Soy de los que cree que la crisis ha afectado a muchos aspectos de nuestra vida pero que la Ley de Dependencia, tal como estaba pensada, redactada y desarrollada no necesitaba de una crisis para caer ya que sus propios vicios la llevaban inexorablemente al fracaso.
La Ley se planificó pensado que habría un número de dependientes pero al ponerla en marcha surgieron muchos más de los previstos (en 2010 ya teníamos tantos como se habían estimado para 2015). Se pensó que dentro de los beneficiarios, más o menos el 15% serían grandes dependientes, pero resultó que los que necesitaban más atención eran el 31% del total; se pensó que los dependientes, con su copago financiarían el 33% del coste pero la cifra no superó el 14%. O sea, aparecieron más dependientes con más dependencia y más caros de atender.
Las explicaciones posibles al desaguisado podrían ser cuatro: no se habían hecho bien los cálculos, no se había redactado bien la Ley, la aplicación había sido incorrecta o una combinación de los anteriores.Que no se habían hecho bien los cálculos salta a la vista (“¿Estaba apañado el libro blanco de la dependencia?”); que la Ley no se redactó ni aplicó correctamente es igualmente evidente, si se hubiese hecho, los resultados de las valoraciones habrían sido homogéneos en las diferentes comunidades, pero resulta que no se valoró igual ni se tramitaron de forma parecida los expedientes. El resultado fue que no había en la práctica un sistema si no, por lo menos diecisiete (uno por comunidad autónoma). Esto podría no tener relevancia pero como el objetivo de la Ley era establecer un derecho común para todos, con independencia del lugar en el que viviesen, la disparidad manifiesta es la señal del fracaso.Que la cosa no iba bien se puso de manifiesto desde bien al principio. En 2009 ya se sabía que, tal como iban las cosas en 2015 el sistema generaría un déficit acumulado de 76.000 Millones de Euros. Así lo expuso el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Pablo Alonso González durante una intervención titulada “El futuro de la financiación de la Dependencia” en el II Congreso de la FED (Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia). La Ministra Cabrera ya había dicho entonces que la situación económica podría afectar al desarrollo de la Ley, desde diferentes partidos se dijo que había que “repensar” el sistema pero nadie hizo nada significativo.
Que se optara por dar muchas más ayudas económicas de las previstas o que en seis años no fuesen capaz de desarrollar partes del sistema tan esenciales como el copago y la acreditación resultan cuestiones anecdóticas si se enfrentan a los números.
Y entonces llegó el PP.
No puedo ser muy crítico con las medidas que ha aplicado en nuevo gobierno ya que varias de ellas las venía yo defendiendo desde hace años. Mi problema está más en el momento, la forma y la comunicación.
No se puede decir que se está manteniendo el derecho reconocido en la Ley de Dependencia si en la práctica se está cambiando la naturaleza del mismo imponiendo un plazo de espera de dos años para quienes pidan la prestación económica para el cuidador no profesional, quitando las compatibilidades entre servicios como el centro de día y el SAD, aplazando la cobertura de los dependientes moderados, retirando la cotización de los cuidadores familiares a la vez que se reduce la prestación, rebajando de golpe varios cientos de millones lo que se traspasa a las comunidades autónomas y proponiendo un cambio en el sistema de copago sin atreverse a publicarlo en el BOE como Real Decreto.Esto sumado a la aplicación de un nuevo sistema de valoración de la dependencia con el que resulta mucho más difícil ser considerado gran dependiente genera una situación paradójica:El PP ha redactado a nuestras espaldas y sin intervención del parlamento una verdadera “segunda ley de dependencia”.
Es cierto que si en 2007 hubiese entrado en vigor una Ley con las características de la que ahora nos ha colado de tapadillo el PP ahora estaríamos mejor de lo que estamos. Nadie se quejaría de que las prestaciones para el cuidador no profesional sean de 380 Euros y sin cotización a la Seguridad Social de 100, si nunca hubiesen sido de 520 y con cotización.
Imaginemos que en 2007 nos hubiesen dicho, con algo de humildad: “Miren señores y señoras ciudadanos, ésta es la Ley que nos podemos permitir. No es gran cosa: con este sistema de valoración sólo los verdaderamente muy dependientes tendrán derecho a prestaciones, quien opte por cobrar dinero tendrá que esperar dos años; quien opte por servicios tendrá un copago que podrá alcanzar el 95% del coste de referencia. A partir de ahora los grandes dependientes tendrán un derecho a recibir servicios profesionales según su necesidad y con un copago según su capacidad. El derecho a recibir servicios será universal y quien prefiera dinero, tendrá que esperar. Los que no sean grandes dependientes seguirán como hasta 2007, o sea, cada comunidad autónoma decidirá a quién da cobertura y con qué requisitos. Habrá pocas compatibilidades entre servicios y aún así será mejor de lo que hemos tenido hasta 2007”.
¿Se imaginan a Zapatero o Caldera diciendo algo así? Creo que lo podrían haber explicado y la población lo hubiese entendido. Zapatero hubiese encontrado las palabras adecuadas, el PP no se podría haber permitido “no estar” y a partir de un inicio sencillo podríamos haber ido creando un sistema con más cobertura y servicios.En cambio se optó por crear a bombo y platillo en Cuarto Pilar del Estado de Bienestar en el que todos los dependientes recibirían todo lo que necesitasen. Y aquí estamos.
Como no tengo la responsabilidad de gobernar me resulta fácil reclamar audacia y valentía a los gobernantes. Me gustaría que el actual gobierno dijese claramente que lo que ha hecho es una nueva Ley y, como tal la tramitase en el Congreso de los Diputados, convirtiendo en texto legal lo que han ido cambiando y exponiendo sus posiciones al debate parlamentario.
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