martes, 29 de abril de 2014

AÚN MÁS SOBRE COPAGO

El otro día escribí una reflexión sobre el copago por la que, después de releerla, tendría que pedir perdón.  Creo que no estuve nada fluido y me quedó algo bastante pesado.

Aún así, ha tenido sus efectos.

Un cliente/amigo me ha llamado desde una residencia geriátrica y me ha comentado que lo que resulta verdaderamente llamativo del copado en Cataluña es lo que está haciendo la Generalitat desde hace algún tiempo y que consiste en re-calcular la cuantía a pagar con efectos retroactivos y dejando recaer el peso de la reclamación sobre la residencia.

Me explico:

Imaginemos una persona que ingresó en la residencia de tercera edad con fecha 1 de septiembre de 2012 y a quien se le había calculado un copago de, por ejemplo, 220 Euros al mes.

Esa persona recibe el mes de marzo de 2014 una carta de la Generalitat en la que se le comunica que, de acuerdo con la Ley se ha efectuado un recálculo de la cantidad que debe aportar mensualmente  con efectos 1 de septiembre de 2012 y que esa cantidad es de 410 Euros al mes.

La residencia de mayores sabe que a partir del mes siguiente deberá cobrar del residente 410 en vez de 220 Euros pero en lo que no cae, en un primer momento es en que la diferencia entre esas cantidades (190 Euros) se debe cobrar con efectos retroactivos los 19 meses anteriores con lo que resulta que el residente debe ¡A LA RESIDENCIA!, la cantidad de 3.610 Euros.

"¿A la residencia?" Clama el propietario.  "En cualquier caso a quien le debe el dinero es a la Generalitat".  Pues no.  Por algún motivo que resulta difícil de entender, la Generalitat entiende que esa cantidad debe pagársela el residente a la residencia por lo que la restará de las cantidades que la residencia reciba de la administración.

Esto lleva ya meses pasando y en algunos casos puede alcanzar cifras de 9.000 Euros.

Sabiendo que es así he intentado averiguar algunas cosas y he encontrado lo siguiente:

- Casi siempre se trata de personas que tenían ingresos que no se han tenido en cuenta cuando se calculó el copago.  Eso puede ser así porque quizás no los puso en conocimiento el ciudadano o porque, a pesar de que la administración los conocía, no los tuvo en cuenta en un primer momento.  O sea, el problema puede haber sido causado por el ciudadano o por la administración pero no por la residencia.

- En algunos casos se ha producido un cambio en la situación de la persona posterior al cálculo del copago, o sea, de nuevo algo que la residencia no controla.

He hablado con varios centros y la mayoría me comentan que, hablando con residentes y familiares han establecido un plan de pagos pero que el proceso suele ser tenso y desagradable.

Todavía no he encontrado ningún caso en el que la persona muera al poco de recibir la carta, y verdaderamente no sé qué pasará en esos supuestos. ¿Se quedará la residencia sin cobrar y con la obligación de demandar a los descendientes?

Resulta llamativo que la Generalitat actúe de esa forma aunque, si lo vemos desde una perspectiva jurídica, no está haciéndolo mal.

Si la residencia es colaboradora resulta que quien recibe el dinero de la administración es en teoría el residente (aunque de verdad se ingrese directamente a la residencia).  Por ese motivo las residencias colaboradoras sólo hacen una factura por la totalidad de la estancia al residente y no al ICASS.

Cuando ICASS paga a las residencias colaboradoras de verdad está pagando a los residentes que a su vez pagan a los centros.  Eso es ficticio pero como legalmente es así, cuando la Generalitat recalcula el copago y considera que ha pagado de más, lo que hace es dejar de pagar al residente, lo que realmente supone que quien no cobra es la residencia.  ¿Complicado?  Sí lo es.

Sinceramente creo que la Generalitat debería implicarse más en el tema ya que la sensación que tienen las residencias es que les deja desprotegidas ante un problema que no han generado ellas.

Me gustaría que alguien me explicase si ha vivido una situación como ésta.


jueves, 24 de abril de 2014

CUESTIONES DE COPAGO

Una frase que la Ley de Dependencia ha mantenido inalterada desde su entrada en vigor está en el artículo 33 y dice "Para fijar la participación del beneficiario, se tendrá en cuenta la distinción entre servicios asistenciales y de manutención y hoteleros."

