jueves, 29 de agosto de 2013

"GANAR MENOS PARA MANTENER EL TRABAJO" EL DILEMA LLEGA A LAS RESIDENCIAS

Esta mañana he leído dos noticias que aparentemente no tienen demasiado que ver entre sí pero que en el fondo lo tienen todo.

Por un lado, en el Diario de Sevilla leo que los sindicatos andaluces presionan a la Junta para que reactive la Ley de Dependencia frente a la situación de marasmo que vive actualmente.  Las residencias de mayores, donde trabajan las personas que los sindicatos dicen defender, ven como, del total de 11.100 plazas concertadas por parte de la Junta, 2.800 no están ocupadas.  A esta situación hay que sumar los atrasos en los pagos de las plazas que sí están ocupadas.

La Junta de Andalucía ofreció a los propietarios de residencias el año pasado, según la misma noticia, un recorte del 12% en el precio de concertación (actualmente está en 1.488 Euros al mes)  a cambio de una flexibilización en los requisitos de personal (bajada de ratios, menos exigencia de dedicación de determinados perfiles profesionales) y la posibilidad de aplicar rebajas de salarios (algo que más que ofrecerlo la Junta lo permitió la reforma laboral).  Esta medida fue descartada después de las movilizaciones de los sindicatos que se negaron en redondo a admitir una rebaja de ratios o de salarios.

La solución que ha encontrado la Junta es la de eliminar la cantidad que paga a la residencia cuando una plaza concertada está vacía (actualmente les paga 888 Euros al mes por plaza libre) y, por supuesto, desocupar plazas.

¡Vaya solución!  Una residencia concertada ha "vendido" una parte de sus camas a la administración durante un tiempo y se compromete a ofrecer un servicio con unos profesionales a cambio de recibir un dinero.  La residencia no puede ocupar libremente las camas por lo que la administración es la responsable de que estén ocupadas.  Por eso se establece el pago por "cama libre".  Lo que hace la administración andaluza (que ya han hecho otras comunidades autónomas con anterioridad) es pasar el coste de su ineficiencia a las espaldas de sus proveedores.

Los sindicatos piden que se reactive la Ley, que se concierten más plazas pero que, de ninguna manera se rebajen ratios ni salarios.

La actitud de la Junta me parece cobarde y la de los sindicatos miope.

En casi toda España se está hablando de reducir los precios de concertación y flexibilizar los requisitos a las residencias concertadas de forma que prestar el servicio sea más económico.  Lo cierto es que en los últimos años la calidad que ofrecen las residencias ha crecido muchísimo.  Un indicador claro de esta mejora salta a la vista si se comprueba cuántas personas trabajan actualmente en una residencia y cuántas lo hacían hace veinte años.  El perfil profesional también ha cambiado mucho pasando, básicamente de un  equipo "antiguo" de cuidadoras, médico y enfermera a equipos interdisciplinares formados por gerocultoras y profesionales de cinco o seis disciplinas.

El precio que pagan los clientes (sean los propios ciudadanos en residencias privadas o las administraciones en plazas concertadas), también se ha incrementado de forma considerable durante los últimos años a la vez que lo ha hecho el número de personas mayores.  Este crecimento de precio ha sufrido un estancamiento en los últimos dos años.

La consecuencia es que actualmente, viendo cómo está el panorama económico, uno de los retos más importantes a que se enfrenta el sector es el de encontrar una forma más económica de atender a residentes en residencias geriátricas intentando reducir costes en aquéllos aspectos que no afecten de forma dramática la calidad de vida de los residentes.

Por supuesto se puede tomar la posición de que "no se puede recortar nada", "no se puede bajar la calidad en absoluto", "no se pueden tocar las ratios".  Esa posición maximalista es la que lleva a que sin recortar nada lleguemos a cerrar residencias porque las camas no se ocupan.

También se puede plantear en nuestro sector el mismo dilema que ha vivido la industria española y que, según parece, la empieza a hacer competitiva de nuevo: rebajar costes laborales a cambio de estabilidad en el empleo.

Millones de funcionarios han visto recortado su salario; millones de empleados y de empresarios han visto reducidos sus ingresos.  ¿Hay que plantear una solución así en nuestro sector?

