miércoles, 29 de enero de 2014

NOVEDADES SOBRE EL COPAGO EN SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Una de las cuestiones que ha pasado desapercibida cuando se habla de cómo se creó y aplicó la Ley de Dependencia (LAPAD) es la relativa a la”participación del usuario en el coste del servicio”, algo conocido popularmente como “el copago”.

La memoria económica de  la Ley previó que el coste del nuevo sistema debía repartirse a partes iguales entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los propios usuarios, que acorde a su capacidad económica, pagarían una parte del coste cuando recibiesen un servicio o verían reducida la cuantía de la prestación económica que pudiera corresponderles.

En el mundo antes de la LAPAD el copago era algo existente aunque heterogéneo.  En todas las comunidades autónomas quien ocupaba una plazas residencial financiada por la administración debía pagar algo si tenía recursos.  Lo cierto era que, como no había un derecho universal, sólo los que tenían poca capacidad económica podían acceder a una de esas plazas en residencias asistidas por lo que el copago solía ser bastante bajo.  A partir de allí, algunas comunidades introdujeron aspectos originales: en algunas se obligaba a los familiares directos a colaborar en el coste, en otras se introdujo el reconocimiento de deuda que permitía a la administración recuperar una parte de lo pagado tras el fallecimiento del residente, y otras iniciativas por el estilo.

En el caso de la ayuda a domicilio la cosa era aún más variopinta ya que, siendo un servicio que prestaban básicamente los ayuntamientos, cada administración local establecía “su” sistema, siendo en la mayoría de los casos el “gratis total”.

Como la LAPAD suponía el advenimiento del cuarto pilar del Estado de Bienestar, uno de los objetivos que se planteó fue el de armonizar los sistemas de copago existentes hasta entonces.   Para hacerlo importaron de más allá de los Pirineos conceptos como “capacidad económica” basada en ingresos y patrimonio o separación entre costes hoteleros/manutención y de servicio.   Como he tenido la suerte de poder organizar y participar en diferentes viajes geroasistenciales (aquellos en que se visita otro país para conocer su sistema de atención a personas mayores), no me resultó nada novedoso escuchar que el coste de una residencia tiene tres partes:  la hotelera, la de atención y la sanitaria.  Tampoco me resultó novedosa la propuesta de separar estos costes y hacer que quién tenga capacidad económica pague íntegramente el coste hotelero/manutención como haría si estuviese en su casa.

Para establecer el nuevo sistema de copago el Consejo Territorial de la Dependencia elaboró un “acuerdo” estableciendo los elementos comunes que debería contener aquél. Las comunidades autónomas por su lado hicieron lo que han estado haciendo desde que entró en vigor la Ley, o sea, cada una lo que le dio la gana. “¿Por qué tengo que adaptar mi normativa a lo que diga el Estado?”, parece que pensaron casi todas “Al fin y al cabo la competencia en servicios sociales es mía”.

En poco ayudó al esfuerzo armonizador que el Estado fuese tan chapucero que ni siquiera había sabido tramitar correctamente el acuerdo del copago.  La Audiencia Nacional acordó que técnicamente estaba mal por lo que acabamos con algo “muy de la Ley de Dependencia”: una sentencia que anula un acuerdo que de todas casi no se estaba aplicando.

A todo ello ya llevábamos cuatro años de vida de la Ley y de aquél reparto del coste  “a tercios” que se había previsto (recordemos: 1/3 el Estado, 1/3 las CCAA y 1/3 los dependientes) no se veía ni la sombra.  Resultó que el copago se quedó en el 14% (menos de la mitad de lo previsto), que no se distinguió entre costes hoteleros y de manutención y que la mayor parte del SAD seguía prestándose de forma atomizada, mayoritariamente gratuita.

Y llegó el PP.

