viernes, 24 de febrero de 2012

VIABILIDAD DE RESIDENCIAS PÚBLICAS GESTIONADAS

Entre Inforesidencias.com en internet, el perfil de Facebook, Twitter y, ahora que me he puesto también en Linkedin, además de este blog, cada vez ocupo más tiempo en leer lo que escribe la gente e intentar difundirlo.  O sea que, a partir de ahora, voy a optimizar el trabajo repitiendo aquí en ocasiones, lo que, escribo en otros medios sociales.

Resulta que en un grupo de Linkedin que trata sobre residencias, un participante ha compartido esta noticia según la cual el gestor de una residencia municipal deja la gestión debido a los contínuos incumplimientos del Ayuntamiento.

Os invito a leer la noticia.  Yo lo he hecho y después he escrito esto:

Existe un problema básico de viabilidad de algunas residencias públicas (y también privadas).  Dar un buen servicio requiere de un equipamiento adecuado pero, sobre todo de un equipo de profesionales que, por supuesto, deben cobrar cada mes.  Si más del 60% de la cuenta de resultados corresponde a gastos de personal, cuando las administraciones se retrasan en el pago, en seguida ponen al prestador en una situación crítica.  Encima, los precios de licitación son "ajustados" de forma que el posible margen sólo se produce si existe una alta ocupación y el pago puntual.  Durante los últimos años se ha ido incrementando el nivel de dependencia media de los residentes (cada vez ingresan más frágiles) lo que conlleva que se necesita más personal para cuidar al mismo número de residentes,  también han aumentado los requisitos de personal que establecen las normas de funcionamiento y contratación, y el salario de los empleados (en aplicación de los convenios colectivos).  Lo único que se ha mantenido estable es la tarifa pública.  El precio medio de una residencia privada ha bajado casi un 3% (http://www.inforesidencias.com/noticias/detalles.asp?IDNot=1765 ).  Ante esta situación no es de extrañar que algunas empresas lo pasen mal. 
Lo sorprendente, y no lo comenta casi nadie, es que los profesionales continúan prestando un servicio de calidad, a pesar de la que está cayendo y las empresas, o la gran mayoría, están aguantando aún a costa de recapitalizarse y sobre endeudarse (las que lo consiguen).  Quizás deberíamos pedir gestos a la admiinistración.

lunes, 20 de febrero de 2012

POR QUÉ PREOCUPA LA INSPECCIÓN

El viernes pasado tuve la ocasión de impartir un seminario sobre cómo afrontar inspecciones de servicios sociales en residencias para mayores. Aunque ya había impartido cursos similares en otras comunidades (Madrid, Castilla la Mancha y Cantabria), resultó una experiencia interesante hacerlo en casa ante directores de residencias geriátricas de Catalunya que durante casi diez años trabajé en la inspección de servicios sociales de la Generalitat y, aunque hace casi doce años que dejé de trabajar allí, todavía siento una vinculación íntima con ese servicio.

El seminario estaba a plena ocupación (o sea, había 22 asistentes) y lo curioso es que los 22 se apuntaron casi el mismo día en que lo convocamos, lo cual demuestra algo que se puso de manifiesto en seguida: aunque la mayor parte de residencias no viven la inspección como algo negativo, sí existen algunas para las que les un problema. Y no necesariamente son residencias que lo hagan mal.

Durante la sesión expliqué lo curioso que resulta en Cataluña que un hospitalo un centro Sociosanitario estén mucho menos inspeccionados que una residencia asistida para mayores.

Tanto en el hospital como en el centro Sociosanitario las personas atendidas tienen más necesidad de atención y son, por lo tanto, más susceptibles de abuso, no obstante, la normativa que regula estas actividadesa, las inspeccionesque reciben y el régimen sancionador al que podrían ser sometidos sus titulares y responsables son mucho menos rigurosos. La clave está en la desconfianza que siente la sociedad hacia quiénes hacen de cuidar a personas dependientes una actividad lucrativa ajena al sector sanitario.

Que una residencia de 40 usuarios reciba una inspección que pase diez o doce horas en el centro y que a esta inspección siga un requerimiento de documentación que supone a los responsables del centro unas cuantas horas más de dedicación, no es lo más común pero ha dejado de ser extraño.

Según me comentan los asistentes al seminario, la inspección en sí no es problema. Lo que sí ven cómo tal es la inseguridad que viven cuando no saben si la documentación que utilizan, y que un inspector ha dado cómo buena, seguirá siendo "buena" a los ojos del siguiente inspector.

