viernes, 30 de septiembre de 2011

OPINIONES FUNDADAS: GRACIAS AQUILINO

Agradezco mucho a todos los que me estáis llamando y escribiendo sobre la difícil situación en toda España de unas residencias y servicios de atención a mayores que cobran tarde y mal de las administraciones que contrataron sus servicios.

Lo de Cataluña parece que al final será incluso menos malo de lo que nos dijeron ayer.  Ahora todas las residencias concertadas y las empresas que gestionan residencias públicas cobrarán en Septiembre (o sea, hoy o mañana) el 50% de lo que deberían cobrar (o sea, la estancia de los residentes de Julio) y las colaboradoras el 65%, a finales de Octubre cobrarán la totalidad de lo que les toca y, si Dios quiere, todo se regularizará a finales de año.

Hoy he recibido un mensaje de un buen amigo, Aquilino Miralles, que, como director general de una empresa que está prestando servicios de atención a la dependencia en diferentes comunidades autónomas puede ver el sector desde una perspectiva amplia.  Aquí va su opinión.  Gracias Aquilino:

Efectivamente yo también soy uno de los sorprendidos del "eco social y mediático" que ha tenido la decisión de la Generalitat de posponer o retrasar sensiblemente el pago de los servicios asistenciales prestados por las empresas, y de igual forma me sorprendo también del "mutismo" que se mantiene para hechos similares en otras comunidades cuyos periodos de pago, van mucho mas allá que los de la Generalitat.

Baste decir que la propia Comunidad de Madrid, la última factura que tiene abonada a algunos de los operadores es la correspondiente al mes de Diciembre de 2010. En idéntica situación esta la comunidad de Castilla la Mancha, y si ya nos vamos a la deuda contraída por muchas de las corporaciones locales que contratan servicios para la Dependencia, habrá muchos contertulios que puedan asegurar que el plazo se va a mas de un año y en algunos casos hasta 2 años.

La verdad es que nos esta tocando vivir situaciones nunca vistas. Esto se esta convirtiendo en "el mundo al revés" y ante esta situación cabria preguntarse algunas cuestiones de orden mayor:

¿No seria oportuno que, al igual que cuando las Administraciones Publicas exigen un aval bancario que garantice el cumplimiento de las obligaciones del prestatario, no se pueda exigir igualmente un aval bancario a las administraciones para que ellas cumplan igualmente con los suyos (pago incluido)? Porque sabido es que para el sistema financiero español, hay muchas administraciones públicas clasificadas como “insolventes” o incluso “morosas”.

¿No seria oportuno que se pudiera establecer un sistema de compensación de saldos para aquellas empresas que, debido a la falta de pago de las Administraciones, no pueden cumplir con sus obligaciones con las Administraciones?

Esto es, no deja de tener gracia que, las Administraciones puedan pagar cuando quieran y los proveedores de servicios tengamos que cumplir fielmente con nuestras obligaciones para con las Administraciones.

Cuando cualquier empresa se retrasa tan solo un día en el pago de sus cuotas de la S.S o de su IVA, tiene seguro que resulta penalizado con una importante sanción. ¿Porque no se aplican esos mismos criterios para los compromisos de pago de las Administraciones Publicas ?


La ley ya lo contempla y recoge un periodo máximo de pago de 60 días, periodo que prácticamente nadie cumple y sorprendente no pasa nada. ¿Para que esa Ley entonces?. Que pasa, que hay Leyes que deben cumplirse y otras que no? Sorprendente.



¿Es que, en este "mundo al revés" que estamos viviendo, somos las empresas prestadoras de servicios las que debemos financiar los presupuestos y servicios que prestan las Administraciones Publicas?.

¿Es que las empresas privadas estamos obligados a tener o a conseguir el dinero que las Administraciones Publicas no tienen o no consiguen?

Las empresas de servicios, estamos muy lejos de ser, ni de convertirnos en "proveedores financieros". Para eso están lo Bancos y Cajas de Ahorro, que en este momento, se niegan en rotundo a financiar o factorear deuda de las Administraciones, cuando paradójicamente, bien que hicieron "cola" frente a la Administracion Central cuando hace algún tiempo, ésta, inyectó importantísimas cantidades de dinero en el sistema financiero español sin que, curiosamente se impusiese condición o contraprestación alguna tratando de “vestir el muñeco” de que, esas importantes inyecciones lo eran para fomentar el crédito, cuando en realidad, y tal y como el tiempo ha demostrado, su único fin era el de salvar la critica situación en la que se encontraban los Bancos y por ende los intereses de sus accionistas.

Como contrapartida a ello, ¿No podría imponerse a base de “decretazo” que los bancos que se vieron favorecidos con aquella “maniobra orquestal” queden ahora obligados a descontar el papel y las facturas que hayan de abonar las Administraciones Publicas, bajo pena de devolver lo que en su día recibieron?.


A grandes problemas grandes soluciones.


¿Quien puede pensar que la situación que estamos viviendo con respecto al importantísimo retraso en el pago de los servicios a la dependencia, no esta poniendo en una critica situación a los prestadores de servicios comprometiendo muy seriamente su viabilidad futura ?, ante lo que cabe preguntarse ¿Es que las empresas prestadoras de servicios quedan obligadas a arruinarse en pro de las Administraciones Publicas ?

Y entrando ya en un terreno tremendamente delicado, cual podría ser la responsabilidad de aquellos representantes de las administraciones publicas que contratan o mantienen servicios a la Dependencia aun a sabiendas de que no podrán satisfacer el pago de los mismos ?.

Ese es justo el principio fundamental de la “declaración concursal” y la responsabilidad de quienes suscriben esos contratos debería ser, al igual que para el caso de las empresas privadas, solidaria con la persona que los suscribe, con independencia de que pudieran igualmente "salpicar" responsabilidades incluso de ámbito penal, hecho que en mas de un caso se ha iniciado ya por algún que otro sector y se encuentra en este momento “sub-judice” .


En fin, mucho que arreglar y mucha valentía para hacerlo, valentía que, hasta ahora, no se evidencia por parte de nadie y que concluye con que nuestro sector, esta atravesando la mayor crisis de su historia desde que las hermanitas de la caridad crearan aquellos establecimientos a los que llamaron "asilos" y como en el caso de Cristóbal Colon, descubrieran, sin saberlo, que estaban inventando la que hoy llamamos Ley de la Dependencia.