Ayer vi en la web de UGT de Andalucía que los empleados de un grupo de residencias se han manifestado contra la medida tomada por la empresa consistente en aplicar una reducción de salario del 15%, según dice la web, "sin dialogar ni informar absolutamente a nadie".

Creo que es una medida que hay que seguir con detalle ya que lo que nos estamos jugando actualmente es la supervivencia del sector, tal como la conocemos.

La acusación de haber tomado la medida "sin consultar" debería tomarse con cierta cautela y transformarla en una pregunta: "¿Se ha seguido el cauce que establece la legislación laboral?" (Si alguien quiere profundizar sobre este cauce puede leer el libro de Antonio Molina "Ajustes salariales en un momento de crisis económica").

Creo que la atención profesionalizada a personas en situación de dependencia debería ser vista como un reto de país.  Las administraciones deberían mostrar la fortaleza que han mostrado en otras decisiones y los sindicatos deberían ver algo más allá del ahora y plantearse que un paso atrás, en muchas ocasiones, sirve para poder dar después muchos pasos adelante.  Así lo han visto en la industria de la automoción y gracias a eso se han quedado algunas fábricas en España.  Si no lo ven aquí nos podemos quedar con un gobierno que base la ley de dependencia en "microayudas económicas" para familiares de dependientes, abandono del sector profesional y consecuente ruina de miles de empresas y profesionales.


miércoles, 21 de agosto de 2013

DIEZ CLAVES PARA ELEGIR UNA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES

Desde diferentes lugares de plantean diferentes consejos a la hora de elegir una residencia para personas mayores.  Desde un check list para comparar residencias de ancianos, a una lista de errores más comunes al elegir residencia, y otros por el estilo.

Hoy he llegado a ver un decálogo que plantean desde  A.Va. F. U. R.Ce.G (ya sé que el nombre suena un poco raro pero responde a Asociación Valenciana de Familiares de Usuarios-Residentes de Centros Geriátricos"),  una asociación que, según he podido leer nació para denunciar las “graves negligencias” que se cometen en algunas residencias, con la firme intención de que “si los vigilamos y denunciamos, la cosa cambiará". 

Aunque en principio una asociación que nace para denunciar corre el riesgo de transmitir una imagen del sector injustamente sesgada, me ha parecido que el hecho de plantear un decálogo puede resultar interesante.  Esto es lo que dicen:

1. Hable con el director de la residencia y el personal directivo del centro para conocer su funcionamiento, pero no deje de hacerlo también con algún familiar de otro residente que vaya todos los días. Pregúntele, por ejemplo, si su allegado tiene habitualmente infecciones de orina: eso puede ser síntoma de que la frecuencia en los cambios de pañal es precaria, o puede existir falta de higiene por limitación de personal o recortes presupuestarios.

2. Obtenga información sobre la facilidad de acceso a la persona que dirige el centro ¿hay que pedir cita con días de antelación o se puede conseguir el mismo día?

3. Es importante elegir una residencia de puertas abiertas, es decir a la que se pueda acudir sin avisar, y en la que se pueda entrar a cualquier sala. Eso garantiza la transparencia.

4. Pregunte sobre la comida pero teniendo en cuenta que a los pacientes diabéticos o hipertensos no suele gustarles las comidas de dieta, lo que no significa que esté mal cocinada o sea escasa. El familiar también debería tener acceso a la supervisión del menú, sobre todo si el residente tiene deficiencias cognitivas.

5. Es recomendable que haya un médico de lunes a sábado, al menos media jornada y una enfermera 24 h al día. Cada comunidad autónoma tiene sus propios ratios en cuanto a los  profesionales necesarios por número de residentes.

6. Infórmese sobre el plan de trabajo del fisioterapeuta y del técnico de animación cultural (TASOC). Un buen plan de trabajo del primero sería que aplique una terapia individual, según las necesidades de cada mayor, aunque también se puedan realizar por grupos. El TASOC suele actuar según las indicaciones del psicólogo o incluso del fisioterapeuta, ofreciéndoles actividades de animación y ejercicios variados.

7. El asistente social debe informar correctamente de las subvenciones, tramitando con rapidez  los informes y  haciendo seguimientos de ellos.

8. El psicólogo es otro de los profesionales clave para el bienestar del residente, aunque la ratio que marca la legislación autonómica es muy baja (en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se cifra en 6 h semanales de trabajo para atender hasta 50 residentes). En este contexto lo que se debe esperar es que el psicólogo informe a los familiares periódicamente (cada 3-6 meses) para orientar sobre la evolución del paciente o si surge alguna variante importante en su salud psíquica.

