miércoles, 29 de agosto de 2012

IMPAGOS Y PEVS

Los impagos de la Generalitat de Cataluña de finales de julio afectaron a las entidades y empresas que gestionan centros públicos, a las residencias concertadas y a las colaboradoras.  Las personas que reciben prestaciones económicas para el cuidado no profesional y las que reciben prestaciones económicas vinculadas quedaron excluidas del impago.

La diferencia entre una prestación económica vinculada (PEV) y la colaboración es bastante pequeña.


  • En ambos casos se trata de dar una ayuda económica a una persona para que pueda pagar el precio de una residencia privada aportando  la diferencia entre lo que paga la Generalitat y el precio de la plaza. 
  • En ambos casos sólo las residencias que acreditadas (según los criterios que se establecen en cada momento) pueden acoger a usuarios beneficiarios de la prestación. 
  • En ambos casos la residencia factura el total de lo que cobra al ciudadano, de hecho en teoría la residencia no recibe nada de la Generalitat sino que ésta lo da al residente y éste a la entidad. 


La diferencia principal radica en que en el caso de la colaboración, desde el principio se estableció un sistema de precios máximos que podía cobrar la residencia y en el caso de las PEV, hasta que la Generalitat se sacó de la manga el establecimiento de un "tope", las residencias podían cobrar su precio de mercado.

Cuando en los años noventa del siglo pasado se empezaron a dar ayudas para ingresar en centros colaboradores, ICASS pagaba directamente a la persona para que afrontase el pago de la residencia.  Pasado el tiempo, y en parte para evitar que algunos familiares se quedasen el dinero "olvidando" pagar la residencia, se empezaron a "endosar" las ayudas, de forma que éstas, aunque eran del residente las cobraba directamente la residencia.  Con el tiempo se generalizó el pago directo a las residencias con lo que, cuando la Generalitat ha tenido que dejar de pagar algo, ha podido meter en el saco del impago a las plazas colaboradoras sin que los teóricos receptores de las ayudas (los residentes) se hayan dado cuenta.

Lo lógico sería que las residencias colaboradoras hubiesen reclamado el pago de las estancias directamente a los residentes, éstos habrían reclamado a la Generalitat el pago de sus prestaciones con lo que la situación hubiera sido mucho más incómoda para la administración catalana.  Esta no habría tenido delante a unos cientos de residencias sino a miles de furibundos ciudadanos.  Así que podemos convenir que el cambio de sistema  ha sido malo para las residencias pero bueno para la Generalitat.

Con esa premisa, podemos ver, como despacito, pero lo que pasó con la colaboración se va haciendo con los PEVS.

Veamos cómo van las cosas:

El Decreto 142/2010, que contiene la Cartera de Servicios Sociales de Cataluña establece en su artículo 5.2 que El importe de las prestaciones económicas otorgadas a las personas beneficiarias pueden ser abonadas directamente a la entidad proveedora del servicio vinculado informando a su vez a la persona beneficiaria o a quien la represente legalmente. 

La clave está en la palabra "podrá".  ¿Qué quiere decir?  ¿Que es una opción de la que disfruta la propia Generalitat o que depende de algo (como el acuerdo con la entidad)?  Además ¿qué es eso del "servicio vinculado"?

La respuesta la tenemos en la polémica instrucción 1/2011 del ICASS en la que se nos dice que "En aplicación del artículo 5.2 del Decreto 142/2010, de 11 de octubre por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales, el importe de las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio otorgadas a personas beneficiarias serán abonadas directamente a la entidad proveedora del servicio vinculado  informando a su vez a la persona beneficiaria o a quien la represente legalmente. "

Siguiendo con esta línea, ICASS lleva ya unos mese enviando a las residencias acreditadas un mail en el que les dicen que "De acuerdo con la clausula sexta de la instrucción 1/2011 del procedimiento transitorio de acreditación  de las entidades que dispone que  el importe de las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio otorgadas a personas beneficiarias serán abonadas directamente a la entidad proveedora del servicio vinculado  informando a su vez a la persona beneficiaria o a quien la represente legalmente, os agradecería que tramiteis el modelo cumplimentado lo antes posible".  Junto con el mail hay un formulario de transferencia bancaria.