Aquilino Miralles


29 de Septiembre de 2011

jueves, 29 de septiembre de 2011

PAGO DE CONCIERTOS:SE SUAVIZA EL VARAPALO

Imaginen a un paciente a quien su médico le acaba de comunicar que, para salvar su vida, tiene que firmar inmediatamente una autorización para que le ampute las dos piernas.  Después del shock inicial, el paciente, que confía en su médico, firma.  Al cabo de dos horas el médico vuelve y le dice que, después de analizar a fondo todas las posibilidades, puede salvarle la vida amputándole sólo un pie.  El paciente se emociona, llevaba dos horas haciéndose a la idea de lo que sería vivir sin piernas y ahora es como si las hubiese recuperado.

Unas semanas después, mientras convalece de la operación,  le invade una duda “¿Cómo habría reaccionado si de inicio me hubiesen dicho que me iban a amputar un pie? ¿Sabía todo el médico desde el principio y me manipuló para que no me pareciese tan dura la decisión?” Tan insistente es la duda que pide acceso la historia clínica y ve que todo está registrado, es cierto que el médico en todo momento le dijo la verdad, está allí, escrito. Entonces el paciente se siente mal consigo mismo, “¿cómo he podido dudar de mi médico?, ¿por qué me ha podido la desconfianza?”.

Esto es lo último que sabemos del sainete del pago de los conciertos, las colaboraciones y los contratos de gestión  (es una traducción de la nota aparecida en la web de ACRA):

En una conversación con la presidenta de ACRA, el titular de Bienestar Social y Familia también asegura que la diferencia no cobrada este mes se pagará antes de fin de año
 En relación al aplazamiento en los pagos de los servicios colaboradores, concertados y de gestión, anoche el consejero de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries llamó a la presidenta de ACRA, M ª Cinta Pascual para comunicarle que, tras negociar con los Departamentos de Presidencia y de Economía y Finanzas, podía garantizar que este mes de septiembre los centros colaboradores cobrarán un 65% y los centros de concierto y gestión cobrarán un 25% de la nómina.
Igualmente, el consejero aseguró que el mes de octubre colaboradores, concertados y gestionados cobrarán la nómina completa y la diferencia no cobrada en el mes de septiembre se pagará antes de fin de año.

Quiero creer que el conseller está actuando en defensa del sector de la atención a mayores y discapacitados.  De verdad, quiero.  Pero a diferencia del paciente no puedo acceder a ninguna historia clínica porque no existe.  Seguimos sin tener un documento “oficial” de la Generalitat enviado a los interesados (las residencias afectadas) en el que se les diga exactamente “algo”.  Los que siguen las noticias e internet pueden llegar a saber “algo”, pero para alcanzar el conocimiento  deberán hacer un puzle con lo que dicen las diferentes patronales.  Quienes entren en www.gencat.cat/benestar se podrán dejar los ojos sin encontrar ninguna mención. 

O sea que, como si del oráculo de Delfos se tratara, sólo las sacerdotisas (patronales y asociaciones) tienen acceso y pueden comunicar a los mortales lo que se les ha transmitido verbalmente.  Según ellas, el conseller estuvo mucho mejor en la reunión del 27 por la noche que la directora general en la del 26 al mediodía.  Se le vio más cercano y preocupado por intentar encontrar una solución pero, aquí queda la cosa, los que no estuvimos tenemos que fiarnos de las percepciones de quienes nos  informan.

Eso sí, parece que no será tan terrible como parecía.  Parece que Cleries ha conseguido ablandar el corazón de economía y las cosas no serán tan malas.  Quizás al final las residencias tengan que agradecer al conseller que haya conseguido  que este mes de septiembre los centros colaboradores cobren un 65% de aquello a lo que tienen derecho  y los centros de concierto y gestión, un 25% de la nómina.  

Por otro lado, siempre hay alguien que está peor que tú.  Durante estos días he recibido llamadas y una opinión en este mismo blog de directores de residencias de otras comunidades autónomas que vienen a decirme, “¡qué raros sois los catalanes!, os pagan a 60  días y, como van a pasar a pagaros a 120 convocan a las patronales, se justifican y os dan explicaciones.  Aquí se han ido retrasando, poco a poco, sin decir nada a nadie y ¡ya nos gustaría cobrar a 120 días!”  Si es cierto lo que nos dicen, en alguna Comunidad las residencias no han cobrado todavía el concierto de abril.  Bueno, mal de muchos, consuelo de…

miércoles, 28 de septiembre de 2011

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LOS CONCIERTOS

Desde que la Generalitat anunció que dejaría de pagar durante dos meses las plazas que tenía contratadas con las residencias geriátricas privadas mediante el sistema de concierto y que sólo pagaría una parte de lo que tenía comprometido con otras residencias para personas mayores dependientes mediante el sistema conocido como “de colaboración”, el enfado y la confusión se instaló en el sector.

Ese día hablé con varios medios de comunicación que me pedían aclarar conceptos y conseguir cifras: ¿qué diferencia hay entre colaboración y concierto?, ¿cuántas plazas hay de cada tipo en residencias? ¿de cuánto dinero estamos hablando?.  No era yo el primero a quien llamaban.  Antes habían intentado obtener respuesta en organizaciones patronales, asociaciones o en la propia administración.  Lo que consiguieron fue saber que el sistema es artificialmente complicado y que la Generalitat convergente no ha mejorado la opacidad estadística a que nos tenía acostumbrado el anterior gobierno.

Voy a intentar explicar en pocas líneas de qué va la cosa y qué puede suponer la medida adoptada por la Generalitat.

Lo primero es destacar que en Cataluña existe una tupida red de mil residencias asistidas para mayores con un tamaño medio de unas 55 plazas de las que más de dos terceras partes corresponde a una activa iniciativa privada (mercantil y sin ánimo de lucro) que lleva años invirtiendo y trabajando en el cuidado a personas mayores.

