jueves, 29 de octubre de 2015

¿Ha llegado el momento de vender la residencia?

 Recientemente el propietario de una residencia de mayores, cliente y amigo, me hizo la pregunta que da título a este post: “¿Ha llegado el momento de vender la residencia?”.  Me encantaría poder responder con un “sí” o un “no”,  pero soy incapaz.  En vez de eso planteo una reflexión en la que creo se puede encontrar algo parecido a una respuesta.

Creo que para empezar hay que tener en cuenta que el sector empresarial de las residencias de personas mayores es algo relativamente reciente.

Si comparamos las residencias que había en España en 1990 y las que hay en la actualidad vemos que la cifra se ha multiplicado por entre cuatro y cinco.  Si analizamos el perfil de lo que había hace veinticinco años y lo que hay ahora nos encontramos con que se ha pasado de un sector de “residencias de monjas” y  de “pensionistas de la Seguridad Social”, con pocas residencias privadas, a otro mucho más variado en el que conviven algunos centros públicos (con diferentes modalidades de gestión)  con muchísimas residencias privadas (con y sin ánimo de lucro), desde las de formato familiar hasta las cadenas  pertenecientes a grupos multinacionales pasando por amplio abanico de variaciones.

El sector se ha sofisticado y complicado mucho durante este cuarto de siglo.  La separación entre lo público y lo privado se ha difuminado tanto que hoy muchas residencias públicas están gestionadas por empresas y muchísimas residencias privadas tienen como primer cliente a una comunidad autónoma que les concierta plazas o se las financia a través de algún tipo de prestación.

La demanda puramente privada ha variado también a medida que el “residente social” se ha ido transformando cada vez más en “residente sociosanitario”; este factor junto con el aumento del número de residencias, la crisis económica y la subida en los costes, ha segmentado la demanda haciendo más difícil cubrir las plazas ahora que hace unos años y obligando a muchos centros a vivir lejos de la plena ocupación a la que venían acostumbrados.

A todo esto, el sector está viviendo un momento peculiar y con un marcado elemento gerontológico:  muchas de las personas que fueron emprendedoras durante los últimos años y decidieron invertir en el proceloso mundo de las residencias están  alcanzando ellos mismos la edad de jubilación y se plantean qué hacer ahora.
  
Cada vez es más común, encontrar a una “segunda generación”, a la cabeza,  o acompañando en la gerencia de residencias que montaron sus padres.  Hijos de los promotores, que en muchos casos han orientado su carrera profesional hacia lo geroasistencial y aportan el dinamismo y adaptación al cambio necesario en estos momentos.   

Pero tampoco resulta extraño encontrar al empresario que no descarta la salida. En algunos casos, el negocio está ahora algo mejor que el año pasado pero bastante peor que hace cinco y el empresario no se siente con fuerza de tirar adelante.  En otros, la residencia se ha convertido en inviable si no se acometen reformas importantes por lo que sigue adelante aunque sin una perspectiva clara de qué pasará (“Me sale más caro cerrar que seguir”), y, aún en otros, la residencia funciona razonablemente bien y los propietarios desean obtener un rendimiento con la venta o traspaso acorde con los rendimientos que produce.

Lo interesante del momento actual es que, después de un paréntesis de cierta atonía, coincide el aumento de número de propietarios de residencias que se plantean la venta o traspaso de su negocio, con el de personas y grupos que están buscando invertir en el sector.  Aunque hablo de empresarios como si estos fuesen siempre personas físicas, lo mismo se aplica a empresas de otros sectores que invirtieron en el geroasistencial.

Por supuesto que invertir en una residencia hoy por hoy supone asumir importante riesgo.  Pero también lo es que en los próximos años vamos a vivir un incremento considerable en el número de personas mayores y que, si finalmente la salida de la crisis se convierte en una realidad palpable y las normas de colaboración con la administración se consolidan, la demanda de plazas crecerá.  Así las cosas, si se selecciona bien, estamos en un buen momento para entrar.

En definitiva,  estamos en un buen momento para que todos los propietarios de residencias, grandes y pequeños; “solidarios” y mercantiles, hagan un pequeño examen de conciencia empresarial y se imaginen cómo van a estar dentro de cinco años.

Como a pesar el aumento de costes, los precios de las plazas se resisten a subir, estos van a seguir siendo años de racionalizar costes e intentar hacer “más con menos”.  Como la demanda parece seguir encaminándose hacia un tipo de residente con necesidades mucho más sanitarias, el modelo y la orientación de la atención deberá caminar en ese camino pero sin dejar de lado las preferencias y deseos del usuario (por la tendencia hacia modelos de atención centrados en la persona) lo que va a requerir un esfuerzo de cambio y adaptación constante.  Ese mismo cambio va a obligar a dedicar más tiempo a la captación de clientes privados y públicos lo que supone aumentar el esfuerzo dedicado a la comercialización y a intentar captar residentes con financiación pública.

Todo esto sumado al día a día de la residencia que ya es de por sí complicado.

