¿Falta personal en las residencias
públicas?
Hace un tiempo, visitando una residencia de mayores en Burgos vi algo que me llamó la atención. En un espacio muy concurrido del centro había una gran pared cubierta de fotografías de unos 30x20 cm de cada una de las personas que trabajaba en la residencia. Ahí, una junta a otra aparecía la cara sonriente de más de setenta profesionales. Cuando le pregunté al director me dijo que, aunque en la residencia trabajan esas setenta personas, como lo hacen por turnos y el centro siempre está abierto, en ocasiones alguien puede tener la sensación falsa de que hay poco personal. Ese muro permite visualizar que por cada dos "y poco" residentes hay alguien trabajando en el centro.
Me gustó la idea y, con permiso del gerente, grabé un vídeo.
En los últimos meses empieza a ser
habitual leer noticias en las que trabajadores de residencias para mayores
públicas gestionadas por la propia administración se quejan de la falta de
personal para cuidar de forma correcta.
Lo hemos leído de lugares tan diversos
como en Extremadura o Aragón durante el último trimestre de 2016, siguiendo el mismo patrón: Las quejas indican que cada vez hay más
residentes o que los residentes tienen más necesidades y que el personal no se
aumenta, o incluso se disminuye al no cubrirse las bajas ni las vacaciones. Esto
lleva a que la situación esté “al límite”.
Alguna vez aparece alguna noticia llamativa en la que una parte del personal de una residencia de mayores se queja de lo mal que están las cosas mientras otra lo niega y les desmiente y les acusa de inventarse cosas pero esas son las menos.
Donde en Septiembre de 2016 se superó ese "límite" fue en la residencia Carlet (Valencia) en la que un cuidador hizo una
fotografía a un residente y la difundió como prueba de la falta de
suficiente personal. La instantánea ponía los pelos de punta y la imagen mental
de una persona que, teóricamente debe cuidarte, fotografiándote mientras estás
en el suelo en una postura claramente dolorosa, lo hace aún más.
Sin duda, quien hizo y difundió la
fotografía ha consiguió su objetivo: salir en los medios y que se hablasee del
tema. El problema es que, por desgracia, para muchas personas “el tema” no será
si falta o no personal sino si se trata bien o no a las personas en las
residencias geriátricas.
Fuente: El Mundo |
Dicho esto, creo que debemos
contextualizar lo que denuncian los trabajadores y sindicatos sobre las
residencias de mayores públicas que gestiona la propia administración y después acabar con
la cuestión del uso de contenciones.
Cuando la administración presta el
servicio de residencia asistida a personas mayores, que tienen derecho a
recibirlo de acuerdo con las leyes de dependencia y servicios sociales, tiene
varia opciones:
- Residencias públicas gestionadas por la
propia administración.
- Residencias públicas gestionadas por
empresas o entidades sin ánimo de lucro.
- Residencias concertadas con las que
contrata un número de plazas.
Además, puede dar ayudas en dinero para
que los mayores vayan a una residencia geriátrica privada pagando de su bolsillo lo que no
cubre la Prestación Económica Vinculada.
Todas las denuncias que se han publicado
en los medios se refieren a las residencias públicas que gestiona la propia
administración, o sea, aquellas en las que una parte del personal es
funcionario y otra, personal laboral público.
El hecho de que alguien que tenga derecho
a “plaza pública” acabe recibiendo el servicio en una que gestiona la propia
administración o una empresa no debería tener repercusión. A ambas se les exige
en teoría los mismos estándares y, a las empresas, además, que participen en
procesos de contratación pública. Lo cierto es que a lo largo de los años las
administraciones han demostrado no ser gestoras eficientes por lo que,
actualmente, les cuesta el doble o más mantener una plaza en una residencia de mayores pública que en una concertada.
Los motivos son fáciles de entender:
Si alrededor del 60-65% del coste de
cuidar a un mayor en una residencia corresponde a gastos de personal (salarios
y cotizaciones), influye mucho qué convenio colectivo se aplica. Una
gerocultora (o gerocultor) que trabaje según el convenio colectivo marcoestatal de la dependencia tiene una jornada anual de 1.792 horas anuales con
una cierta flexibilidad para la concreción del horario diario y semanal por
parte de la empresa; si lo hace en una residencia pública de la Comunidad de
Madrid, trabajará un máximo de 650 horas repartidas en 220 jornadas.
Solo hay que ir añadiendo diferencias de salarios, días de asuntos propios y otros "detalles", para ver que mantener un nivel de presencia de profesionales similar puede resultarle a la administración entre un 20 y un 30% más en una pública (son datos aproximados porque cada comunidad tiene su convenio y no toda la información de funcionamiento de los centros es pública).
Los sindicatos son expertos en negociar y obtener ventajas, lo que sucede en el mundo de las residencias geriátricas es que cada ventaja que obtienen cuando negocian con la administración y no con las empresas hacen que el “servicio público” sea más caro en proporción. Si consiguiesen demostrar objetivamente que esas mejores condiciones laborales repercuten directamente en el bienestar de los residentes, tendrían un argumento. Lo que pasa es que esa demostración no se ha materializado.
Solo hay que ir añadiendo diferencias de salarios, días de asuntos propios y otros "detalles", para ver que mantener un nivel de presencia de profesionales similar puede resultarle a la administración entre un 20 y un 30% más en una pública (son datos aproximados porque cada comunidad tiene su convenio y no toda la información de funcionamiento de los centros es pública).