Las residencias que han recibido el mail se preguntan.  ¿Qué hace que la Generalitat se haya convertido de repente en alguien tan amable?  ¿Qué quiere decir "os agradecería"? ¿Estoy obligado a rellenar y enviar el formulario?

Yo creo que no.  No veo en el mensaje que están recibiendo las residencias un verdadero requerimiento.  Además no veo que la instrucción 1/2011 que establece el procedimiento transitorio de acreditación sea el instrumento adecuado para concretar la opción que establece la Cartera de Servicios, y lo creo porque, lo que dice la instrucción 1/2011 sólo se aplica a unas cuantas residencias de entre las que pueden acoger a beneficiarios de PEV ( la disposición transitoria de la propia Cartera de Servicios establece que los centros colaboradores y los concertados quedan automáticamente acreditados por lo que no les es de aplicación la instrucción 1/2011).

Por eso creo que las residencias que no quieran cobrar las PEVs directamente de la Genralitat  y sencillamente no respondan al mail no sufrirán mayores consecuencias (de momento).  Aquéllas que respondan y envíen el formulario empezarán a cobrar del ICASS.  A las que prefieran responder manifestando su negativa se les podría proponer un texto  como este: "Acusamos recibo de su mensaje de dia... y debido a que no nos requieren expresamente  a presentar el documento de domiciliación bancaria les comunicamos nuestra preferencia por mantener el sistema que hemos aplicado hasta ahora. Entendemos que nos ampara el  artículo 35 f de la Ley 30/1992 que establece el derecho a  no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate.   El punto de la instrucción 1/2011  a que se refieren en su escrito hace referencia al artículo 5.2 del Decreto de Cartera de Servicios (norma aplicable) que dice que las prestaciones económicas vinculadas se "podrán" pagar directamente al prestador.  Entendemos que estamos ante una potestad discrecional que requiere de motivación para ser concretada y no hemos sido capaces de encontrar esa motivación.  Por lo anterior, si existe una obligación de presentar el docmento solicitamos se nos realice el requerimiento mencionando la norma que la establezca".

Quizás pocas residencias se atrevan a enviar este escrito al ICASS.

Sea como sea, el camino parece establecido y no me extrañaría que una nueva remesa de cartas, esta vez conteniendo requerimientos, estén ya preparándose en algún despacho de Palau de Mar.  Se podrán encontrar argumentos jurídicos para evitarlo pero dudo que haya residencias que los planteen por miedo a perder la acreditación. Por eso me temo que la próxima vez que la tensión de tesorería atenace a la Generalitat, las prestaciones económicas vinculadas entrarán en el saco de los impagos.

lunes, 20 de agosto de 2012

POR SUS FRUTOS LOS CONOCEREIS



En Julio de 2010, cuando gobernaba en España el PSOE y en Cataluña el  segundo tripartito, se produjo una modificación en el régimen del IVA.  Hasta entonces las estancias en residencias para mayores pagaban un 7%.  A partir de entonces se bajó el IVA de las plazas concertadas y de gestión al 4% y se subió el resto al 8%.

Como el sector llevaba mucho tiempo reclamando una bajada general del tipo para los servicios de atención a la dependencia al 4% y, en algún momento parecía que podía obtenerse, lo llamé la “Bajada Interrupta”.   Escribí en mayo de 2010 que me parecía muy mal que los poderes públicos se bajasen a sí mismos el IVA mientras se lo subían a los ciudadanos por recibir exactamente el mismo servicio.  Esa crítica iba dirigida contra el Gobierno de España.    La actuación del gobierno de la Generalitat me pareció perversa de una forma especial ya que, no sólo aprovechó la bajada que le ofrecía el nuevo sistema, sino que además obligó a las residencias colaboradoras a “comerse” la subida.  Lo expliqué en “Preparados para la subidilla” en Julio de 2010: En Cataluña, los usuarios de "plazas colaboradoras" pagan una cantidad que viene determinada en una resolución de la Generalitat. Ésta a su vez paga la diferencia entre lo que paga el usuario y una cantidad que se determina "IVA incluido" que oscila entre los 1.500 y 1.850 aproximadamente. El hecho de que el precio se determine "IVA incluido” hace que las residencias colaboradoras hayan tenido que facturar por una cantidad total equivalente al precio establecido por la Generalitat o sea que, al subir el IVA, han tenido que rebajar la base.