Si es momento o no de vender la residencia depende, así, en primer lugar de cómo está la propia residencia (situación económica, adaptación a normativas actuales y nuevas, posibilidad de tener plazas públicas, aspectos jurídicos y expectativas de ocupación privada); de cómo está la propiedad (estado de ánimo para seguir adelante) y de las expectativas que se tengan de la venta.


De lo que estoy seguro es de que en los próximos tiempos vamos a ver que muchas residencias se hacen el planteamiento y llegan a una respuesta afirmativa y que, en la situación actual, van a encontrar con quién llegar a un acuerdo.

miércoles, 14 de octubre de 2015

Residencias en Cataluña: Por qué mejoran las cosas para las concertadas y no para las colaboradoras

Hace ocho años en Inforesidencias.com hicimos una serie de seminarios con la intención de intentar orientar a las residencias en un momento peculiar en el que la Ley de Dependencia llevaba muy poco en funcionamiento y la nueva Llei de Serveis Socials de Catalunya estaba a punto de entrar en vigor.

Era el último año en que la Generalitat publicó una convocatoria para que una residencia fuera centro colaborador y nosotros recomendamos a quienes vinieron a los seminarios que, todo aquél que pudiese, haría bien pidiendo "la colaboración" y ofreciendo algunas plazas a la administración.

Sabíamos que la situación más adelante sería peculiar ya que ni la Ley de Dependencia ni la nueva Ley Catalana preveían que existiese el sistema de "colaboración" sino que se centraban en el concierto de plazas.  Nosotros pensamos entonces que valía la pena intentar ser centro colaborador para tener más posibilidades después de convertirse en centro concertado que es lo que acabaría imponiéndose.

Pocos años después, cuando la Generalitat convocó la contratación de 4.000 plazas concertadas, recomendamos a quien nos quiso escuchar que era bueno entrar en el concierto.

Han pasado los años y hoy siguen existiendo plazas de colaboración y de concierto (muchas más de las primeras que de las segundas) y, a medida que la Generalitat ha ido concertando plazas, entre las residencias colaboradoras se ha ido generando una sensación de expectativa y preocupación.

Recientemente la Generalitat ha anunciado una serie de medidas que van a aliviar algo la situación de las residencias concertadas, por ejemplo que podrán cobrar a partir de 2016 un 85% del precio de la plaza desocupada durante los primeros 15 días posteriores a la baja del residente; o que se va a poner en marcha un programa de estancias temporales de "respiro".  Estas medidas se suman a otras, como la existencia de un protocolo para evitar los impagos por parte de los residentes.  

Los únicos centros que pueden beneficiarse de esas medidas son las residencias concertadas, no las colaboradoras.

La pregunta surge rápidamente:  ¿por qué?

La clave está en que cuando una residencia concierta plazas con la administración lo que está haciendo es "convertir esa plaza en pública".   Una residencia concertada emite una factura por la estancia del residente a la Generalitat que es en ese caso su cliente.  El residente que vive en una plazas concertada y paga una cantidad no recibe factura por el copago ya que teóricamente ese copago se lo paga a la administración y ésta paga el 100% a la residencia.  En realidad, y para facilitar las cosas se hace que el residente  pague directamente su parte  al centro.

El hecho de que la plaza concertada sea una plaza pública hace que la administración esté obligada a ocuparla  y pagarla y que  la residencia no pueda disponer de ella libremente.  Todo lo relativo a la misma se regula en un contrato público que ha firmado con la administración después de un proceso de "contratación pública" con bastantes requisitos burocráticos y con una limitación temporal que obliga al centro a tener que "volver a concertar" al cabo de unos años.   Resulta farragoso pero supone una situación de cierta seguridad para el centro.

Una residencia colaboradora tiene un régimen bastante diferente. La plaza de colaboración es una plaza privada. La residencia se presentó a una convocatoria, cumplió unos requisitos y ofreció una serie de plazas a la administración. 

Cuando un usuario es beneficiario de una plaza de colaboración  recibe una ayuda para pagar su estancia en la residencia y él o ella ponen la diferencia hasta alcanzar el precio que ha acordado el centro con la Generalitat cuando ofreció sus plazas al programa.  Esas plazas son privadas y por eso las residencias colaboradoras no facturan nada a la Generalitat sino que todo se lo facturan al usuario. Esa es la clave de la diferencia.  

Lo cierto es que la situación es un poco más compleja ya que, para según qué cosas, las plazas de colaboración se asimilan a las de concierto (a los efectos de las estadísticas de la dependencia se consideran como prestación de servicio y no como prestación económica) y, además se les permite, como a las concertadas, acoger a usuarios beneficiarios de Prestaciones Económicas Vinculadas sin necesidad de obtener una acreditación especial.

A pesar de esa cierta confusión, lo que está claro es que el SISPAP (sucesor del ICASS)  no tiene ninguna obligación de ocupar las plazas de las residencias colaboradoras y que, en la medida en que la colaboración dejó de estar en la Ley desde 2007, tarde o temprano será un  modelo que desaparecerá.