Por supuesto que la Ley estaba mal hecha y peor desarrollada.  Por supuesto que necesitaba modificaciones a fondo para hacerla viable.  Es más, lo que necesitaba la Ley era una derogación y sustitución por una nueva redactada bajo los principios de “universalidad para la gran dependencia”, “servicios profesionales”, “copago equitativo” y “sostenibilidad”.  Necesitaba un esfuerzo de humildad por parte de alguien que la votó y que ahora nos tenía que decir que se había equivocado.

Pero el nuevo gobierno optó por hacer ese cambio sin decírnoslo.  Se puso a manosearlo todo con la avidez de quien acaba de descubrir las funciones “corta y pega”.  Al final mutiló la esencia de una ley defectuosa y la convirtió en otra igualmente deficiente.

A pesar de hacer lo que ha hecho cómo lo ha hecho, el gobierno ha dejado una Ley que, obsesionada con la reducción del gasto, se ajusta más a nuestras posibilidades reales como país.  Eso no es malo en sí.  El problema es que las modificaciones no parecen haber seguido una línea maestra sino  que han sido respuestas a una pulsión  ahorrativa demasiado cortoplacista.

Las críticas que ha recibido el gobierno han sido furibundas, especialmente por parte de usuarios y de asociaciones profesionales.   Sinceramente me sorprende que el oprobio no se haya repartido un poco más.  Al fin y al cabo ¿A quién hay que vilipendiar más? ¿al pirómano o al bombero negligente que intenta apagar el incendio y destruye media casa en el proceso?

¡Qué tontería de pregunta!  Mejor seguimos hablando del copago.

En 2012, en la penúltima vuelta de tuerca, el Estado planteó un nuevo sistema que debía servir de base para que las Comunidades Autónomas estableciesen “su copago”.  Y en esta ocasión parece que las Comunidades sí lo están haciendo.

Sólo hay que leer los periódicos para ver como en diferentes lugares de España 2014 ha llegado con una subida considerable en lo que pagan los usuarios.

Con el nuevo sistema, parecido en su mayor parte al anterior, la capacidad económica de las personas incluye sus ingresos y un porcentaje del valor de su patrimonio neto.  Se descuentan las obligaciones familiares y se reserva para los usuarios una cantidad para sus gastos que varía según el servicio que reciban.  Lo que pagará como máximo un dependiente será el 90% de un “coste de referencia” que establecerá cada comunidad pero que rondará en los 1.550€/mes en el caso de las residencias.

El texto del acuerdo incluye varias menciones a los costes hoteleros pero sin llegar a indicar de una forma clara cómo se diferenciarán éstos dentro del “coste de referencia”.

Ahora estamos en ese momento en el que muchas comunidades han introducido ya el nuevo sistema, otras “están en ello” y otras lo acabarán haciendo.

Las dudas que se plantean son varias:

¿Se conseguirá alcanzar el objetivo de que un tercio del coste de la dependencia salga del copago?

Lo más seguro es que no.  Aunque el Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a aumentarlo de forma considerable lo cierto es que para alcanzar los objetivos casi se debería doblar lo que se recauda, cosa poco realista.  Lo que sí es posible es que un aumento del copago suponga un “ahorro perverso” consistente en que personas que necesitan atención y tienen derecho a obtenerla prefieran estar en sus casas en condiciones precarias pero sin pagar nada.

¿Qué pasará con los costes hoteleros y de manutención?

Dicho está que el texto no lo deja nada claro.  Imagino que, por un lado esa diferenciación podría permitir a los prestadores privados de servicios públicos establecer “servicios hoteleros opcionales” que se pudieran cobrar a los usuarios.  Imagino poder cobrar un plus por disponer de habitación individual o con características más lujosas en una residencia concertada (ya existe en alguna comunidad); o por poder acceder a un sistema de elección de menús.  La clave estaría en que los servicios básicos estuviesen cubiertos para todos los beneficiarios y que lo que se ofreciese como opcional fuese realmente algo valorable pero no esencial.