Creo que la Generalitat entonces debería haber considerado que lo que determina la cantidad que corresponde recibir al prestador por la atención a la persona es el precio que se establece en la Cartera de Servicios y que éste es “IVA aparte”.  Si lo hubiese hecho así, las residencias sólo tendrían que haber trasladado a la factura el aumento de un punto del IVA y éste lo habrían pagado, bien la Generalitat y el usuario según su participación en la cantidad total, bien el usuario directamente en su totalidad.   Si la Generalitat hubiese tomado la decisión y lo hubiera trasladado a los centros, se habría aplicado y, estoy seguro que la aplicación habría sido pacífica.   La subida de entonces era de un punto, o sea que oscilaba entre los 15 y los 18 Euros al mes por residente. Para una residencia con 50 plazas colaboradoras esto ha supuesto desde entonces una merma en los ingresos de 10.000 Euros al año.

Como mi fe en el tripartito era bastante limitada, que en aquél momento mostrase una actitud “anti empresa” me pareció mal pero no me sorprendió.

Ahora tenemos gobiernos diferentes.  En Madrid uno que prometía austeridad y contención fiscal como vías para sacarnos de la crisis.  En Cataluña, uno con un Conseller que proclama, siempre que tiene la ocasión, el importantísimo papel que cumplen las empresas en el campo de los servicios sociales (sin olvidar que también lo tiene la iniciativa pública y  la social, por supuesto) y como la relación entre el sector público y privado debe basarse en la confianza y la flexibilidad.

Ambos gobiernos están teniendo la ocasión de mostrar la solidez de sus creencias cuando éstas se convierten en actos.  El de España ha subido en pocos meses el IRPF y el IVA, el de Cataluña ha dejado en el aire el pago de una mensualidad de los conciertos, PEVS, gestión y colaboraciones siendo incapaz de ofrecer alguna medida que pueda paliar el terrible efecto que su impago pueda producir.

Ahora a la Generalitat se le ofrece una nueva oportunidad para que nos muestre su verdadera naturaleza.
Es un hecho que todo el mundo sabe en España que el uno de Septiembre se aplicarán nuevos tipos incrementados de IVA.  Esto hace que, si pago unos céntimos más cuando compre algo en una tienda o unos euros más cuando me corte el pelo, sabré exactamente que no es el tendero o el peluquero quiénes han subido precios sino Hacienda.  Por eso, el hecho de permitir que las residencias colaboradoras trasladen la subida del IVA al consumidor (idea esencial en la que se basa en impuesto) no generaría ningún problema.
Otro argumento que hay que tener en cuenta a la hora de valorar cómo debe aplicarse el IVA en centros colaboradores es que, en esencia el Programa de Apoyo al Acogimiento Residencial (Programa de Suport a l’Acolliment Residencial), que es la base sobre la que se asienta el sistema de colaboración, no es muy diferente de lo que actualmente son las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV), o sea, una ayuda a la persona para pagar la residencia.  La diferencia principal es que en el caso de la colaboración siempre ha existido un precio máximo que se puede cobrar y en las PEV ese “tope” en el precio no existe en la Ley (es un invento de la Generalitat).  Cuando se trata de PEV, el tipo de IVA que se aplica depende de si la prestación cubre más o menos del 75% del precio de la plaza (4% si es de menos y 10% si es de más), o sea que queda claro que una cosa es el precio de la estancia y otra el IVA.  Si mañana vuelven a subir el tipo, en lo que respecta a las PEV estará claro que quien asume la subida es el consumidor final.