Una peculiaridad del sector de las residencias geriátricas en Cataluña, antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia es que, cuando la administración quería financiar estancias de personas mayores en residencias, en vez de utilizar el sistema del concierto (compra de plazas) utilizaba el sistema de “colaboración”: una ayuda económica al mayor para ayudarle a pagar el precio de la residencia geriátrica privada “colaboradora” en la que ingresaba.  El usuario podía elegir en qué centro geriátrico ingresaba y, si no le gustaba podía cambiar.  Las residencias geriátricas privadas que querían ser colaboradoras se acreditaban cumpliendo unos requisitos y se comprometían a ingresar a un cierto número de residentes “del programa” cobrando como máximo un precio que determinaba la Generalitat.  El sistema de “copago” era también bastante equitativo ya que, alguien con capacidad adquisitiva podía llegar a pagar más del 90% del precio y, si los hijos de la persona mayor tenían capacidad adquisitiva se les hacía participar  con aportaciones que en muy pocas ocasiones superaban los 120€ al mes.  La verdad es que era un sistema que funcionaba bastante bien.  Yo diría que, si se hubiese ajustado la tarifa y agilizado la tramitación burocrática hubiera sido perfecto, y lo mismo pensaba casi todo el mundo.  El problema es que desde determinado posicionamiento ideológico se veía como un “cheque” y,   el “cheque es de derechas”.  Así que se tomó un sistema que funcionaba y se decidió cambiarlo por otro, el concierto, dejando el sistema de colaboración como algo “a extinguir”.

A todo ello, la Ley de Dependencia (LAPAD) creó dos nuevas modalidades de financiación: la Prestación Económica Vinculada, que supone más o menos lo mismo que la “colaboración” (una ayuda económica para ingresar en una residencia de tercera edad privada mientras se encuentra plaza en una pública o concertada) y la Prestación para el cuidado en el entorno familar (una ayuda de hasta 525€ al mes para que el mayor se quede en casa cuidado por un familiar) de forma que, en cuestión de poco tiempo se pasó de un  sistema a cuatro.

¿De qué depende hoy que un ciudadano acabe cuidado en su casa, en un centro residencial geriátrico público, privado, concertado o de prestación económica vinculada?.  La respuesta es ruborizante ya que no existe una clara. Teóricamente son personas con idéntico derecho pero si uno acaba atendida en una residencia geriátrica pública gestionada por la propia administración costará a las arcas públicas unos 4.000 Euros al mes, si se le atiende en una residencia geriátrica pública gestionada por una empresa o en una concertada el coste baja a menos de la mitad, si se utiliza el sistema de colaboración o el de prestación vinculada, difícilmente pasará de los 1.200 euros; si se opta por dar la ayuda para el cuidado en casa no subirá de 525 euros.  Por supuesto las cifras son estimaciones ya que en Cataluña no se hacen públicos los datos de coste per cápita según sistema de prestación.

Así las cosas, durante los últimos años la Generalitat ha mantenido unas cuantas residencias geriátricas públicas gestionadas por la propia administración, ha construido residencias públicas contratando a empresas para gestionarlas,  ha ido firmando conciertos de miles de plazas y ha reconocido prestaciones económicas vinculadas dejando el sistema de colaboración como algo residual pero numéricamente importante. Pero también desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, la misma Generalitat ha permitido que el 70% de las personas que piden prestaciones de la Ley de Dependencia sean cuidados por sus familiares a precio de saldo. Durante estos mismos años los costes de las residencias han crecido (nuevos requisitos administrativos, creciente costes de personal) mientras la “tarifa pública” se ha congelado o a crecido por debajo de los costes  llevando a una situación difícil a muchas empresas.  También durante este tiempo la administración ha seguido relacionándose con el sector privado desde la desconfianza, ha reglamentado hasta el detalle el funcionamiento de las residencias (hoy es más meticulosa la reglamentación de personal y espacios que se aplica  a una residencia que a un hospital) y se ha aprobado  una ley  super-sancionadora no comprensible si no es desde la desconfianza.

Un último elemento nos servirá para entender el intríngulis de la situación actual: la forma de actuar de la Generalitat:  dejando aparte un proceso de concertación transparente en 2008 en que, se concertaron 1.500 plazas permitiendo concurrir a todas las residencias de tercera edad privadas, se ha utilizado sistemáticamente un sistema del cual el nombre lo dice todo: “sistema negociado sin publicidad”.  También la administración ha ido convirtiendo en “informal” su relación con el sector.  En vez de dictar resoluciones y normas publicándolas en el diario oficial y notificándolas a los interesados, la Generalitat ha ido optando por “colgar” documentos en su página web o informar a las patronales de asuntos que, legalmente requerirían de unos requisitos y formalidades que permitiesen un grado de seguridad jurídica.

Sólo la falta de visión general o el “cortoplacismo político” pueden explicar que se haya dejado llegar la situación hasta aquí, pero aquí estamos.

Veamos ahora lo que parece que ha hecho la Generalitat, digo “parece” porque hasta hoy (28 de septiembre) no ha entregado un documento escrito a nadie en  el que se explique qué  ha decidido exactamente:

Dejar de realizar dos de los pagos periódicos que reciben los centros concertados y las empresas que gestionan residencias públicas 

y que deberían hacerse el 30 de septiembre y el 30 de octubre.  Estos pagos corresponden a las estancias producidas en la residencias los meses de julio y agosto.  Cuando las residencias reciban el 30 de noviembre un pago, éste corresponderá a las estancias de septiembre, por lo que los dos pagos no realizados quedarán en una especie de limbo que, según han asegurado, se liquidará antes de finalizar el año.  La Generalitat sabe que muchas de las empresas que gestionan residencias públicas tienen como mayor cliente a la propia Generalitat  por lo que espera que, si se quejan lo hagan con la boca pequeña.  Más o menos puede esperar lo mismo de aquéllas empresas que hayan concertado mediante un sistema negociado sin publicidad ya que, al fin y al cabo, muchas hubieran querido tener ese concierto pero no fueron llamadas.  Así, las que se quejarán con más fuerza serán las que concurrieron al concierto de 1.500 plazas, ajustaron su precio, constituyeron la fianza que se les pedía y ahora se enteran de que no van a cobrar.  Algunas  de estas empresas pueden tener verdaderos problemas para hacer frente a sus gastos corrientes si no reciben más ingreso que el copago de los usuarios (que difícilmente alcanzará al 30% del total). 

