lunes, 30 de enero de 2012

PARECE QUE EL CAMBIO DE COPAGO VA EN SERIO

Hace unos días pensaba que eso de subir el IPC la parte del copago de los usuarios de residencias catalanas manteniendo el precio que cobran las residencias colaboradoras se quedaría en agua de borrajas. Después de hablar con unos y los otros pensé que era una táctica de la Generalitat para que las residencias dejasen de pedir el poder subir ese IPC.  El planteamiento era claro:  "Si queréis subir el IPC a los usuarios lo podéis hacer, pero yo os bajaré lo que os pago en una cantidad equivalente, de forma que, al final, cobraréis lo mismo".

Como en mi cabeza seguían sonando las palabras del Conseller Cleries en un acto reciente ("Flexibilidad y confianza" como principios en la relación entre su Departamento y el sector), me costaba mucho entender cómo se le podía dar la vuelta a una propuesta realizada desde las asociaciones de residencias volviéndola contra ellas mismas.  Pensé entonces que todo se quedaría en agua de borrajas, pero me equivoqué.

Hoy me han hecho llegar la circular que ha enviado la Asociación Upimir a sus asociados en la que se hacen eco de una reunión mantenida con la Directora General del ICASS el día 27 y en la que les confirmó que su intención era modificar el copago de "algunos" residentes, amparándose en el artículo 67.1 de la Llei de Serveis Socials de Catalunya.  

Lo primero que ahora me ha sorprendido es que la Generalitat, en vez de reunir a la Taula Tècnica (donde normalmente se reúne con los representantes de las residencias), ha decidido llamar por separado a las asociaciones e ir informando a cada una (sin entregarles documento alguno) de su decisión.  Así que, como en otras ocasiones, cada asociación redacta su circular y la envía a sus asociados con lo que "ha entendido que les han dicho".  Esta es la circular de Upimir se explica la intención de la Generalitat.  Subir a los residentes que ocupan plaza de colaboración,  que no están pagando lo máximo permitido en la cartera del serveis, un 2,9% su aportación y restar esa cantidad de lo que paga la Generalitat.

Con independencia de quién se vaya a quedar con lo que supone la medida (sean las residencias o el ICASS), lo que está claro es que, para cambiar lo que paga el usuario haría falta un procedimiento.

Entiendo que el único supuesto en el que casi no haría falta hacer nada sería si se hubiese optado por subir el IPC a las cantidades correspondientes a copago y dejarlo a disposición de los prestadores.  En cualquier otro supuesto haría falta, cuanto menos una notificación y, si queremos ser muy escrupulosos, una modificación de la cartera de serveis.

Digo que podría no haberse hecho nada porque el Programa de Suport a l'Acolliment Residencial, o sea, todo lo de las residencias colaboradoras, viene de lo que existía antes de la Ley de Servicios Sociales de 2007.   Se trata, pues, de una figura a extinguir y  por ello tiene un encaje un poco peculiar en el sistema actual.  Me explico:  Una persona acogida en una residencia colaboradora, en teoría, no está recibiendo un servicio sino una prestación económica.  La residencia no está prestando un servicio público en forma de concierto (la única forma contemplada por las Leyes de Dependencia y Servicios Sociales para que se preste un servicio en un centro privado) sino que tiene firmado un acuerdo con ICASS que le compromete a acoger a una serie de usuarios a un precio pactado, cumpliendo unas condiciones y siguiendo una serie de las instrucciones del ICASS.

La última vez que ICASS se dirigió por escrito a las residencias colaboradoras, a finales de 2008 (cuando ya estaba en vigor la Llei de Serveis Socials de 2007), les hizo llegar un documento titulado "Instrucciones para entidades colaboradoras"  en el que se les explicaban, entre otras cosas, la gestión de listas de espera, el ingreso de los residentes, la comunicación de los traslados,  el cómo obtener la contraseña para relacionarse con ICASS por internet,  la modificación del grado de dependencia y ¡sorpresa!  qué se podía y no cobrar al residente.  Esto decían las instrucciones:  "Las aportaciones económicas llevan incluido el IVA, por tanto el centro no puede cargar ningún importe por este concepto.  Excepto la actualización del IPC, en ningún caso, el usuario y/o su familia abonarán, por los servicios mínimos obligatorios una cantidad superior a la establecida en la resolución de la concesión de la ayuda económica".

