Acabamos de enviar desde Inforesidencias.com un mailing a las residencias de Cataluña explicándoles que en pocos días acaba el plazo para presentar ante la administración los planes de autoprotección.
Después de haber hablado del tema con una diputada del Parlament y con dos cargos de Protección Civil (gracias a las gestiones de un gestor de residencias preocupado por el tema), me he quedado con una sensación de desasosiego.
La idea inicial de disponer de planes de autoprotección y de que éstos se encuentren de forma fácilmente accesible por parte de las autoridades me parece perfecto. Entiendo que, si un día hubiese una gran nevada, un terremoto u otra catástrofe, sería más fácil afrontarla si protección civil pudiera acceder fácilmente a los centros, sabiendo quién es el responsable, su número de teléfono fijo y móvil; si el centro tiene un plan de evacuación probado y cosas así. Lo que me parece mal es el método que se está siguiendo para obtener ese resultado.
De acuerdo con el Decreto catalán 82/2010, de 29 de junio, toda una serie de actividades (entre las que se encuentran las residencias y los centros de día) tenían, dos obligaciones:
1) Hacer, antes del 8 de abril de 2011, una comunicación diciendo que, eran una actividad de las recogidas en el catálogo del Decreto.
2) Presentar antes del 8 de Enero de 2012 su Plan de Autoprotección ante el Ayuntamiento (hasta 100 plazas) o la Generalitat (más de 100).
Vayamos por partes. La comunicación sólo podía hacerse por internet y requería de la obtención previa de una certificación electrónica diferente a la que se utiliza para realizar trámites con Hacienda o la Seguridad Social.
Las asociaciones patronales realizaron campañas de difusión del Decreto, Inforesidencias.com celebró seminarios pero, aún así, hay residencias que, todavía hoy, no son conscientes de que están incumpliendo esa obligación. Esto es así porque, a parte de haberse publicado en el DOGC, nadie desde la administración les ha dicho nada.
Sobre esta obligación me sorprende una cosa: Si todas las residencias y centros de día de Cataluña requieren para su funcionamiento el estar inscritas en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales (RESES), y para estar inscritos allí hace falta presentar una serie de documentos, ¿Por qué tiene que notificar una residencia a Protección Civil de la Generalitat que "es una residencia" si Servicios Sociales de la Generalitat ya sabe "que es una residencia"?. ¿No podría Protección Civil haber pedido directamente los datos y hacer un requerimiento directo a cada centro para que aportase lo que hiciese falta?
Si hubiesen hecho eso, probablemente la casi totalidad de residencias ya habrían elaborado sus planes de autoprotección y estaríamos más preparados para (Dios no lo quiera) la próxima catástrofe.
Es cierto que, en teoría los ciudadanos sabemos lo que se publica en los diarios oficiales, también es cierto que el desconocimiento de las leyes no exculpa su incumplimiento pero, ¿No es más cierto que si la administración puede identificar perfectamente a los destinatarios de una norma podría notificarles directamente que ésta les afecta?
Aunque siempre me propongo no ser malpensado, los malos pensamientos me vienen solos: ¿No será que a la Generalitat ya le va bien cómo van las cosas? El Decreto en cuestión no se aplica sólo a residencias sino a un número ingente de actividades. Muchas de ellas las llevan a cabo entidades que están inscritas obligatoriamente en algún registro público por lo que no les hubiese sido demasiado difícil acceder a casi todas ellas. No obstante el hacerlo así habría requerido algo que cuesta mucho en la administración: coordinación entre departamentos. Como he trabajado diez años en la Generalitat he vivido de cerca situaciones en las que lo más difícil de un proyecto era hacer participar a personas, no ya de diferentes consejerías sino de distintas direcciones generales. Además hay otro elemento que puede explicar que no se haya comunicado directamente a las residencias su obligación: tal como se ha hecho la Generalitat queda más protegida.
Tal como están las cosas, si después del 8 de Enero hay un accidente en el que una residencia se ve afectada y ésta no ha presentado su plan de autoprotección, la Generalitat siempre podrá atribuir a ese defecto el hecho de no haber podido tomar tal o cual medida. La residencia se podría considerar en parte responsable ya que, al no haber cumplido con su obligación habría dificultado las labores de protección civil.
Si la Generalitat hubiera notificado a cada residencia y centro de día la obligación, habría recibido unas mil doscientas comunicaciones y se enfrentaría con una difícil situación: Los pocos técnicos homologados para firmar planes de autoprotección no darían al abasto para elaborarlos todos en el plazo previsto (pensemos que, además de residencias hay colegios, fábricas y muchas otras actividades). Los técnicos que se están formando ahora y que acaban la formación en abril llegarían tarde, con lo que se pondría de manifiesto la falta de previsión de la propia administración.
Así las cosas, lo más seguro, y así nos lo han dicho en Protección Civil, es que la Generalitat no se ponga a sancionar sino que espere y deje que las empresas vayan presentando sus programas. Aún así, sobre la cabeza de todas las que todavía no lo hayan hecho, penderá una espada de Damocles en forma de responsabilidad si sucede algo.
He dejado para el final una cuestión que tiene especial importancia y es lo que verdaderamente suponen los planes de autoprotección.
Según el Decreto los centros de más de 100 plazas deberán disponer (dentro de cuatro años) de vigilante de seguridad. Además hay obligaciones como disponer de desfibrilador y personal formado para utilizarlo o hacer simulacros de evacuación.
La exigencia de vigilante de seguridad, tal como les hemos manifestado a los responsables de protección civil, no tiene sentido en una residencia de 100 plazas. Quizás en una de 300 los propietarios ya se hayan planteado contar con un vigilante, pero, incluso en esos casos, si de lo que se trata es de protección civil, sería mucho más oportuno poder contar con personal formado para casos de emergencia y algún dispositivo (interfonos, vídeo..).
Como corregir es de sabios y, como hacerlo después de un cambio de gobierno (no olvidemos que el Decreto en cuestión lo redactó el Tripartit) no tiene coste. Quizás lo que debería plantearse la Generalitat es una modificación a fondo del Decreto. Aprovechar lo que se haya hecho hasta ahora pero establecer nuevos plazos. Notificar directamente a las residencias y centros de día que existe la obligación incluso facilitar que cada residencia pudiera enviar todos sus datos al registro de Servicios Sociales y que fueran ellos los que los enviasen a otros Departamenteos, facilitar que se puedan utilizar certificaciones digitales. En resumen, pensar la norma poniendo a quien la tiene que cumplir en un lugar predominante y no como un mero súbdito.
Mientras llegan los cambios, todas las residencias y centros de día que no hayan hecho los deberes deberían ponerse las pilas ¡YA!. Por lo menos comunicar la actividad y, si pueden, ponerse a redactar el plan.
Esto es lo que hemos dicho desde Inforesidencias.com
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