Este seminario, más que cualquier otro, se convierte en un diálogo al final del cual intento dar unas pautas para intentar sacar lo mejor, o como mínimo sufrir el menor menoscabo. La clave está en dedicar un tiempo (el mayor) a hacer bien las cosas y otro a poder demostrar que hacemos bien las cosas.

Durante la sesión también dedicamos un rato a pensa cómo pidría ser un "protocolo de inspección", un documento necesario sólo para aquéllos a los que les preocupe especialmente.

En el fondo sigo pensando que, si se hiciese una auditoría a la inspección aparecerían algunos problemas (oportunidades de mejora)pero la mayor parte del trabajo de la mayor parte de inspectores saldría muy bien parada. El problema es que, o no se hace la auditoría, o, si se hace, los resultados no se publican.

En fin, pronto tendremos una nueva edición del seminario, esta vez con una dedicación de tiempo a las cocinas y lo que camelos residentes.

Autor del post:  Josep de Martí

viernes, 17 de febrero de 2012

CUBRIENDO BAJAS EN UNAS RESIDENCIAS PÚBLICAS

A veces hay que leer entre líneas para sacar la "chicha" de una noticia.

Leo en una web que se llama Oretania.net, El periódico de la Provincia de Ciudad Real, que, gracias a la insistencia del sindicato CSI-F, la comunidad autónoma ha hecho algo tan básico como cubrir las bajas laborales del personal de unas residencias de mayores y otra de discapacitados
.  Entiendo que había algún trabajador enfermo y la administración no ponía a sustitutos con lo que el servicio se veía afectado perjudicando a los otros empleados y a los residentes.

Según la noticia, el sindicato, a través del trabajo, de la presentación de propuestas, del diálogo y la negociación, consiguió que la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, así como a su Secretario General y la directora General de Presupuestos y Hacienda, recapacitaran y empezasen a cubrir las bajas de 40 empleados.

Ahora que parece que el problema se ha arreglado, me pregunto. ¿Cuántos empleados tienen en total las residencias en que trabajaban esos empelados que ahora se sustituyen? ¿Es parecida la ratio de absentismo en las residencias públicas y en las privadas?

Trabajar en el cuidado de personas mayores es algo que carga de forma especial a las personas, tanto física como psíquicamente.  Resulta que por muy bien que hagas el trabajo la persona mayor dependiente se irá deteriorando.  Así, no estás trabajando para obtener un éxito claramente visible (una curación) sino para dar atenciones y dignidad a alguien que está en situación de dependencia.

El fenómeno del burn out es muy típico de este tipo de ciudados por lo que, ¿no sería hora de que alguien preparase un estudio a fondo sobre el absentismo en residencias?  ¿Quién lo sufre más? ¿Afecta el tipo de centro, la titularidad, el tamaño?..  Creo que si pudiésemos saber más sobre esta cuestión podríamos mejorar la calidad de vida de los que trabajan en el cuidado, de paso la de los cuidados y, quién sabe, quizás podríamos incluso ahorrar dinero.

miércoles, 15 de febrero de 2012

DISPARANDO CON PÓVORA DEL REY (II)

En 2008 escribí una entrada en la que comentaba lo que pasa cuando quién toma decisiones con trascendencia económica sabe que, pase lo que pase, el dinero con el que está jugando no es suyo.  Lo comparaba con la situación de los mercenarios del siglo XVII que realizaban muchos más disparos cuando disparaban con "pólvora del Rey" que cuando ellos mismos tenían que pagar la pólvora.

Hace unos días vi en la televisión "Comando Actualidad" un programa de reportajes, que trataba sobre los municipios más endeudados de España.  Pasados unos días volví a oír por segunda vez el nombre de "Peleas de Abajo" un pueblo situado de 260 habitantes cerca de Zamora que tiene el dudoso honor de ser el más endeudado de España.  No en cantidad global sino en "deuda per cápita", concretamente, cada vecino debe el equivalente a 18.700€.

Pasdos unos días he leído en el País un artículo sobre la situación y me llama poderosamente la atención una cosa.  El ayuntamiento tiene una residencia municipal de 110  plazas, que según se ve en el reportaje tiene actualmente una ocupación de 26 plazas y ha generado al pueblo deudas por valor de 2.700.000, o sea, más de la mitad de lo que debe todo el municipio.

La residencia fue construida, siempre según el reportaje, hace 20 años (o sea, en plena euforia de 1992) y nunca ha estado llena.