¿Es tan difícil considerar que a efectos del IVA la plaza de colaboración es como la de PEV?  Yo creo que no. Sólo hace falta convenir que lo que estábamos entendiendo como  “IVA incluido” era efectivamente “Con el tipo de IVA vigente en el momento de la concesión de la prestación, incluido”

Por lo que me dicen los propietarios y directores de residencias con los que estoy hablando, tal como pasó en 2010, cuando ahora llaman a la Generalitat les dicen que  “no hay ningún cambio.  Las residencias seguirán cobrando lo mismo”.  Detrás de esta respuesta telefónica, que no escrita, se oculta la verdadera naturaleza.  Parece que, a pesar de todas las palabras, a pesar de ser personas diferentes de partidos diferentes, los actos van por el mismo camino que hace dos años.

Quedan pocos días, estamos en Agosto, pero la Generalitat tiene una ocasión muy buena de actuar correctamente.  Si no lo hace, nadie escuchará sus palabras y cuando hablen pensaremos “por sus frutos los conoceréis”.

domingo, 5 de agosto de 2012

QUIZÁS ES QUE HABÍA QUE HACERLO

Últimamente leo mucho sobre lo terrible de la política del gobierno que "recorta" y pega "hachazos" al Estado de Bienestar.

Centrándome en el tema que más me preocupa, el de la atención a personas en situación de dependencia, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha difundido una nota verdaderamente demoledora contra la modificación de la Ley de Dependencia.  Quien la lea olvidando por completo el espíritu crítico llegará a la conclusión que nos gobiernan una pandilla de desalmado que han decidido dejar  a quien más lo necesita sin los cuidados más básicos.  Yo creo que las cosas no son casi nunca totalmente blancas o negras y por eso he estado releyendo la nota y veo que lo que hace ésta es comparar lo que se había conseguido con la aplicación de la LAPAD (acrónimo de la Ley de Dependencia), o sea entre 2007 y mediados de 2012 y lo que pasará a partir de ahora.

Yo creo que, para ser justos, y viendo lo que ha pasado en los últimos años se debería comparar cómo quedará la situación con cómo era ésta antes de la entrada en vigor de la Ley.  Lo digo porque sólo hay que ver algunos datos, como los de endeudamiento de España, para ver que la Ley de Dependencia se empezó a aplicar cuando no teníamos dinero para hacerlo.  Estos son los datos.  Cuando la Ley de Dependencia se empezó a aplicar en 2007 si se dividía la deuda de España entre los españoles, cada uno "debíamos" 8.400€, a finales de 2011 esa cifra alcanzaba casi los 16.000€.

Si vemos los datos referidos al déficit, o sea la diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta, la cifra no es mucho más halagüeña.
 Cada año desde que empezamos a aplicar la Ley de Dependencia (junto con otras medidas como el cheque nacimiento o los Planes E para re lanzamiento de la economía, como país, fuimos gastando más de lo que ingresábamos y pudimos hacerlo porque había otros países que nos dejaban el dinero.

Creo que fuimos como una familia que pidió una hipoteca por el 120% del valor de la vivienda y con el dinero prestado pudo hacer obras en su casa nueva, decidieron arreglarles los dientes a sus dos hijos y matricularlos en clases particulares de música e inglés. Además pudieron hacerse socios de dos ONG que ayudan a personas necesitadas y ayudaban económicamente a un hermano que se había quedado en el paro. 

Cuando, uno de ellos perdió el trabajo se dieron cuenta que con un único sueldo no podían afrontar la deuda y los nuevos gastos así que decidieron pedir otro crédito, pero esta vez no se lo dieron, y ahora se encuentran con que no pueden afrontar los pagos.  ¿Que hacen?  Casi se han quitado del todo gastos no necesarios (bares, cines...), han hablado con el hermano y le han dicho que le podrán ayudar mucho menos.  Sus hijos se han enfadado porque les gustaban mucho las clases de música e inglés, pero hay que renunciar, lo de los dientes les preocupa más porque se va pagando en cada visita y no se puede dejar a medias.   Han mantenido la cuota de una de las ONG, de la otra se han dado de baja.  .  Se plantean vender el coche por lo que sea para no pagar el seguro, el mantenimiento y el párking. Aún así, les cuesta mucho llegar.  "Pero, ¿Cómo no nos dimos cuenta?", se preguntan.  Pues no se dieron cuenta, igual que no se dieron cuenta casi todos empresarios, políticos, autónomos y personas en general (entre las que me incluyo) a los que nos han pasado cosas parecidas.

