos plantearnos?
Personalmente me siento bastante radical en el tema. Yo creo que un gobierno audaz plantearía que la Ley se hizo mal y se desarrolló peor porque no se ajustaba a la realidad autonómica de España.
Si la competencia exclusiva sobre servicios sociales corresponde a todas y cada una de las Comunidades Autónomas, plantear una Ley que, sin competencias para hacerlo, pretenda unificar condiciones de acceso, copago, acreditación, tramitación… es una iniciativa abocada al fracaso. No a un fracaso estrepitoso ya que, mientras metamos dinero en el sistema y éste llegue a los ciudadanos siempre tendremos el recurso del "éxito estadístico". Me refiero al fracaso en el objetivo de crear un derecho subjetivo homogéneo en toda España.
Así, podríamos redactar una nueva Ley que estableciese unos criterios comunes "super laxos" acompañados de una financiación y dejar que cada Comunidad Autónoma haga casi lo que quiera. Hacer eso sería ajustar la Ley a lo que de verdad está pasando.
O podríamos ser más ambiciosos y sacar la Dependencia de los servicios sociales y convertirla en un sistema de aseguramiento público/privado vinculado a la Seguridad Social. En este sistema las Comunidades Autónomas (tomadas inidividualmente) tendrían quizás menos peso que en la actualidad.
Sé que mis propuestas no son realistas ya que no tengo en cuenta "la perspectiva política". No creo que ningún gobierno se atreva a decir que la ley de dependencia (con tanto "éxito estadístico") sea algo malo que hay que derogar y cambiar por algo mejor. No olvidemos que esta Ley tuvo el apoyo de los dos grandes partidos. Pero creo que es un discurso que tiene que aparecer y que debiera tenerse en cuenta.

martes, 5 de julio de 2011

DOS CALUROSOS DÍA EN MADRID

El pasado viernes y sábado he estado en Madrid participando como profesor en el postgrado de dirección de residencias de Lares, organizado por la Fundación Pere Tarrés.  Dos días muy interesantes en los que he podido hablar de la Ley de Dependencia, las normativas administrativas de residencias y aspectos civiles (capacidad, incapacitación e internamiento).

Fueron  dos días calurosos aunque productivos con directores de residencias de siete comunidades autónomas diferentes. Imparto más o menos la misma asignatura en diferentes cursos de postgrado y másters y me gusta ver cómo, aunque los destinatarios sean directores de residencias privadas con ánimo de lucro o de iniciativa solidaria, los problemas jurídicos y las visiones sobre la actuación administrativa son parecidos.

Ante un alumnado variado pude constatar, al igual que en otras ocasiones, que cuestiones como el ingreso en residencias de personas con demencia sigue siendo una asignatura pendiente: tenemos un sistema de internamiento con autorización judicial que ha sido declarado inconstitucional por el TC pero que parece seguirse aplicando en algunas comunidades.  Es algo que siempre me sorprende: resulta que lo único sobre lo que tenemos una Ley verdaderamente común para todas las Comunidades autónomas es para la incapacitación y el internamiento. Pues bien, dependiendo de la provincia en qué esté la residencia y de la opinión del fiscal competente se utiliza o no el sistema de autorización judicial para el ingreso en residencias (un sistema pensado para internamientos psiquiátricos que hace aguas por todas partes cuando se intenta aplicar a residencias).  También dependiendo de dónde estemos se incapacita a más o menos residentes cuando, si se aplicase la Ley, todas las personas con demencia en fase avanzada estarían incapacitadas y con un tutor nombrado.

Hablar ante un grupo procedente de diferentes comunidades autónomas que cuidan a mayores dependientes también me reafirma en mi convicción de que la Ley de Dependencia es un espejismo.

En fin, muchas gracias a Lares y a la Fundación Pere Tarrés por la invitación y a los alumnos con quien compartí aula y mantel.