Esta mañana he leído dos noticias que aparentemente no tienen demasiado que ver entre sí pero que en el fondo lo tienen todo.
Por un lado, en el Diario de Sevilla leo que los sindicatos andaluces presionan a la Junta para que reactive la Ley de Dependencia frente a la situación de marasmo que vive actualmente. Las residencias de mayores, donde trabajan las personas que los sindicatos dicen defender, ven como, del total de 11.100 plazas concertadas por parte de la Junta, 2.800 no están ocupadas. A esta situación hay que sumar los atrasos en los pagos de las plazas que sí están ocupadas.
La Junta de Andalucía ofreció a los propietarios de residencias el año pasado, según la misma noticia, un recorte del 12% en el precio de concertación (actualmente está en 1.488 Euros al mes) a cambio de una flexibilización en los requisitos de personal (bajada de ratios, menos exigencia de dedicación de determinados perfiles profesionales) y la posibilidad de aplicar rebajas de salarios (algo que más que ofrecerlo la Junta lo permitió la reforma laboral). Esta medida fue descartada después de las movilizaciones de los sindicatos que se negaron en redondo a admitir una rebaja de ratios o de salarios.
La solución que ha encontrado la Junta es la de eliminar la cantidad que paga a la residencia cuando una plaza concertada está vacía (actualmente les paga 888 Euros al mes por plaza libre) y, por supuesto, desocupar plazas.
¡Vaya solución! Una residencia concertada ha "vendido" una parte de sus camas a la administración durante un tiempo y se compromete a ofrecer un servicio con unos profesionales a cambio de recibir un dinero. La residencia no puede ocupar libremente las camas por lo que la administración es la responsable de que estén ocupadas. Por eso se establece el pago por "cama libre". Lo que hace la administración andaluza (que ya han hecho otras comunidades autónomas con anterioridad) es pasar el coste de su ineficiencia a las espaldas de sus proveedores.
Los sindicatos piden que se reactive la Ley, que se concierten más plazas pero que, de ninguna manera se rebajen ratios ni salarios.
La actitud de la Junta me parece cobarde y la de los sindicatos miope.
En casi toda España se está hablando de reducir los precios de concertación y flexibilizar los requisitos a las residencias concertadas de forma que prestar el servicio sea más económico. Lo cierto es que en los últimos años la calidad que ofrecen las residencias ha crecido muchísimo. Un indicador claro de esta mejora salta a la vista si se comprueba cuántas personas trabajan actualmente en una residencia y cuántas lo hacían hace veinte años. El perfil profesional también ha cambiado mucho pasando, básicamente de un equipo "antiguo" de cuidadoras, médico y enfermera a equipos interdisciplinares formados por gerocultoras y profesionales de cinco o seis disciplinas.
El precio que pagan los clientes (sean los propios ciudadanos en residencias privadas o las administraciones en plazas concertadas), también se ha incrementado de forma considerable durante los últimos años a la vez que lo ha hecho el número de personas mayores. Este crecimento de precio ha sufrido un estancamiento en los últimos dos años.
La consecuencia es que actualmente, viendo cómo está el panorama económico, uno de los retos más importantes a que se enfrenta el sector es el de encontrar una forma más económica de atender a residentes en residencias geriátricas intentando reducir costes en aquéllos aspectos que no afecten de forma dramática la calidad de vida de los residentes.
Por supuesto se puede tomar la posición de que "no se puede recortar nada", "no se puede bajar la calidad en absoluto", "no se pueden tocar las ratios". Esa posición maximalista es la que lleva a que sin recortar nada lleguemos a cerrar residencias porque las camas no se ocupan.
También se puede plantear en nuestro sector el mismo dilema que ha vivido la industria española y que, según parece, la empieza a hacer competitiva de nuevo: rebajar costes laborales a cambio de estabilidad en el empleo.
Millones de funcionarios han visto recortado su salario; millones de empleados y de empresarios han visto reducidos sus ingresos. ¿Hay que plantear una solución así en nuestro sector?
Ayer vi en la web de UGT de Andalucía que los empleados de un grupo de residencias se han manifestado contra la medida tomada por la empresa consistente en aplicar una reducción de salario del 15%, según dice la web, "sin dialogar ni informar absolutamente a nadie".
Creo que es una medida que hay que seguir con detalle ya que lo que nos estamos jugando actualmente es la supervivencia del sector, tal como la conocemos.
La acusación de haber tomado la medida "sin consultar" debería tomarse con cierta cautela y transformarla en una pregunta: "¿Se ha seguido el cauce que establece la legislación laboral?" (Si alguien quiere profundizar sobre este cauce puede leer el libro de Antonio Molina "Ajustes salariales en un momento de crisis económica").
Creo que la atención profesionalizada a personas en situación de dependencia debería ser vista como un reto de país. Las administraciones deberían mostrar la fortaleza que han mostrado en otras decisiones y los sindicatos deberían ver algo más allá del ahora y plantearse que un paso atrás, en muchas ocasiones, sirve para poder dar después muchos pasos adelante. Así lo han visto en la industria de la automoción y gracias a eso se han quedado algunas fábricas en España. Si no lo ven aquí nos podemos quedar con un gobierno que base la ley de dependencia en "microayudas económicas" para familiares de dependientes, abandono del sector profesional y consecuente ruina de miles de empresas y profesionales.
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