Mientras tanto, parece que, cuando la Generalitat se plantea y negocia medidas que puedan suponer alivio para el sector de las residencias geriátricas catalanas, su interés se centra en las concertadas y no en las colaboradoras.  Por supuesto que puede explicar esa preferencia por motivos legales: le resultaría muy difícil pagar por plazas colaboradoras desocupadas pero no le costaría tanto apoyar a las residencias colaboradoras que sufren impagos o incorporar plazas de colaboración en el futuro programa de respiro.  Sencillamente no le interesa hacerlo.

Viendo cómo actúa la Generalitat en esta materia, muchas residencias colaboradoras se preguntan ¿y por que no nos pasan a residencia concertada y ya está?

Eso es otro problema que presenta complicaciones particulares y sobre el que escribiré la semana que viene.  De momento, felicidades para las residencias concertadas que a partir de Enero podrán volver a cobrar un 85% durante 15 días por las plazas desocupadas, algo que pudieron hacer durante un tiempo y después perdieron.

domingo, 11 de octubre de 2015

LO ÚLTIMO SOBRE LA CUALIFICACIÓN DE LAS GEROCULTORAS: AHORA 2017

En la última reunión del Consejo Territorial de la Dependencia que ha tenido lugar el 7 de Octubre de 2015 los representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  y de las comunidades autónomas han llegado a una serie de acuerdos que han sido publicados en la web del Ministerio.

Titulaciones, cualificaciones y perfiles. 

Se establecen unos requisitos:

- Titulación superior para directores de centros de atención a personas dependientes (residencia de tercera edad, centros de día, centros de noche..).

- Cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales para cuidadores y gerocultores que presten sus servicios en centros o instituciones sociales.

- Cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a Personas en el domicilio para quienes realicen las funciones de asistencia personal a personas en situación de dependencia, así como para auxiliares de ayuda en domicilio.

Para las categorías profesionales que no se correspondan con titulaciones universitarias, el Acuerdo indica que se fijarán los perfiles profesionales más acordes con las funciones que deban realizar y que estén basados en la cualificación, acreditada a través de los correspondientes títulos de formación profesional, certificados de profesionalidad o vías equivalentes.

El Acuerdo contempla una habilitación excepcional para los mayores de 55 años (a 31 de diciembre de 2015), en las categorías profesionales de Cuidador/Gerocultor, de Auxiliares de Ayuda a Domicilio y Asistente Personal que cuenten con una experiencia de al menos tres años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en esa categoría profesional en los últimos 10 años.


Calidad de los servicios. Los requisitos y estándares sobre recursos humanos irán dirigidos a garantizar la adecuada prestación del servicio, tanto en número de profesionales, como en su formación y actualización para el desempeño del puesto de trabajo.

Calendario. Los requisitos relativos a las cualificaciones profesionales serán exigibles a 31 de diciembre de 2017, y en todo caso, cuando finalicen los procesos de acreditación de la experiencia laboral que se hayan iniciado antes de esa fecha.

Estabilidad del sector. Hasta que finalice dicho plazo, la falta de acreditación no tendrá efectos sobre los trabajadores que estén participando en estos procesos o en un programa formativo que le habilite, ni sobre las empresas o entidades prestadoras de la atención, ni afectará a las Administraciones Públicas.

¿Qué quiere decir todo esto?

De momento NADA DE NADA.

Y me gustaría que a todo aquel que lea este post, esto le quede muy claro.

Tal como escribí hace cuatro años en "La leyenda urbana de la cualificación de las gerocultoras", como la competencia sobre "asistencia social" corresponde en exclusiva a las Comunidades Autónomas, lo que dice o acuerda el Consejo Territorial no tiene aplicación directa sobre las personas sino que únicamente sirve como criterio para que cada comunidad autónoma apruebe su propia normativa que sí es obligatoria.

En principio, los criterios que establece el Consejo Territorial deben ser seguidos por las comunidades, pero cuando no lo son, no pasa nada.  Un buen ejemplo es el Acuerdo de acreditación y calidad que determinaba que todas las comunidades autónomas debían disponer de un decreto de acreditación antes de acabar 2008.  Casi todas ignoraron totalmente esa indicación y de hecho, comunidades como Cataluña, Madrid o la Valenciana, todavía no han aprobado su Decreto de Acreditación.

Por eso, tanto las residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio, como las personas que trabajan de gerocultores deberían hacer dos cosas:

1. Intentar obtener la cualificación profesional por la vía que les sea más cómoda.
2. No preocuparse demasiado por el plazo que establezca el eventual acuerdo sino por el que aparezca en la normativa de la comunidad autónoma en la que se encuentren.

Esto que digo ahora se parece mucho a lo que dije hace cuatro años.  Entonces mucha gente estaba preocupada por lo que tenía que pasar a finales de 2015.  Después, un buen día, todo quedó en nada mediante un "papelito" del Consejo.

Ahora dicen que el plazo acaba a finales de 2017, que quien tenga más de 55 años y experiencia queda exento y que el plazo no es para obtener la cualificación sino para estar inscrito en algún proceso de obtención de la misma.

O sea, que siguen mareando la perdiz.

Si no fuese porque la atención a personas dependientes es algo muy importante y que requiere de la intervención de profesionales formados, casi podría dar risa lo mal que lo están haciendo.  Pero la verdad es que nadie se está riendo.