Los sindicatos son expertos en negociar y obtener ventajas, lo que sucede en el mundo de las residencias geriátricas es que cada ventaja que obtienen cuando negocian con la administración y no con las empresas hacen que el “servicio público” sea más caro en proporción. Si consiguiesen demostrar objetivamente que esas mejores condiciones laborales repercuten directamente en el bienestar de los residentes, tendrían un argumento. Lo que pasa es que esa demostración no se ha materializado.
Otra cuestión importante, aunque difícil
de concretar, es el absentismo que tradicionalmente (y con un llamativo
paréntesis durante la peor parte de la crisis) es superior en el sector público
que en el privado. De nuevo, las empresas sienten más como una necesidad el
acotar el absentismo de lo que lo hacen los políticos de turno.
También la rigidez que impone la
administración al funcionamiento de cualquier servicio que gestiona acaba
incrementando costes. Durante años he impartido cursos a directores, médicos y
otros profesionales de residencias públicas y privadas. No es extraño encontrar
grandes profesionales trabajando para la administración que están quemados o
desanimados porque no pueden cambiar nada o porque existen inercias que
dificultan las mejoras. Como funcionario excedente que soy conozco de qué me
hablan. Un director de residencia puede tener una gran idea que mejoraría la
vida de los usuarios sin incrementar costes pero le da una pereza horrorosa
tener que enfrentarse a las “inercias” y derechos adquiridos de dudosa legalidad.
Esto puede pasar tanto en una residencia pública como en una privada, en mi
experiencia pasa más en las públicas.
Al final llegamos a la situación actual.
Como casi todos los sistemas en los que intervienen personas, tendemos a
acostumbrarnos a lo que tenemos y creamos nuestras “zonas de confort” (o lo que
es lo miso, nuestras “resistencias al cambio”) por lo que cualquier variación
sobre lo que hacemos resulta enormemente molesta.
A mi entender, lo que está pasando en las
residencias de mayores públicas es que alguien desde la administración se ha dado cuenta
de que la diferencia de coste entre públicas y concertadas no tiene
justificación y, en vez de afrontar el problema con cabeza ha decidido utilizar
el hacha: dejar de cubrir jubilaciones, vacaciones y bajas como si eso no fuese
a tener consecuencias.
Yo creo que deberíamos exigir a nuestros
gobernantes eso de que tanto hablan ellos últimamente: “transparencia”. Igual
que en Inforesidencias.com las residencias privadas pueden decir qué ratio de
personal tienen, qué profesionales forman parte del equipo o qué incluye y qué
no incluye el precio. Las residencias públicas nos deberían decir qué cuestan a
la administración, qué profesionales tienen o qué tasa de absentismo. Si a eso
se le sumasen encuestas de satisfacción de usuarios, empleados y familiares, tendríamos
un buen nivel de transparencia que nos permitiría poder comparar. Por
desgracia, para casi todos nuestros gobernantes eso de la “transparencia” es
algo que siempre se aplica a los demás y no a ellos mismos.
No puedo acabar esta reflexión sin referirme
a la foto. Una persona que estaba en su cama con un cinturón de contención y
unas barandillas subidas, que es capaz de salir del cinturón y saltar
quedándose atascado.
La noticia aparecida en el Mundo dice:
“Esta ausencia del número adecuado de trabajadores en la plantilla del centro
ha provocado también como consecuencia inmediata que no se hayan tomado medidas
de seguridad ni los protocolo de caídas, según el comité de empresa de la
residencia, que denuncia que el último caso -que aparece en la fotografía de
arriba- se produjo una noche de la pasada semana cuando un anciano, ante la
carencia de personas que vigilaran su estado, llegó a soltarse la sujeción y
cayó de la cama a pesar de que también disponía de barandillas para evitar las
caídas.
Este accidente demuestra que la dirección
de Carlet todavía no ha asignado los trabajadores necesarios para cubrir la
atención de las personas residentes.”
¿A alguien más que a mí esto le parece
bastante sospechoso?
A mí se me ocurren varios motivos, además
del de la posible falta de personal para que haya sucedido lo que aparece en la
fotografía. ¿Es posible que esta persona de verdad no necesitase una
contención? ¿Es posible que el cinturón estuviese mal puesto? ¿Es posible que
la barandilla más que “para evitar caídas” se pusiese para evitar que el mayor
se levantase? ¿Podría haber sucedido lo mismo si hubiese habido un cuidador más
por cada 40 residentes? ¿Es posible que el personal no hiciese bien su trabajo?
Son muchas preguntas y poca la
información de que se dispone por lo que, sabiendo que la Generalitat ha
abierto una investigación habrá que esperar a ver qué averigua.
Mientras tanto deberíamos aprovechar para
recordar que las residencias son el mejor recurso para un 5% de personas
mayores que necesitan tal nivel de cuidado que difícilmente podrán obtenerlo en
sus casas. Hay que reconocer que en España tenemos muy buenas residencias y
profesionales y que, aquellas que no lo sean deben ir mejorando o cerrando cosa
que harán si entre todos nos esforzamos por que éste sea un sector transparente
y comparable.
Esta reflexión está basada en una opinión que publiqué en 2016 en NGD
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