martes, 19 de junio de 2012

EL EURO POR RECETA EN CATALUÑA

A partir de este sábado las residencias catalanas tendrán que gestionar de alguna forma la tasa conocida como "Euro por receta", implantada para ahorrar en medicamentos.  Ya hablé de este tema hace algún tiempo ahora que la fecha se acerca me parece interesante volver a tratarlo.

Para las personas que vivan en su casa, será sencillo.  Cada vez que el médico les recete algo y vayan a adquirirlo a una farmacia, además de lo que les toque pagar (nada si son jubilados o un porcentaje del precio si no lo son) deberán pagar un euro adicional

Cuando un mayor vive en una residencia, de cara a la Sanidad Pública, sigue viviendo en su casa aunque la realidad es que todas las residencias tienen un sistema por el que gestionan la atención de los residentes.  Ya sea con un médico propio y un acuerdo con el centro de salud o mediante la atención directa de un médico de la sanidad pública, al final es la residencia la que tiene las recetas de los residentes sobre la mesa para llevarlas a la oficina de farmacia.  En los últimos años cada vez son más las residencias que llevan las recetas de sus residencias a una farmacia que ofrezca algún servicio adicional como el de la preparación de la medicación en blisters u otro servicio adicional.

Para la residencia, en la medida en que todos los residentes gozan de gratuidad en los medicamentos, "llevar las recetas" a una farmacia no le supone ningún coste de gestión.  A partir de ahora la cosa cambia.

Para empezar, hay residentes (los que cobran determinado tipo de pensión) que quedan exentos del pago del Euro, también los medicamentos de menos de 1,67 Euros y, además, nadie pagará más de 62 Euros al año.  La cosa se complicará un poco más dentro de pocas semanas cuando también entre en vigor el copago de medicamentos que implantará para toda España el Ministerio y que consistirá en que el porcentaje que se paga dependa del nivel de renta.

Algunas residencias se están planteando qué hacer ante este cambio que, de hecho les supone incrementar, hagan lo que hagan, sus costes de administración.  Esto es lo que me han comentado algunas:

-  Llevar una especie de "contabilidad de recetas" de forma que al final de cada mes, al igual que se hace con la peluquería o la podología se carguen las tasas que la residencia ha ido "avanzando" a cuenta del residente.  Es el sistema más transparente pero el que más coste de gestión supone para el centro. Además se trataría de un coste de gestión estacional debido a que la mayoría de residentes alcanzarían los 62 Euros durante los primeros meses del año.

- Cobrar un adelanto a cargo de la tasa:  Sabiendo que ésta es de un euro, que cómo máximo una persona pagará 62 al año y que todos los residentes tienen más de ese número de recetas al año, la residencia podría cobrar en Enero y en Julio  31 Euros a cuenta de la tasa y encargarse ella de liquidarla en nombre del residente cada vez que lleva una receta a la farmacia.  Sería como el administrador de fincas que cobra en la cuota de la comunidad una cantidad y después liquida el IBI en nombre de cada vecino.   Al final del año habría que hacer una liquidación a aquéllos residentes que no hubieran alcanzado el máximo. Este sistema parece correcto aunque, en la situación actual, ya me han dicho algunas residencias que cargar 31 o 62 Euros en la factura mensual generará quejas por parte de algunos familiares.

- Hacer una prorrata mensual.  Es una variante de la anterior, se trataría de facturar cada mes 5,17 céntimos adicionales (62 Euros entre 12 meses).  Tiene la ventaja de que, al tratarse de una cantidad reducida que la mayor parte de residentes y familiares podrán asumir.  La desventaja aparece si pensamos en personas muy dependientes que ingresan en una residencia y fallecen al cabo de cuatro o seis meses.  Es muy posible que estas personas hayan consumido en ese tiempo el máximo correspondiente al año con lo que la residencia debería aplicar una liquidación posterior, algo que resulta en ocasiones incómodo.

En ambos casos, lo que habrá que dejar bien claro a las familias es que de este dinero la residencia no se queda nada. y que, además, el hecho de gestionar el cobro y las liquidaciones suponen un gasto que nadie les compensa.

Hablando con directores de residencias me han planteado dos dudas que todavía no soy capaz de resolver.  La primera es qué pasa cuando una persona ingresa durante el año, ¿existe un certificado que nos indique cuántas tasas de recetas lleva pagada la persona para saber cuánto falta para alcanzar los 62?  NO lo he sabido encontrar pero estoy seguro de que en la Farmacia nos lo podrán decir con el aplicativo informático que han desarrollado.

La otra pregunta tiene más enjundia: ¿Puede la residencia cobrar por la gestión de avanzar la tasa?  En principio se trataría de algo que podrían pactar las partes cuando el contrato sea 100% privado y que tendría que estar autorizado por la administración cuando se tratase de plazas concertadas, colaboradoras o de PEV.  Yo veo que, intentar hacerlo podría abrir una posibilidad que sí sería muy negativa para la residencia:  que algunos familiares quisieran que les diésemos a ellos las recetas y llevarlos ellos mismos a la farmacia.

En principio no debería ser un problema que lo  hiciesen  pero en la práctica, el hecho de que existan varias formas de "entrada" de medicamentos sí causaría contratiempos. ¿Cuánto tiempo tardaría la familia en traer la medicina? ¿A quién deberían entregarla? ¿Qué documentación adicional habría que confeccionar y utilizar? ¿Cómo encajaría el sistema con la obligación que tiene el Responsable Higiénico Sanitario de la residencia?  Demasiadas incógnitas que no quedarían compensadas con una pequeña cantidad.

