domingo, 22 de febrero de 2015

NECESITAMOS DINERO PARA RESIDENCIAS. ¿VOLVER AL COPAGO DE LOS HIJOS?

Esto de llevar años tratando y escribiendo sobre los mismos temas me lleva a que, a veces lea algo que escribí hace un tiempo y, ni me acuerde de que lo escribí yo.
Pronto se cumplirán diez años desde el momento en que en Cataluña la Generalitat decidió que los hijos con recursos ya no tendrían que asumir una parte del precio de la residencia pública, concertada o colaboradora en la que vivían sus padres mayores.  Lo cierto es que ese sistema hacía que algunos hijos pagasen cantidades, casi siempre muy reducidas.  Esta medida que afectaba a las residencias de Cataluña, también se aplicaba en otra.
A mí me pareció que lo que proponían no era correcto y así lo escribí en un a noticia que publiqué en el portal Inforesidencias.com (ver noticia de 2005).
Pasados diez años me sigue pareciendo que la decisión que se tomó entonces fue equivocada y que, con la tensión económica que sigue existiendo, renunciar a unos ingresos que podrían ayudar a sobrellevar la situación, es poco menos que un derroche.
Por supuesto que no hablo de que pague un hijo que tiene pocos recursos y obligaciones familiares más acuciantes.  Pero en vez de volverlo a escribir, me permito sacar del baúl de los recuerdos esto que escribí en 2005 y que considero sigue siendo de plena actualidad.  Me gustaría leer opiniones.

Quizás la coparticipación de los hijos en el pago de la residencia ha funcinoado mal en Cataluña pero no porque la idea sea mala sino por los siguientes motivos:
Una ineficaz colaboración entre administraciones hace que un hijo pueda negarse a aportar sus datos fiscales a la administración y que la Generalitat pueda comprobar la veracidad de los datos aportados. Esto genera casos en los que la injusticia es manifiesta (hijos que no pagan nada porque no aportaron sus datos en el expediente). Esto podría solucionarse con la incorporación en una norma con rango de Ley de una obligación de los hijos a participar en el mantenimiento de los padres cuando estos reciben servicios sociales públicos (obligación recíproca fundamentada en el Derecho/obligación de alimentos entre parientes que perdería su carácter personalísimo). Esto podría comportar una reforma del Código Civil y una inclusión específica en la Ley de Dependencia. Una vez hecho, la posibilidad de cruzar datos de la Agencia Tributaria para el cálculuo de los pagos sería mucho más fácil. 
Una infecicaz gestión administrativa hace que los hijos que tienen la obligación de pagar y no lo hacen no tengan consecuencia alguna. En Cataluña hoy, cuando una residencia privada colaboradora tiene un usuario acogido al programa de acogimimento público (algo parecido al cheque residencia) y el familiar se niega a pagar la parte que le corresponde según lo establecido por la Generalitat, la residencia se ve totalmente desprotegida y abocada a intentar que la Generalitat recalcule las aportaciones. Esto podría solucionarse si el sistema se cambiase y el hijo y el propio residente no tuviesen que pagar a la residencia directamente sino a la Administración. Desde el momento en que la deuda se tuviese con la administración, el sistema de cobro sería mucho más eficaz. Para que este sistema fuese totalmente eficaz las administraciones deberían pagar a los prestadores de servicios en un plazo máximo de treinta días.
En algunos casos, el hecho de hacer pagar a los hijos por los servicios recibidos por sus padres ha resultado ser poco equitativo o incluso totalmente injusto. La culpa en esos casos no es del sistema sino de los baremos que se utilice para calcular la aportación. Si se llegase a hacer las modificaciones legales a que hacíamos referencia, el gobierno de turno podría después ir modificando los baremos de forma que se hiciese pagar a más o menos personas. Ramon Nicolau nos dice que la estructura de la familia ha cambiado y los hijos ya no pueden asumir el pago de los servicios que reciben los padres, eso es cierto solo en parte: Si se universaliza el derecho a recibir la prestación querrá decir que todo el mundo que tenga necesidad podrá recibir el servicio independientemente de su capacidad económica, esto quiere decir que los que tengan nula capacidad económica lo recibirán sin pagar nada, y los que tengan mucha capacidad económica lo recibirán pagando lo que cuesta el servicio. Entre un extemo y otro habrá copago. En este sistema universal que incluye a todos nos encontraremos con una amplia posibilidad de combinaciones (padre "rico" con hijos "pobres"; padre "pobre" con un hijo "rico" y uno "pobre", padre "ni rico ni pobre" con hijos "ni ricos ni pobres". etc.. etc..). ¿Por qué renunciar a que hijos con ingresos elevados y pocas obligaciones participen en el pago del servicio que recibe su madre?
Quizá sí haya un motivo para renunciar a este sistema, pero de él no se ha hablado. ¿Cuál sería su nivel de eficiencia? Para saberlo se debería hacer un cálculo de lo que podría aportar al Sistema y del coste que tendría su puesta en funcionamiento y mantenimiento. Si los ingresos a obtener no son muy superiores al coste debería dejarse de lado ya que cuando hablamos del coste de la Dependencia deberíamos intentar que la mayor cantidad e euros posibles vaya al cuidado y la mínima a los despachos de los ministerios y las consejerías.