Aunque ahora está gestionada por una empresa, las deuda acumuladas corresponden a la construcción y al tiempo en el que fue de gestión municipal.

Me gustaría creer que es "un caso aislado", pero no puedo resistirme a pensar que, si en vez de una residencia sobredimensionada hablamos de "aeropuertos en el páramo",  "vías del Ave hacia ninguna parte" o "Centros de convenciones vacíos en cada capital de comarca", que Peleas es sólo una muestra de lo que nos ha pasado en los últimos años.

Nota: Esto lo escribo un día más tarde.

Gracias a un buen amigo, que me ha hecho llegar un powepoint que ilustra con fotografías lo que yo intentaba decir.   Lo que más gracia me hace es la última diapositiva en la que se nos pide que, si conocemos a algún alemán, no le enseñemos eso.  ¡Muy agudo!

miércoles, 8 de febrero de 2012

¿COLABORADOR O CONCERTADO? THAT IS THE QUESTION

Apenas han pasado 24 horas y algunas residencias me están diciendo que lo que escribí ayer sobre la subida del 1% de la aportación del usuario deja algunos temas sueltos que tienen mucha importancia.

Se refieren a qué pasa con las residencias colaboradoras que, de acuerdo con la instrucción escrita recibida del ICASS en 2008 habían ido aplicando el IPC a la parte que pagaba el usuario.  Estas residencia, en algún caso, están cobrando cantidades por encima de los 1.201,85€/mes a que hace referencia la nueva instrucción del ICASS y que, según su propia literalidad, debe ser aplicada a las plazas públicas (propias o gestionadas), concertadas y de colaboración.

La pregunta que se hacen esas residencias colaboradoras es ¿qué debo hacer ahora?  Aquí se encuentran con tres situaciones:

1. Residentes con aportación actual inferior a las cantidades máximas y que no la superan aunque se les incremente un 1%:  En ese caso les podrán realizar la subida del 1%  y esperar que el ICASS rebaje la misma cantidad en las próximas nóminas.
3. Residentes de ingreso reciente que ya pagan la cantidad máxima:  estos se quedan como están.
2. Residentes que llevan tiempo en la residencia ocupando plaza de colaboración y estarían por debajo de la cantidad máxima si la residencia no hubiese aplicado el IPC los últimos años, de acuerdo con la instrucción de 2008 pero que actualmente pagan por encima.

El problema está en los terceros.

Por supuesto que una solución sería rebajarles con efectos 1 de Enero la cantidad que pagan hasta igualar la cantidad máxima de copago.  El problema es que, tal como están las cosas, rebajar ingresos cuando el cliente está pagando pacíficamente la cantidad acordada, no parece inteligente.

Otra opción sería entrar a fondo en la naturaleza jurídica de la colaboración y concluir que, si para algunas cosas se considera prestación económica y para otras servicio, por una vez podría considerarse cómo aquello que perjudique menos a las residencias.

Repasemos:

Las Leyes de Dependencia y de Serveis Socials de Catalunya entienden como prestación de servicio aquélla que se realiza en una plaza pública o concertada.  Ni una ni la otra hablan de la "colaboración" (Programa de Suport a l'Acolliment Residencial), es más, lo más parecido que existe a la misma es, en la Ley de Dependencia, la Prestación Económica Vinculada (que en la Ley catalana sólo se contempla en el punto 2.1.10. del anexo para el caso del asistente personal para personas con discapacidad física).

Pero, aunque las Leyes no la contemplen, existe.  Sólo hay que ir a la web de la Generalitat donde viene muy bien explicado en qué consiste este programa (esto aparece hoy, 8 de febrero de 2012 en https://dasc.gencat.cat/ccs/prestacio.do?Prestacio=1731, página a la que he llegado desde aquí).  Es más, esta descripción coincide literalmente con la que en el Decreto de Cartera de Serveis se dedica, en el punto 2.2.4 de su anexo, a la  Prestació per a l’acolliment residencial per a gent gran:


Datos de la prestación o apartado

PrestaciónPrestación para la acogida residencial para personas mayores
Garantía de la prestaciónSujeta a créditos presupuestarios disponibles.
DescripciónPrestación económica de derecho de concurrencia y de carácter permanente, destinada a las personas mayores que necesiten un acogimiento residencial, y que no dispongan de recursos económicos suficientes para acceder a una plaza no financiada con cargo al presupuesto de la Generalidad de Cataluña.
ObjetoComplementar los ingresos de la persona mayor para permitir su acceso a plazas residenciales no financiadas con cargo al presupuesto de la Generalidad de Cataluña.
Tipología de la prestaciónPrestación económica.
Situación de la población destinatariaPoblación general.
Edad de la población destinataria65 y más años.
Forma de prestaciónPrestación económica permanente.
Criterios de acceso - normativa reguladoraLos requisitos para acceder a esta prestación económica son los siguientes: a) la acreditación de la situación de necesidad, de acuerdo con lo establecido en el Anexo del Acuerdo GOV/82/2008, de 6 de mayo , b) el requisito de edad indicado en esta disposición; c) la residencia en un municipio de Cataluña durante 5 años, de los cuales dos inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud; d) no cumplir los requisitos necesarios para acceder a los derechos derivados de laLey 39/2006, de 14 de diciembre ; e) para las personas extranjeras, los requisitos establecidos en la normativa vigente de extranjería y de acogida e integración de las personas inmigradas; f) los demás requisitos de acceso establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.
Tratamiento fiscalRendimientos exentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 65% o mayores de 65 años, siempre que el resto de sus ingresos no sean superiores al doble del IPREM. En caso de no estar exentas, se considera ganancia patrimonial.(Art. 7 i de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio).



O sea, que la colaboración subsiste con otro nombre y regulada en un punto diferente de la cartera de serveis que el de las plazas públicas y concertadas.

Tal como viene definido en la cartera de serveis, esta prestación no se financia a través de los fondos de la Ley de Dependencia debido a que no es una  prestación garantizada sino de concurrencia.  Por eso la Generalitat, en varios momentos (hasta 2010) ha dicho que se planteaba ir transformando las 14.000 plazas de colaboración en concertadas.

Pero, cuando se miran los datos que ofrece el Imserso sobre aplicación de la Ley a Enero de 2012, referentes a Cataluña, vemos que, de las 145.148 prestaciones reconocidas, 15.981 corresponden a atención residencial (o sea, plazas públicas y concertadas) y 11.807 a PEV (Prestación económica vinculada).  En estos datos no aparecen las colaboradoras de forma diferenciada.  ¿Debemos suponer que las 14.000 colaboradoras forman parte de las plazas públicas, concertadas y PEV o no?  Yo todavía no tengo clara la respuesta aunque creo que lo importante, a la hora de hacer estadísticas, no es si la plaza es pública, concertada, colaboradora o de PEV sino si está o no financiada con fondos públicos

La posible confusión entre plazas concertadas y colaboradoras desapareció totalmente en una ocasión: Cuando el gobierno anterior subió un punto el IVA, quedó bien claro que las plazas colaboradoras eran diferentes de las concertadas.  En un caso (las concertadas) bajaba el tipo con lo que la Generalitat obtenía un ahorro, pero a las colaboradoras les dijeron que ellas tenían precio "IVA incluido" por lo que la subida la tenían que asumir ellas.

Y aquí estamos.

La subsistencia del modelo de colaboración cuatro años después de entrar en vigor la Llei de Serveis Socials de Catalunya nos trae aquí.

Sinceramente creo que una solución podría ser considerar que todas las plazas de colaboración en residencias para personas mayores dependientes lo son de Prestación Económica Vinculada.  Algún purista puede decir que esto no no es posible ya que la PEV es una figura transitoria mientras se obtiene plaza pública, yo le respondería que, si aceptamos que el 60% de las ayudas sean para el cuidador no profesional (algo que la Ley considera como excepcional) podemos aceptar que la PEV se generalice como sustituto de la prestación de servicios.

Generalizar la PEV, además de resolver el problema puntual que tenemos ahora con la subida de la aportación del usuario, pondría al ciudadano en el centro de la toma de decisiones, simplificaría la gestión y abarataría el coste del sistema.

La cuestión vuelve a estar en manos de le Generalitat.  Ellos ya han movido ficha, han enviado (por mail) la circular a las residencias y han ordenado que ésta se cuelgue en el tablón de anuncios.  Es de esperar que todos los que paguen por encima del máximo de copago exijan una reducción con lo que, si ICASS no hace alguna corrección a tiempo, como excluir a los centros colaboradores ("residencias colaboradoras" en el habla común) de la circular a través de una corrección de errores, su medida supondrá detraer algunos euros de las cuentas de las residencias colaboradoras, otra vez (recordemos el IVA).