A pesar de haber estado allí siempre, parece que nadie se dio por aludido y todavía hoy, las comunidades autónomas establecen sistemas de copago, siguiendo en parte los criterios estatales en los que no aparece ninguna distinción entre la atención a la dependencia y la hotelera que ofrece una residencia.

Yo creo que las cosas deberían ser diferentes y me baso en una simple pregunta:

¿Qué cubre la Ley de Dependencia?

Si nos hacemos esta simple pregunta, en seguida nos aparece en la mente una simple respuesta: cubre las atenciones que necesita una persona dependiente para realizar las actividades de la vida diaria.  O sea, si alguien necesita de otro para poder levantarse, vestirse, comer, etc...  La Ley le ofrecería una prestación que le permitiría obtener ese apoyo.

Como la Ley (artículo 3 i) tiene por principio La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.  Deberíamos pensar que, "siempre que sea posible" la persona dependiente recibe el apoyo en su casa en forma, añado yo, de teleasistencia, ayuda a domicilio y estancia en centros de día.  Lo lógico será pues que el sistema de la dependencia le pague una parte de lo que cueste la atención que reciba y que el propio dependiente, de acuerdo con su capacidad económica, realice una aportación para cubrir el resto del coste.

¿Sería lógico que el sistema público de atención a la dependencia le pagase al dependiente que permanece en su casa la factura del agua y de la luz? ¿O que incluido en el servicio le llevase cada día la comida y le lavase la ropa?   Quizás lo sería, pero no aquí.   Casi todos entendemos que lo que cubre la ayuda a domicilio es eso: "ayuda a domicilio".

Pero, ¿que sucede cuando a una persona dependiente le corresponde un servicio de residencia?  En ese caso se determina un precio público de referencia que incluye todo:  lo hotelero y lo asistencial; y entonces se calcula el "copago" (lo que le corresponde pagar al dependiente) teniendo en cuenta dos aspectos: su capacidad económica y que, como máximo pague el 90% del precio de referencia.

Últimamente está surgiendo mucha polémica en diferentes comunidades debido a que las administraciones han cambiado los elementos de cálculo de forma que ahora toca "copagar" más.

Aprovechando que ahora se cambian cosas y que en la Ley aparece claramente eso de la distinción entre costes del servicio y hoteleros ¿No sería más ajustado a la Ley que cada residencia de las que ofrece plazas concertadas o de Prestación Economómica Vinculada (PEV) tuviera dos precios?  Entiendo que uno sería el hotelero y podría ser diferente según la persona eligiese habitación individual o doble, con baño propio o compartido.  También podría ser diferente según la persona eligiese poder optar entre diferentes menús o entre un abanico más amplio de actividades lúdicas.  Creo que, para que hubiera una mayor trasparencia lo mejor sería que existiese un precio hotelero básico que incluyese la habitación compartida con baño compartido más el mantenimiento (lavado de ropa, cama, limpieza) y manutención, y, por encima del mismo, cada residencia estableciese los servicios adicionales que considerase adecuados.

Creo que quien tenga capacidad económica debería cubrir íntegramente el coste de su atención hotelera al igual que haría si estuviese en casa.  Si la persona no alcanza a cubrir el precio hotelero básico, este podría financiarse, no con dinero de la dependencia sino con algún fondo de inserción social.  De esa forma sabríamos claramente qué se gasta en dependencia y qué en ayudar a pagar el alquiler a personas sin recursos.

Creo que el precio del servicio asistencial debiera ser único ya que la atención a la dependencia que cubre la Ley debiera ser común a todos los beneficiarios.  Este servicio sí debería ser sometido a un copago y no vería descabellado que, a partir de determinado nivel de renta el beneficiario tuviese que copagar el 100% del precio de referencia.

Eso del "copago del 100%" me genera algún problema cuando lo explico en público ya que normalmente no me dejan acabar.