Como, aunque la pauta general del copago la tiene que establecer el Estado,  son las comunidades autónomas las que tienen que hacer la regulación.  Por ello es muy posible que acabemos en una situación en que, quien viva en una residencia geriátrica en Madrid pueda tener obligación familiar de copago y quien esté en otra, pongamos en Castilla la Mancha, no o viceversa.

Otro de los regalos escondidos de la Ley de Dependencia.

domingo, 8 de febrero de 2015

LA ILP DE LA DEPENDENCIA EN CATALUÑA SIGUE ADELANTE

Durante la semana pasada asistí a un pleno del Parlamento de Cataluña en el que se debatía si la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que persigue garantizar los pagos por parte de la Generalitat de los servicios que reciben los grandes dependientes, merecía ser tramitada como proposición de Ley.

La cuestión se remonta a 2012 cuando la asociación de directores de residencias ASCAD puso en marcha el proceso de montar una ILP, consiguió recoger 55.000 firmas y llevarlas al Parlament.  Según la Ley, si consigues 50.000 firmas puedes obligar a los Diputados a tratar un tema, o sea a tramitar un proyecto que han redactado los promotores.

Esto está muy bien si, como ASCAD, consigues las firmas, pero deja abierta la puerta a los grupos parlamentarios a presentar una “enmienda a la totalidad”, votarla y, si ganan la votación, dejarte con tu propuesta y tus 50.000 firmas pero sin qué esta se llegue a discutir.

Y eso precisamente es lo que pasó en el Parlament esta semana.

Andrés Rueda, presidente de ASCAD tuvo la oportunidad de presentar la iniciativa y pidió a los grupos que admitiesen su trámite parlamentario.  Viendo a Andrés desde la tribuna de invitados no pude evitar recordar las veces que hemos hablado de este proceso.  En casi todas ellas yo le decía que el govern no dejaría que éste prosperase y la respuesta siempre fue de un convencimiento quasi religioso.  Al fin y al cabo, como él y los otros “ascadianos” suelen repetir, “no pedimos más dinero sino únicamente cobrar en tiempo por los servicios que prestamos”.

Yo me imaginaba que desde CiU habría una respuesta que intentaría ser comprensiva, cómplice aunque negativa, algo así como “Les entendemos perfectamente, sabemos que han sufrido a causa de los atrasos en los pagos, les reconocemos que hayan seguido prestando un servicio de calidad y se lo agradecemos.  Pero, entiéndanos ustedes a nosotros.  Vivimos una situación de tesorería muy tensa y en ocasiones debemos administrar escasez lo que nos obliga a desvestir un santo para vestir otro.  No podemos aceptar esta propuesta porque limita la capacidad de gestión del govern en un momento difícil pero sepan que les apoyamos y estamos con ustedes”.

La verdadera respuesta de CiU vino de una diputada que adoptó una innecesaria pose de rigidez y distanciamiento y que en poco tiempo se opuso rotundamente diciendo que había que saber “quién había detrás” e la ILP y que su partido “no iba a engañar” (esto lo repitió muchas veces).  O sea, dicho de otra manera, dio a entender que estábamos ante un grupo de empresarios que querían cobrar de forma privilegiada y que el aceptarlo supondría de alguna forma un engaño.

La respuesta del propio Rueda y de todos los demás grupos parlamentarios fue que aceptaban que se tramitase la ILP, o sea, se oponían a la pretensión de CiU.