Más allá de esto me imagino un sistema en el que se calculase lo que cuesta de verdad el alquiler del espacio y los servicios hoteleros (alimentación, lavado de ropa, limpieza de espacios..) y se determinase de forma separada en el precio total.  Esta cantidad la debería pagar íntegramente el usuario y podría ser diferente en cada residencia.  Quien no pudiera pagar pero tuviese bienes inmuebles debería garantizar con los mismos que en algún momento la administración recuperaría el coste de la atención hotelera.  Al fin y al cabo ¿por qué debemos pagar entre todos que a alguien le laven las sábanas y le den de comer cuando tiene capacidad económica para pagárselo él mismo?.

Creo que puede ser un debate interesante y, para tenerlo planteo lo siguiente:  Una misma persona dependiente puede obtener del sistema unas horas de ayuda a domicilio o el ingreso en una residencia.  ¿Tendría lógica que de forma generalizada como parte del SAD le ofreciésemos pagarle la factura de la luz, el agua, el gas además de todas sus comidas?

Dejo el debate abierto y me encantaría recibir comentarios cuanto más críticos y razonados mejor.

¿Son realistas los costes de referencia que puedan establecer desde la administración?

Esa es otra cuestión interesante.  Cada comunidad establece su coste según considera adecuado y sin ninguna relación  con lo que a la propia administración le cuesta atender a una persona mayor residente en una residencia pública gestionada por la propia administración.

En Madrid ronda los 1550€/mes, en Cataluña se establecen diferentes precios, según el nivel de dependencia (el más alto al rededor de los 1850€/mes) y se determina arbitrariamente una cantidad que se conoce como módulo social que queda exenta de copago.  En muchas otras comunidades (Castilla La Mancha o Cantabria) los precios de referencia se han reducido en los últimos años para afrontar la crisis.

Lo cierto es que debido, sobre todo a las diferencias en las exigencias normativas y en los convenios colectivos, hoy por hoy resulta mucho más caro prestar el mismo servicio en una comunidad que en otra.

Como casi siempre, la transparencia debería ser nuestro faro.  Estaría bien poder considerar qué cuesta realmente atender a una persona mayor dependiente en una residencia en los diferentes modelos de gestión.  Después, con datos fiables, se podría hablar de un precio de referencia real.

Como casi siempre, ahora hay que esperar a ver cómo se acaban de desarrollar las cosas. Qué efecto tienen los nuevos reglamentos de copago y cómo reaccionan los dependientes, sus familiares  los prestadores de servicios.

Seguiremos atentos. ¡Qué remedio!

sábado, 18 de enero de 2014

¿CÓMO ESTA ESO DE LA DEPENDENCIA?


Soy de los que cree que la crisis ha afectado a muchos aspectos de nuestra vida pero que la Ley de Dependencia, tal como estaba pensada, redactada y desarrollada no necesitaba de una crisis para caer ya que sus propios vicios la llevaban inexorablemente al fracaso.

La Ley se planificó pensado que habría un número de dependientes pero al ponerla en marcha surgieron muchos más de los previstos (en 2010 ya teníamos tantos como se habían estimado para  2015).  Se pensó que dentro de los beneficiarios, más o menos el 15% serían grandes dependientes,  pero resultó que los que necesitaban más atención eran el 31% del total; se pensó que los dependientes, con su copago financiarían el 33% del coste pero la cifra no superó el 14%.  O sea, aparecieron más dependientes con más dependencia y más caros de atender.