En fin, se acercan tiempos aún más complicados.  Yo creo recomendable que las residencias, opten por un sistema de adelantamiento fraccionado y que, durante las próximas semanas se vaya informando a los residentes y familiares.  Si para ellos, "lo del Euro por receta" se convierte en pagar 5,20€ más al mes tendremos una parte del problema resuelto.

lunes, 18 de junio de 2012

ESPERANDO EL ACUERDO DE COPAGO

A finales del año pasado el Tribunal Supremo confirmó la anulación del Acuerdo de Copago y determinación de la capacidad económica que había dictado el Consejo  Territorial de la Dependencia.  Lo curioso de aquella decisión judicial era que no entraba en el fondo de la regulación, no hacía ninguna crítica a la manera para saber qué hay que considerar ingreso y cómo debe determinarse el copago sino que se limitaba a decir que para hacer esa regulación se necesita una "norma" (o sea un Decreto, con todos sus requisitos de elaboración) y no un "Acuerdo" que jurídicamente quiere decir más bien poco.

Lo que venía a señalar entonces el Supremo es otra más de las "chapuzas de la Dependencia".  El gobierno en ese momento, según pensaba casi todo el mundo, tendría que haber tomado el contenido del acuerdo, trabajado con él y haber dictado un Decreto de copago.  O también podría haber considerado que las circunstancias han cambiado entre 2008 y finales de 2011 y haber reunido de nuevo al Consejo, con su nueva mayoría para redactar un nuevo acuerdo, más acorde con la situación actual  y darle rango de Decreto.

Pero pasaron días, semanas y meses y seguimos igual.  Con un acuerdo anulado y un gobierno preocupado por otras cosas, que sin duda tienen mucha importancia.

Cuando se produjo la anulación del acuerdo de copago, pensé que, aplicando el mismo criterio se podría declarar la nulidad del acuerdo de acreditación, pero, cómo no hubo una CERMI para impugnarlo, allí sigue.

Volviendo al copago, y centrándome en los servicios de residencia, es este un tema clave que deberá tenerse en cuenta en la redacción de la segunda Ley de Dependencia:  Si de verdad queremos que exista un derecho de ciudadanía común en todo el Estado, algunos elementos básicos del mismo como la valoración, la asignación de los recursos y la participación en el  precio deberán tener unos elementos comunes.

Aunque en el fondo creo más en un sistema que tomase como base la Prestación Económica Vinculada, acepto que la tendencia parece ir más hacia el concierto.   Si eso es así, sigo creyendo que podríamos tener un sistema basado en la equidad y fundamentado en una separación clara entre costes hoteleros y de servicios; un copago que pudiera alcanzar el 100% del coste del servicio cuando las rentas superasen determinada cantidad; la previsión de que los descendientes tuviesen que participar en un "copago alimenticio" limitado por criterios de capacidad económica y obligaciones familiares;  y un sistema de "reembolso tras la muerte" de una parte de lo recibido para aquéllos que en vida tuviesen patrimonio pero insuficientes ingresos.  Por supuesto que estas medidas no alcanzarían a la mayoría de ciudadanos.  Sólo lo harían a los que tuviesen un nivel de renta considerable.  Este grupo de dependientes "con capacidad económica elevada" se estarían beneficiando del sistema de una forma peculiar:  Al poder acceder a una plaza concertada pagando el 100% del coste de referencia estarían utilizando el Sistema de la Dependencia como una especie de central de compras que les permitiría comprar a un precio más reducido que el que encontrarían en el mercado.  Lo que yo creo además es que muchos dependientes "con capacidad económica elevada", ante el dilema de acceder al sistema facilitando mucha información sobre ingresos y patrimonio u optar por contratarse ellos mismos la estancia en una residencia privada, optarían por la segunda opción.

Si pensamos en la sostenibilidad del sistema en el largo plazo debemos crear un sistema que obligue a cada uno a pagar lo que es justo.  Por supuesto que esto puede chocar con resistencias, pero es que ya sabemos que lo que hay hoy no se aguanta.

Sigamos esperando el nuevo Decreto de copago.

lunes, 4 de junio de 2012

¿ENFERMERAS SOCIALES Y ENFERMERAS SANITARIAS?

Es una cuestión que se lleva arrastrando desde hace muchos años y que tiene difícil solución.  Una enfermera que trabaja en una residencia privada mira con envidia las condiciones laborales de la que lo hace en una pública, ésta las de la que trabaja en un hospital.   Una parte importante del trabajo que realizan es análogo pero una gana casi el doble que la otra y trabaja muchas menos horas al año.  La diferencia de costes laborales entre el sistema social y el sanitario es uno de los motivos por los que resulta mucho más caro mantener a una persona en un hospital de crónicos que en una residencia y es lo que motiva que en comunidades como la Valenciana se planteen trasladar a mayores de un tipo de establecimiento al otro.

En pirncipio tiene lógica que una enfermera tenga las mismas condiciones esté trabajando en un hospital público o en una residencia privada.  En la práctica, si buscamos los motivos que han llevado a la situación actual y vemos cómo estánlas arcas públicas, quizás lleguemos a plantearnos.  ¿Ganan demasiado poco unas o ganan demasiado otras?.  Cómo casi siempre la respuesta la encontraríamos en un término medio, siempre que alguien pudiera permitirse buscar esa respuesta.

Escribo esto después de leer una noticia según la cual en Castilla León las enfermeras de residencias se quejan de no ganar lo mismo que las que trabajan en centros de Salud.

Si alguien es capaz de razonar cuál sería el salario justo, me encantaría oir sus argumentos