9. La administración de medicamentos debe realizarla una enfermera/o y no un auxiliar o  gerocultor. Esto es muy importante para tratar de evitar errores en su administración.

10. Al entrar por primera vez en una residencia es importante observar la limpieza del espacio, no percibir olores desagradables, y darse cuenta de si los residentes van bien vestidos y aseados, además de que el trato con el personal sea amable.

Aunque me parece que se basa mucho en la presencia de una serie de profesionales y deja algunos aspectos importantes (comprobación del contenido del reglamento de régimen interior, el contrato, los horarios de vida del residente y no sólo de las visitas, la posibilidad de elegir...), me parece interesante que surjan herramientas de ayuda a quienes tienen que buscar una residencia de mayores para un ser querido.

jueves, 15 de agosto de 2013

UNOS DÍAS DE DESCANSO

Estoy un poco vago últimamente.  Me he tomado diez días de vacaciones en los que leo cosas aunque casi no escribo nada.

Parece que nuestro sector vive el mes de agosto aletargado a pesar de los múltiples problemas que padece. Algunas residencias, muchas menos que hace unos años, han conseguido ocupar algunas plazas "de temporada" y casi todas, prefieren no pensar en lo que será el próximo otoño.

Las noticias que me han ido llegando sobre personas mayores, demuestran que en agosto cuesta más encontrar cosas "noticiosas".  Sin embargo parece que el periódico digital mexicano Conexión Total, no tiene este problema.    Allí, miren que interesante noticia han difundido y con qué nivel de detalle.


¿De verdad que puede dar tanto de sí una caída doméstica?  Me horrorizo al pensar en cómo describiría alguna de las cosas que pueden pasar en una residencia y que la mayoría de los mortales consideraríamos "poco relevantes".

El enlace de la página está aquí.

Por cierto, para los más truculentos recomiendo la lectura sobre el panteón que aparece en la parte inferior derecha.

lunes, 5 de agosto de 2013

¿POR ESTO CAMBIARON A CLERIES?

La Generalitat de Cataluña ha vuelto a utilizar el verano para dar un palo a las personas dependientes y a quienes se dedican a cuidarlos. Y lo ha hecho encadenando dos anuncios:

Por un lado, ha comunicado a las residencias concertadas y colaboradoras cuál será el procedimiento que tendrán que seguir para cobrar algunos de los atrasos que tiene ICASS con ellas desde el año pasado y hasta hace poco.   Este anuncio supone que, a mediados de Septiembre de 2013 las residencias que acogen a usuarios financiados por la administración, finalmente podrán cobrar los servicios que prestaron en Mayo de 2012.

¿Es esto el fin de los atrasos en los pagos?  No.

Las residencias colaboradoras (un sistema de financiar estancias en residencias que lleva cinco años como algo "a extinguir" debido a que no apareció en la Ley de Serveis Socials de 2007) seguirán sin cobrar por las estancias de los residentes que han ingresado durante 2013.  Nadie sabe a ciencia cierta a cuánto asciende la cantidad que debe la Generalitat por este concepto pero cada residencia sabe lo que de deben a ella y no hay que ser un genio para saber que hablamos de millones de euros.

ICASS dice que no puede pagar esos nuevos ingresos porque no hay presupuesto de la Generalitat para 2013 por lo que no hay mecanismo legal para pagar.  ¿Y por qué no hay presupuesto de 2013? se preguntarán algunos.    Es algo muy complejo, depende del cálculo estratégico que hacen los partidos políticos; depende del déficit asignado, depende del grado justo de tensión entre el gobierno del Estado y el de Catalunya que se desee mantener.  De lo que no depende en absoluto es de lo que puedan hacer o decir las residencias colaboradoras o los residentes que en ellas viven.

Encima las residencias colaboradoras, debido a su peculiar situación jurídica, viven en una especie de "purgatorio administrativo".  De hecho la Generalitat a ellas no les debe nada.