Confío en que esta vez no sea así.

martes, 7 de febrero de 2012

AL FINAL EL COPAGO SUBE UN 1% Y LA TARIFA SIGUE CONGELADA

Lo que escribí el otro día sobre el copago en Cataluña ha perdido vigencia de un plumazo.

Como parece que siempre les critico, hoy quiero empezar felicitando a la Generalitat porque ha hecho lo que  tiene que hacer, se ha puesto a escribir y ha enviado una circular a las residencias concertadas y colaboradoras explicándoles qué tienen que hacer.

Y lo que tienen que hacer es subir un 1%  a la aportación que pagan los usuarios por su estancia en la residencia con dos salvedades:  En ningún caso pueden pagar por encima del precio de referencia (la circular incluye un cuadro donde éste se especifica según servicios y niveles) y en ningún caso, el hecho de aumentar un 1% puede suponer que la cantidad de dinero que les queda (dinero de "libre disposición") después de pagar su parte, sea inferior a unas determinadas cantidades (se incluye otro cuadro).

La primera salvedad puede ser de fácil cumplimiento ya que no cobrar por encima de una cifra es de fácil comprobación.  La segunda es más peliaguda ya que, para saber si al usuario le queda suficiente dinero de "libre disposición" la residencia debería preguntarle cuánto dinero ingresa.

La circular no lo dice de forma expresa, pero se entiende claramente, que en nada altera lo ordenado la cantidad total que cobra la residencia por la estancia del usuario por lo que, para mantenerla "congelada" tal como corresponde a los momentos actuales, la Generalitat dejará de pagar lo que ahora cobrará de más la residencia.

A pesar de que me alegro del procedimiento, sigo creyendo que, lo ordenado es perfectamente aplicable a las plazas concertadas pero, en lo que se refiere a las colaboradoras, la Generalitat podría haber sido más generosa sin caer en ilegalidad alguna (por eso de que no se sabe muy bien si hoy una plaza de colaboración es más "servicio" o "prestación" económica).

En fin, estoy impaciente por recibir la valoración que de este documento hagan las patronales.

Ver la circular en www.inforesidencias.com

lunes, 6 de febrero de 2012

NÚMEROS QUE LLAMAN LA ATENCIÓN

Inforesidencias.com acaba de hacer público su séptimo informe anual de precios de las residencias geriátricas privadas y, sin que sea sorpresa para nadie, resulta que el precio medio ha bajado casi un 3% y se sitúa en 1.724€/mes (+IVA).

Repasando algunos datos sobre cómo han evolucionado las cosas desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia vemos lo siguiente:  El precio privado de las residencia se ha incrementado un 11,2%, la inflación un 11,8% y el salario que cobra una gerocultora (según convenio marco estatal), un 21,45%.

Si hasta ahora se decía que algunas residencias concertadas cubrían el déficit de tarifa por lo que pagaban los usuarios de plaza privada, a partir de ya, ese argumento perderá fuerza. O sea, que la crisis económica, el déficit de tarifa y la Gemela Siniestra parecen aliados para cargarse un sector que todavía sigue generando puestos de trabajo.

El futuro del sector parece que se decidirá en dos lugares:  En la sede del gobierno tienen que pensar dos cosas: cómo cambiar la Ley de Dependencia y cómo plantear la reforma laboral; en la negociación del convenio tienen que establecer el marco de futuro.

Deben apostar en la nueva LAPAD de forma decidida por los servicios (ya sea mediante centros concertados o prestaciones económicas vinculadas) y desincentivar de verdad la prestación para el cuidador no profesional.

En la reforma laboral deben dotar de flexibilidad la entrada y salida de forma que una residencia pueda ajustar su plantilla a la ocupación.  Ahora hay quien teme que si hubiese más flexibilidad las residencias echarían a trabajadores.  El problema es que, sin ella, ahora algunas residencias se verán abocadas al cierre y, las que queden, cuando las cosas vayan mejor, se resistirán al máximo antes de contratar a alguien sabiendo que resulta casi imposible prescindir de él cuando falten los ingresos.

Sobre la negociación del convenio. Ahora mismo no me acuerdo si la mesa sigue rota o ya se han vuelto a sentar.  Lo que está claro es que, mientras a los funcionarios se les recorta el sueldo y a muchas empresas se les reducen o les desaparecen los beneficios, en las altas cúpulas empresario/sindicales, han pactado una "moderación salarial" del 0,5%.

Así pues, la pelota está en el tejado del gobierno mientras desde el patio todos miramos hacia arriba a ver si nos la devuelven mientras notamos que las orejas ya se nos están congelando.