La diputada que había escenificado el rechazo tuvo respuesta a su pregunta:  detrás de la ILP no hay empresas que quieran cobrar antes sino 55.000 ciudadanos con nombre y apellidos y una asociación profesional como entidad promotora.

Los argumentos de los partidos fueron diferentes.  Algunos a favor de la ILP, otros de acuerdo con que se discuta aunque con ganas de modificar el texto.  Todos, con muchas ganas de lanzar reproches al partido mayoritario o entre ellos.

Como hay tantos partidos y todos tenían que hablar…  Y como además, muchos querían hablar de otras cosas más que de la ILP, el acto se hizo en momentos un poco tedioso.  Todos se acusaron entre ellos de querer engañar, de estar engañando o de haber engañado con lo que al final me costaba seguir los múltiples hilos de engaño planteados.  Por destacar dos cosas anecdóticas, la diputada de la CUP dijo que ella lo que defendía era las residencias púbicas (o sea, algo de lo que no se estaba hablando) y Marina Geli, desde el purgatorio parlamentario, tuvo un minuto para decir que también defendía que la iniciativa se discutiese.

El salón de plenos permaneció a medio ocupar hasta que llamaron a la votación.  Entonces llegaron todos:  allí estaba el President de la Generalitat y todas las caras conocidas.

Al final, todos a favor de que se tramite la ILP menos CiU, que viendo la votación perdida decidió empecinarse en quedarse solos.

O sea, que la ILP sigue adelante y con un poco de suerte podrá ser tramitada antes de que acabe esta legislatura después del verano.

Parece que nos acercamos hacia algo que puede ser histórico. 

El haber llegado hasta aquí ya puede ser considerado un gran éxito del que ASCAD es el máximo responsable.  Lo que pase cuando finalmente se tramite el texto como una proposición de Ley…


Eso dará para escribir otra entrada en el blog.

Para centrar el tema:
En Catalunya unos 145.618 dependientes reciben ayudas que les permiten recibir atención, por ejemplo en residencias geriátricas catalanas, centros de día o servicios de ayuda a domicilio.

UNA HISTORIA LEJANA. LA MAYOR CADENA DE RESIDENCIAS INGLESA ATRAVIESA PROBLEMAS

En España un grupo de residencias para mayores que tenga más de 40 centros se considera un gran grupo.  De hecho, dejando a un lado a las órdenes religiosas, el número de empresas de ese tamaño pueden caber en los dedos de una mano.

Las cosas son diferentes en el Reino Unido donde un grupo, Four Seasons,  gestiona 450 residencias y 60 hospitales, siendo allí el más grande.

Pero el tamaño no le ha evitado tener problemas económicos serios.

Four Seasons ha cambiado de manos dos veces en pocos años.  En  2009 RBS, el Royal Bank of Scotland, se hizo con el control de la empresa para venderla en 2012 a un fondo de capital (Terra Firma) por 1.100 millones de Euros.

Según The Economist, Terra Firma compró la empresa en parte con dinero del propio fondo y con préstamos de unos 600 millones.  Una vez se hizo con la empresa, el fondo pudo devolver su crédito gracias a nuevos préstamos que, esta vez obtuvo Four Seasons.  Así, la cadena de residencias quedó super endeudada.

Ahora las cosas no pintan demasiado bien para la cadena de residencias Four Seasons.  En los últimos tiempos se le han incrementado los gastos más de lo que tenía previsto mientras que los ingresos que reciben de las administraciones locales han sido inferiores a lo que se había planificado.

El resultado es que el fondo que se hizo con las residencias hace tres años puede perder dinero.  De momento, el 21 de Enero de 2015 la agencia de calificaciones Moody's ha bajado la calificación de Four Seasons y la ha puesto en una previsión negativa, por lo que se pueden acercar tiempos difíciles.

Nadie cree que las 450 residencias vayan a cerrar por lo que los 20.000 residentes y 30.000 empleados (datos de la web de la empresa), de momento continuarán recibiendo servicio y trabajando.  De hecho, quizás sin la carga de deuda que se puso sobre sus espaldas la situación sería muy diferentes.  En este enlace de la web de la empresa se pueden ver algunos datos referidos a 2014.

Aunque la situación en el Reino Unido es muy diferente a la de España, siempre se puede aprender de lo que pasa en otros lugares.