O sea, que en las últimas instrucciones escritas que han recibido los centros colaboradores, ICASS les dice que pueden actualizar lo que cobran por los servicios mínimos aplicando el IPC a la parte que cobran del residente.

Insisto, que, en la medida en que el Programa de colaboración es algo que vive en la transitoriedad, si la Generalitat hubiese querido, sin decir nada hubiera podido permitir que las residencias colaboradoras cobrasen el IPC a los residentes.

¿Y si alguien hubiese dicho que eso suponía superar el coste de referencia para el servicio de residencia asistida previsto en el Decreto de Cartera de Serveis? La respuesta podría ser que, al no tratarse de una prestación de servicio en residencia pública o concertada, no sería de aplicación el punto de la cartera de serveis referido a los servicios de residencia asistida (1.2.3.3.2.)  sino el 2.1.10 referido a la prestación económica vinculada.  Al fin y al cabo, el programa de colaboración se parece mucho más a una PEV que a un concierto.

Sé que la solución que propongo tendría sus implicaciones ya que haría surgir a la superficie que, según para qué, estamos considerando las plazas de colaboración como servicio o prestación económica.  Pero, aplicando los principios de "flexibilidad y confianza" seguro que se encontraría una solución.

Saliendo de especulaciones y volviendo al mundo real:  ¿qué pueden y deben hacer las residencias?

Las patronales dicen muy bien que, hasta que no haya una instrucción por escrito del ICASS no hay que hacer nada.  Pero, ¿y las residencias colaboradoras que no reciben circulares de las patronales ni leen este blog y que lo único que tienen es la instrucción escrita de ICASS que les dice que pueden subir el IPC?

Yo entiendo que si cumplen con la instrucción recibida no pueden ser sancionadas ni sufrir efecto adverso alguno.  Las residencias, como los ciudadanos, están afectadas por lo que las administraciones les comunican directamente o a través de los diarios oficiales.

Si una residencia ha actuado siguiendo el criterio escrito recibido de la administración.  Que espere al nuevo criterio mientras se rige por el vigente.

martes, 24 de enero de 2012

¿QUIERE EL ICASS SUBIR EL COPAGO SIN DECIRLO?

Estoy alucinando. Acabo de oir en el acto organizado por ACRA que, después de haber hablado mucho con el ICASS para que permitan algo tan simple como aumentar el IPC a la cantidad que pagan los usuarios de residencias concertadas y colaboradoras de Cataluña, la administracion, que en principio se negaba en redondo, ha encontrado una solucion: que se suba lo que pagan los residentes un 2,9%, pero que esa cantidad se reste de lo que paga la administración, o sea que las residencias cobren lo mismo.

Al oirlo he pensado que era  una broma, pero, han insistido que esto se lo han comunicado desde ICASS hoy mismo.

 Si esto es cierto (lo dice ACRA ante más de 200 personas) la medida supondría un ahorro para la Generalitat a costa de los residentes. Las residencias catalanas que acogen a usuarios financiados por la administracion entran en el tercer año con las mismas tarifas y a algunas de ellas todavía les deben lo que se les descontó de la nómina de Julio.

Quizás todo se quede en nada y sea sólo una información mal dada o mal interpretada porque, como bien a señalado Josep Morera (abogado especializado en el sector que también asistía) la medida supondría cambiar los Pias de todos los residentes modificando el copago, cosa poco probable.

Esperemos que pronto haya una rectificación por parte del ICASS.  El problema es que, siguiendo una mala costumbre que se está convirtiendo en hábito, la administración no ha publicado nada sobre este extremo.

Otro factor a tener en cuenta es que, he hablado con posterioridad con otras asociaciones patronales y no conocen esta medida.  Me dicen que en una reunión de la Taula Tècnica  de mayores, cuando, desde las patronales insistían en la posibilidad de aplicar el IPC a la parte que paga el usuario, desde la Generalitat les dijeron que, de ninguna manera el precio total que paga la Generalitat y el usuario puede sumar más que el precio de referencia establecido en la Cartera de Serveis de forma que, si se aplica el IPC a la parte que paga el ciudadano, la misma cantidad debería ser bajada de la parte que paga la Generalitat para poder, de esta forma, mantener inalterada la cantidad total.