Pagar únicamente el 65% a las colaboradoras en los libramientos que reciban en Septiembre y Octubre.  


Estas residencias tienen una connotación diferente ya que teóricamente la cantidad no la van a dejar de recibir las residencias sino los usuarios. La “colaboración” es una ayuda económica al ciudadano para que pague la residencia, lo que pasa es que desde hace años, para facilitar las cosas, la administración ingresa directamente las cantidades al centro.  O sea que, en teoría, las residencias colaboradoras podrían comunicar a la Generalitat que ya no quieren cobrar directamente y que prefieren cobrar el 100% del usuario y que sea éste quien cobre la ayuda de la Generalitat.  No creo que haya demasiadas residencias que lo hagan  ya que, en muchos casos los familiares no podrán pagar o, sencillamente se negarán, trasladando el problema al propio centro.

¿Por qué no ha afectado la suspensión a las prestaciones económicas vinculadas o a las prestaciones para el cuidador familiar?   


No le veo ninguna lógica ya que son cantidades que vienen a sufragar exactamente la misma contingencia relativa exactamente a las mismas personas.  Además, si se busca salvar un problema de tesorería, porqué no afectar a la prestación que se está prestando en el 70% de los casos.  Imaginemos que se hubiese dicho que los cuidadores familiares recibirán en septiembre y octubre el 65% o el 80% de la ayuda. Esta medida podría haber permitido atemperar las otras o incrementar su efecto sobre “la falta puntual de tesorería”.  Quizás el problema es que, después del desgaste que tuvo el Departament durante el verano con la PIRMI, no les ha parecido correcto abrir un nuevo frente.  Si este ha sido su razonamiento, ha sido erróneo ya que la polémica estaba servida y no hubiese sido mucho más ruidosa habiendo acabado de hacer el trabajo.
Decía más arriba que no sabemos exactamente en qué quedará todo esto, pero vayamos a lo que sí sabemos:

Hablando con directores y gerentes de residencias para mayores saco la conclusión de que, muchos de ellos estaban esperando que se produjese “algo” y en la medida de sus posibilidades se estaban preparando.  Sólo quien no lea ningún periódico podía pensar que la restricción pasaría de largo del sector de mayores.  Lo que les ha indignado es el alcance de la medida y las formas:

-          Anunciar el varapalo cuatro días antes de que tenga efecto.
-          Encargar el anuncio a la Directora General del ICASS sin la presencia del conseller ni de nadie de Economía.  Es más, algunos de los asistentes al anuncio me comentaron que parecía que la Directora General estuviese anunciando una especie de imposición “de fuera” como si no fuese tan Generalitat Benestar y Familia como Economía y Finanzas.
-          No comunicar nada a los interesados directamente y por escrito sino de forma informal a las patronales (no olvidemos que muchas residencias no están adscritas a ninguna de estas patronales).  Esto ha producido que la reunión se haya convertido en una especie de “aparición” de la que cada testigo tiene su versión.
-          Anunciar la suspensión sin acompañarla de alguna medida que permitiese aligerar sus efectos y que demostrase un mínimo de empatía con el sector.  Estas medidas, que no tendrían efecto presupuestario podrían ser, entre otras, la flexibilización en la forma de exigir los requisitos de personal a los centros concertados y colaboradores; permitir cobrar los servicios hoteleros extras o aplicar directamente el IPC a la cuota que pagan los usuarios.
-          Incrementar la falta de empatía cuando el Conseller aparece en televisión y quita importancia a la medida.

A principios de octubre y de noviembre, cuando se tengan que pagar las nóminas (el personal supone más del 60% de los gastos de una residencia) conoceremos el alcance de la medida y veremos en qué medida los empleados y proveedores de los centros la sufren como las empresas prestadoras de servicios a personas ancianas dependientes.

El sector privado de la atención a mayores es un tesoro para Cataluña en el que conviven fundaciones, asociaciones y órdenes religiosas con empresarios de diferente tamaño y naturaleza que durante años, y mucho antes de que la administración adquiriese protagonismo, ya invertían y prestaban servicios.  Quizás debería tenerse esto en cuenta antes de tomar otras decisiones o antes de pensar cómo comunicarlas.

Mientras tanto.  Los que están buscando plaza en una residencia para personas mayores privada, ya sea que piensen o no pedir una ayuda pública, tardarán un poco en sufrir las consecuencias de este impago, pero de alguna forma, la sufrirán.

martes, 27 de septiembre de 2011

Posicion de ASCAD sobre la suspensión del pago en Cataluña

Después de leer los comunicados que enviaron ACRA, UCH y Upimir a sus asociados, resulta interesante leer la reflexión que hace sobre el retraso en el pago la Asociación ASCAD (Associació Catalana de directors de centres i serveis d'atenció a la dependència gerontològics).

No quito ni pongo nada, transcribo la carta:

Barcelona, 27 de septiembre 2011



Estimado compañero/a,


Vistos los comunicados emitidos por las más representativas patronales del sector en lo referente a la moratoria ó atraso de las transferencias del ICASS, que será del 100% a los centros concertados y del 35% a los centros colaboradores durante los meses de septiembre y octubre, y la posible incognita de su normalización en noviembre, desde la óptica y responsabilidad de la dirección de los centros y como Junta Directiva de ASCAD manifestamos nuestra posición al respecto:


Primero: Corresponde entre otras funciones a los directores de los centros: (PLIEGO CONCERTACIÓN)


5.3. a “velar por todos los requisitos establecidos en la normativa vigente y los descritos en esta órden”


5.3. b “evaluar con criterios objetivos, el grado de calidad de los servicios y el grado de satisfacción de los residentes”,


5.3. c “garantizar una atencion integral de calidad, con confort y seguridad, para la totalidad de los residentes”


5.3. f “informar a las familias de todos los temas que resulten de su interés”


5.1 e (176/2000) “garantizar al usuario la continuidad en la prestación de los servicios...”


