lunes, 8 de febrero de 2016

La Ayuda a domicilio en la Comunidad Valenciana puede estar en peligro

La Comunidad Valenciana ha arrastrado durante los últimos quince años una compleja polémica sobre cómo debe tratarse la estancia de personas mayores con derecho a financiación pública en residencias de mayores.

Y ahora, que parece que una sentencia puede marcar una vía de solución, la recientemente nombrada Consejera de Igualdad y políticas Inclusivas,  Mónica Oltra, ha decidido que una de sus primeras medidas en este cargo será cargarse el sector de la ayuda a domicilio SAD en la comunidad y negar a los dependientes la atención profesional que muchos precisan.

Supongo que el hecho de que la Ley de Dependencia considere la prestación económica para el cuidador no profesional como algo excepcional es algo que a la señora Oltra le da totalmente igual y ha decidido que, en los caso en que una persona siga viviendo en su domicilio, lo mejor es dar una "paguilla" a un familiar y no gastar en que unas personas profesionales acudan al domicilio a atenderla, cotizando a la Seguridad Social y generando retorno económico beneficioso para toda la sociedad.

La experiencia nos enseña que cuando se da dinero a los familiares nadie comprueba si el dependiente recibe atención adecuada o cómo se gasta el dinero.  En cambio, los prestadores de ayuda a domicilio están sometidos a autorización y control administrativo y contratan normalmente a mujeres de más de 35 años que es un colectivo con dificultades especiales para encontrar trabajo.

Algunas de estas mujeres pueden empezar a pensar en el paro.

¿Por qué lo digo?

Pues porque me ha llegado un documento fechado el 13 de Enero de 2016 con el peculiar nombre "INDICACIONES/INFORMACIÓN SOBRE LA TRAMITACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS EN EL CASO DE EXPEDIENTES CON PROPUESTA O RESOLUCIÓN PIA VINCULADA AL SAD".  El documento lo firma el Subdirector General de Envejecimiento Activo y Autonomía Personal.

El nombre es verdaderamente peculiar ya que más que unas indicaciones/información, lo que leemos son unas instrucciones pensadas para que quiénes tramiten los expedientes de dependencia intenten por todos los medios evitar que se reconozcan  prestaciones económicas vinculadas de ayuda a domicilio y en cambio se potencien las prestaciones para le cuidador no profesional.

La forma de hacerlo es simple:

Cuando alguien tenga ya reconocida la prestación vinculada de Ayuda a Domicilio se le informará que puede cambiarla por una prestación para el cuidador no profesional.

No sé cuántas personas se encuentran en esa situación ni por qué la Generalidad Valenciana hace esto pero, lo que está claro, es que la medida va a repercutir en que menos personas acaben recibiendo atención domiciliaria especializada lo cual es malo para el sistema de dependencia y para las personas dependientes, para los profesionales y la sociedad en general.

Aquí puede verse el documento completo