Cuanto más hablo con unos y con otros más convencido estoy de que todo esto se va a quedar en agua de borrajas.

viernes, 20 de enero de 2012

ENTENDER QUÉ HA PASADO CON LA LEY DE DEPENDENCIA (GUÍA PARA INCAUTOS Y EXCESIVAMENTE CRÉDULOS)


Empezó con el cambio de gobierno en Cataluña, creció con el vuelco de las elecciones autonómicas de mayo y ahora aún más tras las generales.  Me refiero a una forma de razonar y quejarse que se basa en que los nuevos gobernantes vienen a desmontar el estado de bienestar que habíamos tenido hasta ahora.

Para mí este razonamiento adolece de un defecto esencial. Nosotros realmente nunca habíamos construido con nuestros recursos un estado de bienestar.

En diferentes dimensiones, todos los que hemos vivido los últimos años hemos sido testigos y protagonistas de lo que nos ha pasado por lo que, para ilustrar mi razonamiento voy a inventarme a una familia que podría perfectamente haber existido.

Juan y Juana son una pareja de 45 años que, tras dieciséis de matrimonio y tres hijos a la espalda atraviesan hoy un momento muy delicado.

Ambos trabajaban en una empresa que fabricaba y distribuía material eléctrico.  Juan no había acabado el BUP pero, lo contrataron a los dieciocho y, gracia a sus dotes personales se había convertido en uno de los comerciales más exitosos. Juana había estudiado empresariales, entró a hacer prácticas en la empresa y llegó a ser ejecutiva de cuentas.

La empresa iba viento en popa, gracias en su mayor parte al boom de la construcción, y ambos, excelentes profesionales obtenían, además de un generoso salario, una serie bonus e incentivos que les permitía vivir sin estrecheces.

Hace cinco años, tras analizar lo cómodamente que podían pagar la hipoteca de su casa, a pesar de llevar a los niños a un colegio privado, y hacer cada año un “viajecito”, decidieron comprarse una casita en la montaña.  Era el sueño de su vida.  Podrían ir en invierno a esquiar y en verano a pasar unos días, sin renunciar a algunos días de playa.  Juana era reticente ya que le daba miedo qué pasaría si algún día las cosas iban peor, Juan, más “echao palante” la convenció, al fin y al cabo, era un excelente comercial.

Estaban muy animados.  La “casita” era cara, algo más de lo que les había costado unos años atrás su piso en la ciudad, pero el banco, no sólo se la financiaba totalmente sino que les daba algo más con lo que Juan pudo cumplir los dos sueños de su vida: “la casita y el 4x4 de lujo”. Y eso sin desembolsar nada.  De hecho lo primero que pagaron por la operación fue un recibo de la hipoteca. 

¡Qué años tan felices!   Con los niños pequeños, subiendo a esquiar a la
casita en el cochazo y viendo como los vecinos les miraban con respeto y un toque de envidia.  Las únicas notas discordantes en esa bucólica situación eran dos: la madre de Juana que cada vez que les veía les preguntaba, “Pero ¿ya ahorráis algo?” Y algunos problemillas que empezaban a surgir en la oficina (que si alguna pequeña reducción en los pedidos, que si un cliente que no había pagado..), total, nada importante, el bonus de Navidad llegó y se fueron a celebrarlo pasando Fin de Año en Canarias.

Durante esas vacaciones, el hijo pequeño, preguntó a sus padres, “¿somos ricos?”.  ¿Por qué preguntas eso?, indagó la madre.  El primo Juan me ha dicho que somos ricos porque vamos a un colegio de niños ricos,  tenemos un coche de ricos y una casa en la montaña.  Juan, que no podía ocultar un cierto orgullo al oír a su hijo contestó. Tú déjales que digan, nadie nos ha regalado nada.  Juana se quedó pensativa: “regalado no, pero sí debemos mucho dinero” y el hijo se fue orgulloso de sus padres y seguro de que, efectivamente, eran ricos.