Creo que con un ejemplo puede quedar claro.    Si una persona mayor con gran dependencia que tiene una renta anual de 150.000 Euros quiere buscarse una residencia privada, él/ella o sus familiares, tendrán que pagar en 100% del precio privado de ese centro.  Elegirá una más o menos cara según sus preferencias y al hacerlo,  estará renunciando a recibir algo a lo que tiene derecho.  Esto es así porque la Ley de Dependencia reconoce un derecho universal, o sea que, por mucho dinero que ingrese esta persona, tiene derecho a recibir servicios de la Ley asumiendo el copago que le corresponda (en Cataluña el máximo que se puede co-pagar en una residencia pública o concertadas es de 1.201,85 Euros al mes según la Cartera de Serveis (punto 1.2.3.3.2.3 ).   Yo abogo por modificar el límite del copago para personas con una alta capacidad adquisitiva de forma que puedan pagar el total del precio de referncia (en Cataluña es actualmente de 1.869 Euros/mes +IVA para alta dependencia).

En el futuro que quiero imaginar una persona con mucha capacidad adquisitiva podría elegir entre comprarse por sí mismo el servicio o pedir plaza pública pagando la totalidad del coste de la misma.

Por supuesto que lo más bonito es prestar servicios con el menor copago posible, el problema es que hemos visto que no funciona.

Con esto en mente, todos los ciudadanos sabríamos que, sea cual sea nuestra situación económica, si nos convertimos en grandes dependientes, los poderes públicos nos garantizan una residencia con unos servicios hoteleros básicos y una atención adecuada a nuestro nivel de dependencia y, cada uno, según su capacidad y voluntad, decidiría si gasta más en unos servicios hoteleros mejores.

Es sólo una idea.

domingo, 6 de abril de 2014

DÓNDE ESTÁBAMOS, DÓNDE ESTAMOS

Hace unos meses mis amigos de la Unió Catalana d’Hospitals (UCH) me invitaron a participar en unas jornadas sobre cronicidad que han acabado siendo uno de los actos en los que más he disfrutado en mucho tiempo.

Mi participación en unas jornadas que tenían que durar una mañana se reducía en principio a diez minutos en los que tenía que explicar, desde la perspectiva de la atención a personas mayores dependientes, cómo habían cambiado las cosas en los últimos tiempos (un lapso indefinido que acabamos concretando en diez años).  En otras palabras, dónde estábamos en 2004 y ahora (en 2014).

Más abajo resumiré un poco mi intervención.  De momento quiero felicitar a los organizadores por pensar en un acto que me pareció muy lleno de sentido.

Primero, un escritor que ha vivido en primera persona la experiencia de tener un hijo con una discapacidad impartió una charla en la que, la intensidad emotiva nos hacía oscilar entre la carcajada y casi la lágrima.  Sólo quien ha vivido en carne propia lo que es perder un hijo puede hacerte sonreír explicando alguna parte de su tránsito.

Después un panel de seis miembros conducidos por un periodista en el que había representados, también en primera persona, diferentes campos de la “cronicidad”.  Desde los padres de un niño de dos años recientemente diagnosticado de una enfermedad degenerativa a un joven que convive con una enfermedad mental crónica, pasando por una enfermera gestora de casos y dos personas más que sufrían afecciones crónicas que afectaban su día a día.  Allí la cuestión era saber qué pedían quienes sufren enfermedades crónicas a las administraciones.

Me quedé muy sorprendido ya que yo habría pensado que lo que pedirían sería más dinero para la sanidad o más hospitales o más cosas materiales y lo que más pidieron en primer lugar fue algo que podría salir casi gratis:  más coordinación entre los diferentes entes administrativos sociales y sanitarios que les atienden.

Una petición sorprendentemente sencilla:  si me tienen que visitar un cardiólogo y un neumólogo, ¿no podría haber alguien que se asegurase que puedo tener las dos visitas con pocas horas de distancia para que no tenga que ir dos veces al hospital? ¿No podrían todos los profesionales tanto de atención primaria sanitaria como de los hospitales tener acceso a toda la información? ¿No podrían los servicios sociales y sanitarios compartir alguna información de forma que las gestiones fueran más fáciles?. 

Hubo otras peticiones pero las de este tipo fueron las que más se repitieron.