Las residencias colaboradoras tienen un convenio con la administración que les permite acoger a usuarios que reciben una ayuda pública.  Ésta, por comodidad, la paga directamente la Generalitat a las residencias aunque jurídicamente la ayuda la recibe el residente.  Por eso, las residencias colaboradoras sólo facturan a los residentes por la totalidad de lo que reciben del mismo y del ICASS, a diferencia de las residencias concertadas que facturan la totalidad al ICASS aunque una parte la reciban del residente.  ¿Parece complicado?  Realmente es perverso.  Como decía antes, la Generalitat no debe nada a las residencias colaboradoras, se lo debe a los residentes.  Pero las residencias colaboradoras no pueden reclamar nada a los residentes (porque lo prohíbe el convenio que han firmado con ICASS) ni tampoco al ICASS debido a que no es el deudor.  Ciertamente perverso.

Para acabar de redondear la situación, esta vez ICASS también ha querido tocar a quiénes hasta ahora parecían sufrir de otra forma aunque no por los impagos, las residencias acreditadas que acogen a beneficiarios de la Prestación Económica Vinculada (PEV).  Pues bien, para ellas ICASS ha guardado una sorpresa especial:  Durante dos meses (Agosto y Septiembre) no habrá nuevos ingresos de beneficiarios de PEV.

Da igual quién clame qué.  Da igual que patronal, sindicatos y múltiples asociaciones hayan dicho que esto es un ataque frontal al derecho establecido por la Ley de Dependencia y la Llei de Serveis Socials de Catalunya.  El caso es que alguien ha pensado que una medida, que según la consellera Munté afectará a 500 personas (las patronales lo elevan al doble) y según algunos medios ahorrará 1,5 millones de Euros, vale la pena.

Si de verdad la medida que han tomado va a suponer un "ahorro" de un millón y medio y a cambio están dispuestos a leer historias personales como las que ahora empiezan a aparecer en los periódicos sobre familias a quiénes se pone al borde del desastre y a quemarse aún más, es que algo o alguien dentro del Departament de Benestar Social i Família no está funcionando como debiera.

Me cuesta creer que todos los afectados por la medida se mueran durante estos dos meses por lo que lo que pasará, salvo que la perpetúen, es que en Octubre llegarán muchas más solicitudes que habrá que atender.  ¿No existirían otras medidas que pudieran mantenerse en el tiempo y encima ahorrasen dinero de forma permanente?

Si existen, el equipo de la Sra. Munté no parece saberlas encontrar.

Quizás es una imposición desde "Economía", pero en ese caso, el problema es que la Sra. Munté no ha sabido explicar y convencer a sus colegas de gabinete, que los servicios sociales tienen la capacidad de convertirse en un avispero con mucha facilidad.

Cada dos residentes generan un puesto de trabajo estable.  Cada Euro gastado en atención a la dependencia genera retornos de entre la mitad y más de lo invertido (lo dicen diferentes estudios). Encima, lo que se gasta en servicios genera riqueza mientras lo que se gasta en prestaciones económicas se disuelve en parte en la economía sumergida.

La última reforma de la Ley de Dependencia rebajaba un 15% la cantidad de las prestaciones económicas vinculadas de forma lineal y permitía a las comunidades autónomas aplicar una rebaja adicional de otro 15%.  Catalunya no la aplicó.  ¿Se estudió la posibilidad rebajar, pero no para ahorrar sino para gastar ese dinero en prestaciones de servicios (residencias, centros de día y ayuda a domicilio)? Si lo hicieron no lo dijeron.

No tengo ningún motivo para dudar de la capacidad de trabajo, honradez e inteligencia de la consellera Neus Munté.  Lo que sí me temo es que le falta, hoy por hoy, el peso político y experiencia que tenía Josep Lluís Cleries y que vendría muy bien para afrontar los problemas en que estamos y los que se nos avecinan.

Estoy de acuerdo con que Catalunya recibe una financiación desde el Estado totalmente insuficiente.  Que, en concreto la financiación del sistema de dependencia roza la mezquindad y se aleja muchísimo de lo que se preveía en la Ley de Dependencia.  Pero esas injusticias venidas de fuera no pueden justificarlo todo.  Alguien en las reuniones de gabinete debería tener la autoridad y fuerza para hacer reflexionar seriamente a sus colegas consellers de las consecuencias que algunas medidas pueden tener en las personas más merecedoras de la solidaridad pública.

Durante un tiempo (poco a mi gusto) Josep Lluís Cleries era esa persona.  Yo sigo preguntándome ¿por qué lo cambió Mas?