Todo esto lo digo porque ahora podemos y debemos clamar contra los recortes (el gobierno debe sentir siempre el cercano escrutinio de los ciudadanos), pero sería bueno que situásemos las cosas en su contexto.

Volviendo a las residencias.  En los últimos años se han ido introduciendo requisitos materiales, de profesionales y funcionales en la atención a personas mayores que, sin duda han supuesto un mayor nivel de calidad en la atención, pero también la han encarecido.  En los años de relativa bonanza los salarios se incrementaron de forma importante y muy por encima de la inflación (Según CCOO el salario de una gerocultora aumentó un 178% entre 1999 y 2010).  El precio al que las residencias vendían sus plazas también se incrementó.

En el sistema que teníamos antes de la Ley de Dependencia, cada Comunidad Autónoma establecía su sistema para ofrecer servicios sólo a aquéllos que se consideraba que no tenían capacidad económica para cubrirse su propia atención.  La línea de corte solía estar en unos 800€ al mes de ingresos a partir de los cuales en casi ninguna comunidad se prestaba servicios.  A partir de la entrada en vigor de la Ley, coincidiendo con el inicio de la crisis, y con la temprana opción por la ayuda económica para el cuidador no profesional, lo que tenía que ser una Ley de Dependencia se convirtió en la "Ley de la Paguilla" una Ley que no garantizaba una mejor atención de los dependientes aunque sí, en muchos casos, un desahogo económico para familias que tenían dificultades económicas.   También se ofrecieron servicios pero el hecho de haber convertido lo excepcional el norma, de que en cada comunidad se valorase de forma diferente y se ofreciesen diferentes servicios con diferente copago descalificaban totalmente a la norma.

Si la situación económica hubiese sido lo suficientemente buena (o sea, si el Sistema de la Dependencia se pudiera haber mantenido con nuestros impuestos y el copago) admitiría un grado el elevado grado de acritud en las críticas que algunos hacen a los recortes.  Pero, si resulta que la Ley de Dependencia no nos la podíamos permitir desde un principio (no teníamos ingresos suficientes para mantenerla y era imposible aguantar su creciente gasto a través del endeudamiento), alguien tenía que afrontar el mal trago de decírnoslo y recortarla.

Me encantaría que alguien más concienzudo que yo hiciese el esfuerzo de tomar "los despojos" del sistema, o sea, cómo quedará éste después de los recortes y compararlo con lo que había antes.  Si es peor, me sumo a las críticas.  Si es mínimamente mejor pediría templanza.

Lo que sí pediría, ya mismo a los gobiernos central y autonómicos es que empiecen a actuar ante los prestadores de servicios y los profesionales con el respeto que merecen.  Ya he dicho al principio que entiendo que la situación es difícil, tal como lo entienden los prestadores de servicios de Castilla la Mancha, que han visto como se cancelan de golpe las estancias temporales y se les rebaja la tarifa; Cantabria con una bajada del 5% o Cataluña, donde sencillamente el pago de un mes "no puede hacerse".  Pero ese entendimiento no alcanza a la forma en que actúan las administraciones autonómicas con el sector.  Una cosa es tener un cliente moroso que te dice que no te puede pagar pero da la cara, te mantiene informado, y te ofrece alguna alternativa y otra muy diferente es lo que está sucediendo.  ¿No existe ninguna forma en que la administración pueda hacer la vida más fácil a aquéllos a quien no está pagando correctamente?

Nos estamos despertando y, como mínimo unos cuantos, queremos creer que las medidas que se están tomando son las adecuadas.  ¿No nos pueden ayudar un poco nuestros gobiernos a que podamos creerlo y defenderlo?