5.1. h (176/2000) “derecho a la tutela de las autoridades públicas con el fin de garantizar el disfrute de los derechos establecidos”


Segundo: Con facilidad nos olvidamos que la mal llamada Ley de la Dependencia es una ley finalista dirigida al ciudadano dependiente. Cuando ICASS nos dice que no efectuará el traspaso a los centros manipula la realidad porque en realidad lo que esta haciendo es congelar una ayuda directa a los ciudadanos institucionalizados de grado III, que en nuestro caso son ancianos mayoritariamente dementes y polipatologias añadidas, a los que están financiando su atención empresas al limite de la asfixia.


Desde la práctica de cada día y el punto de vista de la dirección de los centros, con la actual Llei de Serveis Socials en sus capitulos de infracciones y sanciones, si nos pueden inhabilitar dos años ó más por una percepción subjetiva de inspecció respecto de la situación de confort de un residente, ¿que habría que hacer con esta misma ley o incluso el codigo civil a quien niega el “derecho de alimento” como hace ICASS al congelar los pagos?. Me pregunto que sentenciaría un juez ante una denuncia en este sentido.


Tercero: Tanto en cuanto a que los centros que dirigimos y para los cuales prestamos nuestros servicios nos consta que están inmersos en una situación económica muy delicada con el ya habitual de atraso en las transferencias económicas de ICASS y que esta nueva moratoria, es muy posible, los someterá a situaciones límite ó insostenibles económicamente, ante lo que puede depender de nuestra responsabilidad subsidiaria


Inscrita a la Secció 1ª del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el n’ de registre 40652 i NIF: G65248767


Difundida en internet por cortesía de www.inforesidencias.com


D E C E N T R E S I S E R V E I S D ’ A T E N C I Ó A L A D E P E N D E N C I A G E R O N T O L Ò G I C N A R C Í S G I R A L T , 5 6 1 º C 0 8 2 0 2 S A B A D E L L i n f o a s c a d@gma i l . c ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIRECTORS


como directores en el ejercicio pleno de nuestras funciones, atendiendo a la ley, a nuestras obligaciones profesionales y responsabilidad ante residentes y familiares aconsejamos la siguiente guia de actuación a modo de protocolo unificado para clarificar nuestra posición y responsabilidad:


1.- RESPECTO DE LAS FAMILIAS: (5.3f)


1.- Si ante la situación de impago de ICASS el centro no puede hacer frente con normalidad y solvencia económica a sus compromisos asistenciales, hasta vuelva a normalizarse el circuito financiero exponerles una de estas opciones:


a) Que se hagan cargo de aportar al centro como familia el 100% del importe de la cuota mensual establecida por el ICASS durante el periodo que este no atienda sus compromisos.


b) En caso de negativa a la opción citada (a), comunicarles por escrito que disponen de 15 dias para hacerse cargo de su familiar causando este baja del centro.


2.- RESPECTO DE LOS TRABAJADORES:


Comunicarles la situación de posible impago ó atraso de sus haberes mensuales para que puedan actuar como les convenga individualmente ó bien comunicación a los delegados sindicales, si los hubiere, para que actúen ante sus centrales sindicales con conocimiento de la situación laboral. Este punto es vital para saber a que atenernos para la organización de los turnos de trabajo y como cubrir la asistencia.


3.- RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:


Todo y que es una cuestión de la empresa, aconsejamos instar a la misma a que solicite la opción de moratoria sin intereses en las cuotas a la Seguridad social u otros pagos de la hacienda publica. (IVA). Seria bueno que las patronales dictasen actuaciones claras y globales de sector en este sentido y desde aquí las animamos a ello.


4.- RESPECTO DE LA OBSERVACIÓN ESTRICTA DE LA LEY Y SALVAGUARDA DE NUESTRA RESPONSABILIDAD PERSONAL Y JURÍDICA ANTE POSIBLES SITUACIONES INTERPRETABLES COMO ABANDONO DE OBLIGACIONES ANTE LOS RESIDENTES O VEJACIÓN DE NUESTRAS FUNCIONES: (5.1.h)


a) Comunicación a Fiscalia de la situación de insolvencia económica del centro y de la relación de las comunicaciones nominales efectuadas a las familias y las decisiones adoptadas de cada una de ellas.


b) En el caso de que exista riesgo de “que hacer” con algún residente por no llegar a acuerdos satisfactorios con la familia, aconsejamos comunicación escrita de la situación al Juzgado de guardia con los pasos realizados solicitando instrucciones por vía de urgencia para evitar el abandono del residente.


Entendemos VITAL las comunicaciones a Fiscalía y Juzgado, este no es un tema que se ventile con otra lógica empresarial. Nosotros CADA DIA estamos obligados a


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D E C E N T R E S I S E R V E I S D ’ A T E N C I Ó A L A D E P E N D E N C I A G E R O N T O L Ò G I C N A R C Í S G I R A L T , 5 6 1 º C 0 8 2 0 2 S A B A D E L L i n f o a s c a d@gma i l . c ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIRECTORS


CUIDAR personas, y esto incrementa los costes, incrementa la deuda y es una atención inaplazable y la ley nos obliga a ello, y además, a velar que eso sea así. Por comparar entendemos que es infinitamente más importante esta comunicación judicial que la de si un residente lleva chaleco protector de caídas ó no, contención ó no como nos ordenan desde la misma Inspección. Debemos cubrirnos nosotros y así proteger al residente. Imaginemos p.e., ante situaciones de repentinas bajas laborales de trabajadores, problemas con proveedores ó similares y que pueda sucederle algo a algún residente en ese contexto. Seriamos encubridores ó complices de una situación juridicamente muy seria, farragosa y no deseable.


Desde ASCAD entendemos que en este año de gran crédito y “nueva gestión” de CiU seguimos con las “viejas costumbres” de no abordar los temas con perspectiva, diálogo, compromiso y realismo. Existe demasiado miedo de falsos tabúes, falsas afirmaciones y situaciones/expresiones politicamente correctas.... pero económicamente insostenibles.


Seguimos ¿desarrollando? un sistema residencial errático, cojo e inflado y diseñado en “época de vacas gordas”... pero que hay que mantenerlo en “época de vacas flacas “ y que no lleva a ninguna parte,... bueno, si, como hemos comprobado, al actual borde del precipicio.