Después estaba la mesa en la que yo participaba que fue seguida por otra con formato original:  una especie de cara a cara entre políticos del ámbito social, sanitario y sociosanitario, por un lado y directivos de empresas prestadoras de servicios de las que son contratadas por la administración.

Los mensajes en esa mesa no los encontré tan originales.  Pero, aún así fue reconfortante saber que “esta vez sí” se han puesto a trabajar en serio para conseguir una verdadera coordinación sociosanitaria que ya no se va a llamar “coordinación sociosanitaria” sino de otra forma mucho mejor cuyo nombre no he conseguido mantener en la memoria.

De la mesa en la que participé podría decir de una forma muy resumida que los tres participantes (que finalmente dispusimos de siete intensos minutos para exponer nuestra perspectiva), vinimos a decir que, comparados con hace diez años estamos mejor pero comparados con hace tres, peor.  Que cada vez las personas ingresan con un estado más precario en las residencias y que, cada vez más los usuarios de este tipo de servicios son personas con varias patologías y con un amplio consumo de medicamentos.

Mi ponencia la describiré en el siguiente post del blog.

En el capítulo de anécdotas.  Uno de los políticos, quizás imbuido en el  afán de hacernos llegar un mensaje positivo nos dijo que estaban trabajando mucho y que estaban “obsesionados con las personas”.   El joven, usuario de los servicios de salud mental, pidió la palabra para espetar al político, “vaya con cuidado con lo de estar obsesionado con las personas no le vaya a caer un diagnóstico”.


A los organizadores, mi agradecimiento por haberme permitido participar.  A los otros participantes (incluyo expresamente a los políticos para que no haya duda), mi enhorabuena por el nivel de las intervenciones y, a los asistentes.  Un saludo.

miércoles, 2 de abril de 2014

POR QUÉ TODOS LOS PARTIDOS CATALANES DEBERÍAN APOYAR LA ILP DE LA DEPENDENCIA

Hace algunos meses, una asociación que agrupa a directores de residencia en Cataluña (ASCAD) decidió poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular que, de llegar a buen puerto, supondría modificar la Ley de forma que se garantizase el pago de los servicios que reciben los grandes dependientes.

A priori parece una tontería, ¿no están acaso garantizados todos los pagos que debe realizar la administración por servicios que contrata?.  Si bajamos a la realidad vemos que no lo es en absoluto.

En Cataluña, las entidades y empresas que gestionan residencias que ofrecen plazas a la administración, en forma de gestión, colaboración o concierto.  Han visto en los últimos años como el cobrar o no por los servicios prestados depende de las prioridades que en cada momento tenga el gobierno de la Generalitat.  Así, cabe la posibilidad de que un mes sencillamente “no se pague” y las residencias tengan que esperar hasta catorce meses para cobrar un servicio prestado.

Por otro lado, en el caso de las plazas conocidas como “de colaboración”, sucede algo peculiar:  el usuario ingresa en la residencia con un papel de la Generalitat pero sin tener todavía regularizada su situación (o sea, sin tener todavía un Plan Individual de Atención – PIA).  La residencia empieza a cobrar  del residente una parte del precio de la estancia (de media alrededor del 25% del coste total) y la administración, en algunos casos no paga nada hasta meses después o paga una cantidad mensual a cuenta (adelantos o “vestretes”).

Las residencias quedan totalmente en manos de la Generalitat ya que ésta puede pagar o no, atrasarse más o menos y, si además tiene la opción de avisar o no.

Sería injusto no decir que últimamente los pagos están mejorando pero, aún así, es la sensación de inseguridad la que más preocupa a los propietarios de las residencias (empresarios o entidades), ya que, como el 60% o un poco más, de su cuenta de resultados corresponde a gastos de personal, un atraso en el pago puede suponer no poder pagar las nóminas o ingresar el dinero correspondiente a seguros sociales y retenciones del IRPF.

Por supuesto que las residencias sufren “voluntariamente” ya que nadie las obliga a acoger a usuarios financiados por la administración.  Lo que pasa es que, en la situación actual, renunciar a intentar acoger plazas concertadas o de colaboración resulta aún peor (especialmente cuando las Prestaciones Económicas Vinculadas llevan paradas desde Agosto).