Las explicaciones posibles al desaguisado podrían ser cuatro:   no se habían hecho bien los cálculos, no se había redactado bien la Ley, la aplicación había sido incorrecta o una combinación de los anteriores.Que no se habían hecho bien los cálculos salta a la vista (“¿Estaba apañado el libro blanco de la dependencia?”);  que la Ley no se redactó ni aplicó correctamente es igualmente evidente, si se hubiese hecho, los resultados de las valoraciones habrían sido homogéneos en las diferentes comunidades, pero resulta que no se valoró igual ni se tramitaron de forma parecida los expedientes.  El resultado fue que no había en la práctica un sistema si no, por lo menos diecisiete (uno por comunidad autónoma).  Esto podría no tener relevancia pero como el objetivo de la Ley era establecer un derecho común para todos, con independencia del lugar en el que viviesen, la disparidad manifiesta es la señal del fracaso.Que la cosa no iba bien se puso de manifiesto desde bien al principio.  En 2009 ya se sabía que, tal como iban las cosas en 2015 el sistema generaría un déficit acumulado de 76.000 Millones de Euros.  Así lo expuso el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Pablo Alonso González durante una intervención titulada “El futuro de la financiación de la Dependencia” en el II Congreso de la FED (Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia).  La Ministra Cabrera ya había dicho entonces que la situación económica podría afectar al desarrollo de la Ley, desde diferentes partidos se dijo que había que “repensar” el sistema pero nadie hizo nada significativo.

Que se optara por dar muchas más ayudas económicas de las previstas o que en seis años no fuesen capaz de desarrollar partes del sistema tan esenciales como el copago y la acreditación resultan cuestiones anecdóticas si se enfrentan a los números.

Y entonces llegó el PP.

No puedo ser muy crítico con las medidas que ha aplicado en nuevo gobierno ya que varias de ellas las venía yo defendiendo desde hace años.  Mi problema está más en el momento, la forma y la comunicación.

No se puede decir que se está manteniendo el derecho reconocido en la Ley de Dependencia si en la práctica se está cambiando la naturaleza del mismo imponiendo un plazo de espera de dos años para quienes pidan la prestación económica para el cuidador no profesional, quitando las compatibilidades entre servicios como el centro de día y el SAD, aplazando la cobertura de los dependientes moderados, retirando la cotización de los cuidadores familiares a la vez que se reduce la prestación, rebajando de golpe varios cientos de millones lo que se traspasa a las comunidades autónomas y proponiendo un cambio en el sistema de copago sin atreverse a publicarlo en el BOE como Real Decreto.Esto sumado a la aplicación de un nuevo sistema de valoración de la dependencia con el que resulta mucho más difícil ser considerado gran dependiente genera una situación  paradójica:El PP ha redactado a nuestras espaldas y sin intervención del parlamento una verdadera “segunda ley de dependencia”.

Es cierto que si en 2007 hubiese entrado en vigor una Ley con las características de la que ahora nos ha colado de tapadillo el PP ahora estaríamos mejor de lo que estamos.  Nadie se quejaría de que las prestaciones para el cuidador no profesional sean de 380 Euros y sin cotización a la Seguridad Social de 100, si nunca hubiesen sido de 520 y con cotización. 

Imaginemos que en 2007 nos hubiesen dicho, con algo de humildad: “Miren señores y señoras ciudadanos, ésta es la Ley que nos podemos permitir.  No es gran cosa:  con este sistema de valoración sólo los verdaderamente muy dependientes tendrán derecho a prestaciones, quien opte por cobrar dinero tendrá que esperar dos años; quien opte por servicios tendrá un copago que podrá alcanzar el 95% del coste de referencia.  A partir de ahora los grandes dependientes tendrán un derecho a recibir servicios profesionales según su necesidad y con un copago según su capacidad.  El derecho a recibir servicios será universal y quien prefiera dinero, tendrá que esperar.  Los que no sean grandes dependientes seguirán como hasta 2007, o sea, cada comunidad autónoma decidirá a quién da cobertura y con qué requisitos.  Habrá pocas compatibilidades entre servicios y aún así será mejor de lo que hemos tenido hasta 2007”.