Esto ya lo veíamos desde el sector y si se hubiera aprovechado este tiempo habríamos diseñado estrategias asistenciales más sostenibles. Seguro que como mínimo no nos habríamos encontrado a 4 (CUATRO) días de final de mes y con compromisos financieros de las empresas que no podrán asumir o de gestión que no podamos cubrir desde las direcciones y así obligarnos a bordear ó infringir la ley... y pasar la culpa a otro departamento como quien pasa una pelota de rugby.


No queremos caer en la demagogia pero es inevitable cuestionarse la oportunidad de según que politicas o prioridad de gastos en otras áreas de gobierno, que aún siendo importantes, está en la mente de todos que NUNCA puedan serlo tanto como para el abandono, porque no pagar es abandonar más que nos pese escucharlo ó decirlo así de claro, de las PERSONAS ANCIANAS Y DEPENDIENTES.


Como siempre, estamos en disposición de trabajar donde nos llamen desde la independencia que nos hace libres.


Por ASCAD,


Secretario President


Juli Martí Andrés Rueda

lunes, 26 de septiembre de 2011

LA SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LOS CONCIERTOS EN CATALUÑA

La Directora General del ICASS ha comunicado, según aparece en Inforesidencias.com, que no pagarán en Septiembre ni Octubre a las residencias privadas que acogen residentes mediante el sistema de concierto (o sea, que tienen un contrato con la Generalitat para cuidar a unos residentes a cambio de una cantidad de dinero) ni a las que gestionan residencias públicas. Las residencias que acoge a residentes mediante un sistema llamado “de colaboración” sólo recibirán el 65% de lo que deberían.


Puedo entender perfectamente la tribulación que está viviendo el Departament de Benestar y la Generalitat en su conjunto. Me solidarizo totalmente con los responsables públicos que se ven obligados a tomar estas decisiones, pero no alcanzo a entender lo torpes que están siendo en el proceso.

He hablado con varias de las personas que han asistido a la reunión convocada por la Directora General del ICASS, Carmela Fortuny, y a todas les ha extrañado que, para comunicar algo de esa envergadura no hubiese nadie del Departamento de Economía o incluso el propio conseller, que esa mañana estaba presentando un plan nacional de valores para reforzar la calidad humana de la sociedad. Aún más les ha extrañado que algo como lo comunicado no haya venido acompañado de un documento escrito de apoyo.

Entrando en el fondo del asunto, a todos les ha parecido algo sospechoso que se afecte el pago de los conciertos, gestiones y colaboraciones y las prestaciones a las personas se dejen intactas. El argumento de que las ayudas a personas afectan directamente a los dependientes no es de recibo ya que las medidas tomadas también lo harán. Más bien parece que se quiere evitar a toda costa tomar una medida que pueda generar la polémica y desgate que produjo el cambio puntual de la forma de pago del PIRMI.

A mí lo que me parece extraño es que se hayan cuidado tan poco las formas. Repito que entiendo que no es fácil tomar la decisión de suspender temporalmente en el pago pero y que debe ser un amargo trago el tener que comunicarlo a los afectados, pero, ¿no podrían haber acompañado la noticia con algún caramelo para el sector?

Los prestadores de servicios llevan tiempo pidiendo al ICASS de forma insistente algunas medidas que no tendrían coste:

- Flexibilizar los requisitos de personal. Esto quiere decir mantener la exigencia de una ratio pero dejando que sean las entidades prestadoras las que elijan la estructura concreta del personal.

- Permitir que las residencias cobren por “servicios hoteleros extras” de forma fácil.

- Suspender durante un tiempo la aplicación de las exigencias de acreditación de a cualificación profesional de los gerocultores.

- Permitir que la parte del precio correspondiente al “copago” se incremente automáticamente con el IPC.

- Olvidar, mientras dure la situación excepcional, la imposición de un tope en el precio que pueden cobrar las residencias a usuarios beneficiarios de prestación económica vinculada.

- Devolución parcial del depósito constituido al inicio del contrato de concierto o gestión (sería algo más simbólico que efectivo).

La misma medida, plasmada en un informe escrito, presentada al alimón por parte de los Departamentos de Economía y Benestar y, además, acompañada por alguna disposición que diese a entender que, en la medida de lo posible el Departament se preocupa por quiénes le prestan servicios, hubiese tenido un recibimiento menos traumático.

Pero lo hecho, hecho está y ahora toca prever el futuro próximo.

Pronto se reunirán los afectados para tomar decisiones y, con casi toda seguridad, las patronales querrán dar visibilidad al conflicto generado. La cuestión de fondo es que a muchas empresas que tienen conciertos o que gestionan residencias públicas les resultará imposible afrontar la falta de la parte principal de sus ingresos hasta finales de noviembre sin que, a su vez se vean afectados los trabajadores y proveedores de la residencia. ¿Aceptarán éstos que una parte de lo que tienen derecho a percibir les venga en forma de pagaré con vencimiento a 1 de Diciembre?

En los próximos días y semanas, este será el tema en Cataluña. Espero leer lo que la gente escriba en el foro de Inforesidencias.com. Lo siento por el Conseller Cleries ya que su idea de fomentar valores que mejoren la sociedad me parece muy bonita y necesaria pero me temo que quedará algo eclipsada por “todo lo demás”.

jueves, 22 de septiembre de 2011

¿ESTABA "APAÑADO" EL LIBRO BLANCO DE LA DEPENDENCIA?

Antes de redactarse la LAPAD (Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia), también conocida como Ley de Dependencia, los expertos en servicios sociales más destacados del  mundo académico y de las administraciones redactaron el Libro Blanco de la atención a las personas en situación de dependencia en España por encargo del gobierno.

Se trata de una extensa obra con muchas reflexiones, recopilación de información nacional y extranjera, y también previsiones.

Si bien la obra sigue siendo una obra de consulta excelente en materia de comparación de modelos o en análisis de la situación previa, a la hora de hacer predicciones los expertos no estuvieron tan inspirados.