Ese fin de año marcó el inicio del cambio.  Los pedidos se redujeron de forma considerable y los impagos se multiplicaron.  La empresa tranquilizó en principio a los empleados asegurando que se mantendrían los salarios y sólo se sacrificarían los bonus.  Al año siguiente se pidió un esfuerzo a todos y pactaron una reducción del 10% del salario para seguir adelante sin despidos.

Intentaron mantener el nivel de vida pero, resultaba imposible. Juan, que solía llevar la voz cantante proponía esperar a que cambiasen las cosas, pidió un crédito personal y tiraron de tarjetas durante unos meses, pero, sin más ingresos, la cosa no hizo más que empeorar.  Juana proponía reducir gastos, cambiar a los niños de colegio y vender la casa de la montaña y el coche.  Las disputas en el matrimonio casi les llevaron al divorcio.

Finalmente, una noche de insomnio, Juan le dijo a su mujer. “Yo ya no puedo más.  Encárgate tú de la gestión de casa”.

Al día siguiente, Juana se puso manos a la obra, y al cabo de unos meses los niños ya no iban al colegio privado, ni a clases de hípica ni a esquiar.  El cochazo lo habían casi regalado, pero aún así había un problema insalvable: tenían que pagar el crédito personal, lo de las tarjetas y además de seguir pagando las hipotecas de su piso y de la casa de la montaña.  Vender el chalet era imposible: debían mucha más de lo que nadie pagaría por la casa.  Así que, la tesitura era perversa.  La única solución que se le ocurría a Juana para que no les embargasen era vender el piso de la ciudad, que estaba casi pagado, e irse a vivir de alquiler en uno más pequeño y sencillo.

Juana se sentía sola, le dolía cada cosa a la que tenía que renunciar.  Juan estaba decaído por lo que no servía de ayuda y los hijos, ya adolescentes, no hacían más que quejarse, “Mamá, ¿qué se te ha ocurrido quitarnos hoy? ¿Tampoco podremos ir a Irlanda este verano?.  Desde luego, cuando papá administraba las cosas nos iba mucho mejor”.

El final de la historia no lo conozco.  Quizás, tras cinco años de sacrificios han conseguido ponerse al día en sus deudas y viven de alquiler pero de una forma relativamente desahogada que les permite ahorrar un poco y tener algún lujo puntual.  Quizás entonces, la pareja comente ¿Te acuerdas cuando nos creíamos ricos? ¡Qué memos fuimos!.  O quizás Juana desiste del esfuerzo y cede ante las demandas de sus hijos adolescentes y su marido decaído, pide dinero a familiares, consigue un nuevo crédito de consumo y toda la familia acaba desahuciada, sin piso, ni casa de fin de semana, con el salario embargado y, eso sí, indignados con lo injusto que es el mundo.

Mientras Juan y Juana vivían su época dorada también la vivía España. La economía crecía, llegaban inmigrantes y el mundo nos dejaba el dinero que pidiésemos.  Así que nos pusimos a hacer AVEs, Aeropuertos, Universidades en cada provincia, decenas centros de convenciones, fastos y eventos varios.  Un día se nos ocurrió dar dinero por tener hijos y lo hicimos.  Nada de eso hubiese sido negativo si se hubiese planificado y previsto sus consecuencias a medio plazo, pero, como Juan y Juana nos sentimos ricos y nos dejamos llevar por lo que nos hacía ilusión.  Y algo que nos hacía mucha ilusión era tener una Ley de Dependencia, ¡Pero una de las buenas! Con cobertura universal desde la dependencia moderada hasta la gran dependencia, con poco copago y todos contentos.  Como Juan y Juana, intentamos no escuchar las voces que nos decían que gastábamos demasiado y que había que penar en ahorrar; como Juan y Juana ignoramos las señales de cambio que nos llegaban. Igual que Juana, que era más consciente de lo peligroso de la situación, dejamos decidir a Juan tomando más dinero prestado y, cuando nuestra “Juana” ha empezado a tomar decisiones, éstas ya sólo han podido ser dolorosas.

La diferencia entre la historia inventada y la de España es que en el segundo caso han sido unas elecciones las que han decidido el cambio de dirección.  Un cambio que, a pesar de no habérsenos mostrado de forma diáfana durante la campaña electoral, conocíamos bastante bien, especialmente en Cataluña.