Total, que en este contexto, un grupo de directores de residencia plantean una ILP que, de prosperar supondría que las facturas de las residencias tendrían una especia de “prioridad en el pago” de forma que, después de pagar sus propias nóminas y alguna cosa más, las primeras en la cola de pago serían ellas.

El gobierno de la Generalitat se ha resistido durante todo el proceso a que la iniciativa prospere ya que de alguna forma se vería con menos capacidad de maniobra a la hora de ejecutar el presupuesto.  Hoy, si no tiene dinero puede preguntarse “¿a quién no pago este mes?”, y allí, delante suyo tiene unas cifras correspondientes a lo que debe a las farmacias, a las residencias o a los colegios concertados, entre otros.

Pero, a pesar de la resistencia del Govern, la ILP comenzó su andadura, se recogieron más de 50.000 firmas y ahora tiene que tramitar en el Parlament.

Por supuesto que 50.000 personas no pueden aprobar una Ley.  La ILP lo que obliga es a discutir la proposición en el Parlament, pero, una vez dentro, los parlamentarios pueden aprobarla, no hacerlo o modificarla.

Durante los próximos días veremos si los grupos políticos deciden apoyarla o presentar enmiendas que podrían desvirtuarla del todo.

Por eso creo que es el momento de preguntarse:  Sabemos que si la ILP prosperase las cosas serían diferentes, pero, ¿sería peores?

Si nos creemos que las personas que están ocupando una plaza pública, de colaboración o concierto en una residencia, son beneficiarias de un derecho subjetivo que le reconoce la Ley de Dependencia, y entendemos que el hecho de dejar de pagar o atrasarse significativamente en los pagos pone en riesgo ese derecho.  Entonces sólo podemos estar de acuerdo con que la iniciativa es buena y debería ser aprobada.

Además resulta que, como mínimo una parte de lo que se debe a las residencias viene de la a administración del Estado en aplicación del sistema de financiación de la dependencia, por lo que, como mínimo esa parte sólo debería ser gastada en atender a los dependientes.  Es cierto que esa parte es pequeña en relación al total pero aún así, existe.

Si, como parece, las cosas a partir de ahora no han de ir peor sino mejorando lentamente, es posible que las tensiones de tesorería  acuciantes de los últimos dos años no se repitan de forma que, aprobada la ILP no supondría menoscabo para la discrecionalidad de la Generalitat, como mínimo de momento.  Así las cosas, el gobierno podría colgarse la medalla de apoyar, en un momento en el que reclama que la sociedad se manifieste sobre su proyecto estrella (el proceso soberanista), una iniciativa salida directamente de la sociedad civil.

Si el gobierno y la coalición que le apoya (CiU) sencillamente consiguen apoyos (posiblemente ERC) para tumbar la propuesta.  Habrán realizado una maniobra perfectamente democrática y ostensiblemente antipopular.  Además, una opción que puede tener repercusiones imprevisibles.

La Asociación de directores ASCAD era desconocida para casi todo el mundo hasta que hace dos años, coincidiendo con un impago del ICASS, presentaron una denuncia ante la Fiscalía indicando que se podría estar cometiendo un delito contra los residentes.   El revuelo mediático  fue impresionante y cuando al cabo de un tiempo el entonces conseller fue cesado, a muchos les fue imposible no ver la relación entre ambos hechos.

Ahora nos podemos encontrar ante otra situación similar.

Aprobar la ILP no tendrá un coste demasiado elevado para la Generalitat, dará la imagen de una administración que escucha a la sociedad y se preocupa por los débiles y la situará en la cabeza de las administraciones autonómicas en lo que a apoyo a las personas dependientes se refiere.

En un momento en el que la administración catalana anuncia que piensa tramitar una  Ley Catalana de Autonomía Personal (o sea una Ley Catalana de Dependencia), la ILP le ofrece la posibilidad de crear un pedestal diferenciado del sistema estatal, o sea, un elemento que dé a la Ley un verdadero carácter de “derecho garantizado”.


Sinceramente veo muchos motivos para que Convergència i Unió apoyen  la ILP.  ¿Por qué entonces oigo una vocecita que me dice que no lo harán?