Estos días he estado leyendo una publicación elaborada por la Fundación Caser para la Dependencia que se llama Actas de la Dependencia y concretamente un artículo de Toni Rivero y Antoni Salvà, sobre el Baremo de Valoración de la Dependencia.  Me he quedado impresionado al comprobar en números que, según la página 18 del documento, la desviación entre la previsión de reconocimientos de dependencia que se hizo en el Libro Blancoy la realidad es verdaderamente abismal.

Así, según el escenario para al 2010 que preveía  el Libro Blanco, la distribución de valoraciones de dependencia sería, un 18% gran dependencia, un 34% severa y un 48% moderada.  La realidad ha sido casi la inversa, 41%  34%  26%. Además preveía que un 59% de los que solicitasen la valoración serían valorados como "sin grado" cuando la realidad es que éstos no han superado el 12%.  Sólo esta diferencia entre previsión y realidad ya podría ser un lastre suficiente para hundir la Ley de Dependencia.

Pero, como el demonio vive en los detalles, cuando buscaba los datos en el Libro Blanco he visto algo que me ha sorprendido y me encantaría alguien me explicase.

Veamos el cuadro que aparece en las Actas de la Depdencia (página 18)


Ahora busquemos en el Libro Blanco de dónde han salido los datos de ese "escenario".Los encontramos en la página 89 del mismo


Lo curioso de todo esto es que, en la página justamente anterior, la 88, aparece este otro cuadro

Qué coincidencia más divertida.  La segunda columna de este cuadro tiene exactamente los mismos datos que la cuarta columna del anterior.  O sea, según las previsiones del Libro Blanco, el número y distribución de dependiente de entre 65 y 79 años que habrá en España entre 2005 y 2020 será exactamente igual al número y distribución de dependientes de todas lasde debería haber habido en España en 2010.

Pero, aún hay más.  Si nos vamos a la página 733 del Libro Blanco volvemos a ver, exactamente los mismos datos númericos pero con otro encabezamiento.

O sea, que por otra casualidad cósmica, el número y distribución de dependientes en 2015 debería coincidir con el número total de dependientes de 80 o más años que habrá entre 2005 y 2020.

¿Casualidad cósmica? o ¿cuadratura de datos a baqueta?  Han pasado muchos años y esto es sólo una comprobación de media hora.

El título del primer capítulo del Libro Blanco es "Bases demográficas: estimación, características y perfiles de las personas en situación de dependencia".  Allí aparecen estos datos.  Si sobre estos cimientos se construyó el sistema dejan de sorprender muchas cosas.

domingo, 18 de septiembre de 2011

UN PROYECTO DETENIDO

En momentos de crisis como los que vivimos hay pocos empresarios dispuestos a invertir para ampliar sus negocios.  Las dudas, la falta de financiación o, sencillamente, el pesimismo, hace que muchos pospongan sus decisiones.

Ayer recibí un mail de un amigo, propietario y director de una residencia.  Miguel Adelantado, que, contra la tendencia actual, pretendía ampliar su residencia.  Situada en un piso del Ensanche Barcelonés.  Creo que vale la pena leerla y reflexionar:

Compañeros pequeños empresarios, emprendedores con ilusión:
Abandonar toda esperanza:

Estimado Josep, lamento mucho comunicarte que hemos decidido no alquilar los pisos de debajo de la residencia. Los bomberos y el Ayuntamiento y me han informado que actualmente las residencias se asimilan a hospitales. Para más de diez plazas se necesita un acceso independiente desde la calle, o sea una un ascensor y una escalera solo para nosotros; la escalera ha de ser de obra, con una anchura no inferior a 2,40m.
Me gustaría saber cuantas licencias para residencias de 25 plazas ha otorgado el Ayuntamiento y cuantas altas se han producido en el registro de Benestar Social i Família” desde la implantación de esta norma.
Seguramente que con una norma tan excelente habrá menos víctimas en caso de incendios pero de lo que no hay ninguna duda es que no habrá ninguna residencia nueva de 25 plazas que sea capaz de cumplirla; con lo que tendremos una norma 100% eficaz porque no será necesaria. En fin, es el precio de la evolución, del progreso.
Hasta el año 2000 la Gran Vía y el ensanche estaban llenos de pequeñas residencias, incluso se abrió alguna como la nuestra y desde entonces cada año vamos a menos (se cierran y no se abren).
Mi mujer y yo pusimos todo nuestro empeño, toda nuestra ilusión todo lo que teníamos y lo que no, para hacer una residencia digna. Así en 10 años hemos cuidado a más de 150 personas y hoy en día vivimos 18 personas de aquel esfuerzo (4 a jornada parcial). Haber hecho eso y seguir, nos llena, nos satisface. Porque eso es fabricar dinero, crear riqueza, pagar impuestos.
            Hay que añadir además que la Generalitat no va a concertar nuevas plazas en el 2011 ni en el 2012 (no nos interesa trabajar con la Prestación Vinculada). Y no hemos tocado el tema de la financiación.
Pero si con la que está cayendo, nos lo ponen tan y tan difícil será que las cosas van por otro camino y no por el que nosotros vamos.
            Es curioso escuchar, AHORA, que la Generalitat dará 1.500€ a quien abra un negocio nuevo en un local que actualmente esté cerrado (anda que no hay locales vacíos) ¿no será que estamos pagando las consecuencias de tantos y tantos centros comerciales?

            Un abrazo,

Miquel Adelantado


Residencia Las Violetas
Miguel Adelantado

martes, 13 de septiembre de 2011

NOTA DE PRENSA Y PEQUEÑO COMENTARIO

NOTA DE PRENSA DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES RECIBIDA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CIU se contradice en Dependencia
Según los datos oficiales que publica mensualmente el Ministerio de Política Social e Igualdad y que le son trasladados por los gobiernos de las Comunidades Autónomas, se evidencia el estancamiento y ralentización del Sistema de Atención a la Dependencia en Cataluña. En los ocho meses de este año las cifras y datos de la dependencia en Cataluña son ridículos tan solo 7.000 beneficiarios nuevos del Sistema en los ocho primeros meses –lo que supone un aumento solo del 6%-. En los mismos meses del año pasado el aumento fue de 39.409 nuevos beneficiarios, -casi seis veces más-.