Ahora estamos donde estamos y a casi todos nos afectarán las medidas.  A unos en forma de subida del IRPF, a otros de “tasa por receta” y a todos cuando toque la subida del IVA, del impuesto de carburantes o la necesaria modificación del cálculo de las pensiones.

Con toda seguridad la Ley de Dependencia se verá afectada también.  En Castilla la Mancha y Murcia anuncian que se podría cobrar una tasa por la valoración y que se someterán a copago todos los servicios de la Ley y ya se han levantado voces que dicen que eso es totalmente intolerable o que se trata de un “hachazo” al estado de bienestar.  ¡Despierten los que eso dicen!  La Ley de Dependencia, como norma estatal que garantizaba un derecho común, fracasó y sólo se ha mantenido como una ficción insostenible.  En algunas comunidades (que recibían buena puntuación en aplicación de la Ley) los prestadores de los servicios no han cobrado desde hace un año; algunas empresas de ayuda a domicilio agonizan por culpa de los impagos y, con los cambios de gobiernos autonómicos, los nuevos inquilinos han encontrado situaciones límite que ahora tienen ellos que administrar.

La grandeza de un estado de derecho radica en que cada uno pueda expresar libremente sus opiniones. Quienes quieran decir que ahora se están recortando derechos, que lo digan, pero que sepan que esos derechos a que se refieren, fueron sostenidos a crédito y no con nuestra capacidad.

La pena es que, mientras la discusión se centre en si lo que se hacen son recortes o no, nos olvidamos de lo esencial en lo que a dependencia se refiere: los dependientes.

Si hacemos el esfuerzo de volver mentalmente a 2004 cuando se empezaba a hablar en serio de hacer una Ley de Dependencia podríamos replantear las cosas:  pensemos una Ley que dé a los ciudadanos una tranquilidad:  “Si en algún momento de mi vida estoy en situación de gran dependencia, sé que recibiré un servicio profesional adecuado, tenga o no dinero, tenga o no familia”.  Con esa idea en mente, pensemos que la atención a los grandes dependientes debería ser universal y éstos deberían recibir servicios de ayuda a domicilio en sus casas, servicio de centro de día o residencia. La garantía sería la recepción del servicio sometiendo ésta a un copago que iría relacionado con la capacidad económica y que podría alcanzar al 100% del coste.  Los otros niveles de dependencia quedarían fuera de la cobertura universal (o sea, habría unos niveles de capacidad económica por encima de los cuales no habría derecho) y en el ámbito exclusivo de las comunidades autónomas.

Si la Ley se hubiese hecho así ahora el problema  que tendríamos sería menor.  Pero, claro, hablar a toro pasado es mucho más fácil que gobernar.

Por el bien de todos y de nuestro futuro, espero que los gobiernos gobiernen y replanteen la Ley.  Que la oposición y una parte de la opinión pública les atosiguen y que, dentro de un tiempo pasemos cuentas en las urnas.  Quizás también entonces como país podamos decir ¿Te acuerdas cuando nos creíamos ricos? ¡Qué memos fuimos!

lunes, 9 de enero de 2012

NADIE COMPRA DE MOMENTO LAS RESIDENCIAS DE LA GENERALITAT

La Generalitat de Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma, de momento la única, que de verdad se ha planteado tomar medidas para reducir el déficit y sacar a la economía de su letargo.

Una de las últimas que se ha conocido, por desgracia por su fracaso momentáneo, ha sido el  intento de vender la empresa pública ICF Equipaments, S.A., que es propietaria de los inmuebles donde actualmente se encuentran situadas comisarías de los mossos d'escuadra, hospitales, escuelas, ambulatorios y residencias de mayores públicas.  La idea viene a ser, vender la propiedad y quedarse como inquilino a largo plazo.

La Generalitat planteaba dos posibles operaciones: vender el 51% por 400 millones de Euros o el 90% por 700.  El problema es que las empresas interesadas en la operación no han logrado reunir el aval necesario para participar en el concurso de forma que éste ha quedado desierto.

Ahora el govern se plantea convocar un nuevo concurso que, en la práctica será como una prórroga del presente para dar más tiempo a los posibles compradores.