¿Se imaginan a Zapatero o Caldera diciendo algo así?  Creo que lo podrían haber explicado y la población lo hubiese entendido.  Zapatero hubiese encontrado las palabras adecuadas, el PP no se podría haber permitido “no estar” y  a partir de un inicio sencillo podríamos haber ido creando un sistema con más cobertura y servicios.En cambio se optó por crear a bombo y platillo en Cuarto Pilar del Estado de Bienestar en el que todos los dependientes recibirían todo lo que necesitasen.  Y aquí estamos.
Como no tengo la responsabilidad de gobernar me resulta fácil reclamar audacia y valentía a los gobernantes.  Me gustaría que el actual gobierno dijese claramente que lo que ha hecho es una nueva Ley y, como tal la tramitase en el Congreso de los Diputados, convirtiendo en texto legal lo que han ido cambiando y exponiendo sus posiciones al debate parlamentario.

No sé por qué pero creo que no lo van a hacer.

sábado, 4 de enero de 2014

GRACIAS, AMADE

La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia, AMADE, me dio una buena sorpresa el día 20 de diciembre.

Unos cuantos días antes me llamaron y me preguntaron si me gustaría asistir al cocktail de Navidad, tal como había hecho en alguna otra ocasión.

No necesito que se me insista demasiado para acudir a Madrid, una ciudad en la que viví unos años muy interesantes de mi vida (entre los 13 y los 20) y con la que siento un vínculo especial, así que allí me fui.

El cocktail de Navidad de AMADE  coincide con la entrega de unos premios que la asociación otorga a entidades, empresas y profesionales.  Cuando me invitaron me hice ilusiones pensando: "mira que si me dan un premio..".  Pero éstas duraron poco ya que estaba seguro de que cuando premiaban a alguien se lo decían con antelación para que se preparase un discurso cosa que no habían hecho.   Además, nunca una asociación de residencias me había dado ningún premio.  Hasta ahora.

Así que, mi regocijo fue extremo al enterarme, allí mismo de que mis amigos de AMADE, asociación más representativa en el ámbito de la atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid, habían decidido sorprenderme con el premio a la Trayectoria Profesional destacada en el ámbito de la atención a la Dependencia.

Llevo unos cuantos años trabajando en lo que más me gusta:  Dirijo el portal Inforesidencias.com, que justo ese día había superado el millón de visitas anuales por tercer año consecutivo; la gestora de conocimiento eai consultoría y además puedo enorgullecerme de recibir invitaciones asiduas para impartir conferencias y clases, en diferentes lugares de España y Latino América.   Todo ello lo compagino con mi afición a la escritura que me permite mantener este blog.

Quien haya leído unas cuantas entradas de este blog sabrá cómo pienso.  Creo que mi interés por la gerontología y mis posicionamientos en relación a las políticas de atención a personas mayores en residencias son bastante claros y me encanta saber que en ocasiones lo que escribo levanta controversia.

Hasta hace unos días me sentía satisfecho con mi situación profesional y con la relación personal que había establecido con los profesionales y empresarios del sector geroasistencial.   El día 20 de diciembre subí un escalón en mi grado de satisfacción y por eso me gustaría agradecer sinceramente a la junta de AMADE y a los miembros del jurado que hayan pensado en mí.  Seguro que muchos otros han hecho más que yo, pero el hecho de saber que alguien propuso mi nombre y otros lo apoyaron me enorgullece mucho y me hace pensar en lo afortunado que soy.

Lo que llevo defendiendo desde hace años es muy sencillo y podría resumirse en tres puntos:

- El sector geroasistencial merece un reconocimiento por parte de todos los poderes públicos como generador de riqueza.

- Las administraciones públicas deben garantizar que los más dependientes reciban de forma universal los servicios profesionales de atención a la dependencia que precisan, participando en la financiación del servicio, estableciendo un sistema de copago equitativo y garantizando que el prestador del servicio sea aquél que lo pueda prestar de una forma más eficaz y eficiente.  Para hacerlo, debe establecer un marco claro, estable en el tiempo y que se fundamente en una relación de confianza entre administraciones e iniciativa privada.

-  La opinión y opciones de las personas mayores deben ser tenidas en cuenta y debemos caminar hacia un modelo de atención que se ajuste a los mismos.

Si por defender eso me dan un premio.  ¿Qué voy a decir?  Pues, muchas gracias.