El limbo de la dependencia en Cataluña es de 61.949 personas que esperan que se haga efectivo el derecho reconocido asignándoles una prestación o servicio (un 35% esta en lista de espera cinco puntos mas que la media nacional.) También los datos confirman que el sistema de la dependencia catalán se quita del medio a estas personas con unas atenciones low cost claramente insuficientes dada la gravedad de estos casos. Casi tres de cada cuatro dependientes catalanes (86.186) recibe, a pesar de su carácter excepcional según la propia Ley, la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales, que sigue extraordinariamente sobredimensionada en esta Comunidad 17 puntos más que la media española. Y la tendencia no sólo no se reduce sino que continúa siendo creciente.


En cuanto al modelo de financiación, desde las primeras publicaciones, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales abogaba por una financiación en relación con los servicios que se prestan y no con los niveles y grados reconocidos, pero también hay que saber que para cambiar el modelo de financiación no es necesario cambiar la Ley, sino modificar un real decreto. Es perverso y malintencionado cuestionar la Ley por este tema.


Y CIU insiste en el Parlamento que hay que repensar la Ley, cuando desde que dicha formación gobierna en Cataluña, el desarrollo del Sistema ha sido ralentizado y menospreciado al punto de llegar a decir el Presidente que la atención a los dependientes es un lujo que no nos podemos permitir. Gestionen diligentemente la Ley y atiendan a 61.949 catalanes dependientes que están en lista de espera desde hace meses, de lo contrario pensaremos que en lugar de repensar quieren recortar –como ya está haciendo el Gobierno del Sr. Mas-. Por cierto, CIU fue uno de los dos partidos que no votaron la Ley.


Por supuesto que tenemos serios problemas de déficit de las Administraciones y que hay que tomar medidas urgentes. Pero no es menos cierto que una buena cobertura de la atención a la Dependencia supondría ahorro en gasto sanitario y farmacéutico, generación de empleo asociado al sector de los cuidados personales, ahorro en prestaciones por desempleo y obtención de retornos fiscales.


De acuerdo, repensemos la Dependencia. Cambiemos el modelo mental de pensar en los servicios sociales como un gasto cuando constituyen una inversión muy necesaria.

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Hoy he recibido esta nota que reproduzco aquí para que quede claro que no soy el único que usa palabras gruesas para hablar de como se aplica la Ley. Estoy de acuerdo en parte con lo que dicen desde la asociación aunque creo que cuando se valora la aplicación de la ley por parte de las diferentes comunidades se debería considerar cuánto le cuesta a cada una la "unidad de atención", o sea, cuanto pagan por hora de ayuda a domicilio estancia residencial, así como cuánto tardan en pagar a los proveedores y qué diferencia hay entre lo que le cuesta a la administración prestar directamente el servicio y contrataron mediante concierto.

En fin, últimamente la asociación esta metiendo "mucha caña" a algunas comunidades. La gran repercusión que tienen sus notas de prensa en medios muy específicos (como el Pais y Publico) y el color político de las comunidades aludidas hace imposible desvincularlas del clima preelectoral. Como siempre, deberemos esperar alguna reacción con datos por parte de la Generalitat y las otras comunidades, que nos permitan encontrar matices a lo que se está diciendo.  Lo enriquecedor es el debate con datos.

miércoles, 7 de septiembre de 2011

RECORTES ORIGINALES - ACABAR CON EL SENADO

Que la situación es crítica es algo incuestionable.  Que a la hora de recortar la mayoría de políticos utilizan la tercera persona, también.

Yo creo que, aunque nos duela, la tijera tiene que entrar a fondo en muchos lugares pero que, si las medidas no quieren ser vistas como despóticas, nuestros gobernantes deberían combinar "recortes efectivos" (como los que se etán llevando a cabo en sanidad, que suponen cientos de millones de Euros), con otros más  "emblemáticos".  Me refiero a aquéllos que no ahorran casi pero dan la imagen de que las medidas afectan a todos.  En esa  línea, me ha hecho gracia un mail que he recibido que dice lo siguiente:

¿Qué pasaría si en las elecciones del 20 N -para el Gobierno- al abrir las urnas aparecieran vacíos todos los sobres de los votos para el senado?

La interpretación lógica sería que los españoles ¡¡¡no queremos senadores!!! y por lo tanto desaparecería y nos ahorraríamos el innecesario Senado.

¿Os apuntáis a la idea?

¡¡¡Pues a gozar difundiéndola!!!


Mandemos la papeleta del Senado en blanco. Y, así, se podrá ELIMINAR EL SENADO , ya que, si no sale ningún nombre elegido, no podrá nombrarse a ningún senador. TENEDLO EN CUENTA .
NORUEGA, SUECIA, DINAMARCA, NO TIENEN SENADO, ALEMANIA SOLO 100 SENADORES. EE.UU. UN SENADOR POR CADA ESTADO.

LOS GRANDES TEÓRICOS DEL DERECHO INTERNACIONAL Y CONSTITUCIONAL OPINAN QUE ES UNA CÁMARA INNECESARIA, PRESCINDIBLE Y QUE ESTÁ EN EXTINCIÓN, ¿ENTONCES POR QUÉ TENEMOS QUE MANTENER A 260 SENADORES?


DE ESTA FORMA AHORRAREMOS 3.500 MILLONES DE EUROS CADA AÑO.


ELIMINAR LA PENSIÓN VITALICIA DE TODOS LOS DIPUTADOS, SENADORES Y DEMÁS "PADRES DE LA PATRIA ".

Me parece que es una idea es buena aunque la vía para alcanzarla resulta un tanto peregrina ya que, aunque sólo votasen los candidatos, sus familiares, vecinos, amigos, compañeros de partido y paniaguados varios, los senadores serían elegidos y la iniciativa quedaría como una broma.
 
En cambio sí estaría de acuerdo en estudiar un cambio en la Constitución que previese la desaparición del Senado, que estableciese un número mínimo de habitantes para que un lugar pueda ser considerado municipio y la desaparición de escalones administrativos intermedios.
 
Llevo años diciendo en este blog que no hay suficiente dinero para mantener el sistema de la Dependencia.  Quizás sí se podría mantener racionalizado si, el gobierno que venga está dispuesto a afectar recortes efectivos y efectistas que nos permitan ver que todos pagamos la crisis.