Lo que se está planteando es algo que ya suena familiar.  Lo han hecho antes empresas hoteleras, grandes superficies e incluso cajas de ahorro o residencias.  Vender el inmueble quedándose como inquilino a largo plazo y, con lo que se saca de la venta, financiar la expansión del negocio (o cubrir pérdidas).  El problema es que, cuando lo hizo, por ejemplo el Banco Santander con la Ciudad financiera de Boadilla del Monte, el mercado inmobiliario estaba en alza con lo que le salió una operación redonda.  Ahora la cosa, como se está viendo, no está tan clara.

Para un inversor la operación será o no viable según evalúe tres factores: el precio de compra, las condiciones del alquiler y el grado de confianza que deposite en sus nuevos inquilinos. ¿Podrá desahuciar por una eventual  falta de pago a un ambulatorio o a una residencia? Ahí veo la clave.

Por otro lado.  A pesar de que veo que el esfuerzo que hace la Generalitat es positivo, sigo preguntándome otra cosa.  ¿Se ha planteado seriamente la Generalitat el ahorro que supondría para el erario público  sacar a concurso la gestión de las residencias públicas que actualmente gestiona directamente el ICASS? ¿Resulta razonable que por el mismo servicio pague una administración cantidades tan diferentes?

miércoles, 4 de enero de 2012

LA ESPADA DE DAMOCLES DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

Acabamos de enviar desde Inforesidencias.com un mailing a las residencias de Cataluña explicándoles que en pocos días acaba el plazo para presentar ante la administración los planes de autoprotección.

Después de haber hablado del tema con una diputada del Parlament y con dos cargos de Protección Civil (gracias a las gestiones de un gestor de residencias preocupado por el tema), me he quedado con una sensación de desasosiego.

La idea inicial de disponer de planes de autoprotección y de que éstos se encuentren de forma fácilmente accesible por parte de las autoridades me parece perfecto.  Entiendo que, si un día hubiese una gran nevada, un terremoto u otra catástrofe, sería más fácil afrontarla si protección civil pudiera acceder fácilmente a los centros, sabiendo quién es el responsable, su número de teléfono fijo y móvil; si el centro tiene un plan de evacuación probado y cosas así.    Lo que me parece mal es el método que se está siguiendo para obtener ese resultado.

De acuerdo con el Decreto catalán 82/2010, de 29 de junio, toda una serie de actividades (entre las que se encuentran las residencias y los centros de día) tenían, dos obligaciones:

1) Hacer, antes del 8 de abril de 2011, una comunicación  diciendo que, eran una actividad de las recogidas en el catálogo del Decreto.
2) Presentar antes del 8 de Enero de 2012 su Plan de Autoprotección ante el Ayuntamiento (hasta 100 plazas) o la Generalitat (más de 100).

Vayamos por partes.   La comunicación sólo podía hacerse por internet y requería de la obtención previa de una certificación electrónica diferente a la que se utiliza para realizar trámites con Hacienda o la Seguridad Social.

Las asociaciones patronales realizaron campañas de difusión del Decreto, Inforesidencias.com celebró seminarios pero, aún así, hay residencias que, todavía hoy, no son conscientes de que están incumpliendo esa obligación.   Esto es así porque, a parte de haberse publicado en el DOGC, nadie desde la administración les ha dicho nada.

Sobre esta obligación me sorprende una cosa:  Si todas las residencias y centros de día de Cataluña requieren para su funcionamiento el estar inscritas en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales (RESES), y para estar inscritos allí hace falta presentar una serie de documentos, ¿Por qué tiene que notificar una residencia a Protección Civil de la Generalitat que "es una residencia" si Servicios Sociales de la Generalitat ya sabe "que es una residencia"?.  ¿No podría Protección Civil haber pedido directamente los datos y hacer un requerimiento directo a cada centro para que aportase lo que hiciese falta?

Si hubiesen hecho eso, probablemente la casi totalidad de residencias ya habrían elaborado sus planes de autoprotección y estaríamos más preparados para (Dios no lo quiera) la próxima catástrofe.

Es cierto que, en teoría los ciudadanos sabemos lo que se publica en los diarios oficiales, también es cierto que el desconocimiento de las leyes no exculpa su incumplimiento pero, ¿No es más cierto que si la administración puede identificar perfectamente a los destinatarios de una norma podría notificarles directamente que ésta les afecta?

Aunque siempre me propongo no ser malpensado, los malos pensamientos me vienen solos:  ¿No será que a la Generalitat ya le va bien cómo van las cosas?  El Decreto en cuestión no se aplica sólo a residencias sino a un número ingente de actividades.  Muchas de ellas las llevan a cabo entidades que están inscritas obligatoriamente en algún registro público por lo que no les hubiese sido demasiado difícil acceder a casi todas ellas.  No obstante el hacerlo así habría requerido algo que cuesta mucho en la administración: coordinación entre departamentos.  Como he trabajado diez años en la Generalitat he vivido de cerca situaciones en las que lo más difícil de un proyecto era hacer participar a personas, no ya de diferentes consejerías sino de distintas direcciones generales.  Además hay otro elemento que puede explicar que no se haya comunicado directamente a las residencias su obligación:  tal como se ha hecho la Generalitat queda más protegida.

Tal como están las cosas, si después del 8 de Enero hay un accidente en el que una residencia se ve afectada y ésta no ha presentado su plan de autoprotección, la Generalitat siempre podrá atribuir a ese defecto el hecho de no haber podido tomar tal o cual medida.  La residencia se podría considerar en parte responsable ya que, al no haber cumplido con su obligación habría dificultado las labores de protección civil.

Si la Generalitat hubiera notificado a cada residencia y centro de día la obligación, habría recibido unas mil doscientas comunicaciones y se enfrentaría con una difícil situación:  Los pocos técnicos homologados para firmar planes de autoprotección no darían al abasto para elaborarlos todos en el plazo previsto (pensemos que, además de residencias hay colegios, fábricas y muchas otras actividades).  Los técnicos que se están formando ahora y que acaban la formación en abril llegarían tarde, con lo que se pondría de manifiesto la falta de previsión de la propia administración.

Así las cosas, lo más seguro, y así nos lo han dicho en Protección Civil, es que la Generalitat no se ponga a sancionar sino que espere y deje que las empresas vayan presentando sus programas.  Aún así, sobre la cabeza de todas las que todavía no lo hayan hecho, penderá una espada de Damocles en forma de responsabilidad si sucede algo.

He dejado para el final una cuestión que tiene especial importancia y es lo que verdaderamente suponen los planes de autoprotección.

Según el Decreto los centros de más de 100 plazas deberán disponer (dentro de cuatro años) de vigilante de seguridad.  Además hay obligaciones como disponer de desfibrilador y personal formado para utilizarlo o hacer simulacros de evacuación.

La exigencia de vigilante de seguridad, tal como les hemos manifestado a los responsables de protección civil, no tiene sentido en una residencia de 100 plazas.  Quizás en una de 300 los propietarios ya se hayan planteado contar con un vigilante, pero, incluso en esos casos, si de lo que se trata es de protección civil, sería mucho más oportuno poder contar con personal formado para casos de emergencia y algún dispositivo (interfonos, vídeo..).

Como corregir es de sabios y, como hacerlo después de un cambio de gobierno (no olvidemos que el Decreto en cuestión lo redactó el Tripartit) no tiene coste.  Quizás lo que debería plantearse la Generalitat es una modificación a fondo del Decreto.  Aprovechar lo que se haya hecho hasta ahora pero establecer nuevos plazos.  Notificar directamente a las residencias y centros de día que existe la obligación incluso facilitar que cada residencia pudiera enviar todos sus datos al registro de Servicios Sociales y que fueran ellos los que los enviasen a otros Departamenteos, facilitar que se puedan utilizar certificaciones digitales.  En resumen, pensar la norma poniendo a quien la tiene que cumplir en un lugar predominante y no como un mero súbdito.

Mientras llegan los cambios, todas las residencias y centros de día que no hayan hecho los deberes deberían ponerse las pilas ¡YA!.  Por lo menos comunicar la actividad y, si pueden, ponerse a redactar el plan.

Esto es lo que hemos dicho desde Inforesidencias.com